RESOLUCIÓN 1988 DE 2004 

(Septiembre 30)

“Por la cual se adopta el reglamento de cobro prejudicial y judicial para las obligaciones que se encuentren en atraso, derivadas de créditos de vivienda otorgados por el Inurbe, a funcionarios y aquellos que hoy ostentan la calidad de ex funcionarios de esta entidad”.

El Gerente Liquidador del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe en liquidación,

en uso de sus facultades legales y estatutarias,

CONSIDERANDO:

Que el Decreto-Ley 294 de 1981, estableció el régimen prestacional de los empleados públicos al servicio del ICT, señalando en su artículo 7º el otorgamiento de créditos de vivienda para sus funcionarios, de conformidad con las reglamentaciones que para tal efecto se expidan;

Que por virtud del artículo 10 de la Ley 3ª de 1991, el Instituto de Crédito Territorial se transformó en el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, trasladándose a este, al igual que la planta antigua de personal, las obligaciones laborales y prestacionales consagradas a favor de todos los funcionarios;

Que en virtud de las funciones y atribuciones establecidas en el Decreto 554 de marzo de 2003 que ordena la liquidación del instituto, el gerente liquidador podrá establecer los mecanismos de dirección, control y ejecución que garanticen el éxito en las operaciones que desarrolla el Inurbe en liquidación;

Que en desarrollo del artículo 7º del Decreto 294 de 10 de febrero de 1981, la gerencia general del Inurbe a través de la Resolución 361 de 1995 y sus modificatorias reglamentó el otorgamiento de créditos de vivienda para sus funcionarios y derogó los actos administrativos contrarios a estas disposiciones y en consecuencia, otorgó créditos de vivienda a sus funcionarios, con sujeción a las anteriores reglamentaciones que para el efecto dictó;

Que teniendo en cuenta los balances de cartera, se han detectado obligaciones hipotecarias que presentan atraso en el pago mensual de las cuotas de amortización, lo que hace necesario crear un reglamento de cobro prejurídico y jurídico que permita realizar la cobranza de la cartera que se encuentra en atraso, cobro que se realizará a través del grupo de jurisdicción coactiva, en la forma como se indica en el presente reglamento operativo;

En mérito de lo expuesto y en virtud de las normas citadas,

RESUELVE:

ART. 1º—Adoptar el reglamento operativo de cobro prejurídico y jurídico para las obligaciones que se encuentren en atraso, derivadas de créditos de vivienda otorgados por el Inurbe a sus funcionarios, en la forma que se señala a continuación.

1. Cobro jurídico.

1.1. Objetivo.

Cuando como consecuencia del no pago de créditos hipotecarios otorgados a los funcionarios y ex funcionarios del Inurbe y este debe efectuar el cobro jurídico ejecutivo de las mismas, se debe adoptar tal decisión a efecto de obtener el recaudo de la totalidad de dicho activo y en tal virtud se procederá cuando las obligaciones reporten tres (3) o más cuotas vencidas a través del grupo de jurisdicción coactiva.

Igualmente, se procederá al cobro persuasivo coactivo cuando el deudor sea perseguido judicialmente por terceros o cualquier proceso que implique trámite concursal, casos estos en los cuales el Inurbe en liquidación deberá intervenir en tales procesos.

1.2. Representación legal.

Ostenta representación legal en el Inurbe en liquidación, el gerente liquidador de la institución, para efectos de facultar al grupo de jurisdicción coactiva la iniciación de procesos judiciales a nivel nacional.

En consecuencia, la responsabilidad del cobro prejurídico y jurídico de la cartera hipotecaria, queda bajo la responsabilidad del grupo de jurisdicción coactiva.

1.3. Iniciación de procesos por persecución de bienes que garantizan las obligaciones a favor de la entidad.

Cuando el Inurbe en liquidación tenga conocimiento por cualquier medio idóneo y veras, de la existencia de acciones judiciales promovidas por terceros en las cuales se persigan bienes que garanticen el pago de las deudas que se cobran en virtud de los créditos de vivienda concedidos a sus funcionarios y/o ex funcionarios, se procederá de inmediato al cobro coactivo de tales obligaciones por el grupo de jurisdicción coactiva.

