Sentencia 14250-20657 de diciembre 15 de 2004 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

Consejera Ponente:

Ruth Stella Correa Palacio

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil cuatro.

Radicación 14250 (3091) - 20657 (3651)

Actor: Jesús Arenas Jiménez y otros

Demandados: Ministerio de Salud, Servicio Seccional de Salud y Hospital Mental de Pereira

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Se demostró la existencia del daño por el cual se pretende la reparación de los perjuicios que se afirman sufridos por los demandantes, esto es la muerte del señor Saúl Arenas Carmona, ocurrida el 15 de abril de 1995, en el municipio de Pereira, Risaralda, mientras se encontraba recluido en el Hospital Mental de Risaralda —Homeris—, tal como consta en el registro civil de la defunción (fl. 15, C-1).

2. Según la demanda, el hecho es imputable a las demandadas Nación - Ministerio de Salud, Servicio Seccional de Salud de Risaralda y Hospital Mental de Pereira (Risaralda), a título de falla del servicio, porque la entidad hospitalaria no cumplió su deber de cuidar la integridad del paciente, pues, “dada la alteración síquica que padecía... debieron extremar las medidas de vigilancia, con el fin de evitar que atentara contra su vida”.

Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produjo la muerte del señor Saúl Arenas Cardona(sic), muestran las pruebas recaudadas:

En la diligencia del levantamiento del cadáver practicado por el cuerpo técnico de investigación criminal de la Fiscalía General de la Nación, se señaló que el cadáver fue encontrado en “la parte posterior del Hospital Mental de Risaralda, sobre una columna esquinera correspondiente a un muro que bordea unas gradas de concreto, que dan acceso a la columna de basketball;ubicada al fondo, en el nivel inferior de la edificación” (fls. 3-4, C-5, exp. 20.657).

En esa misma diligencia, los funcionarios del cuerpo técnico dedujeron que la manera de la muerte fue por suicidio y como signos de trauma se observaron: “Surco de presión que va desde región retroauricular derecha y se extiende por el tercio lateral de las caras laterales y anterior del cuello hasta la región submastoidea izquierda. Escoriación en el ala derecha de la nariz, forma irregular, compromete además parte media del mismo lado”.

La señora Luz Amparo Gómez García, quien practicó la diligencia de levantamiento del cadáver en su calidad de técnico judicial del cuerpo técnico de investigación judicial declaró ante la fiscalía haber visto “al joven suspendido de una cuerda contra el muro, bien recostado contra la pared, inclusive, tenía escoriaciones al lado de la nariz, al lado de él había una escalera en forma de V, metálica, escuché decir a una enfermera que la escalera la habían llevado para poder facilitar el levantamiento” (fl. 20, C-5, exp. 20.657). Y en la declaración que rindió ante el a quo agregó que “el cadáver se encontraba hacia la parte posterior del hospital y en una columna esquinera que daba al abismo, que es la parte externa, se encontraba suspendido en una cuerda... era siempre muy alto, más o menos, 5 metros de alto, la cuerda era de fibra” (fls. 11-13, C-2, exp. 20.657).

El señor Jhon Jairo Clavijo Buitrago, también técnico criminalístico del cuerpo técnico de investigación, quien participó en la diligencia de levantamiento del cadáver describió las condiciones del sitio donde éste fue encontrado, en los siguientes términos: “hasta donde recuerdo estaba suspendido de una pared, que en la parte superior es como un corredor, un pasillo a la intemperie, por allí transitan las personas, de allí se ve el terreno y estaba suspendido hacia el vacío..., creo que estaba suspendido de una manila de fibra sintética, no recuerdo el color era del grosor de un dedo de la mano, estaba atado al cuello y la soga estaba amarrada como a un poste metálico” (fl. 26, anexo 2, exp. 20.657).

En la necropsia médico legal practicada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se concluyó que éste falleció “a causa de anoxia mecánica, secundaria a ahorcamiento... Manera de muerte: compatible con suicidio” (fls. 27-29, C-5).

La fiscalía dieciocho delegada ante los jueces penales que adelantó la investigación preliminar por la muerte del señor Saúl Arenas Carmona, mediante providencia del 21 de junio de 1995 se abstuvo de iniciar la instrucción y ordenó el archivo del expediente, por considerar que no existió hecho punible:

“Teniendo en cuenta el cuadro consignado en la historia clínica que obra en estas diligencias y la declaración de quienes tuvieron conocimiento de su caso, el hoy occiso bien pudo, dadas las características de sus ideas delirantes, llegar al suicidio. Los antecedentes aquí conocidos, unidos a la motivación y conclusión plasmadas en el protocolo de necropsia... nos permiten concluir que en el presente caso, no hubo intervención de terceros, que efectivamente, el señor Arenas Carmona se suicidó y, por lo tanto, el hecho punible de homicidio no ha existido, motivo por el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 327 del Código de Procedimiento Penal habrá de proferirse resolución inhibitoria” (fls. 30-33, C-5).

Con fundamento en las pruebas anteriores concluye la Sala que el señor Saúl Arenas Carmona se suicidó mientras se hallaba recluido en el Hospital Mental de Pereira, es decir, no existe en el expediente prueba que indique que la muerte fue causada por otras personas.

