RESOLUCIÓN 638 DE 2008 

(Junio 6)

“Por medio de la cual se precisan y complementan los lineamientos generales para el litigio defensorial en aplicación de los mecanismos de protección de los derechos constitucionales y se dictan otras disposiciones”.

El Defensor del Pueblo,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales que consagra el artículo 282 de la Constitución Política y especialmente de las contenidas en el numeral 2º y 18 del artículo 9º y 10 de la Ley 24 de 1992, y

CONSIDERANDO:

Que en materia de recursos y acciones judiciales los numerales 3º, 5º, y 8º del artículo 282 de la Constitución Política, le atribuyen al defensor del pueblo las funciones constitucionales de invocar el derecho de hábeas corpus, interponer acciones de tutela y populares, y las demás determinadas en la ley;

Que el numeral 9º del artículo 9º de la Ley 24 de 1992, le atribuye al defensor del pueblo las funciones de demandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucional, de oficio o a solicitud de cualquier persona y cuando fuere procedente, normas relacionadas con los derechos humanos, en los términos del artículo 7º del Decreto 2067 de 1991;

Que de conformidad con los artículos 10, 13, 31, 46 del Decreto 2591 de 1991, el defensor del pueblo podrá interponer la acción de tutela para obtener la protección de los derechos fundamentales, en nombre de cualquier persona que se lo solicite, o que esté en situación de desamparo o indefensión, además de coadyuvarlas e impugnarlas;

Que de conformidad con el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con el artículo 51 del Acuerdo 05 de 1992, el defensor del pueblo podrá acudir ante la Sala de Revisión de la Corte Constitucional para solicitar la insistencia en revisión de los fallos de tutela excluidos de selección, cuando considere que esta última puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave;

Que de conformidad con los artículos 4º y 26 de la Ley 393 de 1997, el defensor del pueblo podrá intervenir como sujeto procesal dentro de las acciones de cumplimiento para hacer efectiva la aplicación de normas con fuerza material de ley o actos administrativos;

Que de conformidad con los artículos 12, 13, 17, 19 y 24 de la Ley 472 de 1998, el defensor del pueblo intervendrá como sujeto procesal en las acciones populares para la defensa de los derechos e intereses colectivos, para lo cual podrá interponer, coadyuvar, impugnar y solicitar amparo de pobreza, además, de asesorar a los interesados en la elaboración de su demanda, así como en los eventos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir;

Que no obstante lo anterior, los artículos 21, 27 y 34 de la Ley 472 de 1998 le asignan al Ministerio Público, determinadas funciones en materia de acciones populares, tales como la notificación del auto admisorio de la demanda, la intervención en el pacto de cumplimiento y la integración del comité de verificación, actividades procesales que no corresponden al defensor del pueblo, en cuanto las funciones del Ministerio Público las ejerce el Procurador General de la Nación, a través de sus procuradores delegados;

Que adicionalmente y de conformidad con los artículos 48, 53 y 61 de la misma ley, el defensor del pueblo podrá interponer acciones de grupo, para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios, en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión. Podrá igualmente coadyuvar y participar en la diligencia de conciliación;

Que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 971 de 2005, el defensor del pueblo podrá solicitar la activación del mecanismo de búsqueda urgente en favor de la persona que ha sido probablemente desaparecida;

Que de conformidad con el artículo 3º de la Ley 1095 de 2006, el defensor del pueblo podrá invocar el hábeas corpus en defensa de quien estuviere privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando esta se prolongue ilegalmente;

Que de conformidad con el artículo 10 de la Ley 24 de 1992, el defensor del pueblo podrá delegar todas sus funciones, excepto la de presentar informes anuales al Congreso, en el secretario general, en los directores nacionales, en los defensores delegados, en los defensores regionales o seccionales, en los personeros municipales y en los demás funcionarios de su dependencia;

Que de conformidad con la Ley 24 de 1992, los defensores públicos tendrán la calidad de representantes judiciales o apoderados y para ello requerirán otorgamiento de poder por parte del interesado o de la defensoría del pueblo, a nivel nacional, regional o seccional;

