El concepto de imputación objetiva

Revista Nº 1 Oct.-Dic. 2002

Yesid Reyes Alvarado 

Director del Departamento de Derecho Penal, Universidad Santo Tomás de Aquino (Colombia). 

Sumario

El tema de la imputación objetiva reviste una gran importancia dentro del debate contemporáneo en materia penal. Es frecuente encontrar una diversidad de posiciones contrapuestas, pero lo que llama la atención es que buena parte de los aspectos, entorno a los cuales gira la polémica, son el resultado de la falta de precisión sobre lo que debe entenderse por imputación objetiva. 

En la actual discusión se encuentran dos formas distintas de entender dicha figura, que se explican con profundidad, señalando sus orígenes y evolución. 

Temas relacionados

Imputación objetiva; finalismo; normativismo; delito culposo; delito de omisión; teoría del delito; adecuación social; elevación del riesgo; protección de la norma; prohibición de regreso. 

El tema de la imputación objetiva ha venido adquiriendo creciente importancia entre los estudiosos del derecho penal en los últimos años, lo cual no ha ocurrido tan sólo a nivel latinoamericano, pues ya a comienzos de la década del noventa la doctrina alemana lo calificaba como uno de los “temas de moda” del momento dentro de la dogmática. Debido a ello puede observarse igualmente una tendencia a ocuparse del tema, bien a partir de escritos monográficos sobre la naturaleza misma de la imputación objetiva, o a través de artículos puntuales referidos a alguno de los elementos que la componen, o relacionados con las implicaciones que ella tiene en el tratamiento de alguna figura específica de la teoría del delito. Si bien resulta usual que dentro de estas polémicas doctrinales se evidencie disparidad de criterios en el manejo del tema, llama la atención que en esta materia buena parte de los aspectos alrededor de los cuales se centran las más duras confrontaciones, son el resultado de la falta de precisión sobre lo que debe entenderse por “imputación objetiva”.

Esa falta de claridad respecto del concepto mismo de imputación objetiva ha llevado a que en algunos puntos las tesis aparezcan como frontalmente opuestas e irreconciliables, cuando en realidad se trata de posturas que sólo pueden ser entendidas como contrapuestas en la medida en que han sido adoptadas a partir de dos concepciones diversas de la imputación objetiva, de manera que en tales eventos la polémica podría evitarse o, cuando menos replantearse, si quienes intervienen en la misma fueran conscientes de que no están de acuerdo sobre el contenido del tema que someten a debate. A partir de esta observación, con el presente escrito pretendo tan solo poner en evidencia que la actual discusión en torno a las bondades y capacidad de rendimiento de la imputación objetiva en la dogmática penal, involucra dos formas completamente distintas de entender la imputación objetiva, de manera que una confrontación de opiniones solo podrá resultar fructífera, si quienes en ella intervienen están de acuerdo en el concepto de imputación objetiva sobre el que desarrollarán la polémica. Con esto no quiero decir que desde el punto de vista del derecho penal sólo sea factible concebir dos formas de entender la imputación objetiva, pues lo cierto es que tratándose de un concepto casi tan antiguo como la ciencia penal misma, muchas han sido las acepciones que de él se han manejado a lo largo de toda la evolución de la teoría del delito. No obstante lo anterior, habré de referirme aquí sólo a las dos más recientes formas de entender la imputación objetiva, que son las que en los últimos treinta años han dado lugar a la actual polémica.

1. La imputación objetiva dentro de una concepción finalista de la teoría del delito

A comienzos de los años treinta, Hans Welzel formulaba en Alemania las primeras bases para el replanteamiento de una teoría del delito que, como la causalista, era cada vez más frecuentemente atacada por los diversos problemas sistemáticos que afrontaba. Un primer aspecto central en la propuesta de Welzel estaba constituido por su idea de despojar a la relación de causalidad de su preeminencia en la construcción de la teoría del delito, sobre el supuesto de que no era esa la forma correcta de trazar el límite entre aquellas conductas que le interesan al derecho penal y aquellas otras que escapan de su radio de acción; desde el punto de vista meramente causal —señalaba Welzel— no hay ninguna diferencia entre el rayo que causa la muerte de un ser humano y el hombre que dispara sobre su congénere quitándole la vida, pues en uno y otro casos el fallecimiento de la víctima es el resultado de una causa, sin que por ello el derecho penal se interese tanto en la acción de quien accionó el arma de fuego como en la descarga eléctrica producida por el rayo. La circunstancia de que este último evento natural no le interese a la ciencia penal, pondría en evidencia (conforme al planteamiento de Welzel) que no es la existencia de una relación causal lo que despierta el interés del derecho penal y, por consiguiente, no es ella la que puede servir como elemento central para la construcción de la teoría del delito. Siguiendo con este símil, sostuvo Welzel que la verdadera diferencia entre la muerte causada por el rayo y la originada por la intervención del ser humano, radica en la intencionalidad de la conducta que, desde luego, no puede ser predicada del rayo sino tan solo del ser humano, pese a que ambos pueden ser considerados como causa de las respectivas muertes(1). Con esto no pretendió nunca Welzel asegurar que la relación de causalidad carecía por completo de importancia dentro de la teoría del delito, sino tan solo destacar que no es ella su aspecto central pues, a su modo de ver, lo que permite distinguir entre aquellos hechos que le interesan al derecho penal y aquellos que escapan a su ámbito de acción es la existencia de la intencionalidad de la conducta.

Un segundo aspecto central en la propuesta de Welzel tuvo que ver con el tratamiento de los bienes jurídicos, respecto de los cuales planteó que no debían ser entendidos de forma estática, como simples piezas de museo que deben permanecer encerradas en escaparates de vidrio para impedir que se los manipule sino que, por el contrario, debían ser comprendidos de manera dinámica, esto es, como elementos que forman parte de nuestra vida social y con los que estamos interactuando de manera permanente(2). Esta concepción dinámica de los bienes jurídicos supondría que no toda lesión que a ellos se cause resulta relevante para el derecho penal, pues existirían muchas formas de comportamiento que, siendo admitidas como válidas por el conglomerado social, suponen ataques o incluso lesiones a los bienes jurídicos sin que por ello se despierte el interés del derecho penal. Fue entonces cuando surgió el concepto de “adecuación social”, con el que se buscó caracterizar aquellos comportamientos que aun siendo lesivos de bienes jurídicos debían permanecer al margen del derecho penal, justamente por tratarse de conductas avaladas por el conglomerado social dentro del cual se desarrollaban.