3. Ha considerado la Sala que el Estado debe proteger de manera especial a los menores y a quienes se encuentren incapacitados mentalmente, no solo contra los abusos y agresiones que puedan inferirles los demás sino inclusive contra sí mismos, pues estos por su incapacidad síquica o inmadurez se encuentran en situación de mayor indefensión y carecen de plena autonomía (C.P., art. 13), lo cual se traduce en la obligación, para las entidades encargadas de su custodia, en un momento determinado, de impedirles, aun con medios coercitivos, que atenten contra su propia vida.

También ha realizado una recopilación de criterios doctrinales y jurisprudenciales, relacionados con las condiciones de responsabilidad de las entidades encargadas del cuidado de los enfermos siquiátricos, las cuales fueron resumidas en providencia del 11 de abril de 2002, expediente 13.122, para concluir que no se puede invocar la autonomía de la voluntad personal en eventos de suicidio de enfermos mentales, porque dada su incapacidad síquica se encuentran en situación de mayor indefensión y carecen de plena autonomía. En la que igualmente se dedujo, con apoyo en tesis de la H. Corte Suprema de justicia (sent., feb. 10/2003), que la obligación de seguridad es propia de los contratos de hospitalización con entidades dedicadas al tratamiento de enfermos mentales, para proteger a esa persona de los daños que la ejecución del contrato celebrado pueda ocasionarle. En es sentencia (sic) se concluyó:

“Advierte la Sala, con fundamento en el estudio de la doctrina y la jurisprudencia citadas, que el contenido de la obligación de seguridad y aun del deber de cuidado y vigilancia, que puede formar parte de aquélla, asumidos por las clínicas y hospitales en relación con los pacientes —al margen de su existencia o inexistencia en determinado tipo de contratos y de la naturaleza que puedan tener—, resulta siempre referido al deber que tienen tales establecimientos de evitar que los pacientes sufran algún daño, durante el tiempo que permanezcan internados, en el desarrollo de actividades que, si bien son distintas y están separadas del servicio médico propiamente dicho, son necesarias para permitir su prestación” (1) .

De lo anterior, se concluye, que en el presente caso, no puede alegarse la autodeterminación de la víctima para exonerar a la entidad demandada. Ivonne Paola Torres López sufría de una enfermedad mental y se encontraba internada en una unidad de salud mental, razón por la cual carecía de la capacidad necesaria para tomar una decisión autónoma, como la de quitarse la vida.

Es claro también, que el Hospital de Federico Lleras Acosta tenía la obligación de preservar la vida e integridad personal de la paciente, como deber general de toda atención hospitalaria, pero, tratándose de una enferma mental, además del tratamiento de la alteración siquiátrica, tenía el deber de resguardar su seguridad personal, estableciendo una vigilancia con el grado de diligencia que demandara su condición, en este caso la conducta agresiva propia de la enfermedad que padecía y que implicaba un riesgo cierto de causar daño a los demás y a sí misma”.

En síntesis, el estado actual de la jurisprudencia de esta Sección en el tema, le impone a las entidades hospitalarias especializadas en el cuidado de enfermos mentales, la obligación de cuidar de la seguridad personal de los pacientes, con el fin de evitar que estos lesionen a otros o se causen daño a sí mismos, estableciendo una vigilancia, con el grado de diligencia que demanden las circunstancias, las cuales se han de determinar, en principio, por la clase de enfermedad que sufre el paciente y sus manifestaciones externas.

4. En relación con los antecedentes médicos del paciente, obran en el proceso, además de las pruebas practicadas en este, los testimonios trasladados del proceso penal, a solicitud de la parte demandante, del Servicio Seccional de Salud de Risaralda y del Hospital Mental de Pereira “Homeris”, los cuales pueden ser valorados, a pesar de que no han sido ratificados, ni fueron practicadas con audiencia de quienes son parte en el sub examine, habida consideración al hecho de que se trata de una prueba común, esto es, pedida tanto por los demandantes como por los demandados.

Afirma la parte demandante en los escritos de alegación, que el hecho de que la entidad hospitalaria no hubiera aportado la historia clínica al proceso debe tenerse como un indicio en su contra. Cabe señalar al respecto que obra en el expediente prueba de que ese documento reposa en la Fiscalía, según se dejó consignado en la copia de la nota de enfermería suscrita en constancia de haber sido recibida, por los funcionarios de esa entidad, Piedad Vélez Zapata y Jorge Fabio Rincón Londoño, coordinador del turno de levantamiento:

“Pte. Que se suicida a las 4+10, más o menos; se informa a la familia y para los trámites necesarios, se entrega historia completa del pte. a los funcionarios de la Fiscalía; la jefe Margit autoriza la entrega de la H. Cl... Consta de 78 hojas...” (fl. 8, C-2, exp. 14-250).

De igual manera, en la providencia proferida por la fiscalía dieciocho delegada ante los jueces penales se afirmó que la historia clínica reposaba en ese proceso (fls. 30-35, C-5, exp. 20.657).

En consecuencia, el hecho de que no se hubiera aportado a este proceso la historia clínica del fallecido no es atribuible al Hospital Mental de Pereira sino a la Fiscalía que la recibió y no la allegó al expedir las copias de dicho proceso, junto con los testimonios y la providencia en la cual se ordenó el archivo de las diligencias, por lo cual no puede deducirse consecuencia adversa en contra de la demandada.