Que de conformidad con la Resolución 396 de 2003, el defensor del pueblo adoptó el “instructivo general del sistema de atención integral como manual único de criterios y procedimientos para el ejercicio de las actividades de atención en la Defensoría del Pueblo”;

Que de conformidad con la citada resolución, son competentes para el ejercicio del litigio defensorial, el defensor del pueblo, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, la defensoría delegada para asuntos constitucionales y legales, las defensorías regionales y seccionales, los defensores públicos y los personeros municipales por delegación expresa del defensor del pueblo, según el caso;

Que mediante Resolución número 306 de 16 de mayo de 2005, se adoptó el plan estratégico 2005-2010 de la Defensoría del Pueblo, como instrumento que orienta la misión defensorial, con base en cinco líneas de visión que articulan las labores misionales y administrativas de la institución;

Que dentro del plan estratégico se consagró, entre sus líneas de visión, la “Atención defensorial y acceso a la justicia” y dentro de esta, la política global 3.1.1, según la cual “[l]a Defensoría del Pueblo brinda atención defensorial, garantiza la defensa pública y facilita el acceso a la justicia de las personas y grupos en situación de vulnerabilidad para la efectividad y realización de sus derechos humanos”;

Que con fundamento en el diagnóstico realizado por las direcciones nacionales de recursos y acciones judiciales y de Defensoría Pública, en lo que concierne al litigio defensorial, y ante la dinámica de los mecanismos de protección y el crecimiento de solicitudes del servicio, se advirtió la necesidad de precisar, actualizar, complementar y compilar en un solo instrumento los criterios y lineamientos generales para desarrollar, fortalecer y racionalizar la atención defensorial mediante el ejercicio de los mecanismos de protección, en condiciones de cobertura, eficiencia y oportunidad;

Que de conformidad con el principio constitucional de la delegación de funciones consagrado en el artículo 211 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 9º y 12 de la Ley 489 de 1998, las autoridades podrán, mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores, bajo el entendido de que el acto de delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que el delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario;

Que al tenor de lo dispuesto en el numeral 18 del artículo 9º de la Ley 24 de 1992, el defensor del pueblo está facultado para dictar los reglamentos necesarios para el eficiente y eficaz funcionamiento de la entidad;

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Principios generales

ART. 1º—Litigio defensorial. El litigio defensorial es el ejercicio de los mecanismos e instrumentos constitucionales y legales en procura de la solución de todos aquellos conflictos y reivindicaciones sociales que amenacen o vulneren los derechos humanos, susceptibles de ser resueltos a través de un proceso judicial.

El litigio defensorial se ejercerá a iniciativa de la defensoría o a petición de parte, en los eventos en que concurran los criterios que más adelante se establecen.

PAR.—Cuando las necesidades lo aconsejen, el litigio judicial se ejercerá sin el previo agotamiento de las formas de gestión defensorial, y no necesariamente deberá ser considerado como última instancia de la actuación de esta entidad.

ART. 2º—Modalidades del litigio defensorial. Son modalidades del litigio defensorial los siguientes mecanismos de protección de derechos constitucionales: La instauración directa y la coadyuvancia de acciones y recursos judiciales; la impugnación de los fallos judiciales; la intervención en procesos de nulidad y de inconstitucionalidad; la insistencia en la revisión de fallos de tutela; la participación en audiencias o diligencias judiciales; el seguimiento al cumplimiento de los fallos judiciales y la promoción del incidente de desacato.

ART. 3º—Principios orientadores. Además de los principios previstos en el código de ética de la Defensoría del Pueblo, el ejercicio del litigio defensorial estará orientado por los principios de armonización y ponderación, sana crítica, buena fe, igualdad, celeridad, prevalencia del derecho sustancial y gratuidad.

Estos principios se aplicarán e interpretarán teniendo en cuenta la defensa y protección de los derechos humanos, de conformidad con la doctrina defensorial y la jurisprudencia constitucional.

ART. 4º—Criterios generales para el ejercicio del litigio defensorial a solicitud de parte. Podrá ejercerse el litigio defensorial a solicitud de parte cuando concurran uno o varios de los siguientes criterios:

1. Cuando exista vacío de defensa respecto de las personas, grupos o derechos amenazados o vulnerados. Existe vacío de defensa respecto de las personas o grupos, cuando estos se encuentren en la imposibilidad de promover por sí mismos la defensa de sus derechos amenazados o vulnerados. Igualmente, cuando exista una amenaza o violación de un derecho colectivo y este no cuente con un actor interesado en promover su defensa.