Pese a que el planteamiento de Welzel estaba fundamentado sobre estos dos pilares, las críticas de la doctrina se dirigieron de manera primordial en contra de la figura de la adecuación social, frente a la cual Welzel no tuvo una concepción clara respecto de su ubicación sistemática, lo que no solamente le llevó a proponer de manera alternativa que se considerara dicha figura como causal de atipicidad y de antijuridicidad, sino que, además, le impidió demostrar con suficiente contundencia que los casos para los cuales resultaba útil la figura de la adecuación social no podían ser correctamente solucionados con los elementos tradicionales de la teoría del delito, como lo propugnaban los enemigos de la figura. Por el contrario, el concepto de intencionalidad de la conducta surtió una enorme fascinación entre los estudiosos del derecho penal, llevándolos a centrar sus esfuerzos en el rediseño de la teoría del delito a partir de esa noción de intencionalidad, que poco después fue reemplazada por la de finalidad y que, con el paso de los años, permitió el surgimiento de una concepción del delito que hoy se conoce con la denominación de finalismo.

Si bien el hecho de desplazar el eje de la teoría del delito desde la relación de causalidad (sin llegar a sostener que ésta carece por completo de importancia) hacia la intencionalidad de la conducta supuso trazar una importante línea divisoria entre las corrientes causalista y finalista, lo evidente es que en cuanto las dos escuelas edifican su concepción del hecho punible a partir de conceptos tomados de las ciencias naturales —la causalidad y la intencionalidad—, ambas pueden ser consideradas como concepciones ontológicas de la teoría del delito. Como consecuencia de ello, la distinción que en una y otra teorías se efectúa entre los aspectos objetivo y subjetivo del delito responde por igual a parámetros ontológicos, pues tanto para los causalistas como para los finalistas todo aquello que ocurra fuera de la mente del ser humano debe ser tenido como parte del aspecto objetivo del delito, mientras lo que acaezca al interior de la psiquis deberá ser objeto de análisis dentro del aspecto subjetivo del delito. Por ello, la creación del concepto de injusto por parte de los finalistas, la distinción entre los tipos objetivo y subjetivo y el nuevo contenido que se le infundió a la noción de culpabilidad, si bien marcan una notable diferencia sistemática con el causalismo, no hacen desaparecer la estrecha relación con el mismo en cuanto esos nuevos elementos y contenidos de la teoría del delito siguen siendo organizados conforme a los mismos parámetros ontológicos que dentro del causalismo sirvieron inicialmente para calificar a la tipicidad y la antijuridicidad como los elementos objetivos del delito, y a la culpabilidad como el aspecto subjetivo del mismo.

El reconocimiento de que toda conducta humana es final, acarreó entre otras importantes consecuencias, el desplazamiento del dolo desde el ámbito de la culpabilidad (lugar que le correspondía dentro de la concepción causalista del delito) al de la tipicidad, ubicándolo de manera concreta en lo que desde entonces se denominó el tipo subjetivo(3). Pese al buen funcionamiento del sistema en relación con los delitos dolosos, claramente caracterizados por la existencia de una intencionalidad dirigida a la lesión o puesta en peligro de bienes jurídicos, pronto enfrentaron los finalistas problemas en el ámbito del delito imprudente(4), pues siendo su principal característica la producción de un resultado no querido, el ingrediente de la intencionalidad de la conducta no prestaba ninguna utilidad para explicar la razón de ser de la punibilidad de los delitos imprudentes, lo cual suponía un serio inconveniente sistemático, sobre todo en tratándose de una teoría surgida en un país donde casi la mitad de los delitos que llegan a conocimiento de las autoridades son imprudentes.

Con la pretensión de solucionar este grave inconveniente sistemático, se propuso inicialmente reconocer que en el delito imprudente también existe una finalidad, solo que siendo ella jurídicamente irrelevante conducía a la producción de un resultado penalmente relevante; contra esta solución se dijo, con razón, que suponía el expreso reconocimiento de las fallas del finalismo(5) frente a esta modalidad delictiva, en cuanto se admitía de manera expresa que la finalidad propia del delito imprudente resultaba irrelevante desde el punto de vista del derecho penal, a diferencia de lo que ocurría frente al delito doloso, en donde era justamente esa finalidad la que marcaba la diferencia entre aquellas conductas que resultaban de interés al derecho penal, y aquellas que escapaban a su ámbito de acción.

Welzel, por su parte, intentó dos soluciones diversas al problema, la primera de las cuales consistió en hacer referencia a una “finalidad potencial” del autor, afirmando que si bien quien comete un delito imprudente carece de la voluntad de causar un resultado nocivo, su conducta es penalmente reprochable en cuanto podía y debía haberse comportado en forma diversa a como lo hizo, para poder evitar la sobrevención del resultado(6); pese a que esa “finalidad potencial” debería estar referida a la posibilidad concreta de actuación del autor, era forzoso reconocer que esta propuesta suponía para el finalismo la aceptación de que en los delitos imprudentes el resultado es producto de esa “causalidad ciega”(7) que con tanto empeño combatieron. La incompatibilidad de esa “finalidad potencial” con la intencionalidad propia de su sistema, hizo que pronto Welzel abandonara ese intento de solución reemplazándolo por uno diverso que descansa sobre el concepto de “infracción al deber objetivo de cuidado”(8); de acuerdo con esta tesis, lo que en el delito imprudente se reprocha es la no observancia del deber de cuidado exigible en el desarrollo de la acción generadora del resultado lesivo. Pese a que la “objetividad” de este concepto pudiera parecer incompatible con una teoría final del injusto de marcada tendencia subjetiva, la aparente inconsistencia podía ser obviada recurriendo a la afirmación complementaria del propio Welzel en el sentido de que la acción descuidadamente omitida debió ser intencional(9), de manera que mientras en los delitos dolosos es necesario el examen de la conducción final de la acción, en los imprudentes la atención debe centrarse en la indebida ausencia de la conducción final de una acción encaminada a evitar el resultado, lo cual supondría que, en todo caso, lo determinante dentro de esta concepción del delito seguiría siendo la forma como la acción final es conducida por el autor(10).

Pese a los esfuerzos realizados por los partidarios de esta corriente doctrinal, lo evidente es que con esta última precisión no se logra ocultar que el finalismo se vio forzado a abandonar la intencionalidad de la conducta como fundamento de la punibilidad del delito imprudente, lo cual puso en evidencia un gran problema sistemático al verse abocados a bifurcar la teoría del hecho punible, edificando el reproche al delito doloso sobre la intencionalidad de la conducta y la sanción al delito imprudente a partir de la lesión al deber objetivo de cuidado. No obstante lo trascendental de esta dicotomía dentro de lo que pretendía ser una concepción unitaria del delito, la aparente solidez teórica de la infracción al deber de cuidado como razón de ser de la intervención del derecho penal frente al delito imprudente, llevó a que la doctrina ampliamente mayoritaria la acogiese sin vacilación, al punto que incluso los defensores de esquemas causalistas la adoptaron como sustituto de sus tradicionales tesis de la previsibilidad.

No obstante lo anterior, la práctica judicial se encargaría pronto de demostrar que la lesión al deber objetivo de cuidado no era suficiente como correctivo de la relación causal para delimitar aquellos eventos en los que el derecho penal debe intervenir, de aquellos otros que deben permanecer por completo ajenos a su ámbito de aplicación.

