Sentencia 7756 de diciembre 19 de 2005 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

UNIÓN INCESTUOSA

No genera sociedad patrimonial entre la pareja.

EXTRACTOS: «1. En el asunto materia de decisión, el demandado, para enervar la declaración de existencia de la sociedad patrimonial reclamada por la actora, adujo que la ley prohíbe la que surge a raíz de la unión de un hombre y una mujer entre quienes medie impedimento legal para contraer matrimonio, como acontece en este caso, en el que la demandante es su hija.

El referido parentesco está demostrado con la copia auténtica del registro civil de nacimiento de Martha Silvia Neira Torres aportado por el demandado y que contiene la nota de reconocimiento como su hija extramatrimonial, condición que, como ya quedara dicho, no fue debidamente desvirtuada. Inclusive, valga la pena destacarlo, la demandante no niega de manera contundente la existencia de un vínculo de parentesco que la liga con el demandado, pues admite que es su abuelo.

Empero, puesto de presente el referido vínculo filial que une a las partes, cabe preguntarse si entre ellos puede surgir la unión marital contemplada en la Ley 54 de 1990 y, más concretamente aún, si por razón de su cohabitación, de la que hacen mención las pruebas referidas por el juzgador ad quem, surgió la sociedad patrimonial allí prevista.

2. Como se sabe, la reseñada Ley 54 de 1990 se ocupó de regular las uniones maritales de hecho y de establecer el régimen patrimonial entre compañeros permanentes a que ella da lugar; así en su artículo primero define la unión marital de hecho, concibiéndola como aquella convivencia que con caracteres de permanencia y singularidad establece una pareja heterosexual sin mediar entre ellos vínculo matrimonial. A esa relación el artículo segundo ejusdem le reconoció efectos patrimoniales en los siguientes términos:

“Se presume sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y hay lugar a declararla judicialmente en cualquiera de los siguientes casos:

a) Cuando exista unión marital de hecho durante un lapso no inferior a dos años, entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio;

b) Cuando exista una unión marital de hecho por un lapso no inferior a dos años e impedimento legal para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedades conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho”.

Nótese cómo la trasuntada disposición legal prescribe que se presume la existencia de una sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes en cuanto se presenten dos hipótesis fácticas: la primera —que a juicio de la Corte sienta una regla general— cuando entre un hombre y una mujer sin impedimento legal para contraer matrimonio, exista unión marital de hecho por un término no menor a dos años; y la segunda que, está enderezada, no obstante su ambigüedad, a consagrar una excepción a dicha regla, consistente en que a pesar de existir el impedimento al que en forma concreta allí se alude, esto es, la preexistencia de un vínculo conyugal que ligue a uno o a ambos compañeros con terceros, no por ello deja de presumirse la existencia de la referida sociedad patrimonial, pues a ella hay lugar si la sociedad o sociedades, conyugales anteriores fueron disueltas con un año, por lo menos, de anterioridad a la fecha en que se inició la unión marital de hecho.

Entiende la Sala, subsecuentemente, que como el primer ordinal de la reseñada norma consagra una regla de carácter general, frente a la cual el inciso siguiente asienta una excepción, no es posible concluir que la subsistencia de ligamen matrimonial por parte de uno o ambos compañeros y cuya sociedad conyugal no se hubiese disuelto, sea el único impedimento que obsta la formación de la sociedad patrimonial entre ellos; por supuesto que si en el primer literal la ley reclama la inexistencia de impedimento legal para contraer matrimonio entre los compañeros permanentes como ineludible requisito de viabilidad de la presunción de surgimiento de la sociedad patrimonial, no se aviene con tal mandato el que a renglón seguido ella la admitiera frente a quienes están incursos en cualesquiera de esas prohibiciones legales, salvo una; desde luego que de ser las cosas de ese modo sobraría la primera previsión conforme a la cual el nacimiento de la referida sociedad está supeditado a la inexistencia de impedimento, ya que le habría bastado al legislador, luego de asentar el requisito del bienio de convivencia, con exigir la disolución previa de la sociedad o sociedades conyugales anteriores.

