ACUERDO 7 DE 2005 

(Diciembre 15)

La Junta Central de Contadores,

en ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 20 de la Ley 43 de 1990, y de conformidad con lo aprobado en sesión 1715 del 9 de junio de 2005 y 1728 del 15 de diciembre de 2005,

(Nota: Derogado por el Acuerdo 14 de 2011 artículo 3° de la Junta Central de Contadores)

CONSIDERANDO:

Que por mandato de la Ley 43 de 1990, la Junta Central de Contadores es titular de la potestad disciplinaria respecto de los contadores públicos y personas jurídicas prestadoras de servicios contables;

Que el artículo 28 de la citada ley determina el trámite de las investigaciones disciplinarias a cargo de la Junta Central de Contadores, precepto que debe interpretarse en atención a las consideraciones plasmadas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-530 de 2000;

Que por virtud del principio de integración normativa, los vacíos de procedimiento de la Ley 43 de 1990 se deben llenar en primera instancia con las normas del Código Contencioso Administrativo y luego con el Código Disciplinario Único, en lo que resultare compatible con el trámite ético disciplinario de competencia de la Junta Central de Contadores;

Que la Junta Central de Contadores estimó necesario expedir una guía general para el trámite de los procesos disciplinarios de su competencia, la cual debe ser observada en forma estricta por los operadores disciplinarios, los dignatarios ponentes, el tribunal y la secretaría general de la corporación;

Que en sesión ordinaria 1715 del 9 de junio de 2005, la Junta Central de Contadores aprobó la guía del proceso disciplinario para el trámite de las investigaciones de su competencia;

Que surge la necesidad de hacer algunas adecuaciones al texto del Acuerdo 6, que precisen su aplicación y viabilicen el trámite del proceso ético disciplinario adelantado por la Junta Central de Contadores, atendiendo siempre las disposiciones legales, especialmente las contenidas en la Ley 43 de 1990, norma rectora de este proceso;

Que como consecuencia de lo anterior, en sesión ordinaria 1728 del 15 de diciembre de 2005, la Junta Central de Contadores aprobó la modificación de la guía práctica adoptada mediante Acuerdo 6 del 9 de junio de 2005.

En tal virtud,

ACUERDA

ART. 1º—Los dignatarios ponentes de la Junta Central de Contadores adelantarán la instrucción de los procesos a través del director jurídico y los abogados designados en cada caso, quienes asumirán el carácter de operadores disciplinarios, con las responsabilidades inherentes a tal investidura.

(Nota: Derogado por el Acuerdo 14 de 2011 artículo 3° de la Junta Central de Contadores)

ART. 2º—La Junta Central de Contadores se regirá por la siguiente guía disciplinaria para el trámite de las investigaciones de su competencia.

Guía práctica

I. Recepción de la queja disciplinaria o del informe proveniente de autoridad competente.

• A toda queja o informe disciplinario recibido en la unidad administrativa especial-Junta Central de Contadores a través de correo ordinario o correo electrónico, se debe asignar un número de radicación y disponer por conducto de la dirección general su traslado a la dirección jurídica a más tardar al día hábil siguiente a su recepción.

Responsables: Dirección general y dirección jurídica.

• La dirección jurídica verifica si la queja o informe recibido involucra a profesionales de la contaduría pública o a personas jurídicas prestadoras de servicios contables. Examina la documentación aportada y prepara los paquetes que se someterán a consideración del comité evaluador de quejas disciplinarias, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

1. Quejas disciplinarias respecto de las cuales se vislumbra la posibilidad de propiciar un arreglo amigable, siempre que la conducta endilgada al profesional o a la persona jurídica prestadora de servicios contables no se califique en principio como violatoria del ordenamiento ético disciplinario de la profesión, o se estime que las diferencias advertidas por el quejoso o informante son susceptibles de arreglo.

2. Quejas disciplinarias debidamente soportadas y de cuyo contenido se infiera la posible realización de conductas atentatorias del ordenamiento ético.

Responsable: Director jurídico.

• Dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la fecha de radicación de la queja o informe disciplinario, el director jurídico de la unidad administrativa debe disponer la remisión correspondiente al comité de evaluación de quejas que funciona a instancias del tribunal disciplinario.

Responsables: Director jurídico.

• Realizada la evaluación por parte del comité, se somete el asunto a consideración del tribunal, reunido en sesión ordinaria. Si se considera que existe mérito para disponer la apertura de diligencias previas, así se ordenará y se dejará constancia en el acta de sesión correspondiente. En caso contrario, y sin perjuicio de una evaluación posterior por parte de la presidencia, y al no encontrar el tribunal mérito para ordenar la apertura de diligencias previas, o de estimarse que la queja presentada es irrelevante o temeraria, se decide lo pertinente y se ordena al director jurídico preparar el auto inhibitorio correspondiente, situación de la que se debe dejar expresa constancia en el acta respectiva. La decisión inhibitoria se comunicará al quejoso o informante, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 150, parágrafo 1º de la Ley 734 de 2002.

Responsables: Tribunal disciplinario-comité evaluador de quejas-director jurídico.

