Sentencia 601 de octubre 11 de 2006 

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 11001 11 02 000 2006 03247 01/601T

Magistrado Ponente:

Guillermo Bueno Miranda

Aprobado según Acta 105 de octubre 11 de 2006

Bogotá, D.C., once de octubre de dos mil seis.

De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, y en concordancia con lo previsto en la Ley 270 de 1996, artículo 112, numeral 4º, procede esta superioridad a resolver la impugnación formulada a través de apoderado judicial por la ciudadana Danis Beatriz Romero y esta en representación de su hijo Joel Mauricio Jiménez Romero, contra la sentencia proferida el 15 de septiembre de 2006 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, que negó la tutela promovida contra el Ministerio de Protección Social – grupo interno para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia.

Antecedentes

1. En escrito presentado el 31 de agosto de 2006 a través de apoderado judicial, la aquí impugnante invocando el derecho al mínimo vital, a la protección especial para las personas incapacitadas y al pago oportuno de las prestaciones sociales, interpuso acción de tutela contra la citada autoridad administrativa, narrando que es beneficiaria sustituta como cónyuge sobreviviente de la pensión que se le reconociera a Romelio Jiménez Fontalvo por parte de la extinta empresa Puertos de Colombia, calidad que se le reconoció a través de Resolución 1024 del 5 de septiembre de 1994, pensión que también se le reconoció en representación de sus menores hijos Aniñáis Paola, Rogelio Genaro y Joel Mauricio Jiménez Romero, este último por virtud de que nació con un retardo mental severo “que lo convierte en una persona incapaz de por vida, que requiere tratamiento psiquiátrico permanente”.

A pesar de semejante situación, el ente accionado ha cometido la injusticia —dijo— de excluir de la nómina de pensionados a Joel Mauricio desde 2001, sin que mediara explicación alguna, condenando a la familia a una gran calamidad pues su madre con la parte que le corresponde de la precaria mesada pensional se ve imposibilitada para continuar sosteniendo los gastos que demanda el tratamiento médico psiquiátrico permanente de su hijo, dado que el grado de invalidez certificada es del 72,85%, lo que le impide siquiera movilizarse con autonomía llevando una vida vegetativa.

Explicó que su prohijada el 5 de junio de 2006 presentó escrito a la accionada solicitando la inclusión en nómina de su mencionado hijo, obteniendo hasta ahora silencio, razón por la cual solicita que el juez de tutela provea la protección constitucional y ordene dicha inclusión (fls. 1 a 3 c.o. 1ª instancia).

2. La parte actora anexó los siguientes documentos:

2.1. Copia de la Resolución 129648 de septiembre 9 de 1980, a través de la cual la empresa Puertos de Colombia le reconoció al señor Rogelio Jiménez Fontalvo una pensión mensual vitalicia de jubilación por haber prestado servicios al Estado por más de veintiún años y por haber cumplido cincuenta años de edad (fls. 5 y 6 c.o. 1ª instancia).

2.2. Copia de la Resolución 1024 del 4 de septiembre de 1994, a través de la cual el Fondo del Pasivo Social de la empresa Puertos de Colombia sustituyó a favor de la señora Danis Beatriz Romero el 50% de la pensión del extinto Romelio Jiménez Fontalvo, en calidad de cónyuge supérstite, y el otro 50% se lo sustituyó a sus tres menores hijos Anyauris Paola, Romelio Genaro y Joel Mauricio, a razón de 16,6% a cada uno; especificó allí que los dos primeros, hasta cumplir la mayoría de edad o los veinticinco años si certifican su condición de estudiantes, y al último “hasta tanto prevalezca el estado de incapacidad” (fls. 7 a 9 c.o. 1ª instancia).

2.3. Calificación de Pérdida de la Capacidad Laboral y Determinación de la Invalidez expedida por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Magdalena de fecha 29 de septiembre de 2005, según la cual Joel Mauricio Jiménez Romero tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 72,85%, por virtud del retardo mental severo, invalidez cuya fecha de estructuración coincide con la de su nacimiento el 11 de enero de 1983. En la sustentación del dictamen dice: “Paciente con retardo mental severo congénito, no camina solo sino ayudado, no habla” (fls. 10 a 12 c.o. 1ª instancia).