2. Cuando se trate de un asunto que, por su trascendencia social o repercusiones generales, justifique la intervención de la Defensoría del Pueblo, para lograr el impulso y la efectividad de los derechos humanos afectados. Existe trascendencia social o repercusión general, cuando la amenaza o vulneración de los derechos humanos constituya un hecho notorio que afecte sectores de población en especiales condiciones de vulnerabilidad.

3. Cuando se amenacen o vulneren los derechos de personas o grupos que se hallen en particulares circunstancias de indefensión o desamparo. Las circunstancias de indefensión o desamparo se configuran cuando la situación de abandono y de pobreza que caracteriza a personas marginadas de los beneficios de la organización social, tiene como efecto la imposibilidad práctica de asumir una adecuada y oportuna defensa de sus intereses y derechos. Igualmente, se configura en personas que por su condición social, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta.

4. En desarrollo de estudios o acciones que adelanten las diversas dependencias de la Defensoría del Pueblo.

5. Cuando en el sistema jurídico existan normas incompatibles con derechos y libertades consagrados en la Constitución Política o en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

6. Cuando exista una conducta vulneratoria de derechos por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de determinados particulares.

ART. 5º—Criterios generales para la actuación oficiosa. La Defensoría del Pueblo podrá actuar de manera oficiosa siempre y cuando se advierta la procedencia sustancial y adjetiva de una acción y, en especial, cuando concurra alguno de los siguientes eventos:

1. Cuando exista una ostensible violación de derechos fundamentales de personas que no puedan promover su propia defensa, en virtud de su manifiesto estado de indefensión.

2. Cuando exista una ostensible violación de derechos colectivos y la entidad encargada de velar por su protección ha contribuido a ese menoscabo por su acción o su omisión.

3. Cuando se pretenda velar por el cumplimiento de una norma de carácter general, cuya inobservancia acarrea la violación de derechos humanos.

4. Cuando en el ordenamiento jurídico existan normas notoriamente incompatibles con derechos y libertades consagrados en la Constitución Política o con tratados internacionales ratificados por Colombia que versen sobre derechos humanos.

ART. 6º—Causales de improcedencia del litigio defensorial. Son causales de improcedencia del litigio defensorial las siguientes:

1. La inviabilidad de la acción, esto es, que la acción o intervención que se pretenda realizar no cumpla con los requisitos de procedibilidad sustancial y adjetiva establecidos en la ley y en la jurisprudencia.

2. El carácter meramente patrimonial de los derechos que se pretendan invocar, salvo que se trate de una acción de grupo y de acuerdo con los criterios establecidos en esta resolución.

3. La mala fe o la temeridad puesta en evidencia en la solicitud presentada.

4. Cuando se concluya de manera clara que la solicitud se refiere a un interés particular que riñe con el interés general, salvo que se trate de proteger derechos fundamentales.

ART. 7º—Asesorías en litigio defensorial. La asesoría es la orientación pedagógica que se brinda al peticionario sobre el contenido y ejercicio de los mecanismos de protección de los derechos humanos ante las autoridades competentes, con el fin de hacerlos titulares activos de los mismos.

La asesoría que se brinde incluirá la precisión del contenido y alcance de los derechos involucrados; la naturaleza de la acción o actuación judicial que se debe instaurar y los efectos de los eventuales fallos, bien sean, favorables o desfavorables. En caso de que no sea procedente ninguna acción constitucional, deberá indicarse la actuación judicial o administrativa pertinente o la entidad pública a la cual puede recurrir el peticionario para lograr la efectividad de sus derechos.

En el evento en que una petición en materia de recursos y acciones judiciales sea viable jurídicamente, pero no amerite representación institucional, conforme con los criterios generales y especiales contenidos en la presente resolución, se brindará en todo caso asesoría, con apoyo en la jurisprudencia constitucional y en la doctrina defensorial.

