Constitucionalidad de la Ley 789 del 2002

Revista Nº 127 Ene.-Feb. 2005

Unidad Laboral 

Legis Editores 

En esta oportunidad presentamos algunos apartes de la Sentencia C-038 de 27 de enero del 2004 de la Corte Constitucional, magistrado ponente Eduardo Montealegre Lynett, que analiza la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 789 del 2002 por vicios de trámite y por considerar el accionante que ese cuerpo legal califica, en forma ilegítima, al trabajo como una mercancía.

Debido a esta incompatibilidad entre la Ley 789 del 2002 y la Constitución, el demandante considera no solo que las disposiciones acusadas son inconstitucionales sino, además, que el Congreso ha incurrido en una omisión legislativa inconstitucional pues, contrario a lo preceptuado por el artículo 53 superior, no ha expedido un estatuto del trabajo, que sea desarrollo de los principios constitucionales.

A continuación citamos los siguientes apartes:

A través de la acción de inconstitucionalidad, el accionante presentó demanda contra la totalidad de la Ley 789 del 2002 por vicios de trámite y porque considera que los cambios realizados por ella, implican un retroceso en la protección del derecho al trabajo puesto que consagra regulaciones menos favorables a los trabajadores que las que fueron subrogadas. Por su parte, los intervinientes en el proceso, defienden la constitucionalidad de las normas y sostienen que si dicho retroceso existiera, estaría justificado, pues no afecta derechos adquiridos ni situaciones consolidadas, y tiene una finalidad legítima, como es promover el empleo.

La Corte Constitucional analiza en primer lugar los derechos adquiridos, las meras expectativas y la posibilidad de nuevas regulaciones menos favorables al trabajador; concluyendo que las normas acusadas representan una modificación del alcance de las garantías de las personas empleadas, en la medida en que implican ya sea una menor remuneración por el mismo trabajo, o una menor protección a la estabilidad en el empleo. Por tal razón, concluye la Corte que las regulaciones impugnadas son menos favorables a los trabajadores empleados, o que obtengan empleos, que aquellas que fueron subrogadas.

La pregunta que a continuación se hace la Corporación es si esa constatación del carácter menos favorable de esas regulaciones implica o no su inconstitucionalidad; por tal razón, entra al estudio o mejor a la distinción de los derechos adquiridos y las meras expectativas; en donde reitera que la ley, en principio, no puede afectar una situación jurídica concreta y consolidada, que ha permitido que un derecho ingrese al patrimonio de una persona, por haberse cumplido todos los supuestos previstos por la norma abstracta para el nacimiento del derecho. Una modificación de esa situación está, en principio, prohibida por desconocer derechos adquiridos. Pero en cambio, la ley puede modificar las regulaciones abstractas, sin que una persona pueda oponerse a ese cambio, aduciendo que la nueva regulación le es menos favorable y le frustra su posibilidad de adquirir un derecho, si aún no se han cumplido todos los supuestos fácticos que la regulación modificada preveía para el nacimiento del derecho. En este caso, la prsona tiene una mera expectativa, que la ley puede modificar, “sin que en manera alguna pueda afirmarse que por esta sola circunstancia haya violado derechos adquiridos, pues, se repite, la ley rige hacia el futuro y nadie tiene derecho a una eterna reglamentación de sus eventuales derechos y obligaciones”.

Anota la Corte que el hecho de que las regulaciones acusadas sean menos favorables al trabajador que aquellas que fueron subrogadas no implica automáticamente su inconstitucionalidad, pues la Carta autoriza que el legislador realice esos cambios normativos, siempre y cuando respete derechos adquiridos. Así mismo, ninguna de las disposiciones acusadas desconoce derechos adquiridos, pues ninguna de ellas se aplica a situaciones jurídicas consolidadas.

Otros límites constitucionales: los principios mínimos del trabajo previstos en el bloque de constitucionalidad, el deber de desarrollo progresivo de los derechos sociales, y la prohibición prima facie de retrocesos

Anota la Corte que los principios constitucionales del trabajo y el respeto de los derechos adquiridos no son los únicos que limitan la libertad de configuración del legislador cuando adelanta una reforma laboral, existe otra restricción, que tiene un sustento normativo, doctrinario y jurisprudencial y es que la Constitución hace del trabajo no solo un derecho fundamental sino que además este es un principio y valor del ordenamiento, por lo cual el Estado tiene el deber de protegerlo especialmente. Además, el derecho al trabajo es un derecho social, que como tal tiene unos contenidos mínimos, que son de aplicación inmediata y deben ser protegidos siempre por el Estado, pero que igualmente es un derecho de desarrollo progresivo.