2.4. Informe pericial rendido por Médico psiquiatra el 12 de mayo de 2005, dirigido al Juzgado Primero de Familia de Santa Marta para efectos de interdicción, según el cual se trata de un “[p]aciente de 22 años (…), quien presentó retraso en su desarrollo psicomotor desde su primera infancia, no adquirió nunca lenguaje, marcha inestable, control de esfínteres después de los diez años de edad. Nunca ha desarrollado habilidades motoras ni entrenado en conductas productivas siendo completamente dependiente hasta para su aseo personal. (…). Retardo mental profundo. Se considera persona dependiente totalmente, incapaz de autoabastecerse de manera permanente y por tiempo indefinido. Capacidad para administrar bienes y disponer de ellos: Por su estado mental no está en capacidad para administrar sus bienes y disponer de ellos en forma útil y provechosa” (fl. 13 c.o. 1ª instancia).

2.4. Copia de la comunicación fechada el 5 de junio de 2006 que Danis Beatriz Romero le dirigió al Coordinador del área de pensiones del GIT, a través de la cual solicitó que se ordenara la inclusión nuevamente en nómina de pensionados de Joel Mauricio Jiménez Romero, retirado desde el 11 de enero de 2001 cuando cumplió 18 años de edad, adjuntándole para el efecto el documento anterior, “por lo tanto no puedo enviarle certificado de estudios como usted me lo exige en el oficio GPSPC-PA radicado 24 de mayo de 2006 Nº 0915 (…). Además en el mes de octubre del año 2005 envié documentos originales y hasta la presente han hecho caso omiso a esto. Por lo tanto ruego a usted señor Coordinador ingresarlo cuanto antes a nómina ya que él necesita de los servicios médicos” (fls. 14 y 15 c.o. 1ª instancia).

3. En auto del 4 de septiembre de 2006 se dispuso la admisión de la tutela, y se ordenó la comunicación de esta decisión a la actora, a su apoderado y a la autoridad accionada (fl. 18 c.o. 1ª instancia).

Intervenciones

1. El coordinador del área de prestaciones económicas del Ministerio de Protección Social presentó escrito donde comunicó que el área de pensiones informó respecto del caso planteado en la presente tutela que “[u]na vez consultado el programa de gestión documental mercurio y sistema integrado de información, no se encontró evidencia alguna de haber sido radicada una solicitud el día 5 de junio de 2006 por parte de la señora Danys Beatriz Romero o de su apoderado Roberto Parra Ruiz identificado (…), donde se hayan allegado los documentos que afirma haber entregado la accionante en el hecho octavo del texto de la presente acción de tutela.

Por lo anterior y dada la complejidad de los hechos relacionados, solicito comedidamente a la honorable corporación negar las pretensiones aducidas, por cuanto no se ha vulnerado derecho alguno a la accionante” (fls. 23 y 24 c.o. 1ª instancia).

2. El gerente general del Fopep intervino para solicitar que se excluya a esa entidad de cualquier tipo de responsabilidad frente al caso, en la medida en que su función es exclusivamente la de administrar recursos públicos por encargo fiduciario, de manera que ninguna ingerencia tiene en el reconocimiento de pensiones, y los pagos de las mesadas sólo los puede hacer por orden expresa al momento en que la respectiva entidad así se lo reporte (fls. 25 a 28 c.o. 1ª instancia).

Sentencia de primera instancia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, en sentencia del 15 de septiembre de 2006 negó la tutela en cuanto al derecho de petición, al tiempo que la declaró improcedente en cuanto a la pretensión de inclusión en la nómina de pensionados de Joel Mauricio.

En cuanto al derecho de petición, estimó que el escrito de petición presentado por la actora carece de constancia de recibo, razón por la cual no puede ser exigida su contestación; y en cuanto a la inclusión en nómina de Joel Mauricio, “tal reclamación se sale de la órbita de competencia de esta corporación, pues mal podría entrar a decidir a priori si es procedente o no ello, dado que el organismo encargado de este estudio es el grupo interno de trabajo, Gestión Pasivo Social Puertos de Colombia, más cuando la entidad no ha sido conocedora de una petición en tal sentido” (fls. 29 a 35 c.o. 1ª instancia).

Impugnación al fallo

El apoderado judicial de la señora Danis Beatriz Ruiz impugnó el fallo anterior, expresando que el mismo ignora los preceptos de la Carta Política, olvidando que estamos en un Estado social de derecho y dejando de lado la razón de ser de la presente tutela que no es otra que el indescriptible drama que padece la humilde familia de su poderdante y su joven hijo irremediablemente enfermo, quien requiere un tratamiento médico y farmacológico cuyos gastos no puede sufragar.