El médico César Augusto Arango Dávila, quien trató al señor Saúl Arenas durante el tiempo en que estuvo internado en el hospital mental, describió en el proceso penal (fls. 18-19, C-5, exp. 20.657), los antecedentes y las manifestaciones de la enfermedad que aquel padecía, así:

“Al paciente yo lo conocía más o menos unas cinco semanas, él fue remitido del Hospital Universitario San Jorge. La última vez que lo valoré fue el miércoles santo, más o menos a las once de la mañana. Lo encontré delirante y con alucinaciones, pensaba darle un permiso para que se fuera para la casa, pero consideré que no era prudente, teniendo en cuenta que el viernes anterior yo le había dado un permiso y al llegar a su casa intentó agredir a su madre... Hace tres años, el paciente sintió “un llamado de Cristo en el corazón para buscar la paz”, inicialmente “predicaba solo en silencio”, leía solo la Biblia... e iba a misa casi todos los días, presentó un cuadro de hostilidad hace más o menos diez meses, con cambios de conducta, el paciente no comía, ayunaba porque lo exigía su religión; se miraba constantemente y en forma extraña sus manos, besaba la tierra y la bendecía, se creía uno de los elegidos de Cristo, no paraba de caminar, era hostil con la familia, exigiéndoles arrepentimiento y entrega a Dios; el paciente desapareció de su casa y fue encontrado a los cuatro días... sentado en una piedra y predicando..., fue llevado a un centro de salud en Santa Rosa y allí remitido al Hospital Universitario San Jorge donde permaneció ocho días y salió por mejoría. Al mes empezó nuevamente a referir dolor de cabeza, zumbidos en la cabeza y manifestar que le rondaba un espíritu, se tornó temeroso, con crisis de llanto y mutista (o sea, no hablaba). La última vez comenzó a presentar trastornos de conducta, no comía, no hablaba, no dormía y se miraba constantemente las manos. El veintitrés de febrero de mil novecientos noventa y cinco lo hospitalizaron en la unidad mental del Hospital San Jorge, hasta el 27 del mismo mes que fue remitido al hospital mental. Al ingreso, el paciente se encontraba sin hablar, quieto, no colaboraba en la toma de alimentos, con el tratamiento salió de su estado de quietud y de incomunicación, pero continuaba diciendo que lo perseguía el demonio y que la única manera que él lo podía dominar era con un movimiento persistente del hombro izquierdo, el cual movía permanentemente, el paciente continuamente se sentía acechado por los espíritus que le ordenaban las cosas que debía o no debía hacer. En la valoración del miércoles santo lo encontré con las mismas ideas, con alucinaciones auditivas, con el movimiento del hombro, motivo por el cual consideré no pertinente darle permiso. Durante todo el tiempo en que yo lo estuve tratando no manifestó en ningún momento ideas suicidas... Nunca lo vi agresivo. El tratamiento del paciente se prolongó más de lo usual porque la enfermedad de él en esa crisis fue particularmente resistente al tratamiento. Cuando esto ocurre, después de esperar un tiempo prudente de tres o cuatro semanas a la dosis adecuada de medicamentos se debe cambiar éste. Esto se hizo esperando que el paciente mejorara, pero el miércoles que lo valoré, no lo observé con la mejoría que yo esperaba”.

En la declaración que rindió ante el a quo (fls. 19-27, C-2, exp. 14.250) aclaró que no se habían ordenado medidas de seguridad especiales para el paciente porque éste no mostró ideas suicidas, que además por su enfermedad, estas ideas no eran predecibles:

“Cuando se trata de un paciente que por las características de su enfermedad, historia clínica, examen mental y conducta muestra riesgos como de fugarse o de suicidarse, se ordena en la historia clínica un cuidado estricto. En el caso de Saúl Arenas, en ningún momento se ordenó este cuidado estricto, pues el paciente durante su hospitalización, que ya llevaba varias semanas, nunca manifestó ideas suicidas y su enfermedad no correspondía a los trastornos que con frecuencia desembocan en actos suicidas, como son los trastornos depresivos o trastornos de personalidad. El diagnóstico del señor Saúl Arenas correspondía a una esquizofrenia paranoide que junto con todo el grupo de las esquizofrenias, la literatura clásica y contemporánea muestran una baja tasa de suicidios con relación a otras patologías y además se describen como suicidios bizarros e impredecibles... Cuando se trata de un trastorno depresivo con ideas suicidas u otra patología similar, la historia clínica, el examen mental y la conducta del paciente motivan para ordenar en estos un cuidado estricto. En el caso del señor Saúl Arenas ni la permanencia en el hospital, el examen mental, las características de la enfermedad hacían pensar que él cometiera este acto”.

En el testimonio rendido en el proceso penal por el señor Jesús Arenas Jiménez, padre del occiso, al referirse a los antecedentes de la enfermedad de su hijo, confirmó las afirmaciones realizadas por el médico tratante:

“...él se encontraba enfermo de la cabeza, no hablaba, no decía nada, ni comía, él decía que le dolía la cabeza, hace dos meses y medio que él se vino de la casa y lo encontramos sentado por allá y lo trajimos para el Hospital San Jorge, allí estuvo cuatro días...; como a los dos meses le volvió a dar lo mismo..., lo traje al Hospital San Jorge, como a los cinco días le dieron salida para la casa; a los días le volvió a dar lo mismo, entonces volví y lo traje, entonces ya lo mandaron para el hospital mental...; a él le daban salida cada ocho días; se quedaba en la casa dos o tres días y luego lo internaban... Unas veces él trabajaba en el campo, vendía frutas en el pueblo, este año entró a estudiar acá en Pereira, los sábados, estaba haciendo primero de bachillerato... Yo sospechaba que él consumía basuco... No [era agresivo], era callado, no decía nada... El nunca dijo que tenía deseos de quitarse la vida ni nada, solo le daba mucha depresión pero no más... Las enfermeras decían que era muy buen enfermo, muy buen paciente”.