1.4. Acción contra el codeudor.

En la eventualidad de que el desembolso del crédito se hubiere efectuado con pagaré, letra de cambio, o cualquier otro título valor, quienes lo suscribieron o suscriban lo hacen como deudores solidarios, razón por la cual, ellos responden como deudores principales por el pago de la totalidad de la deuda. Por tal razón es importante que al diligenciar los pagarés y los poderes se incluyan como deudores a todas las personas que han firmado los documentos en que constan las deudas, con el objeto de perseguir los bienes de estos, en el evento de resultar insuficientes los deudores principales o en el evento en que no se haya cumplido con la obligación de constituir la garantía hipotecaria a favor del Inurbe en liquidación.

1.5. Administración de la cartera.

1.5.1. Cobro persuasivo.

El grupo de jurisdicción coactiva del Inurbe en liquidación, adelantará las acciones pertinentes con el fin de lograr el recaudo de las obligaciones vencidas, entre ellas; llamadas telefónicas, envío de una comunicación escrita tanto al deudor como a los codeudores, dentro de los 10 primeros días siguientes al vencimiento de la tercera (3ª) cuota de amortización causada.

La subgerencia administrativa y financiera del Inurbe en liquidación, suministrará al grupo de jurisdicción coactiva, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, la cartera hipotecaria de funcionarios y ex funcionarios que presenten atraso de tres (3) meses en sus cuotas.

En caso de no obtenerse el pago dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la comunicación, se procederá a iniciar el cobro coactivo y/o hacer efectiva la cláusula aceleratoria si la hubiere.

1.5.2. Cobro coactivo.

Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento de la tercera (3ª) cuota de amortización causada, el grupo de jurisdicción coactiva iniciará el correspondiente cobro coactivo. Lo anterior, sin perjuicio de solicitar directamente documentos tales como los señalados a continuación, los cuales con posterioridad se deben cargar a la cuenta de gastos judiciales:

• Certificados de tradición, cuya fecha de expedición no sea superior a 30 días, expedidos por la oficina de registro de instrumentos públicos correspondiente al lugar de ubicación de los bienes inmuebles de propiedad del deudor o codeudores para efectos de embargo y secuestro de los mismos.

• Pagaré o documento que preste mérito ejecutivo.

• Carta de instrucción (si la hubiere).

• Primera copia de la escritura pública que preste mérito ejecutivo en las que conste la garantía hipotecaria.

• Los demás documentos necesarios para tal fin.

2. Imputación de abonos recibidos para aplicar a obligaciones al cobro persuasivo o coactivo.

Cuando el Inurbe en liquidación reciba dineros por concepto de abonos o cancelación de obligaciones que se encuentren al cobro prejudicial o judicial, su imputación será de conformidad con el siguiente orden de prelación:

• Gastos judiciales tales como pólizas judiciales, notificaciones, honorarios de secuestres, honorarios de peritos avaluadores, publicaciones, edictos, emplazamientos, entre otros.

• Sanción por mora sobre las cuotas atrasadas.

• Cuotas de amortización que incluye intereses, seguros y abono a capital.

PAR.—Todo abono o cancelación de obligaciones que los deudores ejecutados hagan, deberán ser consignados en la cuenta bancaria 110019196058 del Banco Agrario con el código de depósitos judiciales 010 del grupo de jurisdicción coactiva.

2.1. La oficina jurídica efectuará la coordinación que se requiera con las demás dependencias y con el grupo de jurisdicción coactiva, con el fin de mantener controlada dicha gestión y producir los informes que se requieran para ser presentados a la gerencia liquidadora.

2.2. La subgerencia administrativa y financiera ejercerá los controles necesarios en cuanto a los recaudos de cartera percibidos, como consecuencia de los cobros prejurídicos y jurídicos, sin perjuicio de llevar el control total de la cartera hipotecaria por concepto de créditos de vivienda otorgados a sus funcionarios y a los que hoy ostentan la calidad de ex funcionarios.

2.3. El presente reglamento es aplicable a las obligaciones hipotecarias que se encuentran contabilizadas en el Inurbe en liquidación a partir del 16 de enero de 1991, en virtud de la Ley 3ª de 1991, como consecuencia de los créditos otorgados a funcionarios y a aquellos que hoy ostentan la calidad de ex funcionarios.

Comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 30 de septiembre de 2004.

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