Muy conocido en la literatura especializada es un proceso que fue sometido a estudio del Tribunal Supremo alemán en la década del cincuenta, en el que se juzgaba al conductor de un camión que, en carretera, sobrepasó un ciclista a una distancia inferior a la permitida por el Código de Circulación; durante la imprudente maniobra de sobrepaso, el ciclista perdió el equilibrio y pereció arrollado por las ruedas traseras del vehículo. Practicada la necropsia se estableció por parte de los médicos legistas que, en el momento de su muerte, el ciclista conducía su vehículo en avanzado estado de alicoramiento(11). Al pretender abordar el examen de este caso a partir de la infracción al deber objetivo de cuidado, se llegaba a la conclusión de que no solo el conductor del camión había infringido con su comportamiento el deber objetivo de cuidado al adelantar al ciclista a una distancia inferior a la permitida por el Código de Tránsito, sino que también este último había lesionado el deber objetivo de cuidado al guiar su bicicleta en estado de ebriedad, contraviniendo igualmente claros preceptos del Código de Circulación. Esta particular situación ponía en evidencia que en casos como este la lesión al deber objetivo de cuidado no servía como correctivo a la simple relación de causalidad para determinar quién podía ser tenido como “autor” de la muerte del ciclista, pues no solo los dos involucrados en el insuceso podían ser considerados como causa del fallecimiento de la víctima, sino que también ambos habían infringido con su conducta el deber objetivo de cuidado, haciendo imposible que con el simple recurso a esta última figura pudiera brindarse una adecuada solución al caso.

Si bien en su momento la mayoría de la doctrina compartió la solución de la Suprema Corte alemana en cuanto absolvió al conductor del camión como autor del homicidio imprudente cuya comisión se le atribuía, las discrepancias surgieron en torno de la fundamentación que sirvió de soporte a este fallo, pues se consideró que la alusión que la Corte hizo a la inevitabilidad del resultado aun en el evento de que el conductor se hubiese comportado conforme a derecho, no conseguía explicar correctamente su ausencia de responsabilidad.

Con la pretensión de sortear escollos de esta naturaleza, propuso Roxin en 1962 que el resultado debería serle imputable a una persona cuando ella, con su conducta, hubiera creado un riesgo que fuera superior al permitido para la ejecución de la conducta respectiva(12). Como este planteamiento supone la imputación de un resultado cada vez que alguien despliegue una conducta con la cual eleve el riesgo por encima del límite permitido, esta tesis fue conocida con el nombre de “teoría de la elevación del riesgo” o “teoría del incremento del riesgo”.

Es cierto que esta formulación original de la aludida teoría sufrió algunas importantes modificaciones(13), debidas en buena parte a las críticas que se le hicieron por su desconocimiento al in dubio pro reo(14) y su potencialidad para sancionar por la simple contravención al deber de cuidado(15), y también lo es que pese a su enorme difusión en la literatura europea y latinoamericana, aún hoy son muchas las observaciones críticas que sigue mereciendo(16). Para los fines de este trabajo, sin embargo, baste con señalar que la creación de la teoría de la elevación del riesgo permitió a las concepciones de corte finalista contar con un mecanismo adicional para la solución de los problemas que planteaba el delito imprudente, y para cuya solución no resultaban suficientes ni la mera referencia a la relación causal, ni la remisión a la figura de la infracción al deber objetivo de cuidado.

Sin negar la utilidad que en la práctica parecía prestar el principio de la elevación del riesgo, la práctica judicial afrontaba dificultades con otra clase de supuestos de hecho, de los cuales resulta especialmente ilustrativo el siguiente: dentro del perímetro urbano de una pequeña población alemana, una señora conducía su vehículo a una velocidad superior a la permitida por el Código de Circulación, razón por la cual no pudo evitar atropellar a un hombre que intentaba cruzar la calle; debido al impacto, el peatón sufrió algunas heridas de consideración que hicieron necesaria una intervención quirúrgica y su permanencia en un centro hospitalario durante un período relativamente prolongado. El paciente, que inicialmente debió ser alimentado por medio de sonda, recibió después de algunos días la autorización médica para consumir alimentos por vía oral, por lo que una empleada de la clínica le suministró una sopa, durante cuya ingestión el paciente se atoró con un trozo de comida que finalmente se alojó en uno de sus pulmones, sin que el procedimiento de lavado pulmonar al que fue sometido de manera inmediata consiguiera evitar su fallecimiento a consecuencia de una neumonía(17).

Para la solución de este problema no resulta de utilidad la invocación de la relación causal, ni la referencia a una lesión al deber objetivo de cuidado, puesto que resulta innegable que la procesada no solo fue causa del resultado muerte, sino que, además, su conducta fue claramente violatoria de las normas de tránsito que regulan la velocidad dentro del perímetro urbano y, por consiguiente, implicó una lesión al deber objetivo de cuidado. Pero incluso la remisión al principio de la elevación del riesgo resulta poco útil para la correcta solución del caso, pues siendo claro que condujo por encima de los límites de velocidad legalmente autorizados no puede negarse que la señora incrementó el riesgo, ante lo cual debería concluirse que era responsable de un homicidio imprudente, resultado que parecía inaceptable en las condiciones dentro de las cuales se produjo el fallecimiento de la víctima.

Con la pretensión de solucionar casos como éste, los penalistas recurrieron a una antigua teoría desarrollada por el derecho civil alemán(18), conforme a la cual solo se debía responder por las consecuencias nocivas de una conducta, cuando la norma que con ella se infringiera tuviera como finalidad la prevención del resultado dañoso efectivamente acaecido. De esta manera, y nuevamente a instancias de Roxin(19) (secundado entonces por Gimbernat Ordeig(20)), surge dentro del derecho penal un nuevo mecanismo de solución a los problemas del delito imprudente, que desde entonces es conocido con el nombre de “teoría del fin de protección de la norma” y que, en el ejemplo propuesto, permitía liberar a la acusada de la responsabilidad penal por la muerte del atropellado, sobre el supuesto de que las normas que regulan el límite de velocidad dentro del perímetro urbano no tienen como finalidad el evitar que las personas fallezcan atoradas con residuos de comida.

Sin pretender desconocer que la teoría del fin de protección de la norma ha dividido las opiniones de la doctrina en cuanto a los supuestos de hecho respecto de los cuales debe ser aplicada(21), lo que a efectos de este trabajo resulta relevante es la necesidad que dentro de un esquema finalista se tuvo de recurrir a la creación de un nuevo principio que les permitiera solucionar algunos de los inconvenientes prácticos que seguía planteando el análisis del delito imprudente; por eso no debe sorprender que el propio Roxin haya señalado que el fin de protección de la norma debe ser utilizado como un complemento necesario de la teoría de la elevación del riesgo(22).