La señora María Nubia Carmona de Arenas, madre del occiso también rindió declaración en el proceso penal (fls. 13-14, C-5, exp. 20.657). Ella fue la última persona que lo vio con vida, minutos antes de suicidarse. En relación con las manifestaciones exteriores de la enfermedad de su hijo reiteró lo dicho por el padre. Afirmó que su hijo padecía esa anomalía desde hacía un año y que por ese motivo estuvo hospitalizado en dos ocasiones en la clínica San Jorge y en el hospital mental dos meses antes de su fallecimiento, donde permanecía de lunes a viernes, con salida los sábados y domingos; que según comentario de los vecinos su hijo consumía drogas, pero que en los últimos dos años se entregó a la religión y no volvió a consumirlas.

En cuanto a las condiciones en las cuales lo encontró el día de su muerte, manifestó:

“...lo vi con vida ese sábado, yo llegué al hospital mental como a las tres de la tarde, me quedé con él media hora, cuando llegué estaba bien, viendo televisión, cuando me vio se contentó mucho..., me dijo que fuera el lunes para ver si el doctor me da la salida el martes, para irme con usted, entonces yo le pregunté que cómo se sentía, me dijo que bien... Yo le dije que me venía y me dijo: mamá déjeme mil pesitos... Yo lo vi bien, no estaba triste, ni agresivo, ni nada, yo lo vi muy recuperado, inclusive no le vi un arañón que tenía cuando me lo entregaron muerto... En ningún momento me decía eso [que quería quitarse la vida]; él me decía que quería vivir, que quería seguir adelante, que quería estudiar, él entró al SENA a estudiar los sábados... [Ingresó al hospital mental porque] se quedaba paralizado, muy quieto y solo decía Dios y hablaba de él, no era agresivo ni nada, se dedicó a leer la Biblia”.

Por su parte, el médico Uriel Escobar Barrios, director del hospital mental, se refirió en el proceso penal (fls. 16-17, C-5, exp. 20.657) a las condiciones que se requerían para brindar a los pacientes una vigilancia especial:

“Las medidas de vigilancia o cuidado especial, el hospital las presta cuando el médico tratante considera que como consecuencia de un cuadro clínico del paciente, el paciente amerita algún tipo de cuidado, de vigilancia especial. En este caso específico, el médico no consideraba al paciente algún tipo de vigilancia especial, teniendo en cuenta que... el paciente estaba evolucionando hacia la mejoría... Depende del cuadro clínico, a veces es necesaria la inmovilización física, si hay agresividad por parte del paciente o la inmovilización farmacológica (a través de la cedación)”.

La señora María Ercilda Arcila Ossa, quien se desempeñaba como auxiliar de enfermería de la institución y a quien se había asignado el cuidado personal del paciente (fls. 11-17, C-2, exp. 14.250), en la declaración que rindió ante el a quo se refirió a las condiciones síquicas del paciente Saúl Arenas, en los siguientes términos:

“...hasta el día en que el paciente, digamos que se suicidó, llevaba aproximadamente un mes de interno... En los turnos en los que yo estuve laborando pude observar que el paciente, por lo general, permanecía tranquilo, era callado por lo general, pero él respondía al diálogo, a lo que se le preguntara era coherente, era muy poco activo... No sé con exactitud el diagnóstico, pero sí se que el paciente tendía a la depresión”.

Sobre las circunstancias relacionadas con la ocurrencia del hecho, manifestó:

“...le [di] el medicamento de las dos de la tarde, y en ese momento yo lo vi tranquilo, no le vi nada raro al paciente, se encontraba en su cuarto, después de eso, desde la estación de enfermería donde yo estaba, vi al paciente con la mamá, se veía aparentemente tranquilo, conversando con la mamá, común y corriente, la visita de la mamá fue por ahí de tres a tres y media... Recuerdo que una compañera mía, que se llama Elba Luz Quintero, estuvo hablando con la mamá del paciente. Aproximadamente, a los 20 minutos, Elba Luz Quintero, Ismelda Pérez y yo nos fuimos a soltar a una paciente que la teníamos inmovilizada porque el día anterior se había fugado, entonces fuimos a soltarla para llevarla al baño... Yo ajusté la puerta para que los visitantes no vena (sic) a una paciente inmovilizada y cuando la estábamos soltando para llevarla al baño, escucharnos los gritos de dos compañeras... nos dijeron que un paciente se había colgado”.

En cuanto a las medidas de seguridad que se suministraba a los pacientes, afirmó:

“...las medidas de seguridad y vigilancia para ese paciente son las mismas que hay para todos los internos, de la única manera que se tienen medidas más estrictas es cuando hay un paciente con intentos de fuga o de suicidio y que el médico ordene en la historia clínica vigilar estrictamente por riesgos de suicidio o de fuga o de conductas impredecibles, y en este caso, hasta donde yo recuerdo de la historia, no tenía este tipo de medidas porque el paciente nunca antes había presentado intentos de los mencionados. Se le tenían cuidados especiales, como es (sic) vigilarle la dieta, la higiene, que se tome el medicamento y en rondas periódicas que hace el personal de enfermería se le pone cuidado a la vez a todos. Estas rondas se hacen con frecuencia, uno debe estar pendiente en los cuartos, en la sala de televisión, en la cocina”.

