Concepto 22450 de noviembre 24 de 2004 

• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL 

EXTRADICIÓN

EL NARCOTRÁFICO NO ES DELITO CONEXO A LA REBELIÓN

EXTRACTOS: «Tanto en la acusación extranjera como en la declaración jurada del fiscal ante el juez magistrado de los Estados Unidos, se hace claro reconocimiento de las Farc como organización que busca, mediante el empleo de las armas, una finalidad política, esto es, hacerse con el poder en Colombia, objetivo para el cual se ha dedicado a diferentes actividades relacionadas con el narcotráfico, a través de las cuales, según el contenido de la citada acusación, “financia su guerra con el gobierno colombiano” y le permite obtener dinero, armas y equipo.

Del contexto de la acusación y de las aseveraciones que apoyan el pedido de extradición, entonces, puede entenderse que allí se admite que Palmera Pineda realizó comportamientos que resultarían, en principio, conexos con un delito político, es decir, aquellos constitutivos de narcotráfico por los cuales el gobierno de Estados Unidos hace la petición, por cuanto es manifiesta la claridad con que ese conjunto de documentos subrayan que el ejercicio de tales conductas era el medio para financiar la guerra que las Farc, agrupación de la cual se reconoce que Palmera es miembro destacado, sostiene contra el gobierno de Colombia.

Así las cosas, surgen los siguientes interrogantes: ¿la regla que estatuye el artículo 35, inciso 3º, de la Constitución Política de 1991, modificado por el Acto Legislativo Nº 01 de 1997, según la cual no procede la extradición por delitos políticos, se extiende a los conexos con estos?, ¿el narcotráfico, en cualquiera de sus modalidades, puede ser considerado delito conexo a uno político?

1.1.1. De cara a la primera pregunta es necesario observar que ni la Constitución ni la ley definen qué es delito político ni especifican cuáles son los conexos con este; sin embargo, esta Corte tiene sentado que el primero es “aquella infracción penal cuya realización busca el cambio de las instituciones o sistemas de gobierno para implantar otros que el sujeto activo, generalmente caracterizado por su espíritu altruista y generoso, considere más justos” (1) , por lo que se califican como tales los de rebelión, sedición, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal de mando, es decir, los que atentan contra el régimen constitucional y legal (2) .

Ahora, si se considera que:

“... al legislador le asiste una amplia capacidad de configuración normativa siempre que se ejerza dentro de los límites constitucionales, es claro que esa capacidad hace parte de la posibilidad de extender tales beneficios (amnistía e indulto, precisa la Corte) a los delitos conexos con los delitos políticos. No obstante, se trata de una facultad que, como cualquier otra, también está sometida a límites superiores, fundamentalmente los criterios de razonabilidad e igualdad. De acuerdo con estos criterios, el legislador no puede extender arbitrariamente esos beneficios a conductas ajenas a su naturaleza, ni tampoco realizar inclusiones o exclusiones que comporten un tratamiento diferenciado injustificado” (3) .

Si se extrapolan esos criterios con el tema de la extradición, al configurarse ese mecanismo de cooperación internacional en la lucha contra el delito en el rango de las garantías fundamentales, entre las varias reglas jurídicas inmersas en el artículo 35 de la ley fundamental, se extracta aquella según la cual, en defecto de la existencia de un tratado público vigente sobre la materia, bilateral o multilateral, la solicitud, concesión u ofrecimiento de la extradición se regula de conformidad con la ley, regla recogida en el libro V, capítulo III, del Código de Procedimiento Penal, reguladora de tal herramienta, en concreto, su artículo 508, que además reitera que la extradición no procede por delitos políticos, habrá de concluirse que es al legislador a quien le correspondería señalar, basado en criterios de razonabilidad e igualdad, cuáles son los delitos que por estar ligados de manera muy estrecha con su naturaleza, podrían considerarse en conexidad con los políticos para efectos de impedir la extradición.

Siendo eso así, como el legislador no ha señalado con claridad y precisión cuál sería la gama de conductas punibles que tendrían esa particular e íntima conexión con el delito político, puede decirse que mientras una solicitud de extradición no verse por un delito típicamente político, la misma sería procedente, siempre y cuando se reúnan las demás condiciones previstas en la ley.

Dilucidado ese punto, débese agregar, sin embargo, que conforme al contenido del pliego de cargos extranjero, a la luz del ordenamiento jurídico colombiano, la membresía que se le endilga a Palmera Pineda a una organización ilegal, que mediante el empleo de las armas está en guerra contra el Gobierno Nacional para sustituir las instituciones —actividad que podría configurar el delito de rebelión— está en conexidad con la actividad del narcotráfico que en esa misma actuación se le imputa.

En efecto, dado el rasgo que tiene el delito de rebelión como conducta de ejecución permanente, es decir, que se actualiza mientras el sujeto activo persiste en su objetivo de enfrentarse a la institucionalidad del Estado mediante el empleo de las armas, puede surgir el fenómeno de la conexidad con el narcotráfico si esta actividad la despliega “con el fin de facilitar la ejecución” de la rebelión, según lo señala el artículo 90-3 del Código de Procedimiento Penal, tal cual sucede en este caso, pues, como ya se ha dicho, en el indictment se afirma que la finalidad del comportamiento de narcotráfico es el de obtener elementos bélicos, dinero y equipos, así como financiar la guerra contra el gobierno.