Los inconvenientes para solucionar supuestos de hecho relacionados con delitos imprudentes no terminaron, sin embargo, con la formulación de este nuevo principio, como lo demuestra un grupo de casos entre los que doctrinalmente ha llamado especialmente la atención el siguiente evento: un sujeto que asistía como espectador a una obra de teatro, entregó su abrigo a uno de los empleados de la recepción sin antes advertirle que dentro de él se hallaba un revólver cargado y desasegurado; durante el transcurso de la función, uno de los acomodadores del teatro encontró el arma dentro del abrigo y, pensando que estaba descargada, la accionó dando muerte a un tercero(23).

Frente a la pregunta de si el dueño del abrigo podía ser responsabilizado como autor de un homicidio imprudente, la referencia a la relación de causalidad no arrojaba mayores luces, ante el evidente vínculo causal entre la conducta del propietario del abrigo y la muerte de la víctima; tampoco mediante el análisis del deber objetivo de cuidado se conseguía avanzar demasiado, pues no podía desconocerse que la forma descuidada como el arma de fuego fue dejada en el abrigo al ser entregado éste en la recepción del teatro, ponía de manifiesto una infracción al deber objetivo de cuidado; también resultaba insatisfactorio el recurso a la teoría de la elevación del riesgo, en cuando los hechos materia de análisis dejaban ver que con su conducta descuidada el propietario del abrigo había elevado el riesgo por encima de lo permitido; finalmente, de recurrirse a la teoría del fin de protección de la norma los resultados seguían siendo poco satisfactorios, pues resultaba imposible desconocer que las disposiciones legales que regulan la manipulación de armas de fuego tienen como una de sus más claras finalidades la de impedir que con su inadecuado manejo se causen lesiones o muertes a terceras personas.

Con la convicción de que en casos como este el autor de la conducta debería ser liberado de responsabilidad penal por el daño finalmente acaecido, alguna parte de la doctrina recurrió a la reformulación de un antiguo principio denominado “prohibición de regreso”, que había sido expuesto a comienzos del siglo XX en Alemania por Reinhart Frank como un mecanismo para impedir que la responsabilidad penal se extendiera de manera ilimitada(24); conforme a este planteamiento original de la prohibición de regreso, un garante no debe responder por todas las posibles afectaciones que pueda sufrir el bien jurídico cuya custodia le ha sido encomendada(25). En términos generales puede entonces afirmarse que con la prohibición de regreso se pretendió exonerar de responsabilidad penal a quien con su conducta posibilita la ejecución del hecho delictivo, equiparando así el comportamiento de esa persona con el de quien despliega un conducta socialmente adecuada(26).

Este de la prohibición de regreso es, ciertamente, uno de los principios que dentro de la dogmática penal ha generado mayores polémicas, al punto que desde sus remotos orígenes hasta el momento actual han sido muchas las fundamentaciones y desarrollos que de él se han propuesto, bien sea planteándolo como un mecanismo de interrupción del nexo causal, o exponiéndolo a partir de la noción de previsibilidad, o mencionándolo como un ejemplo de participación impune, o bien señalándolo como una limitación al principio de la dominabilidad del hecho(27). Con absoluta independencia de la polémica doctrinal que existe en torno de su contenido y fundamentación, lo que para los límites de este trabajo interesa es que su reformulación en la segunda mitad del sigo XX obedeció a un intento más de los partidarios de una concepción final del injusto, por solucionar los inconvenientes que a ellos planteaban algunos supuestos de hecho relacionados con delitos imprudentes.

El transcurso del tiempo demostró que ni siquiera con la adopción de este principio se conseguían solucionar de manera adecuada todos los inconvenientes que la práctica judicial planteaba en materia de delitos imprudentes, tal como puede observarse en otro grupo de casos del que es buen ejemplo la siguiente situación extraída de la jurisprudencia austríaca: Durante una acalorada discusión en una taberna, la víctima insultó reiteradamente al acusado, quien finalmente decidió agredirla lanzándole un vaso de vino contra la cara. Como consecuencia de este golpe, la víctima sufrió una cortada en el arco superciliar derecho y además una perforación en el globo ocular con sangrado interno en la antecámara del ojo. A las pocas horas de ocurrido el incidente, en un centro de atención médica le fue suturada la herida del arco superciliar y se le recomendó la práctica inmediata de una intervención quirúrgica para subsanar la herida interna del ojo, recomendación que fue rechazada por el herido. Dos semanas más tarde, cuando la víctima acudió a un centro clínico para que le fueran retirados los puntos de la sutura, fue aconsejado por los médicos en el sentido de que debería buscar un oculista para que le examinara la herida interna del ojo, consejo que también fue desatendido por el herido, quien prefirió seguirse tratando la herida con remedios caseros. Cuatro meses después, cuando la víctima decidió finalmente acudir a un centro hospitalario para que le fuera tratada la herida interna del ojo, este tuvo que serle quirúrgicamente retirado, debido a lo avanzado del proceso infeccioso(28).

Si de cara a este suceso se indagara por la posible existencia de una relación causal entre la conducta de quien lanzó el vaso de vino contra el rostro de la víctima y la pérdida del ojo que esta última sufrió, la respuesta debería ser de naturaleza afirmativa. De profundizarse un poco más en el análisis de los elementos hasta ahora utilizados para el estudio del delito imprudente, tendría que aceptarse que cuando el autor de la conducta lanzó un objeto contundente contra la víctima, no sólo infringió el deber objetivo de cuidado sino que, además, incrementó el riesgo de lesión al bien jurídico de la integridad personal con un comportamiento que, sin lugar a dudas, puede ser considerado como propio del ámbito de protección de las normas con las que a nivel social se pretende regular la conducta de los ciudadanos frente a los demás coasociados. Por lo que respecta a un eventual desconocimiento del principio de la prohibición de regreso, cabe decir que si se lo entiende de manera general como la imposibilidad de imputar un resultado a quien de manera culposa da lugar a la producción dolosa del mismo, se trata de una figura con la que en el presente caso no podría disculparse la responsabilidad penal del autor(29). Así las cosas, con el recurso a estos instrumentos de que disponía el finalismo para analizar los delitos imprudentes, debería concluirse que el autor de la conducta aquí analizada debería ser penalmente responsabilizado por el resultado “pérdida del ojo” sufrido por la víctima, solución que no resulta del todo satisfactoria.

Con la pretensión de brindar adecuada solución a casos de naturaleza similar al acabado de exponer, la doctrina recurrió a la creación de un nuevo principio que suele ser conocido con la denominación de “ámbito de protección de la víctima”, conforme al cual no deben serle atribuidos al autor de la conducta aquellos resultados que correspondan a la esfera de protección de la víctima. Tampoco frente a este criterio deseo terciar en la polémica doctrinal sobre si todas las conductas equivocadas de la víctima excluyen la responsabilidad penal del autor, o si solo sirven para este efecto aquellas que puedan ser consideradas como errores graves de la víctima(30), limitándome para efectos de este trabajo a una descripción genérica del principio en términos similares a como lo hace Frisch al puntualizar que el resultado no debe serle imputado al primer autor cuando él pueda ser tenido como consecuencia del comportamiento equivocado de la víctima(31). Lo que dentro de este contexto interesa poner de relieve es que frente a la complejidad de los casos prácticos relacionados con la comisión de delitos imprudentes, la doctrina siguió viéndose impelida a la creación de nuevos criterios destinados a la correcta solución de esos complejos supuestos de hecho.