En relación con la libertad que tenían los pacientes para desplazarse en ese centro hospitalario, manifestó:

“...los pacientes en el hospital se les da libertad para que ellos deambulen por diferentes partes del hospital, sala de televisión, comedor, corredores, cuartos, e inclusive la cancha, cuando se van uno o dos auxiliares con el paciente, o sea, que a ellos no se les tiene prohibiciones de ir a tal parte o a otra, sino que ellos deambulan y los pacientes por lo general cuando están inestables no se quedan quietos en un solo sitio”.

5. De acuerdo con los criterios jurisprudenciales enunciados y las pruebas que obran en el expediente, se concluye que el suicidio del señor Saúl Arenas Carmona es imputable al Servicio Seccional de Salud de Risaralda, porque en el Hospital Mental de Pereira, a cargo de esa entidad, no se le brindaron las medidas de seguridad que su situación ameritaba, de acuerdo con su historia clínica, examen mental, manifestaciones externas de su enfermedad y conducta reciente.

En efecto, el señor Saúl Arenas padecía esquizofrenia paranoide, según el testimonio rendido por el médico César Augusto Arango Dávila, quien lo asistió mientras estuvo recluido en el Hospital Mental de Pereira. Ese diagnóstico médico se concluyó con fundamento en las manifestaciones externas del paciente sobre las cuales coinciden no solo la señora María Ercilda Arcila Ossa auxiliar de enfermería del mismo hospital, sino los mismos padres del occiso, demandantes en este proceso.

Aunque el paciente no había manifestado ideas suicidas ni había atentado contra su vida, tampoco estaba respondiendo al tratamiento de la manera esperada; se mostraba agresivo en algunas ocasiones, aun con sus parientes más cercanos, pues tal como lo manifestó el siquiatra César Augusto Arango Dávila, no se autorizó su salida temporal del hospital mental el último fin de semana porque el anterior había intentado agredir a su madre; era depresivo, e inclusive, tenía ideas delirantes y alucinaciones auditivas: escuchaba voces que le decían lo que debía o no debía hacer, por lo cual su comportamiento era imprevisible.

Si bien, de acuerdo con su historia clínica, el siquiatra que atendía a Saúl Arenas Carmona en el hospital no había ordenado a los auxiliares que brindaran un cuidado estricto al paciente, como el que se prescribe en los casos de los enfermos que han manifestado actitudes agresivas hacia los demás, o han intentado huir del centro hospitalario o suicidarse, o cuando tales actitudes resultan previsibles, en consideración a su cuadro clínico, tampoco podía perderse de vista que se trataba de un enfermo mental, como lo eran las demás personas que se hallaban recluidas en el hospital, quienes, precisamente, en razón de sus padecimientos carecen de la capacidad de autodeterminarse y por lo tanto, deben ser protegidas del fácil acceso a objetos con los cuales pudieran causarse daño a sí mismos o a otros, como el lazo que se hallaba en el patio del hospital, al cual podían ingresar los pacientes libremente, como lo hizo el señor Saúl Arenas Carmona.

La falla del servicio se radicó en el incumplimiento de la obligación de cuidar de los pacientes, la cual le correspondía en virtud del tipo de enfermos que tiene hospitalizados, incumplimiento que se concretó en permitir el fácil acceso del paciente Arenas Carmona al patio donde se disponía de cuerdas o lazos, que ofrecían riesgo de ser utilizados por los pacientes para atentar contra su vida y la de los demás internos.

Como ya se señaló, las instituciones hospitalarias de enfermos mentales tienen un deber de seguridad, el cual debe corresponder a las condiciones del paciente, es decir, que estas dependen del tipo de enfermedad que padezca cada paciente y de sus manifestaciones externas. En el caso concreto, la enfermedad que padecía el señor Saúl Arenas y la depresión que exteriorizaba hacían necesario protegerlo contra sí mismo de causarse daño. Por lo tanto, le era exigible a la entidad hospitalaria que extremara las medidas de seguridad y no tuviera disponible un objeto, que de manera muy recurrente es utilizado para el suicidio.

La principal finalidad del tratamiento médico dispensado a los enfermos mentales debe ser la de curarlos, si ello es posible, o controlar su afección, de tal manera que pueda disminuirse al máximo su disfunción, con el fin de asegurarles una vida digna y tranquila. Las modernas tendencias en este tipo de tratamientos sugieren una decidida participación de la familia y la permanencia del paciente en su entorno, salvo casos en los cuales sea necesaria su internación (2) , con un desarrollo en fases sucesivas que implican la delegación al mismo paciente de mayores responsabilidades y libertades. En esa medida, podía resultar adecuado para el tratamiento permitir al paciente que se desplazara por el hospital, sin obligarlo a permanecer encerrado. Sin embargo, justamente por esa libertad de que gozaba el paciente, era necesario eliminar cualquier riesgo y por lo tanto, era exigible que la entidad en el caso concreto, hubiera adoptado las medidas de seguridad necesarias para impedir que los pacientes pudieran llegar solos al patio de ropas, o haber eliminado los lazos que se utilizaban como tendederos.