Colígese, entonces, que el literal b del artículo segundo de la Ley 54 de 1990 debe interpretarse de manera que resulte armónico con lo estatuido en el literal que lo precede y que, como quedara dicho, consagra una regla que opera con carácter general frente a la expresada en aquel otro, de estirpe marcadamente excepcional. En consecuencia, atendiendo los principios que informan la hermenéutica jurídica, el referido ordinal b del trasuntado precepto debe interpretarse restrictivamente por causa de su previsión y exactitud, de suerte que solo cobija el impedimento legal al que en él se alude, sin que sea factible extender la excepción allí prevista a las demás prohibiciones nupciales.

3. Inclusive, si se acude a una visión histórica de la cuestión, prontamente se advierte que la regulación normativa de las uniones maritales ha tenido como punto de partida el que entre los compañeros permanentes no existan impedimentos legales. Así, en el derecho romano, en tiempos del emperador Octavio Augusto, el concubinato adquirió la condición de un verdadero estado legal para cuya estructuración se establecieron ciertos requisitos que debía reunir con miras a que produjese los efectos previstos por la legislación, entre ellos, que debía tratarse de personas púberes, sin vínculo de parentesco de afinidad o consanguinidad que constituyera impedimento matrimonial. En caso contrario, si la unión se daba entre parientes o entre personas casadas, o si para lograrla se ejercía corrupción o violencia sobre personas honestas se trataba de una relación distinta, vale decir, incestum, o adulterium, o struprum, respectivamente; así mismo, se exigía que fuera singular, esto es, que no podía mantenerse con más de una concubina, quien debía ser una mujer de bajo rango (actrices, mujeres manumitidas o libertas, prostitutas, mujeres sorprendidas en adulterio), pues si fuere una mujer honrada o ingenua perdía su posición en el medio social y el título de mater familiae. Cumplidas esas condiciones, la relación concubinaria quedaba eximida de punibilidad, lo que no acontecía con las demás uniones extramatrimoniales que siguieron siendo objeto de represión criminal.

La legislación romana influyó en la española, como se aprecia en Las Siete Partidas que recogió la regulación que aquella hizo del concubinato, pero lo denominó “barraganía”, en la que los amancebados tenían que vivir juntos, cohabitar y, principalmente, carecer de todo impedimento basado en la cognación o en la agnación que les impidiese contraer matrimonio, con miras a evitar el incesto; también “Las Leyes de Toro” prescribían que se consideraba como hijo natural al hijo de aquellos padres que al momento de la concepción o del nacimiento no tenían impedimento para casarse.

De manera que los precedentes históricos reseñados, ponen de relieve que la ausencia de impedimentos matrimoniales ha sido contemplado en el devenir de los tiempos como un requisito necesario para la constitución del concubinato, aserto que contribuye a justificar el discernimiento de la Ley 54 de 1990 que aquí se expone.

4. De otro lado, se tiene que una interpretación sistemática de la norma en comento impone que esta debe armonizar con los demás preceptos que en las distintas esferas del ordenamiento jurídico se ocupan de los impedimentos matrimoniales, como las disposiciones que en materia civil los consagran con el fin de proteger la familia, amén que debe articularse con la tutela que a esta brinda el estatuto represor, conforme al cual constituyen delito las relaciones sexuales con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana (L. 95/36, art. 357; D. 100/80, art. 259; y L. 599/2000 art. 237).

Y es que, como acertadamente lo señala Miguel López Muñiz Goñi, “la unión paramatrimonial, que va a producir determinados efectos, y que en el futuro puede alcanzar incluso el carácter de un ‘matrimonio’ de hecho, no puede reconocerse partiendo de la ilegalidad o del fraude de ley, pues sería muy fácil acudir al sistema de una convivencia reiterada para consagrar actuaciones que son ilícitas” (Las uniones paramatrimoniales ante los procesos de familia. Ed. Colex. Madrid, pág. 29).