Para probar que la solicitud de inclusión en nómina sí fue remitida al coordinador de pensiones del GIT, anexó copia de la constancia de envío de Servientrega, con registro del 6 de junio de 2006 a las 9:49 (fls. 38 a 42 c.o. 1ª instancia).

Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, en armonía con lo previsto en los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en segunda instancia de la presente acción de tutela, por vía del recurso de impugnación interpuesto contra los fallos de tutela proferidos por las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la Judicatura existentes en el país.

Siendo así, procede esta corporación a revisar el fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca de fecha 15 de septiembre de 2006, a través del cual se negó la tutela presentada por los ciudadanos Danis Beatriz Romero y Joel Mauricio Jiménez Romero contra el Ministerio de Protección Social - grupo interno para la Gestión del Pasivo Social de Puertos de Colombia, en cuanto al derecho de petición, al tiempo que la declaró improcedente en relación con la solicitud de inclusión en nómina de pensionados de su hijo Joel Mauricio Jiménez Romero.

2. La procedibilidad.

En el caso que ocupa la atención de la Sala es pertinente asumir, en primer término, el análisis de procedibilidad en punto de la oportunidad en que ha sido solicitada la tutela, ante la situación expuesta por la parte actora según la cual la exclusión de nómina de Joel Mauricio ocurrió en enero de 2001, cuando cumplió los 18 años.

Esta corporación de tiempo atrás y en acatamiento de la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, ha considerado que el tema de la inmediatez ha de ser evaluado siempre en función de cada caso, porque no es posible establecer una regla general en materia de tiempo límite, si se tiene en cuenta que tratándose de los derechos fundamentales está de por medio (i) la situación particular de quien padece el agravio a sus derechos de estirpe constitucional; (ii) la protección reforzada que la misma Carta Política establece en favor de grupos vulnerables; y (iii) el deber de protección efectiva que incumbe a todas las autoridades pública, pero muy particularmente al juez de tutela, como garantía de plena vigencia material y no meramente formal de los derechos fundamentales.

En el presente caso, por alguna razón que se ignora pero probablemente por desconocimiento de la forma de hacer efectivos sus derechos, como ocurre en muchos casos en Colombia con personas en situación similar, la señora Danis Beatriz Romero no había acudido a solicitar la protección constitucional para sí y para su hijo Joel Mauricio quien por sus particulares condiciones de salud, depende entera y absolutamente de ella, quien deriva el sustento para sí y para su hijo exclusivamente de una exigua pensión de sobreviviente.

Joel Mauricio fue diagnosticado desde el mismo momento de su nacimiento con un retardo mental severo, que al día de hoy le impide totalmente la comunicación a través del lenguaje hablado, lo mismo que le dificulta drásticamente su movilidad. Según experticio médico psiquiátrico rendido en el proceso de interdicción, Joel Mauricio es persona totalmente dependiente e incapaz de autoabastecerse, situación que para él es permanente e irreversible en lo que va del estado de la ciencia.

Danis Beatriz es madre cabeza de familia desde su viudez, y está por entero a cargo de Joel Mauricio quien requiere de su asistencia hasta para el aseo personal.

Pues bien, para esta corporación que actúa en el caso como juez de tutela, la suma de elementos que conforman el cuadro completo de la situación en que se encuentran Danis Beatriz y su hijo Joel Mauricio, permiten por fuera de toda duda que se descarte de una vez la posibilidad de atribuir a alguna clase de incuria o descuido de su parte el no haber acudido antes a solicitar la protección constitucional, mucho menos cuando el agraviado Joel Mauricio se encuentra y se ha encontrado desde siempre en absoluta imposibilidad de reclamar por sí y para sí la protección de sus derechos fundamentales.

Una concepción prístina del derecho de igualdad comporta la aplicación de un trato igual entre iguales y desigual a los desiguales, tal como es la concepción acogida por la Carta Política (1) que, por lo mismo, impone al Estado la obligación de adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, y ofrece una protección especial “a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”.