En síntesis, considera la Sala que en el caso concreto, la entidad hospitalaria no cuidó de la seguridad personal del señor Saúl Arenas Carmona y permitió que este fácilmente accediera al lazo con el cual se suicidó y, por lo tanto, deberá responder patrimonialmente por los perjuicios sufridos por sus parientes.

6. La entidad responsable del daño.

Cabe señalar en primer lugar que le asiste razón al Ministerio de Salud en cuanto a su falta de legitimación en la causa (3) en este proceso, toda vez que para la fecha de ocurrencia de los hechos, el servicio de salud en ese departamento era prestado por el Servicio Seccional de Salud de Risaralda, de conformidad con lo establecido en el Decreto 742 de 1991, por medio del cual fue creado ese establecimiento público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, al que se asignó, entre otras funciones, la de “ejercer la tutela administrativa en el segundo y tercer niveles de atención que comprenden los hospitales regionales, universitarios y especializados” (fls. 44-51, C-1, exp. 14.250). No obstante, por supresión de esa entidad, los servicios fueron asumidos desde 1994 por el departamento de Risaralda, a través de la secretaría de salud.

En efecto, mediante decretos extraordinarios 350, 356 y 526 de 1975, se crearon y organizaron los servicios seccionales de salud, como “organismos básicos para la dirección del sistema nacional de salud a nivel departamental, intendencial, comisarial y del Distrito Especial de Bogotá”. Los jefes de los servicios seccionales actuaban como agentes del Ministerio de Salud para el cumplimiento de la política nacional de salud. Además, debían someter a la junta seccional y posteriormente al ministerio el plan seccional de salud y el proyecto anual de presupuesto para el servicio, entre otras obligaciones.

En la Ley 10 de 1990 se señalaron las entidades responsables de la dirección y prestación del servicio de salud; así: a los municipios, distritos y áreas metropolitanas se asignó la dirección y prestación de servicios de salud de primer nivel de atención; a los departamentos, intendencias y comisarías la dirección y prestación de los servicios de salud de segundo y tercer nivel de atención. La Nación continuó a cargo del Instituto Nacional de Cancerología. La direccional nacional del sistema de salud quedó a cargo del ministerio, al cual le correspondía “formular las políticas y dictar todas las normas científico-administrativas, de obligatorio cumplimiento por las entidades que integran el sistema”.

Dicha ley dispuso además que en desarrollo del principio de subsidiariedad, las entidades responsables de la prestación de servicios de salud en determinado nivel de atención podían prestar transitoriamente servicios correspondientes a niveles inferiores (art. 3º).

Posteriormente, en la Ley 60 de 1993 (4) , se señalaron de forma más precisa las funciones que en materia de dirección y prestación del servicio de salud correspondían a las entidades territoriales y al Ministerio de Salud. A este último se le asignó la función de dirección del sistema nacional de salud, pero se excluyeron las funciones referidas a la prestación directa de tales servicios, los cuales debían ser asumidos por las entidades territoriales o descentralizadas.

No obstante, la asunción de esas competencias por parte de las entidades seccionales y locales debía hacerse en el término de 5 años contados a partir de la expedición de la Ley 10 de 1990, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 de dicha ley y 35 del Decreto Reglamentario 1762 del mismo año. De igual manera, se previó en el artículo 16 de la Ley 60 de 1993 que para la prestación de los servicios de salud y educación por parte de los municipios, era necesario que se hubieran asignado los recursos fiscales suficientes para atenderla.

Por su parte, la Ley 100 de 1993 estableció que “la prestación de los servicios de salud en forma directa por la Nación o por las entidades territoriales, se hará a través de las empresas sociales del Estado, que constituyen una categoría especial de entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas por la ley o por las asambleas y concejos, según el caso”.

Esto significa que la prestación de los servicios de salud que antes correspondía a la Nación, a través del Ministerio de Salud; que luego fue desconcentrada en las entidades seccionales y posteriormente asumida por las entidades territoriales (descentralización funcional), fue finalmente asignada a las empresas sociales del Estado, pero la dirección del Sistema Nacional de Salud fue y sigue siendo responsabilidad del Ministerio de Salud.

En consecuencia, como el 15 de abril de 1995, la Nación —Ministerio de Salud—, no era responsable de la atención médica que se prestaba en el Hospital Mental Homeris, se declarará su falta de legitimación por pasiva para comparecer como entidad demandada en este proceso.

Cabe señalar que de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, al momento de ocurrir el hecho objeto de este proceso, el Hospital Mental de Risaralda Homeris, no era persona jurídica independiente, sino una de las instituciones a través de las cuales el Servicio Seccional de Salud de Risaralda prestaba el servicio de salud que se le había asignado y por lo tanto, los daños causados en el centro hospitalario eran imputables a esa entidad. Conclusión a la que se llega luego de advertir que: a) Ninguna de las partes en el proceso adujo la calidad de persona jurídica del hospital mental; b) El director de dicho hospital fue nombrado por el servicio seccional de salud y posesionado ante esa misma entidad (fl. 127 y 128, C-1, exp. 20.657); c) Al conferir el poder, el director del hospital no acreditó la existencia y representación de esa entidad; d) Las auxiliares de enfermería que trabajaban en el hospital, que fueron llamadas en garantía, fueron nombradas, posesionadas y calificadas por el servicio seccional de salud (hojas de vida de Elba Luz Quintero e Irma Padilla Henao, en ambos procesos (sic) y e) En la póliza de responsabilidad civil extracontractual celebrada por esa entidad con la aseguradora Colmena S.A. incluyó al hospital mental entre sus asegurados (fl. 115, C-1, exp. 20.657).