La desprevenida lectura de los múltiples escritos que durante los últimos cuarenta años se han venido confeccionando en torno del delito imprudente, permite observar que aparte de los criterios ya relacionados se ha hecho alusión a otros y que cada autor suele poner mayor o menor énfasis en la importancia de los mismos. Lo destacable es que con el transcurso del tiempo esos principios comenzaron a ser analizados por la doctrina bajo el rubro de “imputación objetiva”, que de esa manera puede ser definida como una serie de principios surgidos al interior de las tendencias finalistas de la teoría del delito para intentar solucionar los problemas que dentro de ellas presentaba el ilícito imprudente.

De observarse, por ejemplo, los textos de Santiago Mir, Hans Heinrich Jescheck o Claus Roxin, se podrá apreciar cómo en los capítulos correspondientes al tema de la imputación objetiva se alude a criterios como el del “comportamiento alternativo conforme a derecho” y “el incremento del riesgo”(32); o se hace referencia a la “disminución del riesgo”, el “fin de protección de la norma” y el “comportamiento alternativo conforme a derecho”(33); o se desarrollan los principios de la “disminución del riesgo”, el “fin de protección de la norma”, la “conducta alternativa conforme a derecho”, el “incremento del riesgo” y la “atribución a la esfera de responsabilidad ajena”(34).

No pretendo con esto desconocer que con el transcurso del tiempo la doctrina se ha esforzado por sistematizar el estudio de estos principios a través de la distinción entre dos elementos que habrían de componer la noción de imputación objetiva, los cuales serían la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado y la realización de dicho riesgo en el resultado. Lo que quiero poner de relieve es que aún dentro de esta sistematización la doctrina sigue desarrollando el tema en derredor de principios como los que aquí se han expuesto, tal como puede apreciarse en la obra de Roxin, considerado por muchos como uno de los principales impulsores de la imputación objetiva; en efecto, si bien él distingue entre la creación de riesgos jurídicamente desaprobados y la realización de los mismos en el resultado como elementos de la imputación objetiva, dentro del primer requisito se ocupa de la disminución del riesgo y del empleo de los cursos causales hipotéticos, mientras como parte del segundo elemento desarrolla lo relacionado con los principios del fin de protección de la norma, la conducta alternativa conforme a derecho y el incremento del riesgo(35).

En contra de la imputación objetiva se han formulado muchas críticas, entre las cuales una de las más frecuentes consiste en el señalamiento de que se trata de una teoría que solo resulta aplicable a los delitos imprudentes, resultando, por consiguiente, carente de utilidad frente al análisis del delito doloso; respecto de esta afirmación bien puede decirse que parece más la referencia a una característica de la imputación objetiva que una censura a la misma, pues ya se ha visto cómo su origen dentro de las tendencias finalistas estuvo estrechamente relacionado con la búsqueda de soluciones a los problemas prácticos que el delito imprudente planteaba; expresado de manera diversa: si esta forma de entender la imputación objetiva nació para solucionar los inconvenientes del delito imprudente, resulta obvio que solo a ellos se aplique.

Una segunda observación crítica que con frecuencia se hace a la imputación objetiva consiste en sostener que ella solo es útil en relación con los denominados delitos de resultado, con lo que de nuevo parece aludirse más a una de sus características que a un verdadero error de concepción; en efecto, si se recuerda que esta forma de entender la imputación objetiva nació con la idea de brindar soluciones adecuadas a los problemas prácticos del delito imprudente y si además se tiene en cuenta que todos los delitos imprudentes lo son de resultado, no queda alternativa diversa de admitir que, habiendo sido concebida para el delito imprudente, su ámbito de aplicación no puede extenderse más allá de los denominados delitos de resultado.

Se ha señalado igualmente en contra de la imputación objetiva que se trata de una tesis que solo puede ser utilizada en relación con los delitos consumados, con lo que se pondría en evidencia que ella carece de importancia frente a las tentativas. También aquí puede decirse que con esta aseveración lo que en el fondo vuelve a ponerse de relieve es una característica de la imputación objetiva, pues sobre el supuesto de que ella fue concebida como mecanismo de solución de los problemas del delito imprudente y teniendo presente que esta clase de delitos no admite la tentativa(36), forzoso es concluir que esta forma de entender la imputación objetiva solo pretende tener aplicación en el ámbito de los delitos consumados.

Finalmente quiero destacar una última y aguda observación hecha por Gimbernat Ordeig a la imputación objetiva y que ha sido considerada como una de las más fuertes críticas que contra ella se han formulado: “Lo que la teoría de la imputación objetiva hace es reunir toda una serie de criterios normativos excluyentes de la tipicidad, que en gran medida y hasta ahora habían deambulado por aquélla —desde la causalidad hacia la acción— sin encontrar un lugar sistemático correcto”(37). Pese a que esta afirmación sea frecuentemente considerada por algunos como una censura a la imputación objetiva, creo que con ella no se hace nada diverso de describir de manera sucinta y puntual, la génesis que aquella tesis tuvo dentro del finalismo y que de manera más detallada se ha presentado en la primera parte de este escrito, para de esa forma poner en evidencia que primero se recurrió a la creación o reformulación de criterios para intentar dar solución a algunos inconvenientes prácticos del delito imprudente, y solo con posterioridad se los reunió en torno al concepto de imputación objetiva para estudiarlos de manera conjunta y sistemática.

Para dar por finalizado este acápite considero importante advertir que esta concepción de la imputación objetiva es la que actualmente se encuentra más generalizada dentro de la dogmática penal, y que, dado su origen, se la desarrolla únicamente cuando se aborda el estudio de los delitos imprudentes, con lo que se hace evidente que la teoría del delito permanece bifurcada: una es la estructura sistemática de los delitos dolosos y otra muy diversa la prevista para los imprudentes.

2. La imputación objetiva dentro de una concepción normativa de la teoría del delito

Si algo tienen en común las concepciones causalista y finalista de la teoría del delito es la construcción de sus esquemas a partir de nociones que, como la causalidad y la intencionalidad, son tomadas de las ciencias naturales; por eso tampoco puede sorprender que la distinción que ellas elaboran entre los aspectos objetivo y subjetivo del delito esté cimentada desde un punto de vista puramente natural, en cuanto entienden por igual que todo aquello que ocurra al interior de la mente del ser humano forma parte del aspecto subjetivo del delito, mientras todo lo que acaezca fuera de ella pertenece al estanco objetivo del mismo; debido a esto, bien puede decirse que tanto el causalismo como el finalismo son dos concepciones ontológicas de la teoría del delito.