Cuando el caso ostente algún grado de complejidad y de las condiciones sociales y culturales del peticionario se deduzca su imposibilidad de elaborar la demanda, el recurso o incidente, la defensoría elaborará la respectiva minuta, para que sea presentada directamente por el interesado. La defensoría conservará copia de la misma con destino al expediente.

ART. 8º—Delegación de funciones. Delégase en la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y en las defensorías regionales y seccionales, bien directamente o a través de apoderados judiciales, el ejercicio del litigio defensorial, a través de los mecanismos constitucionales de protección de los derechos, conforme a lo establecido en la Constitución Política, la ley, y en los términos de la presente resolución.

Los funcionarios delegatarios serán responsables de las actuaciones y omisiones de carácter administrativo que se originen en desarrollo de la presente delegación, particularmente en el control de gestión.

PAR.—Siempre que lo considere necesario, el defensor del pueblo, podrá reasumir directamente o por medio de un delegado especial cualquiera de las funciones relacionadas con el litigio defensorial, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare y revisar los actos expedidos por el delegatario.

ART. 9º—Coordinación del litigio defensorial. La Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales tiene la función de coordinar a nivel nacional el litigio defensorial, en los términos establecidos en la ley y en la presente resolución.

Para tal efecto, desarrollará las siguientes actividades:

1. Llevar una relación de las acciones, intervenciones y recursos promovidos por la Defensoría del Pueblo.

2. Ejercer control de la gestión adelantada por las defensorías regionales y seccionales, sobre los resultados de las acciones judiciales, recursos e intervenciones promovidos por la Defensoría del Pueblo y velar porque se dé estricto cumplimiento a esta resolución.

3. Coordinar la delegación, asistencia, asesoría y ejercicio del litigio defensorial de los defensores regionales, seccionales, personeros municipales y defensores públicos según sea el caso, en relación con el recurso de hábeas corpus, mecanismo de búsqueda urgente, las acciones de tutela, de cumplimiento, de nulidad e inconstitucional, populares y de grupo y la asistencia a audiencias y diligencias judiciales.

4. Dirimir los conflictos de competencia que se presenten entre las defensorías regionales y seccionales, en materias propias de la delegación prevista en esta resolución.

5. Organizar el registro público centralizado de las acciones populares y de grupo que se interpongan en el país, conforme a lo previsto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

ART. 10.—Delegación de funciones en la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales. Sin perjuicio de las funciones y potestades de coordinación y control que le atribuye el artículo 24 de la Ley 24 de 1992, deléguense en la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales el ejercicio del litigio defensorial en las siguientes circunstancias:

1. Como sujeto procesal, directamente o a través de apoderado judicial, en las diferentes modalidades del litigio defensorial referidas a las acciones de tutela, cumplimiento, populares y de grupo, hábeas corpus y mecanismo de búsqueda urgente, que dada su trascendencia nacional o jurídica, brinden un aporte esencial al impulso y efectividad de los derechos humanos en Colombia, conforme con los criterios establecidos para el litigio defensorial, evento en el cual sustituirá a la dependencia que se encuentre conociendo del caso.

2. Cuando agotados los recursos judiciales internos, persista la vulneración de los derechos humanos o de los postulados del Derecho Internacional Humanitario, y dada la gravedad del caso, se resuelva llevarlo ante los organismos internacionales de derechos humanos.

3. Cuando se trate de insistir en revisión de los fallos de tutela excluidos de selección por la Corte Constitucional.

4. Para la instauración de la acción de inconstitucionalidad o intervención ante la Corte Constitucional.

5. En caso de la instauración de la acción de nulidad ante el Consejo de Estado o de intervención en dicho proceso.

PAR.—En todo caso, en desarrollo de las especiales facultades que le otorga la Constitución y la ley, el defensor del pueblo podrá asumir directamente o por medio de un delegado especial cualquiera de las funciones en materia de recursos y acciones judiciales.

ART. 11.—Competencia especial de la defensoría delegada para asuntos constitucionales y legales. Sin perjuicio de la competencia de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, le corresponde a la defensoría delegada para asuntos constitucionales y legales, proyectar para la consideración del defensor del pueblo las demandas e intervenciones ante la Corte Constitucional. Así mismo, la defensoría delegada para asuntos constitucionales instaurará las demandas de inconstitucionalidad y presentará las intervenciones que directamente le delegue el defensor del pueblo o que le sean comunicadas por la Corte Constitucional.