7. La indemnización de perjuicios.

Con las demandas se aportaron la partida eclesiástica del matrimonio de los señores Ismael Carmona y María Angélica Cardona, celebrado el 14 de enero de 1929 (fl. 8, C-1, exp. 14.250), quienes figuran como padres de la señora María Nubia Carmona Cardona, según su registro civil de nacimiento (fl. 8, C-1, exp. 14.250); el registro civil del matrimonio de Ismael Arenas y Graciela Jiménez (fl. 3, C-1, exp. 20.657) y del nacimiento del señor Jesús Arenas Jiménez (fl. 4, C-1, exp. 20.657), así como del nacimiento de Saúl, Yuri Andrea, Luz Adriana, Jesús Mauricio y María Leticia Arenas Carmona, en los cuales figura que son hijos de los señores Jesús Arenas Jiménez y María Nubia Carmona Cardona (fls. 8-14, C-1, exp. 14.250), pruebas con las cuales quedó acreditada la calidad de abuelos, padres y hermanos de los demandantes con el fallecido, dado que el certificado de nacimiento es prueba suficiente para acreditar la filiación, demostración indicadora del dolor moral que la muerte de Saúl les ocasionó y el cual además es corroborado con la declaración de los señores Jaime Arturo García Tamayo, Urbano Rivera Vanegas y Benjamín Franco Garcés (fls. 40-47, C-2, exp. 12.250).

La condena por el perjuicio moral se tasará en salarios mínimos, de acuerdo con el criterio adoptado por la corporación (5) .

En consecuencia, se reconocerán 100 salarios mínimos legales a favor cada uno de los padres de la víctima y 50 en favor de cada uno de sus hermanos y abuelos, los cuales equivalen a $ 35.800.000 para cada uno de los primeros y $ 17.900.000 para cada uno de los segundos, sin que excedan el valor de las pretensiones, tasadas en la primera demanda en 1.700 y en la segunda en 2.021 gramos, respectivamente, pues el gramo oro a la fecha de esta sentencia equivale a 33.599.69.

8. El llamamiento en garantía.

Para analizar la responsabilidad de las auxiliares de enfermería Irma Padilla Henao y Alba Luz Quintero Ramírez, que fueron llamadas en garantía por el Servicio Seccional de Salud de Risaralda, se tienen en cuenta las consideraciones formuladas por la Sala en relación con los conceptos de culpa grave y dolo; necesarios para decretar la responsabilidad del funcionario o ex funcionario que da lugar a condena contra el Estado (6) .

La prueba de que la actuación de las enfermeras encargadas del cuidado del paciente fue constitutiva de culpa grave o dolo, en los términos señalados brilla por su ausencia; en efecto en el proceso no se estableció que la vigilancia del señor Saúl Arenas en el momento que éste aprovechó para causarse la muerte, hubiera estado por cuenta de las llamadas en garantía, y al contrario lo que evidencian las pruebas recaudadas, es que para cuando se presentó el suicidio del señor Arenas, aquellas estaban atendiendo de manera urgente otra paciente; además, el siquiatra no les había recomendado brindarle una vigilancia más estricta, de donde no puede inferirse incumplimiento injustificado a órdenes del servicio. Tampoco se probó que las llamadas en garantía fueran las responsables de decidir los sitios específicos por los que podían desplazarse los pacientes dentro de la planta física del hospital, ni la clase de elementos que debían utilizarse para el desarrollo de sus actividades cotidianas, como el secado de las ropas. Por lo tanto, no se proferirá ninguna decisión en su contra.

En relación con la Aseguradora Colmena que fue llamada en garantía por el servicio seccional de salud, se aportó copia simple de la póliza Nº 30-12748 que esa sociedad suscribió con el Servicio Seccional de Salud del Risaralda, por $ 100.000.000, con vigencia entre el 31 de marzo de 1995 y el 31 de marzo de 1996, que “ampara la responsabilidad civil extracontractual derivada de las actividades principales y secundarias del asegurado en que incurra de acuerdo con la ley colombiana por lesiones o muerte a personas y/o destrucción de bienes causados durante el giro normal de las actividades del asegurado”, en la cual quedaron amparadas expresamente, entre otras, la responsabilidad civil profesional clínicas y hospitales (sublímite evento del 20% del valor asegurado principal y un agregado anual de cinco eventos, hasta copar el valor asegurado principal) y excluidas, entre otras, la responsabilidad civil contractual (fls. 62-63, C-1, exp. 14.250).

Aunque la sociedad llamada aceptó expresamente la existencia de la póliza ysu vigencia, afirmó que la misma no amparaba el riesgo porque la responsabilidad contractual estaba excluida y el servicio prestado al señor Saúl era de tal naturaleza, aunque fuera gratuito.