Igualmente, existe la obligación del Estado de garantizar no solo esos mínimos constitucionales sino también de desarrollar progresivamente la protección del trabajo, con el fin de lograr la plena realización de ese derecho.

En varias oportunidades, la Corte, en plena armonía con la jurisprudencia y la doctrina internacional sobre el tema, ha señalado que el mandato de progresividad en materia de derechos sociales no tiene un contenido puramente retórico ni debe ser entendido como una justificación de la inactividad del Estado en la protección de esos derechos, ya que tiene implicaciones jurídicas específicas, destinadas a lograr una sociedad más justa, que logre erradicar las injusticias presentes. En particular, el mandato de progresividad implica que el Estado tenga la obligación de iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa realización de esos derechos.

De otro lado, existen unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de esos derechos que el Estado debe garantizar a todas las personas. Esto es, la progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones y protecciones mayores y superiores en relación con cada uno de esos derechos sociales, pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de asegurar, tan pronto como sea posible, los contenidos mínimos de esos derechos.

Concluye la Corte diciendo que la finalidad de las normas acusadas de promover el empleo y el crecimiento económico es claramente constitucional. Además, se trata de un propósito constitucional imperioso, pues la Carta le impone al Estado la obligación de lograr el pleno empleo de los recursos humanos, por lo que la promoción efectiva del mismo podría eventualmente justificar una limitación de la protección del derecho al trabajo.

Cabe destacar que tanto la exposición de motivos como las ponencias mayoritarias realizaron presentaciones teóricas y empíricas destinadas a defender la tesis básica que sustenta la reforma laboral, la cual es la siguiente: un componente importante del desempleo está ligado a la rigidez del mercado laboral colombiano, que impide un ajuste flexible entre la oferta y demanda de trabajo. Tan es así que, la ampliación de la jornada diurna de las 6:00 p.m. a las 10:00 p.m., fue justificada como una medida que permite que ciertos sectores de la economía, puedan ampliar sus jornadas laborales, sin recargos por trabajo nocturno, con lo cual se estimula una mayor ocupación laboral en dichos sectores.

Estas medidas, dice la Corte, se ven complementadas por la introducción de la jornada laboral flexible que permitiría a las empresas, de común acuerdo con sus trabajadores, organizar turnos de trabajo, que flexibilicen la producción y reduzcan los costos, con lo cual las compañías pueden tornarse más competitivas y pueden contratar nuevos empleados.

De otro lado, la reducción del monto de las indemnizaciones por despido injusto en los contratos a término indefinido busca disminuir los riesgos de los empresarios para contratar nuevas personas, así como facilitar la adaptación de las empresas a los ciclos económicos, lo cual debería también incentivar el empleo. Además, esa reforma pretende corregir lo que consideraba un incentivo perverso de la regulación precedente, consistente en vincular el monto de la indemnización por despido a los años de antigüe dad, en especial para los trabajadores que superaran los 10 años de la misma, lo cual habría “provocado inestabilidad en el empleo en el sentido de que al acercarse a los diez años de antigüedad, disminuye notablemente la probabilidad de permanecer en el empleo” porque “los empresarios prefieren des pedir una persona antes de los diez años, ya que si lo hace después, deberá pagar no 20 días (como es el caso para los rangos entre 5 y 10 años de antigüedad), sino 40 días adicionales a los 45 que se otorgan po cada año de trabajo”.

Todas estas medidas estaban previstas, en su diseño básico, desde la presentación del proyecto y fueron justificadas no solo por la exposición de motivos sino por las ponencias en los distintos debates. Incluso el gobierno, en la exposición de motivos, cuantificó la contribución de esas medidas al aumento del empleo, basándose para ello en estudios técnicos de la dirección social del Departamento Nacional de Planeación. Según ese análisis econo métrico, la reducción de los recargos por trabajo nocturno y en festivos debería generar 52.600 empleos al año, mientras que la disminución de la indemnización por despido injusto incentivaría la creación de 78.900 puestos de trabajo.

Al respecto, dice la Corte que la reducción de la indemnización por despido injusto, si bien implica un retroceso en la protección de la estabilidad laboral, respeta también los mínimos constitucionales. En efecto, la Carta establece que la ley debe preservar la estabilidad en el empleo, pero no ordena la forma de hacer efectiva esa garantía.