ART. 12.—Delegación de funciones en las defensorías regionales y seccionales. Para los efectos de la presente resolución, deléguense en las defensorías regionales y seccionales el ejercicio del litigio defensorial en las siguientes circunstancias:

1. Para asumir y ejercer como sujeto procesal, directamente o por conducto de apoderado judicial, en las diferentes modalidades del litigio defensorial referidas a las acciones de tutela, cumplimiento, populares, de grupo y nulidad, que se entablen ante los despachos judiciales de su ámbito territorial, contra particulares o autoridades públicas, independientemente de si ellas son del orden nacional, departamental, municipal o distrital, de conformidad con los criterios establecidos en la presente resolución.

2. Para interponer a prevención el hábeas corpus.

3. Para activar a prevención el mecanismo de búsqueda urgente.

4. Para coordinar la delegación o asistencia a los personeros municipales en materia de acción de tutela y hábeas corpus, dentro del ámbito territorial de su competencia, de acuerdo con los criterios establecidos por el defensor del pueblo.

5. Para coordinar la asistencia de los defensores públicos en aquellos casos en que actúen como apoderados en materia de litigio defensorial.

ART. 13.—Apoyo y asistencia entre defensorías regionales y seccionales. Cuando los hechos que amenacen o vulneren derechos constitucionales tengan ocurrencia dentro del ámbito territorial de una defensoría regional o seccional y el despacho judicial ante quien se deba instaurar la correspondiente acción o intervención se encuentre radicado fuera de su jurisdicción, la defensoría regional o seccional ubicada en la sede del operador judicial prestará la asistencia y el apoyo necesarios para que aquella ejerza en debida forma el litigio defensorial.

Para tal efecto, la defensoría regional o seccional del lugar donde ocurrieron los hechos, elaborará la demanda o intervención y después de realizada la presentación personal, en los términos del estatuto procedimental correspondiente, la enviará a la defensoría regional o seccional que presta su asistencia y apoyo, para que lo allegue al despacho judicial competente y asuma el conocimiento hasta su culminación.

La defensoría regional o seccional remitente enviará, junto con la demanda, los antecedentes, los anexos y los documentos que soporten el caso, así como una comunicación dirigida al operador judicial competente, donde se le informe que en adelante el conocimiento lo asumirá el defensor regional o seccional de esa misma jurisdicción.

En igual forma se procederá cuando la segunda instancia se tramite por fuera de la jurisdicción de la defensoría regional o seccional que ejerce el litigio defensorial.

Una vez finalizado el trámite se devolverá toda la documentación a la defensoría regional o seccional de origen, para que proceda a informarle al peticionario el resultado de la gestión y archive el caso.

PAR.—La Defensoría del Pueblo Regional Bogotá realizará el trámite y seguimiento de las acciones y/o recursos de que conoce la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, y la Defensoría del Pueblo Regional Cundinamarca realizará el trámite y seguimiento de las acciones y/o recursos de que conoce el Consejo de Estado.

ART. 14.—Apoyo de los defensores públicos en el litigio defensorial. Los defensores públicos apoyarán la gestión de las defensorías regionales y seccionales para la instauración del recurso de hábeas corpus, mecanismo de búsqueda urgente, acciones de tutela, acciones populares y de grupo, nulidad, cumplimiento y, la asistencia a audiencias y diligencias judiciales y extrajudiciales, de conformidad con la competencia de la respectiva defensoría regional o seccional y bajo la dirección del respectivo defensor.

El defensor regional o seccional podrá otorgar poder a uno de los defensores públicos, con el fin de que actúe en calidad de apoderado de la institución ante los distintos estrados judiciales y extrajudiciales ante los cuales se adelanten las acciones señaladas en el inciso anterior.

Para efecto de la implementación y ejecución del mencionado apoyo, la Dirección Nacional de Defensoría Pública ejercerá las atribuciones administrativas y contractuales que le permita adelantar a los defensores públicos la representación judicial y extrajudicial.

