CARTA CIRCULAR 62 DE 2005 

(Noviembre 18)

Ref.: Mecanismos de prevención y control de actividades delictivas.

Como es de su conocimiento, el artículo 102 del estatuto orgánico del sistema financiero (EOSF) señala de manera clara que “las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria están obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas” (negrillas fuera del texto).

En concordancia con lo anterior, el título I, capítulo XI, numeral 2.1.4 de la Circular Externa 7 de 1996 de la Superintendencia Bancaria dispone en relación con los presupuestos que rigen las políticas de prevención y control de lavado de activos, que el concepto de lavado “involucra activos de origen ilícito, es decir, aquellos que provienen de cualquiera de los delitos consagrados como tales en las normas penales” (negrillas fuera del texto).

En adición a lo anterior, es pertinente señalar que el secuestro extorsivo y la extorsión están tipificados respectivamente en los artículos 169 y 244 del Código Penal vigente y que dichas conductas son delitos subyacentes del tipo penal de lavado de activos, consagrado en el artículo 323 del Código Penal (1) .

Por tal razón, este despacho se permite reiterar que los mecanismos de prevención y control de actividades delictivas que en cumplimiento de la ley implementan las entidades vigiladas, deben estar en capacidad de detectar cualquier operación sospechosa que pueda estar vinculada con la canalización de recursos de origen ilícito para la realización de delitos como el secuestro extorsivo y la extorsión o que pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades, de manera que se informe oportunamente de ello a la unidad de información y análisis financiero (UIAF).

Sobre el particular es pertinente resaltar que las entidades vigiladas deben estar en capacidad de detectar y reportar operaciones sospechosas y no propiamente conductas delictivas.

N. del D.: La presente carta circular va dirigida a representantes legales y revisores fiscales de las entidades vigiladas.

(1) ART. 323.—Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, delitos contra el sistema financiero, la administración pública, o vinculados con el producto de los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por esa sola conducta, en prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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