II. Diligencias previas-Término: 6 meses. Evaluación: 10 días

Si la junta considera que existe mérito para abrir diligencias previas, se decide así, se asigna número, se designa a un ponente dignatario del tribunal y se ordena al director jurídico y a un profesional adscrito a esa dependencia, quienes en el carácter de operadores disciplinarios se ocuparán de instruir la investigación. De igual forma, se ordena la práctica de pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos materia de averiguación.

Responsables: Tribunal disciplinario-operadores disciplinarios.

• Los operadores disciplinarios citan al quejoso a ratificarse de la queja presentada. Si luego de dos (2) citaciones realizadas con intervalos de diez (10) días, el quejoso no comparece, el director jurídico emite auto autorizando proseguir su trámite de oficio, en atención a la evaluación preliminar del tribunal disciplinario, instancia que ya había encontrado mérito para la apertura de diligencias previas, en consideración del aporte de elementos probatorios serios y útiles (concepto de fecha 31 de mayo de 2004-oficina asesora jurídica Ministerio de Educación Nacional).

La ratificación de la queja no se exigirá cuando se trate de informes provenientes de autoridad competente, o cuando se reciban quejas anónimas de cuyo contenido se infiera la presunta violación del ordenamiento ético de la profesión.

Responsables: Operadores disciplinarios.

• De producirse la ratificación de la queja, o de decidirse el adelantamiento de la averiguación en forma oficiosa, los operadores disciplinarios ordenarán las actuaciones necesarias para notificar personalmente el auto de apertura de diligencias previas a el(los) profesional(es) o al representante legal de la persona jurídica involucrada en la queja. En la misma citación para notificación, se invita a el(los) implicado(s) a rendir versión libre de los hechos materia de investigación. De no ser posible la notificación personal se hará mediante edicto emplazatorio que se publicará en un lugar visible de las instalaciones de la Junta Central de Contadores al día siguiente del vencimiento del plazo conferido para llevar a cabo la notificación personal (CCA, art. 45).

Responsables: Operadores disciplinarios.

• Concluidas las diligencias previas, que se practicarán en el término de seis (6) meses contados a partir de la fecha de su apertura, cuando con fundamento en la queja, en la información recibida o en las diligencias adelantadas, se identifique al posible autor o autores de la falta disciplinaria, los operadores disciplinarios, siguiendo las directrices trazadas por el ponente, prepararán el proyecto que decide las diligencias previas que entregan por conducto del director jurídico a secretaría general para someter a consideración del tribunal, cuyos dignatarios en sesión de Sala Disciplinaria deciden sobre la apertura de investigación disciplinaria o el archivo de las diligencias adelantadas.

Contra el auto que decide el archivo de las diligencias previas procede el recurso de reposición (L. 43/90, art. 28).

Responsables: Ponente-operadores disciplinarios-secretaría general.

III. Investigacion disciplinaria. Término: 6 meses, prorrogables por 3 meses, a través de auto emanado de la presidencia del tribunal, previa definición de su necesidad. Evaluación: 10 días.

• La decisión de apertura de investigación se notificará en forma personal a el (los) investigado(s) y de ello se dejará constancia en el expediente; de no ser posible su notificación personal, se hará mediante edicto emplazatorio (CCA, art. 45). De resultar necesario el ponente o los operadores disciplinarios decretan la práctica de pruebas solicitadas por el (los) implicado(s) en la diligencia de versión libre o en esta etapa de investigación y, en general, las que resultaren útiles para el esclarecimiento de los hechos materia de averiguación. De considerarse que las pruebas pedidas son inoportunas, inconducentes, impertinentes, superfluas o inútiles, se decide su negación a través de auto motivado, contra el cual procede el recurso de reposición (L. 734/2002, art. 113). De haberse ordenado su emisión, se acompaña además al expediente el concepto contable preparado por el profesional comisionado para el efecto.

Responsables: Ponente-operadores disciplinarios-profesional de la contaduría pública comisionado.

• Concluida la investigación disciplinaria, siguiendo las directrices trazadas por el ponente y siempre que se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos al encontrarse objetivamente demostrada la falta y existiendo prueba que comprometa la responsabilidad de el (los) investigado(s), dentro de los diez (10) días siguientes los operadores disciplinarios, mediante decisión motivada, evaluarán el mérito de las pruebas recaudadas y proyectarán el pliego de cargos a proferirse contra el (los) investigado(s), u ordenarán el archivo de la actuación según corresponda. Dicho proyecto pasa a secretaría general del tribunal para su entrega al ponente e inclusión en el orden del día de Sala Disciplinaria correspondiente.

Responsables: Ponente secretaría general, dirección jurídica, operadores disciplinarios.

Cada proceso tendrá un cronograma definido sobre las diferentes etapas, a fin de evitar riesgos en el cumplimiento de los términos. El director jurídico será responsable del control y seguimiento estricto de dicho cronograma.