PAR. 1º—La Dirección Nacional de Defensoría Pública realizará el control de gestión de dicha representación, mediante los asesores de gestión designados para el efecto y de conformidad con los lineamientos del litigio defensorial previstos en la presente resolución y en los que en adelante se expidan.

PAR. 2º—Informes periódicos. El defensor público rendirá informe mensual al defensor regional y/o seccional sobre la labor desarrollada en materia de litigio defensorial, y este a su vez, enviará a la Dirección Nacional de Defensoría Pública bimestralmente un informe consolidado de la gestión realizada por aquellos, de conformidad con los lineamientos que se expida para tal efecto.

PAR. 3º—Informe estadístico. El informe de la gestión realizada por parte de los defensores públicos en materia de litigio defensorial, hará parte del informe estadístico consolidado que los defensores regionales y/o seccionales presentan anualmente a la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, con el objeto de elaborar el informe anual del defensor del pueblo al Congreso de la República.

ART. 15.—Observatorios de las defensorías regionales y seccionales. Las defensorías regionales y seccionales deberán crear observatorios de acciones populares y de grupo. Así mismo, podrán crear observatorios referentes a los demás mecanismos de protección de derechos, con el objeto de promover la investigación, difusión, conocimiento y protección de los mismos.

El observatorio podrá crearse o desarrollarse mediante convenios con otras instituciones públicas o privadas relacionadas con el tema de este y contarán con el apoyo de los defensores públicos.

PAR.—Las direcciones nacionales de recursos y acciones judiciales y de defensoría pública prestarán apoyo para el desarrollo de los mencionados observatorios.

ART. 16.—Apoyo técnico. En el ámbito de su competencia y cuando el caso lo requiera, las defensorías delegadas, las unidades y las coordinaciones creadas por la entidad prestarán apoyo técnico a la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y a las defensorías regionales y seccionales, para el ejercicio del litigio defensorial.

ART. 17.—Delegación de funciones en los personeros municipales y distritales para acción de tutela y hábeas corpus. Sin perjuicio de las funciones que le atribuye la ley, delégase en los personeros municipales y distritales, el ejercicio del litigio defensorial referido a las acciones de tutela y al hábeas corpus, de conformidad con el artículo 49 del Decreto 2591 de 1991 y los artículos 24 y 25 de la Ley 24 de 1992.

En desarrollo de tal delegación, los personeros municipales y distritales tendrán la facultad de:

1. Instaurar, coadyuvar e impugnar la acción de tutela, así como proponer el incidente de desacato, en los casos que proceda, a petición de parte o de oficio. En este último caso, deberá acreditarse que el afectado se encuentra en estado de indefensión o desamparo o que no puede promover su propia defensa.

2. Instaurar el hábeas corpus e interponer el recurso de apelación cuando sea desfavorable.

PAR.—Cuando la situación que motiva el litigio defensorial hace referencia a hechos que acaecen en lugar distinto de la sede de la defensoría del pueblo regional o seccional y la acción de tutela deba instaurarse ante autoridad judicial de dicho lugar, el personero municipal de la respectiva localidad asumirá la representación en su calidad de defensor de derechos humanos, de conformidad con el artículo 49 del Decreto 2591 de 1991.

Para tal efecto, la defensoría regional o seccional respectiva, elaborará la demanda o intervención y después de realizada la presentación personal, en los términos del estatuto procedimental correspondiente, la enviará a la personería municipal, para que lo allegue al despacho judicial competente y asuma el conocimiento hasta su culminación.

La defensoría regional o seccional remitente enviará, junto con la demanda, los antecedentes, los anexos y los documentos que soporten el caso, así como una comunicación dirigida al operador judicial competente, donde se le informe que en adelante el conocimiento lo asumirá el personero municipal de dicha localidad.

Una vez finalizado el trámite se devolverá toda la documentación a la defensoría regional o seccional de origen, para que proceda a informarle al peticionario el resultado de la gestión y archive el caso.

La defensoría regional o seccional remitente podrá asumir como sujeto procesal, cuando la segunda instancia se tramite en la sede de la respectiva defensoría, en caso contrario, prestará la asistencia y apoyo necesarios para su cabal seguimiento. Finalizada la actuación, se procederá como en el inciso anterior.