Una concepción normativa de la teoría del delito comienza por admitir que el hecho punible no es un fenómeno natural, sino producto de la vida del ser humano en sociedad; por eso en la actualidad es opinión ampliamente generalizada aquella conforme a la cual el derecho, y específicamente el derecho penal, no es nada diverso de un mecanismo de control social. Una primera e importante consecuencia de esta aseveración, es la de que si el derecho penal es un instrumento concebido como regulador de la conducta del hombre en sociedad, y por consiguiente pertenece al mundo del deber ser, su estructura no puede ser diseñada y construida a partir de conceptos tomados de las ciencias naturales, como equivocadamente se hizo tanto dentro del causalismo como al interior del finalismo. Esto no significa que, al elaborar una teoría del delito, se esté desconociendo que las conductas humanas sometidas a su estudio pertenecen al mundo de lo natural; lo que se intenta poner de relieve es que el eventual reproche que esas conductas merezcan no resulta de su apreciación como meras manifestaciones ontológicas del intelecto humano, sino de la comparación del comportamiento efectivamente realizado con aquel que socialmente se esperaba del autor.

El funcionamiento de cualquier asociación (incluida, desde luego, la sociedad como tal) presupone la existencia de normas que regulen el comportamiento de cada uno de los individuos que la componen, lo que en términos más precisos significa que a cada persona le es exigible el desarrollo de determinadas actividades, cuya inobservancia implica para él consecuencias negativas. Si se quisiera expresar esta idea recurriendo al empleo de términos provenientes de la sociología, se diría que el derecho es un generador de expectativas a nivel social, cuya inobservancia puede ser catalogada como una defraudación(38).

Una correcta organización social supone, además, que no todas las personas posean las mismas obligaciones, y que esas obligaciones varíen incluso respecto de la misma persona, dependiendo de la actividad concreta que en un momento dado desarrolle. Así, por ejemplo, los deberes de comportamiento que a nivel social tiene quien labora como salvavidas en una playa son diversos de los que posee un turista, así como las obligaciones radicadas en cabeza de un cirujano difieren de las asignadas a una madre; con la misma lógica, debe admitirse que cuando una misma persona guía un vehículo automotor debe cumplir con los deberes propios de un conductor, pero que cuando lo abandona para recorrer las calles a pie, debe atender las obligaciones inherentes a su condición de peatón. Esta diferencia en cuanto a los deberes que se imponen a cada ciudadano dependiendo de la actividad social que en determinado momento desarrolle, es lo que explica que mientras al salvavidas que nada hace por salvar a un bañista que se ahoga le pueda ser deducida responsabilidad penal como autor de un homicidio, ese reproche no le pueda ser hecho al turista que frente a la misma situación se abstiene de emprender una maniobra de rescate.

Recurriendo una vez más al lenguaje sociológico, las anteriores ideas podrían ser expresadas diciendo que cada individuo desarrolla diversos roles a nivel social, y que la correcta ejecución de las actividades propias de cada uno de esos roles supone el cumplimiento de determinadas expectativas de comportamiento, cuya inobservancia genera una defraudación social entendida como imperfecta ejecución de un rol; esas obligaciones que bajo determinadas circunstancias debe cumplir el individuo constituyen su ámbito de competencia, y cada persona asume frente al cumplimiento de esos deberes una posición de garantía frente a la sociedad. La base de una responsabilidad penal radica entonces en los ámbitos de competencia de cada individuo, pues solo a quien respecto de determinadas actuaciones posee una posición de garante puede serle reprochado su comportamiento desviado.

En la concepción normativa de la teoría del delito se rescata el segundo gran pilar de la propuesta de Welzel, para admitir que los bienes jurídicos no deben ser entendidos de manera estática sino dinámica. Con ello se quiere poner de presente que no toda lesión ni puesta en peligro de los bienes jurídicos le interesa al derecho penal y, por consiguiente, ni la vulneración causal de un interés jurídico (como parecía desprenderse de una concepción causalista), ni su intencional agresión (conforme a los planteamientos de corte finalista) son elementos que permitan distinguir aquellas conductas que le incumben al derecho penal de las que deben permanecer al margen de su atención. Lo que en verdad interesa al derecho penal es la forma de ataque al bien jurídico, pues mientras algunas de ellas carecen de relevancia para el Estado, otras dan lugar a su intervención a través del proceso penal. Ejemplificando la situación, puede decirse que mientras la muerte causada por un boxeador a su contrincante en desarrollo de un combate reglamentario no le interesa al derecho penal, la muerte de un ser humano a consecuencia de una agresión producto de un asalto callejero es penalmente relevante.

Nótese cómo el interés del derecho penal no se ha despertado por la existencia de una mera lesión causal e intencional del bien jurídico —pues ella está presente tanto en la conducta del boxeador como en la del asaltante—, sino justamente por la forma como ese bien jurídico ha sido atacado; en tanto el boxeador lesione (o incluso dé muerte) a su oponente en desarrollo de un combate reglamentario de boxeo, se tratará de una conducta valorada como correcta en cuanto su autor se ha mantenido dentro del riesgo permitido. Por el contrario, cuando el asaltante ataca a su víctima con la pretensión de despojarla de sus bienes, de lesionarla o incluso de ocasionarle la muerte, si bien es la causa de ese daño al bien jurídico y lo ha provocado de manera intencional, la intervención del derecho penal no obedece a esos factores sino al hecho de que el comportamiento desplegado por ese sujeto puede ser considerado como creador de un riesgo jurídicamente desaprobado que se realizó en el resultado.

Así como la teoría del delito no debe ser edificada tomando como eje central de la misma conceptos extraídos de las ciencias naturales, así mismo la distinción entre lo que debe formar parte de los aspectos objetivo y subjetivo del delito debe ser elaborada con parámetros diversos de los meramente ontológicos. De esta manera, en una concepción normativa de la teoría del delito como la aquí propuesta, la diferencia entre las esferas objetiva y subjetiva no depende de que los elementos que las componen se hallen dentro o fuera de la mente del ser humano, como sí ocurría en las concepciones causalista y finalista. Por el contrario, mientras lo objetivo será el estudio de la conducta del hombre en cuanto ser social, lo subjetivo hará referencia al análisis del comportamiento del hombre en cuanto individuo; desde el punto de vista nominal, el primero de dichos aspectos recibirá el nombre de imputación objetiva, al paso que el segundo será denominado imputación subjetiva.