Ahora bien, alguien podría suponer que frente a la actuación de la administración de suspender el pago de la pensión a Joel Mauricio, podría él acudir a diferentes acciones judiciales para recobrar su derecho, lo que haría improcedente tal tutela directa, y solo procedería la intervención por vía del mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Sin embargo, esta corporación ha venido considerando que frente a este tipo de actuaciones de diferentes entes públicos, no es aceptable que se imponga al administrado la carga de demandar él, cuando dicha carga le corresponde naturalmente a la administración cuando pretenda que se deje sin efectos o se modifique un acto suyo que reconoce situaciones que involucre un derecho particular y concreto.

Luego tampoco esta situación es aceptable como causal de improcedencia del amparo, de manera que se asumirá el conocimiento del asunto como tutela directa.

3. Del caso concreto.

Superado de esta forma el tema de procedibilidad de la presente acción, corresponde entonces entrar al estudio de fondo que aquí es pertinente, con el objeto específico de establecer si existe una situación de vulneración de los derechos fundamentales de los actores que sea atribuible al ente accionado. Para este efecto es pertinente plantear los elementos del caso así:

Al señor Romelio Jiménez Fontalvo le fue reconocida una pensión mensual vitalicia de jubilación, a través de la Resolución 129648 del 9 de septiembre de 1980.

A la muerte del señor Jiménez, dicha pensión fue sustituida a favor de su esposa e hijos, derecho que fue reconocido mediante la Resolución 1024 del 5 de septiembre de 1994.

Particularmente en lo que se refiere a Joel Mauricio, dicha sustitución se reconoció en los siguientes claros términos: “hasta tanto prevalezca el estado de incapacidad”.

Según se encuentra plenamente acreditado a través de dictamen de la Junta Médica de Calificación de Invalidez del Magdalena e informe rendido por perito médico, actualmente prevalece el estado de incapacidad de Joel Mauricio.

La entidad accionada, en enero de 2001, suspendió inopinadamente el pago de la pensión sustitutiva que le corresponde a Joel Mauricio.

La entidad accionada, a pesar de que fue vinculada debidamente a la presente actuación, sólo participó para decir que no había evidencia de que hubiera recibido la comunicación que le remitió Danis Beatriz.

La entidad accionada no controvirtió los hechos atrás expuestos, ni el reconocimiento a Joel Mauricio de la pensión sustitutiva, ni su estado de invalidez, y tampoco ofreció explicación alguna sobre la suspensión del pago de dicha pensión.

Así las cosas, independientemente de si la entidad accionada recibió o no la solicitud de inclusión en nómina de pensionados de Joel Mauricio, lo cual a pesar de que se probó el envío resulta realmente irrelevante, lo cierto es que a Joel Mauricio Jiménez Romero le asiste el derecho a recibir esa pensión mensual mientras subsista su estado de invalidez, de donde se concluye que es absolutamente arbitraria la suspensión de dicho pago y, por lo mismo, violatoria del debido proceso administrativo, poniendo además en peligro el derecho constitucional fundamental al mínimo vital de Joel Mauricio y Danis Beatriz.

Lo anterior se agrava si se observa que Joel Mauricio y Danis Beatriz —como se vio— pertenecen a grupos de población vulnerables, a quienes la Constitución Política les ha reconocido el derecho a una protección especial, la cual no puede ser entendida como simple retórica constitucional, dado el carácter normativo vinculante que por fortuna hoy tienen las normas de la Carta Fundamental.

Por eso es inaceptable el precario argumento esgrimido por el seccional para negar la tutela, según el cual la inclusión en nómina de Joel Mauricio era un asunto que escapaba a la órbita de competencia del juez de tutela porque era cuestión de la entidad accionada. Por el contrario, parece necesario recordar que en materia de derechos fundamentales la intervención del juez de tutela es imperativa cuando se establezca su vulneración, y no pueden ser de recibo argumentos de competencia cuando es la propia autoridad pública la que ha causado el agravio.

Ahora bien, la intervención del juez de tutela no tendría que ser tan frecuente ni parecer tan invasiva si las autoridades públicas se pusieran al día en cuanto a la realidad constitucional que nos rige desde 1991 y actuaran en concordancia con un bien entendido y aplicado deber de protección efectiva, poniendo a tono su conducta con los fines esenciales que le dan razón de ser a la propia existencia del Estado (2) y, por lo mismo, legitiman la actividad pública, y de paso ejecutaran las políticas que en materia de protección especial define la misma Constitución (3) .

