Auto 9533 de octubre 22 de 2003 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

REHABILITACIÓN DE DERECHOS Y FUNCIONES PÚBLICAS

EN LOS DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO DEL ESTADO LA INHABILIDAD ES PERMANENTE

EXTRACTOS: «El sentenciado ya cumplió las penas principales de privación de la libertad y pecuniaria e indemnizó los perjuicios, conforme se le impusieron en la sentencia condenatoria. Ahora resta analizar el tema relativo a la interdicción de derechos y funciones públicas que le fue impuesta con el carácter de pena accesoria.

Rehabilitación de derechos y funciones públicas

Este proceso se tramitó y falló bajo la vigencia del artículo 92 del Decreto 100 de 1980 que disponía:

"Rehabilitación. Excepto la expulsión del territorio nacional para el extranjero, las demás penas señaladas en el artículo 42 podrán cesar por rehabilitación (negrilla).

Si tales penas fueren concurrentes con una privativa de la libertad, no podrá pedirse la rehabilitación sino cuando el condenado hubiere observado buena conducta y después de transcurridos 2 años a partir del día en que haya cumplido la pena.

Si no concurrieren con pena privativa de la libertad, la rehabilitación no podrá pedirse sino dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que ellas fueron impuestas.

Interpretando dicha disposición, indicó la Corte:

"Es claro, entonces, que la rehabilitación que consagra el artículo 92 del estatuto penal sólo se aplica cuando no ha transcurrido el término de la pena impuesta, de manera que por razón está consagrada dentro de las causales de extinción de la pena, y sometida a los condicionamientos fijados por la norma en cita. Cuando el tiempo fijado como sanción se ha cumplido, opera la rehabilitación "ipso iure" que prevé el artículo 71 del Código Electoral, sin que para ello sea necesario la intervención de la autoridad judicial, pues basta que el interesado formule la solicitud pertinente acompañada de los respectivos documentos ante el registrador municipal de su domicilio" (Cfr. auto única instancia de junio 3/97. Rad. 4083. M.P. Calvete Rangel).

A la misma conclusión se llega al analizar el contenido de la reglamentación actual contenida en el artículo 92 del nuevo Código Penal, que establece:

La rehabilitación. La rehabilitación de derechos afectados por una pena privativa de los mismos, cuando se imponga como accesoria, operará conforme a las siguientes reglas:

1. Una vez transcurrido el término impuesto en la sentencia, la rehabilitación operará de derecho. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante la autoridad correspondiente.

2. Antes del vencimiento del término previsto en la sentencia podrá solicitarse la rehabilitación cuando la persona haya observado intachable conducta personal, familiar, social y no haya evadido la ejecución de la pena; allegando copia de la cartilla biográfica, dos declaraciones, por lo menos, de personas de reconocida honorabilidad que den cuenta de la conducta observada después de la condena, certificado de la entidad bajo cuya vigilancia hubiere estado el peticionario en el período de prueba de la liberad condicional o vigilada y comprobación del pago de los perjuicios civiles.

En este evento, si la pena privativa de derechos no concurriere con una privativa de la libertad, la rehabilitación podrá pedirse dos (2) años después de la ejecutoria de la sentencia que la impuso, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

Si la pena privativa de derechos concurriere con una privativa de la libertad, sólo podrá pedirse la rehabilitación después de dos (2) años contados a partir del día en que el condenado haya cumplido la pena privativa de la libertad, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

3. Cuando en la sentencia se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad, y no se exceptúa de ella la pena accesoria, esta se extinguirá con el cumplimiento del período de prueba fijado en el respectivo fallo.

Cuando, por el contrario, concedido el beneficio en mención, se exceptúa de este la pena accesoria, su rehabilitación sólo podrá solicitarse dos (2) años después de ejecutoriada la sentencia en que fue impuesta, si hubiere transcurrido la mitad del término impuesto.

No procede la rehabilitación en el evento contemplado en el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política".

En otros términos se puede afirmar que la rehabilitación que opera ipso iure es aquella que se consolida por el transcurso del término impuesto en la sentencia para la respectiva pena, con el carácter de accesoria; por consiguiente no requiere de un pronunciamiento judicial. El mecanismo para recuperar el ejercicio de derechos y funciones públicas, se encuentra regulado en el artículo 71 del Decreto 2241 del 1986, Código Electoral que establece:

"La rehabilitación en la interdicción de derechos y funciones públicas operará ipso jure al cumplirse el término por el cual se impuso su pérdida como pena. Para ello bastará que el interesado formule la solicitud pertinente, acompañada de los respectivos documentos ante el registrador municipal de su domicilio, el cual le dará inmediatamente tramitación".

Por el contrario, se requiere un pronunciamiento judicial cuando la rehabilitación de una pena accesoria se persigue antes de cumplirse el tiempo de duración impuesto en la sentencia, bajo las condiciones y presupuestos descritos en la norma citada.

En el presente caso el señor Gómez Suárez se le impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad; luego, habiendo descontado la principal es de concluir que ya descontó la accesoria, de manera que se debería poder afirmar que dicha sanción se extinguió de derecho.

En general, para que un condenado en una situación similar a la del sentenciado Gómez Suárez pueda rehabilitarse en el ejercicio de los derechos y funciones públicas le bastaría que se dirigiera al registrador municipal de su domicilio; sin embargo, en este caso en concreto ello no es posible por cuanto el peticionario fue declarado responsable de un delito cometido contra el patrimonio del Estado, vale decir, que se encuentra incurso en la inhabilidad permanente que con carácter absoluto establece el inciso 5º del artículo 122 de la Carta Política que dispone:

"Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, el servidor público que sea condenado por delitos contra patrimonio del Estado, quedará inhabilitado para el desempeño de funciones públicas".

Por lo anterior, cuando se informe a la Registraduría Nacional del Estado Civil y a la Procuraduría General de la Nación, sobre el cumplimiento de la pena de interdicción de derechos y funciones públicas impuestas al señor Álvaro Gómez Suárez, se hará notar dicha circunstancia y se les enviará copia de este proveído.

Así mismo, con la salvedad anterior, se oficiará a todas las demás autoridades a quienes se comunicó la sentencia condenatoria para comunicarles que la sentencia condenatoria dictada por esta Sala contra el señor Álvaro Gómez Suárez ya se cumplió, lo que implica que recobre su derecho a la libre movilización dentro y hacia fuera del país».

(Auto de 22 de octubre de 2003. Radicación 9533. Única instancia. Magistrada Ponente: Dra. Marina Pulido de Barón).

____________________________________