Considera la Sala que de acuerdo con las cláusulas del contrato de seguro celebrado entre el Servicio Seccional de Salud de Risaralda y la aseguradora Colmena S.A., esta sociedad sí está obligada a reembolsar las sumas que el departamento debe pagar a los demandantes, en la proporción convenida en la póliza porque:

a) El Hospital Homeris no tenía en el momento de configurarse el siniestro personería jurídica, ni patrimonio independiente. Por lo tanto, la póliza amparaba los riesgos generados en la actividad hospitalaria de los centros vinculados al Servicio Seccional de Salud de Risaralda;

b) La responsabilidad de la entidad demandada en relación con el daño sufrido por el señor Saúl Arenas no era de naturaleza contractual, ya que la atención siquiátrica que se le estaba prestando en el Hospital Homeris, correspondía al cumplimiento de las obligaciones asignadas a la entidad territorial y no la ejecución de un contrato celebrado con el paciente o sus parientes. Debe aclararse que conforme a lo establecido en el artículo 14 del Decreto 742 de 1991, por el cual se creó el establecimiento público denominado Servicio Seccional de Salud de Risaralda, los contratos que celebrara la entidad estaban sujetos a la Ley 19 de 1982 y al Decreto 222 de 1983, de acuerdo con los cuales, los contratos debían celebrarse por escrito y llenar los requisitos establecidos en el artículo 25 de ese último decreto, y para la época de los hechos que aquí se analizan, el régimen de contratación aplicable también lo era el estatuto de contratación de la administración pública, en conformidad con los artículos 2º y 32 de la Ley 80 de 1993. En el proceso no obra contrato celebrado con el Servicio Seccional de Salud de Risaralda, cuyo objeto fuera la prestación del servicio médico hospitalario al señor Saúl Arenas Carmona, por tanto, la responsabilidad deducida en esta sentencia no tiene el carácter de contractual.

c) El daño que se derivó de la prestación del servicio médico al señor Saúl Arenas se produjo dentro del giro normal de las actividades de la entidad demandada, y

d) Ni en la póliza ni en la ley se excluyó la reparación del daño moral. El artículo 1127 del Código de Comercio al precisar la naturaleza del seguro de responsabilidad civil señala que este “impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley”. Pero, perjuicios patrimoniales y materiales no son sinónimos. El primer es el género y el segundo la especie, es decir, perjuicios patrimoniales son los que se pueden tasar en dinero y si bien, en relación con el perjuicio moral, la indemnización no es reparadora ni restitutoria, sí constituye una compensación que se puede valorar pecuniariamente.

En consecuencia, se condenará a la compañía de Seguros Colmena S.A., o la empresa que haya asumido las obligaciones derivadas de la póliza 30-12748 celebrada con el Servicio Seccional de Salud de Risaralda a reembolsarle a ese departamento, por haber asumido las funciones que correspondían a aquél, el valor de la condena, hasta concurrencia del porcentaje pactado en la póliza menos el correspondiente deducible.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLÁRASE administrativamente responsable al departamento de Risaralda que asumió las funciones que antes le correspondían al servicio seccional de salud de ese mismo departamento por la muerte del señor Saúl Arenas Carmona, ocurrida el 15 de abril de 1995, en el Hospital Mental Homeris de Pereira.

2. CONDÉNASE al departamento de Risaralda a pagar a favor de Jesús Arenas Jiménez y María Nubia Carmona Carmona (sic) la suma de treinta y cinco millones ochocientos mil pesos m.l. ($ 35.800.000), para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales, y por ese mismo concepto y para cada uno de los señores María Angélica Cardona, Ismael Arenas, Graciela Jiménez de Arenas, Yuri Andrea, Luz Adriana, Jesús Mauricio y María Leticia Arenas Carmona, la suma de diecisiete millones novecientos mil pesos ($ 17.900.000).

3. CONDÉNASE a la sociedad Colmena S.A. a reembolsarle al departamento de Risaralda el valor de la condena, de acuerdo con el porcentaje establecido en la póliza 30-12748, menos el deducible correspondiente.

4. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la demandante serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.

5. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) Sección Tercera, sentencia de 28 de septiembre de 2000, expediente 11.405.

(2) A este respecto ver, por ejemplo, Sentencia de la Corte Constitucional T-209 de 1999.

(3) La legitimación en la causa “es un presupuesto procesal de la demanda que se colma al dirigir la pretensión contra una entidad pública o contra un particular que desempeñe funciones propias de los distintos órganos del Estado (CCA, art. 82), que se considere responsable del daño cuya indemnización se reclama, por ser sujeto de la relación jurídica sustancial de la cual se pretende derivar la responsabilidad, asunto distinto es el relacionado con su responsabilidad por el daño, pues para tal efecto se requiere que el hecho causante del mismo le sea imputable”. Sentencia del 8 de noviembre de 2001, expediente 13.617.

(4) Hoy derogado por la Ley 715 de 2001.

(5) Sentencia del 6 de septiembre de 2001, expedientes 13.232 y 15.646.

(6) Sentencia de julio 31 de 1997, expediente 9854, en la cual se precisó que para la calificación de la culpa grave y el dolo en la actuación del servidor o ex servidor público, el juez no debe ceñirse solo a las definiciones del artículo 63 del Código Civil, sino que además debe armonizar estas presiones con los artículos 6º y 9º de la Carta Política, indagando si la conducta generadora del daño existió, extralimitación u omisión en el ejercicio de las funciones, o infracción manifiesta de un mandato constitucional, aunque medie orden superior.

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