CAPÍTULO II

Recurso de hábeas corpus

ART. 18.—Definición. El recurso de hábeas corpus posee un doble carácter es un derecho constitucional fundamental y es un medio procesal específico orientado a proteger la libertad personal, cuando alguien ha sido privado de la libertad con violación de las garantías constitucionales o legales, o cuando esta se prolonga ilegalmente por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.

ART. 19.—Oportunidad. Este instrumento constitucional es susceptible de ser ejercido por una sola vez respecto de cada hecho o actuación constitutiva de violación, por el afectado o por interpuesta persona, sin que se requiera presentación de poder, ni el consentimiento de la víctima.

ART. 20.—Requisitos de procedibilidad. Son requisitos de procedibilidad del recurso de hábeas corpus los siguientes:

1. Que alguien se encuentre privado de su libertad personal.

2. Que la privación de la libertad sea ilegal.

3. Que la privación de la libertad tenga su causa en la determinación de una autoridad pública.

PAR.—En todo caso, para el análisis de procedibilidad del recurso de hábeas corpus deberán observarse los requisitos sustanciales y adjetivos consagrados en el artículo 30 de la Constitución Política, en la Ley Estatutaria 1095 de 2006 y en las normas que se llegaren a proferir. Igualmente, el estudio de procedibilidad debe fundamentarse en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y en la jurisprudencia penal.

ART. 21.—Causales de improcedencia. El recurso de hábeas corpus no procederá:

1. Cuando sea evidente que cesó la violación del derecho fundamental a la libertad personal, o que se han tomado las medidas pertinentes para su protección.

2. Cuando la acción provenga de la conducta legítima de la autoridad pública judicial o administrativa.

3. En los demás casos que señale la ley y la jurisprudencia.

ART. 22.—Criterios especiales para el litigio defensorial. El recurso de hábeas corpus podrá ser interpuesto por el defensor del pueblo regional o seccional o por un defensor público, a solicitud de parte o en forma oficiosa, en favor de cualquier persona, bajo el entendido de que la sola privación arbitraria de la libertad, pone en estado de indefensión a la persona afectada y a sus familiares.

ART. 23.—Impugnación. Se procederá a impugnar el fallo que decide sobre el recurso de hábeas corpus, dentro de los tres (3) días calendarios siguientes a su notificación, únicamente cuando la decisión judicial ha sido adversa a la parte en favor de la cual se pretende impugnar institucionalmente.

El recurso se interpondrá, aún cuando la Defensoría del Pueblo no lo haya interpuesto.

CAPÍTULO III

Mecanismo de búsqueda urgente

ART. 24.—Definición. Es una acción pública tutelar de la libertad y la integridad personales y de los demás derechos y garantías que se consagran en favor de las personas que se presume han sido desaparecidas, inspirada en el principio del goce efectivo de los derechos, consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política. Tiene por objeto que las autoridades judiciales realicen, en forma inmediata, todas las diligencias necesarias tendientes a localizar las personas desaparecidas, como mecanismo efectivo para prevenir la comisión del delito de desaparición forzada.

ART. 25.—Oportunidad. Este mecanismo constitucional podrá ser ejercido desde el momento en que se presume que una persona ha sido desaparecida, sin que sea exigible que transcurra un determinado lapso para su activación y, cuantas veces se tenga noticia sobre el lugar donde pueda encontrarse la persona o el cadáver de la persona que habría sido desaparecida.

ART. 26.—Requisitos de procedibilidad. Son requisitos de procedibilidad del mecanismo de búsqueda urgente los siguientes:

1. Que alguien se presuma desaparecido en los términos establecidos por la ley.

2. Que la desaparición haya operado en contra de la voluntad de la víctima.

PAR.—En todo caso, para el análisis de procedibilidad del mecanismo de búsqueda urgente deberán observarse los requisitos sustanciales y adjetivos consagrados en la Ley Estatutaria 971 de 2005 y en las normas que se llegaren a proferir. Igualmente, el estudio de procedibilidad debe fundamentarse en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y en la jurisprudencia penal.