1.1.2. Empero, en orden a dar respuesta al segundo interrogante, también es preciso destacar que ninguna actividad delictiva constitutiva de narcotráfico puede estimarse como conexa a un delito político como factor impediente de una solicitud de extradición, no solo porque el legislador no lo ha estimado así, sino porque la misma comunidad internacional le niega ese carácter. En efecto, la Convención de las Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, aprobada en Viena el 19 de diciembre de 1998, e incorporada al derecho interno mediante la Ley 67 de 1993, estatuyó en su artículo 3-10 que:

“A los fines de cooperación entre las partes prevista en la presente convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5º, 6º, 7º y 9º, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las partes” (4) .

Sin perjuicio de lo anterior, conviene hacer una precisión. El señalamiento que se hace del requerido como perteneciente a las Farc —organización que, se dice en el indictment, está en guerra con el gobierno colombiano— y miembro de su estado mayor, podría encuadrar, como ya se dijo, en la figura del delito de rebelión descrito y sancionado en el artículo 467 del Código Penal.

En esa medida, —sin que lo que sigue pueda estimarse evaluación o crítica del cargo atribuido a Palmera Pineda—, como en el acápite correspondiente a la introducción de la acusación formal Nº 02-112 (TFH), cuyos puntos 1 a 12 fueron incorporados y alegados nuevamente para la formulación concreta del cargo, es decir, el tópico del reconocimiento de las Farc como grupo de guerrilla armado que para financiar la guerra contra el gobierno de Colombia realiza actividades de narcotráfico, así como el señalamiento de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda como miembro del estado mayor de esa agrupación, surge evidente la necesidad de advertir al Gobierno Nacional que en caso de que conceda la entrega solicitada por el Gobierno de Estados Unidos, la condicione en el sentido de que el juzgamiento que allí se le haga y la eventual pena que se le imponga, no comprenda esa ilegal militancia por cuanto, individualmente considerada, constituiría un delito político por el cual no procede la extradición.

1.1.3. De otra parte, obsérvese que el objeto de la conspiración imputada era el de importar a Estados Unidos desde Colombia 5 kilogramos o más de cocaína, así como el de elaborar y distribuir la misma sustancia en similar cantidad con la intención y el conocimiento de que iba a ser importada a tal comprensión territorial.

De esa forma, aunque la citada conspiración tuvo lugar al interior de las fronteras nacionales, proyectó sus efectos a un ámbito trasnacional, porque buscaba la introducción del alcaloide al territorio de Estados Unidos, por manera que se activa el principio de extraterritorialidad de acuerdo con el cual la conducta punible se considera realizada en el lugar donde se produjo o debió producirse el resultado.

Nada de insólita tiene la anterior conclusión, ya que:

“Por su solidez e importancia, se puede considerar al principio de territorialidad como la regla general a aplicar, y a los demás principios como sus excepciones, puesto que legitiman el ejercicio extraterritorial de la jurisdicción. Estos últimos operan en un doble sentido: por una parte, permiten que un Estado determinado imponga sus leyes a personas, situaciones o cosas que no se encuentran dentro de su territorio; y por otra, obligan al mismo Estado a aceptar que, en ciertos casos, se apliquen las leyes extraterritoriales de naciones extranjeras a personas, situaciones o cosas que se encuentran u ocurren dentro de su territorio” (5) .

En síntesis, no existe valladar constitucional o legal que impida la extradición solicitada con base en los cargos de que se ocupa la Resolución Nº 02-112 (TFH), con la salvedad, eso sí, de que en su momento se condicione la entrega de Palmera Pineda a que no sea juzgado por hechos anteriores al 17 de diciembre de 1997, como lo estatuye el artículo 35 in fine de la Constitución, toda vez que en los citados cargos se hace referencia a conductas ejecutadas a partir de 1994».

(Concepto de noviembre 24 de 2004. Radicación 22.450. Magistrado Ponente: Dr. Sigifredo Espinosa Pérez).

(1) Auto segunda instancia, 7 de abril de 1995, radicación 10.297, M.P. Carlos Eduardo Mejía Escobar.

(2) Cfr., entre otros, auto del 25 de septiembre de 1996, radicación 12.051, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego.

(3) Corte Constitucional, sentencia C-695 del 28 de agosto de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño. En este pronunciamiento se asegura, de otro lado, que no es posible que el Congreso conceda amnistías o indultos por delito comunes “porque en ellas no concurre la motivación altruista que se advierte en las delitos políticos... De allí que si el legislador extiende esos institutos a la delincuencia común, no solo estaría desconociendo la particular naturaleza que les asiste a aquellos, sino también incurriendo en un manifiesto quebrantamiento de la Carta.

(4) Sobre tal precepto Colombia no hizo ninguna clase de reserva o declaración; además, la Corte Constitucional no la halló contraria a la Constitución al examinar la citada Ley 67 de 1993 (Sent. C-176/94)

(5) Corte Constitucional, Sentencia C-1189 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

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