• Si el tribunal en Sala Disciplinaria decide el archivo de la investigación adelantada, los operadores disciplinarios disponen el cumplimiento de lo ordenado en la providencia y autorizan las comunicaciones pertinentes al quejoso y la notificación a el (los) profesional(es) involucrado(s), de conformidad con los artículos 109 y 202 de la Ley 734 de 2002. Contra el auto de archivo procede el recurso de reposición. (L. 43/90, art. 28).

Responsables: Tribunal disciplinario-operadores disciplinarios.

• De decidirse la formulación de cargos, los operadores disciplinarios disponen el cumplimiento de lo ordenado en la providencia y ordenan la notificación personal del pliego a el (los) implicado(s). De no ser posible la notificación personal se procede a la notificación mediante edicto emplazatorio (L. 43/90, art. 28) y se designa defensor de oficio (L. 734/2002, par. art. 165 ).

Responsables: Operadores disciplinarios.

• El (los) notificado (s) deberá (n) presentar descargos dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación de la providencia (L. 43/90, art. 28).

Responsables: Operadores disciplinarios.

• Si el (los) implicado(s) o su defensor de oficio presenta (n) descargos dentro de la oportunidad legal (L. 43/90, art. 28, lit. c)), el ponente, junto con los operadores disciplinarios valoran su contenido y, de haberse solicitado o considerado necesario, ordenan el recaudo y la práctica de pruebas pertinentes dentro de los treinta (30) días siguientes. De calificarse las pruebas pedidas como impertinentes, innecesarias, superfluas o inconducentes, así lo decide el tribunal a través de auto motivado en el que se analiza individualmente cada prueba pedida, providencia que se notifica personalmente a el (los) interesado (s). Contra el auto que deniega la práctica de pruebas solicitadas en descargos procede el recurso de reposición (L. 43/90, art. 28).

Responsables: Tribunal disciplinario-ponente-operadores disciplinarios.

• De conformidad con el numeral 8º del artículo 92 de la Ley 734 de 2002, practicadas las pruebas o vencido el período probatorio, se ordenará correr traslado a el (los) investigado(s) por el término común de cinco (5) días para que presenten sus alegatos de conclusión. Dentro del citado plazo, los interesados tendrán derecho a revisar el expediente en la dirección jurídica de la entidad.

El auto que cierra investigación y corre traslado al investigado o a su apoderado para alegar de conclusión se notificará por estado de conformidad con lo previsto en el artículo 103 de la Ley 734 de 2002.

Responsable: Operadores disciplinarios.

• Vencido el término de traslado para alegar de conclusión, el ponente, con el apoyo de los operadores disciplinarios preparan proyecto de fallo que se entregará a la secretaría general para luego ser sometido a consideración del tribunal.

Responsables: Ponente-dirección jurídica-operadores disciplinarios.

• El proyecto final es discutido por el tribunal en sesión de Sala Disciplinaria, quien puede decidir entre absolver a el (los) investigado(s) o imponer sanción disciplinaria en su contra.

Responsable: Tribunal disciplinario.

• Adoptada la decisión sancionatoria por parte del tribunal, los operadores disciplinarios disponen su notificación personal a el (los) implicado(s), al representante legal de la persona jurídica involucrada o al defensor de oficio, de haberse designado. Contra la providencia sancionatoria proceden los recursos de reposición y en subsidio de apelación, si la sanción impuesta es de suspensión o cancelación de la inscripción profesional (L. 43/90, art. 28 , en concordancia con el CCA, art. 50). Si la sanción impuesta es de amonestación o multa, procede el recurso de reposición.

• Si el tribunal concede recurso de apelación, el expediente se remite de manera inmediata al Ministerio de Educación Nacional para el trámite de rigor.

Responsables: Operadores disciplinarios-Ministerio de Educación Nacional.

De ser absolutoria la decisión, se comunicará al quejoso de conformidad con lo previsto en el artículo 109 de la Ley 734 de 2002.

Contra la decisión absolutoria procede el recurso de reposición ante la Junta Central de Contadores, el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes al cumplimiento de su comunicación, es decir cuando hayan transcurrido cinco (5) días, después de la fecha de su entrega a la oficina de correo.

Responsables: Operadores disciplinarios.

• Ejecutoriada la providencia sancionatoria, el director jurídico solicita a la dirección general la inclusión de la novedad en la base de datos de profesionales o personas jurídicas sancionadas, su incorporación en la página web de la Junta Central de Contadores y se dispone la publicidad necesaria remitiendo el correspondiente informe a las entidades gubernamentales con asiento en el organismo, Superintendencia de la Economía Solidaria, Superintendencia de Subsidio Familiar, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República.

Responsables: Dirección general-dirección jurídica.

• De haberse impuesto sanción de suspensión o cancelación de la inscripción profesional, a través del director jurídico se debe informar al representante legal del ente económico donde el contador público se encuentre prestando sus servicios.

Responsable: Dirección jurídica.

(Nota: Derogado por el Acuerdo 14 de 2011 artículo 3° de la Junta Central de Contadores)

ART. 3º—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Acuerdo 6 de 2005.

Publíquese y cúmplase.

(Nota: Derogado por el Acuerdo 14 de 2011 artículo 3° de la Junta Central de Contadores)

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