Para ilustrar la diferenciación propuesta, piénsese en el cirujano que es investigado penalmente por la posible comisión de un delito de homicidio imprudente, en cuanto el paciente a quien intervenía quirúrgicamente falleció en el transcurso de la operación. En un primer nivel de análisis, el de la imputación objetiva, debe analizarse la conducta del hombre en cuanto ser social, lo que en este caso concreto significa evaluar la actuación del cirujano, para determinar si ella se desarrolló dentro del riesgo permitido o si, por el contrario, con ella se creó un riesgo jurídicamente desaprobado que se realizó en el resultado. El primer interrogante tendrá que ver, entonces, con la cuestión de si la intervención quirúrgica se desarrolló conforme a la lex artis (lo que supondría que el médico se mantuvo dentro del riesgo permitido), o si con ella se desconocieron los parámetros trazados por la ciencia médica (en cuyo caso el cirujano habrá creado con su conducta un riesgo jurídicamente desaprobado); en este primer nivel de valoración resulta importante tomar en consideración la “representación de la realidad”(39), entendida como el conocimiento que de la situación competía al portador de roles, de tal manera que solo podrá imputarse objetivamente un resultado a quien en un determinado rol social le era exigible la compresión de los elementos de su conducta y el conocimiento de la prohibición que con ella infringía. En el ejemplo propuesto, si se llegará a la conclusión de que la operación fue realizada conforme a la lex artis, la conducta del cirujano carecerá de interés para el derecho penal por encontrarse dentro del riesgo permitido, con absoluta independencia de que ella haya sido o no causa del fallecimiento de la víctima y sin importar siquiera si el médico actuó o no con intención de causarle la muerte.

Si, por el contrario, la respuesta fuese negativa en cuanto se demostrara que no solo la conducta del cirujano fue contraria a la técnica médica (creación de un riesgo jurídicamente desaprobado), sino que además esa incorrecta intervención quirúrgica determinó el fallecimiento del paciente (realización del riesgo en el resultado), ese resultado le sería objetivamente imputable al cirujano y, en consecuencia, debería procederse a la elaboración del juicio de imputación subjetiva, en desarrollo del cual se analizarán las circunstancias individuales que determinaron el comportamiento del autor, lo que supondrá, fundamentalmente, establecer si su conducta fue intencional o imprudente y si en su favor puede predicarse la existencia de una causa individual de exención de responsabilidad. Una destacada ventaja de esta forma de distinguir entre los aspectos objetivo y subjetivo del delito, es la de que el Estado no está facultado para examinar el fuero interno del individuo (juicio de imputación subjetiva), sino solo en cuanto su comportamiento constituya un indebido ataque al bien jurídico (juicio de imputación objetiva); pero mientras un ciudadano se mantenga dentro del riesgo permitido, al Estado le está vedado incursionar en el fuero interno del individuo para intentar establecer la intención con que desplegó su conducta, o para averiguar la finalidad que con ella perseguía.

Con esta descripción que de la imputación objetiva dentro de una concepción normativa de la teoría del delito se ha hecho, resulta evidente que su origen, su naturaleza y su desarrollo difieren por completo de la imputación objetiva que tuvo su génesis al interior de concepciones de tendencia finalista. Por curiosa que resulte la afirmación, buena parte de los inconvenientes que se presentan al debatir sobre la imputación objetiva se derivan del desconocimiento de las diferentes perspectivas que sobre ella se manejan, de manera tal que resulta imposible discutir, por ejemplo, sobre el ámbito de aplicación de dicha teoría, sin estar previamente de acuerdo sobre si lo que está en discusión es la concepción finalista o la normativista de la imputación objetiva.

Respecto de las críticas enumeradas en páginas anteriores, por ejemplo, es claro que si bien ellas pueden resultar válidas cuando se las dirige contra la imputación objetiva de corte finalista, pierden todo sentido cuando se las trata de hacer valer respecto de la imputación objetiva concebida como parte de una teoría normativa del delito. En efecto, como dentro del normativismo la imputación objetiva es un primer elemento de la teoría del delito, que en su análisis precede a la imputación subjetiva, no resulta válido decir que ella se aplica tan sólo a los delitos imprudentes o de resultado, pues técnicamente es viable también para los dolosos y los de peligro. Sin ahondar demasiado en el tema, también debe advertirse que si dentro de una concepción normativa de la teoría del delito se descarta una noción ontológica de resultado y se asume un concepto normativo del mismo, resulta válido sostener que la imputación objetiva pueda ser aplicada incluso respecto de las tentativas. Y, finalmente, el origen mismo de la imputación objetiva dentro del normativismo, hace que contra ella resulte inaplicable la ya mencionada observación de Gimbernat en el sentido de que la imputación objetiva no hace nada distinto de reunir una serie de criterios que hasta entonces no tenían un lugar sistemático claro en la teoría del delito.

A manera de conclusión puede entonces decirse que en la actualidad existen dos concepciones diversas de la imputación objetiva que se disputan el predominio dogmático: una, ampliamente mayoritaria, surgida como consecuencia de los inconvenientes que respecto del delito imprudente se afrontaron dentro de esquemas de tendencia finalista; y otra que nace con la propuesta de una concepción normativa de la teoría del delito. Por consiguiente, cualquier discusión que se intente sobre el tema debe tomar en consideración los diversos orígenes y desarrollos de lo que hoy se denomina, dando una engañosa apariencia de unidad conceptual, la teoría de la imputación objetiva.

(1) Cfr. Hans Welzel, Das deutsche Strafrecht, Walter de Gruyter & Co., Berlin, 11ª edición, 1969, pág. 33.

(2) Cfr. Hans Welzel, “Studien zum System des Strafrecht”, En: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft (ZStW), tomo 58,Walter de Gruyter, 1939, págs. 514 y 515.

(3) No sobra advertir que este desplazamiento del dolo fue parcial, en cuanto la consciencia de la antijuridicidad permaneció anclada dentro de la noción de culpabilidad, mientras lo que se ha dado en denominar “el dolo bueno” fue radicado dentro del tipo subjetivo del injusto.

(4) Aun cuando dentro de una concepción causalista de la teoría del delito resulta más frecuente la denominación de “delito culposo”, los autores finalistas suelen inclinarse por la expresión “delito imprudente”, la cual se ha venido abriendo paso dentro de la literatura penal europea, a diferencia de lo que suele ocurrir en el ámbito latinoamericano.

(5) Sobre esta propuesta de Niese y su apreciación crítica, puede consultarse, Eberhard Struensee, “Der subjektive Tatbestand des fahrlässigen Delikts”, En: Juristenzeitung (JZ), Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1987, pág. 55.

(6) Hans Welzel, “Studien zum System des Strafrechts”, En: Zeitschrift für die gesamte Strafrechstwissenschaft (ZStW), tomo 58, Berlin, Walter de Gruyter, 1939, pág. 559.

(7) Sobre este aspecto no puede caber duda alguna, pues fue el propio Welzel quien admitió que en los delitos imprudentes se estaba en frente de una “causalidad ciega”; cfr. Hans Welzel, ZStW 58 (1939), ed. Cit., pág. 559.

(8) La mención a la figura del deber objetivo de cuidado puede verse ya desde la primera edición del manual de Welzel, publicado en el año de 1947 (página 83). Entre los más recientes defensores de la concepción finalista de la teoría del delito se sigue manteniendo la violación al deber objetivo de cuidado como forma de explicar la punibilidad del delito imprudente; en este sentido puede confrontarse, por ejemplo, Georg Küpper, “Grenzen der normativierenden Strafrechtsdogmatik, Berlin, Duncker & Humblot, 1990, pág. 115.