El sistema legal colombiano, además de prohibir las nupcias celebradas entre contrayentes que estén en la misma línea de ascendientes, descendientes o sean hermanos (C.C., art. 140 num. 9º), reprime todo acceso carnal o cualquier acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, habida cuenta que tales conductas las ha considerado punitivas por atentar contra la existencia, conservación y desarrollo de la familia, institución básica en nuestro sistema, cuya protección proclama la Constitución Política en sus artículos 5º, 15 y 42.

La proscripción de las relaciones sexuales endogámicas obedece a las nocivas consecuencias que comportan para la institución familiar, puesto que, conforme lo han concluido las disciplinas científicas que han estudiado el fenómeno, ellas quebrantan su estructura y menoscaban su sanidad; en cuanto a lo primero, porque alteran el vínculo de la pareja y el sistema filial, enfrentan el status y los roles de padre e hijos, a la vez que distorsionan las relaciones psico-afectivas y sexuales entre los miembros de la familia; y en lo concerniente con la salud, las mentadas relaciones crean tangibles riesgos de que la prole sufra enfermedades genéticas, sin olvidar las repercusiones psicológicas que pueden desencadenar en los integrantes del grupo familiar. Por lo demás, la descalificación de las relaciones incestuosas ha sido una constante social que ha obedecido a ancestrales patrones culturales instituidos en nuestro país.

Así las cosas, resulta palmario que de entenderse que la unión de hecho incestuosa genera sociedad patrimonial entre la pareja, es tanto como aseverar que, simultáneamente, una misma conducta sea permitida por el ordenamiento y a la vez reprimida por este, lo que es inadmisible en nuestro sistema legal que reclama la coherencia entre sus instituciones.

Inclusive, es tan rotundo y vigoroso en el ordenamiento patrio el rechazo al incesto que bien miradas las cosas, y de la mano de los reseñados antecedentes históricos, considera la Corte que la existencia de un vínculo de parentesco en los grados previstos por el legislador como causal de impedimento no solamente obsta el nacimiento de una sociedad patrimonial entre los amantes, sino, lo que es más tajante, impide que aflore entre ellos una unión marital que merezca tutela legal. O, por decirlo con mayor claridad, si entre la pareja existe una relación de parentesco que el ordenamiento considere como incestuosa, no surge entre ellos una unión marital de las previstas en la Ley 54 de 1990, ni, menos aún, una sociedad patrimonial. Por supuesto que sería una inconcebible paradoja que lo que el resto del ordenamiento reprime con reciedumbre, fuera protegido ciegamente por la susodicha ley.

5. No puede afirmarse, como desacertadamente lo infirió el tribunal, que si por mandato del numeral 4º del artículo 1820 del Código Civil, el matrimonio incestuoso genera sociedad conyugal, nada impediría que la relación marital entre personas ligadas por cualquiera de los grados de parentesco que tipifican el delito de incesto, genere a la vez, sociedad patrimonial, por cuanto el matrimonio, a diferencia de la unión marital, —y aquí radica la impropiedad de su asimilación— constituye un singular acto jurídico cuyos efectos se surten mientras no sea declarado nulo por decisión judicial cuyos alcances no son, por regla general, rectroactivos a la luz de las prescripciones del artículo 148 Ibídem, fenómeno este que, por sustracción de materia, no puede darse en una situación de facto como lo son las relaciones maritales extramatrimoniales, razón por la cual el legislador, previendo esa situación, buscó impedir de entrada la producción de efectos a las uniones afectadas por ese impedimento.

6. Infiérese de lo expuesto, que en este litigio las pretensiones de la actora están llamadas al fracaso, ya que entre las partes media el impedimento de parentesco (padre-hija), el cual, como ya se dijera, no solo impide la formación de la sociedad patrimonial reclamada, sino, lo que es más contundente aún, que obsta, de raíz, el nacimiento de la unión marital definida en el artículo primero de la susodicha ley. En consecuencia, se impone confirmar el fallo de primera instancia.

7. Como tales hechos constituyen un ilícito penal, de ellos se dará noticia a las autoridades pertinentes para que adelanten la averiguación pertinente».

(Sentencia de casación, 19 de diciembre de 2005. Expediente 7756. Magistrado Ponente: Dr. Pedro Octavio Munar Cadena).

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