Sentencia 2001-0372 de diciembre 19 de 2005 

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

FACULTAD SANCIONATORIA DE LA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

La acción disciplinaria prescribe en cinco años.

EXTRACTOS: «La apoderada del actor alega que la acción disciplinaria había prescrito por haber transcurrido más de dos años entre la ocurrencia de los hechos (30 de septiembre de 1997) y el auto de apertura de investigación disciplinaria (11 de noviembre de 1999). Sostiene que se regula por el numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.

Para resolver, debe tenerse en cuenta que el régimen disciplinario del contador público está consignado en los artículos 15, 19, 20 y 21 de la Ley 145 de 1960, 20 y 28 de la Ley 43 de 1990 “por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de contador público y se dictan otras disposiciones”. La Ley 43 no fijó término de prescripción a la acción disciplinaria por infracción al régimen ético disciplinario aplicable a los contadores públicos.

Para establecer cuál es la norma que rige la prescripción de la acción disciplinaria en el sub iudice, debe tenerse en cuenta que el otorgamiento de fe pública es una función estatal, pues las atestaciones de la persona habilitada al efecto son vinculantes dentro del ámbito de su competencia.

Cuando los contadores públicos otorgan fe pública ejercen función pública, pues los actos que produzcan en ejercicio de su profesión se tienen por ciertos, salvo prueba en contrario. Así lo establece el parágrafo del artículo 10 de la Ley 43 de 1990, al asimilar los contadores a funcionarios públicos, cuando dan fe pública. Así lo precisó la Corte Constitucional al declarar exequible este artículo en sentencia C-530 de 2000 en la cual se lee:

“El contador es un profesional que goza y usa de un privilegio que muy poco de los demás profesionales detentan (sic), que consiste en la facultad de otorgar fe pública sobre sus actos en materia contable. Tal circunstancia particular lo ubica técnica, moral y profesionalmente en un contexto personal especial, que le exige, por lo mismo, una responsabilidad también especial frente al Estado y a sus clientes, si se tiene en cuenta la magnitud de sus atribuciones, porque no todo profesional puede, con su firma o atestación, establecer la presunción legal de que, salvo prueba en contrario, los actos que realiza se ajustan a los requisitos legales...”.

Tratándose de particulares que ejercen funciones públicas en forma transitoria (CDU, art. 20), la prescripción de la acción disciplinaria se rige por el artículo 34 del Código Disciplinario Único (*) , que establece para las faltas instantáneas un término de cinco (5) años contados a partir de su consumación.

El cómputo del señalado término debe hacerse a partir de la certificación sobre los estados financieros que, en su condición de revisor fiscal de Coascol Corredores S.A., presentó el actor el 30 de septiembre de 1997 a la Superintendencia Nacional de Valores con la solicitud de inscripción de la sociedad en el registro nacional de valores e intermediarios, haciendo constar que “... los estados financieros iniciales de la compañía han sido fielmente tomados de los libros de contabilidad a 30 de septiembre de 1997 y reflejan su situación financiera”.

El acto sancionatorio definitivo, o sea, la Resolución 103 de 2000 mediante la cual la Sala Disciplinaria de la Junta Central de Contadores impuso sanción de suspensión al actor fue expedida el 17 de agosto de 2000 y notificada personalmente a su apoderado el 13 de septiembre del mismo año, o sea, dentro del término que tenía la Junta Central de Contadores para hacerlo, pues este vencía el 30 de septiembre de 2002.

Así, pues, contrariamente a lo sostenido por la apoderada del actor, no operó la prescripción de la facultad sancionatoria. El numeral 8º del artículo 136 Código Contencioso Administrativo no es aplicable, pues la acción de reparación directa es a todas luces ajena a la cuestión controvertida».

(Sentencia de 19 de diciembre de 2005. Expediente 11001-03-24-000-2001-0372-01. Consejero Ponente: Dr. Camilo Arciniegas Andrade).

(*) El Consejo de Estado se refiere al artículo 34 de la Ley 200 de 1995, que era la norma vigente para el momento que ocurrieron los hechos de este proceso. Igual término de cinco años dispone el artículo 30 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único que rige en el momento (N. del D.).

_______________________________________________________