(9) Cfr. Hans Welzel, Die finale Handlungslehre und die fahrlässigen Handlungen”, En: Juristenzeitung (JZ), Tübingen, Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1956, pág. 423.

(10) Cfr. Hans Welzel, Lehrbuch, 9ª edición, 1965, pág. 130.

(11) Sobre la descripción de este caso, cfr. BGHSt 11,1.

(12) Cfr. Claus Roxin, “Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei fahrlässigen Delikten”, En: Zeitschrift für die gesamte Strafrechstwissenchaft (ZStW), Berlin, Walter de Gruyter, 1962, págs. 431 y 432. En el mismo sentido, Claus Roxin, “Strafrecht — Allgemeiner Teil (Lehrbuch)”, tomo I, München, C. H. Beck’sche Verlagsbuchandlung, 1992, § 11/59, págs. 238 y 239.

(13) Cfr. Claus Roxin, “Literaturbericht — Allgemeiner Teil”, En: Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenchaft (ZStW), tomo 78, Berlin, Walter de Gruyter, 1966, pág. 221.

(14) Aun cuando se trata de una crítica hoy en día muy generalizada, quien inicialmente la planteó en directa referencia al escrito de Roxin, fue Klaus Ulsenheimer, “Das Verhältnis zwischen Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei den fahrlässigkeitsdelikten, Bonn, Ludwig Röhrscheid Verlag, 1965, págs. 138 y 139.

(15) También fue Ulsenheimer el primero en poner en evidencia este inconveniente de la teoría de la elevación del riesgo; cfr. Klaus Ulsenheimer, ed. cit., págs. 63 y 134.

(16) Para una detallada exposición sobre el contenido y los inconvenientes de esta teoría, cfr. Yesid Reyes Alvarado, “Imputación Objetiva”, editorial Temis, 1994, págs. 244 y ss.

(17) Este caso fue juzgado por el tribunal superior de Stuttgart en julio de 1981, y sus incidencias pueden ser consultadas en la revista Neue Juristische Wochenschrift (NJW) de 1982, página 295.

(18) Doctrinalmente, quizás el primer trabajo sobre este principio se debe al civilista Ernst von Caemmerer, “Das deutsche Schuldrecht und die Rechtsvergleichung”, En: Neue Juristische Wochenschrift (NJW), volumen I, München und Berlin, C. H. Beck’sche Verlagsbuhhandlung, 1956, págs. 569 y siguientes. A nivel jurisprudencial, ya un año antes la Sala Civil de la Suprema Corte alemana había abordado el tema, tal como puede observarse en BGHZ 19, pág. 114.

(19) Cfr. Claus Roxin, “Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht”, En: Festschrift für Richard M. Honig, Göttingen, Verlag Otto Schwartz & Co., 1970, págs. 13 y siguientes.

(20) Cfr. Enrique Gimbernat Ordeig,”Delitos cualificados por el resultado y causalidad”, Madrid, ed. Centro de Estudios Ramón Arances, 1990, págs. 141, 142, 146 y 147.

(21) Respecto de estos inconvenientes del fin de protección de la norma, cfr. Yesid Reyes Alvarado, ”Imputación…”, ed. cit., págs. 204 y siguientes.

(22) Cfr. Claus Roxin, Honig Festschrift, ed. cit., págs. 133 y siguientes.

(23) Para detalles sobre este caso juzgado por el Tribunal Supremo del Imperio Alemán, cfr. RGHSt 34, pág. 91.

(24) Sobre los orígenes de la prohibición de regreso, cfr. Herbert Tröndle, StGB, Vor § 13, Rd. 18b.

(25) Cfr. Heinz Bindokat, “Fahrlässige Beihilfe”, En: Juristen Zeitung (JZ), Tübingen, Verlag J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1986, pág. 424.

(26) Cfr. Günther Jakobs, “Strafrecht - Allgemeiner Teil. Die Grundlagen und die Zurechnungslehre. Lehrbuch”, 2ª edición, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1991, Rd. 7/4b.

(27) Sobre la evolución histórica del principio de la prohibición de regreso, cfr. Yesid Reyes Alvarado, “Imputación…”, ed. cit., págs. 318 y siguientes.

(28) Detalles sobre este caso y su juzgamiento pueden encontrarse en, Manfred Burgstaller, “Erfolgszurechnung bei nachträglichen Fehlverhalten eines Dritten oder des Verletzten selbst”, En: Festschrift für Hans Heinrich Jescheck, volumen I, Berlin, Duncker und Humblot, 1985, pág. 371.

(29) No obstante lo anterior, debe reconocerse que es perfectamente válido un concepto más amplio de prohibición de regreso que comprenda no solamente la posibilitación culposa de delitos dolosos, sino en general la posibilitación de daño a intereses jurídicos, bien sea que ellos provengan de conductas posteriores erradas de la víctima o de conductas posteriores erradas de un tercero, sean estas últimas dolosas o culposas; sobre el particular, cfr. Yesid Reyes Alvarado, “Imputación…”, ed. cit., págs. 330 y siguientes.

(30) Sobre el contenido de esta polémica, cfr. Yesid Reyes Alvarado, “Imputación…”, ed. cit., págs. 338 y siguientes.

(31) Cfr. Wolfgang Frisch, “Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolges”, Heidelberg, C. F. Müller Juristischer Verlag, 1988, págs. 451 y siguientes.

(32) Así, por ejemplo, Santiago Mir Puig, Derecho Penal parte general, ediciones P. P. U., Barcelona 1996, 4ª edición, págs. 282 y siguientes.

(33) Cfr. Hans Heinrich Jescheck, Lehrbuch des Strafrechts - Allgemeiner Teil, Duncker & Humblot, Berlin, 4ª edición, 1988, págs. 257 y siguientes.

(34) Cfr. Claus Roxin, Derecho Penal parte general, ed. Civitas S. A., Madrid, 1997, Tomo I, págs. 362 y siguientes.

(35) Cfr. Claus Roxin, Derecho Penal parte general, ed. cit., págs. 365 y siguientes.

(36) Aun cuando desde el punto de vista puramente teórico resultaría válido sostener la posibilidad de que el delito imprudente admita la tentativa, se trata de una discusión que aquí se omitirá, en cuanto desbordaría, con mucho, los límites del presente trabajo.

(37) Enrique Gimbernat Ordeig, “¿Qué es la imputación objetiva?”, En: “Estudios de Derecho Penal”, editorial Tecnos, Bogotá, 3ª edición, 1990, pág. 212.

(38) Estos conceptos, cuya complejidad es más aparente que real, fueron recientemente llevados al ámbito del derecho penal por Günther Jakobs; cfr. Günther Jakobs, Lehrbuch, ed. cit., Rd. 7/37.

(39) Sobre el concepto de “realidad social” dentro del concepto de imputación objetiva, cfr. Yesid Reyes, Imputación..., ed. cit. pág. 66.