Lo contrario significaría simplemente una protección meramente formal y, por lo mismo, un incumplimiento de ese deber de efectiva protección que corresponde proveer al Estado a través de todos sus agentes, y que en últimas se convierte en tarea de los jueces cuando las autoridades competentes se muestren incapaces de ofrecer esa garantía.

En efecto, tal como lo prevé el artículo primero de la Convención interamericana de los derechos humanos, de la que el Estado colombiano es parte desde el 31 de julio de 1973, y que tiene rango de norma constitucional al hacer parte del denominado “bloque de constitucionalidad”, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos reconocidos en la misma convención, entre los que se cuenta el consagrado en su artículo 25 —protección judicial— según el cual toda persona tiene derecho a acudir ante los jueces y tribunales y acceder a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo (…) que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales, cualquiera sea la naturaleza de esa función oficial (4) .

Se ve claro entonces cómo el deber de protección efectiva de los derechos fundamentales es asunto palpable y exigible, que nos incumbe a todos los servidores públicos como agentes del Estado, y que si el mismo es incumplido en cualquier ámbito de la actividad estatal es también deber del Estado garantizar la existencia de un recurso judicial expedito que provea la protección fundamental.

Ahora, si se mira desde la óptica del loable propósito de velar por el buen uso de los recursos públicos, sería apenas razonable que se hiciera un análisis en perspectiva histórica, para poder observar con toda claridad que el ahorro en materia de recursos públicos sería realmente significativo si en vez de atropellar derechos fundamentales y soportar acciones judiciales que reconocen cuantiosas indemnizaciones que se multiplican exponencialmente con el paso del tiempo, se asumiera de entrada una actitud a favor de los derechos fundamentales en cada actuación de la administración pública, con seguridad con unos costos infinitamente menores.

Así las cosas, en el presente asunto resulta imperativo proveer la protección constitucional especial a Joel Mauricio y Danis Beatriz y, en virtud de ello, conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso administrativo al primero, y a los dos el derecho al mínimo vital. De esta manera, se impone la revocación integral de la sentencia impugnada.

Por lo mismo, se ordenará a la entidad accionada que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo se disponga lo que sea necesario para que dentro del mismo término se incluya en nómina de pensionados a Joel Mauricio Jiménez Romero y tenga acceso a los servicios médicos asistenciales, y dentro de los diez (10) días siguientes se le pague lo que se le haya dejado de pagar por este concepto en cualquier tiempo.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVOCAR íntegramente la sentencia del 15 de septiembre de 2006, a través de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca negó en un aspecto y la declaró improcedente en otro, la tutela solicitada a través de apoderado judicial por Danis Beatriz Romero y esta como representante legal de su hijo Joel Mauricio Jiménez Romero contra el Ministerio de Protección Social - grupo interno para la gestión del pasivo social de Puertos de Colombia, para —en su lugar— CONCEDER el amparo definitivo de su derechos fundamentales al debido proceso administrativo y al mínimo vital, en los términos explicados en la parte considerativa de esta sentencia.

2. En consecuencia, se ORDENA que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia la entidad accionada disponga lo que sea necesario para que dentro del mismo término se restablezca el derecho que le asiste como sustituto de la pensión de jubilación, se incluya en nómina de pensionados a Joel Mauricio Jiménez Romero y tenga acceso a los servicios médicos asistenciales, y dentro de los diez (10) días siguientes se le pague lo que se le haya dejado de pagar por este concepto en cualquier tiempo. El ente accionado deberá obrar con estricta sujeción a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

3: Una vez notificada la presente sentencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Guillermo Bueno Miranda, Presidente—Fernando Coral Villota, Vicepresidente—Eduardo Campo Soto—Jorge Alonso Flechas Díaz—Rubén Darío Henao Orozco—Temístocles Ortega Narváez—Leonor Perdomo Perdomo.

Leonidas Bello Arévalo, Secretario Judicial.

(1) “ART. 13.—Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

(2) “ART. 2º—Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

(3) “ART. 47.—El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención especializada que requieran”.

(4) La procedencia del amparo contra autoridades públicas, independientemente de la naturaleza de las funciones que ellas desempeñen (administrativa, judicial y aún legislativa), ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples pronunciamientos; véase, por ejemplo, la sentencia contra Colombia en el caso de “Pueblo Bello”, de fecha 31 de enero de 2006.

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