ART. 27.—Causales de improcedencia. El mecanismo de búsqueda urgente no procederá:

1. Cuando la actuación haya sido archivada sin que se encuentre al desaparecido y no exista, con posterioridad a su terminación, prueba al menos indiciaria del lugar donde se pueda hallar la persona presuntamente desaparecida.

2. Cuando la acción provenga de la conducta legítima de la autoridad pública judicial o administrativa.

3. Cuando de los hechos denunciados no se configure el delito de desaparición forzada o se trate de una desaparición voluntaria.

4. En los demás casos que señale la ley y la jurisprudencia.

ART. 28.—Criterios especiales para el litigio defensorial. El mecanismo de búsqueda urgente deberá ser interpuesto por el defensor del pueblo regional, seccional o por un defensor público, a solicitud de parte o en forma oficiosa, en favor de cualquier persona, bajo el entendido de que la sola desaparición arbitraria, coloca en estado de indefensión a la persona afectada y a sus familiares.

ART. 29.—Impugnación. Se procederá a interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación contra la providencia que declara infundada la solicitud de activación del mecanismo, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes contadas a partir de su notificación.

Los recursos se interpondrán, aún cuando la Defensoría del Pueblo no haya activado el mecanismo de búsqueda urgente.

CAPÍTULO IV

Acción de tutela

ART. 30.—Definición. La acción de tutela es un mecanismo constitucional que faculta a cualquier persona para acudir ante un juez de la República, en cualquier momento o lugar, con el fin de obtener un pronunciamiento que proteja un derecho constitucional fundamental vulnerado o amenazado por la acción o la omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los casos que determine la ley, siempre y cuando no exista otro mecanismo judicial de defensa idóneo, salvo que se trate de evitar un perjuicio irremediable, evento en el cual procede como mecanismo transitorio.

La tutela se circunscribe a la protección de derechos que ostentan la categoría de fundamentales y no debe concebirse como una acción paralela, alternativa o complementaria de las acciones ordinarias, o como un recurso o instancia adicional.

ART. 31.—Oportunidad. La acción de tutela podrá ser ejercida en cualquier tiempo. No obstante, se tendrá en cuenta el elemento de la inmediatez. En consecuencia, no se ejercerá el litigio defensorial, cuando ha transcurrido un lapso de tiempo irrazonable, en relación con el perjuicio que se pretende reclamar.

ART. 32.—Requisitos de procedibilidad. Son requisitos de procedibilidad de la acción de tutela:

1. La existencia de una situación real y concreta de violación o amenaza de un derecho fundamental.

2. El interés legítimo del accionante.

3. La autoridad pública determinada o determinable contra quien se dirige la acción.

4. El particular contra quien se dirige la acción, que preste servicios públicos o actúe en ejercicio de funciones públicas, cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quien el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión.

5. La solicitud previa de rectificación de informaciones inexactas o erróneas, en los casos señalados por la jurisprudencia.

PAR.—En todo caso, deberán observarse los requisitos de procedibilidad sustancial y adjetiva de la acción de tutela consagrados en el artículo 86 de la Constitución Política, en los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000 y en las normas que se llegaren a proferir. Igualmente, el estudio de procedibilidad debe fundamentarse en los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

ART. 33.—Causales de improcedencia. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial idóneos, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y el medio judicial de defensa ordinario no ha caducado.

2. Cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de hábeas corpus.

3. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

4. Cuando no exista el elemento de la inmediatez o se pretenda instaurar la acción después de un lapso de tiempo que se considera desproporcionado e irrazonable.

5. Cuando se trate de demandar actos de carácter general, impersonal y abstracto.

6. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, salvo que con su vulneración también se menoscaben derechos fundamentales por conexidad.

7. Cuando haya carencia de objeto, es decir, cuando la causa que genera la violación o amenaza del derecho ya haya cesado, o se hayan tomado las medidas pertinentes para su protección.

8. Cuando exista acción temeraria, es decir, cuando la acción de tutela sea instaurada por la misma persona o por su representante ante varios jueces, o cuando la acción carece en absoluto de justificación y sea entablada de mala fe.

9. Cuando la acción u omisión provenga de la conducta legítima de un particular.

10. Cuando la acción de tutela esté dirigida contra una sentencia de tutela.

11. Cuando la acción de tutela esté dirigida contra providencias judiciales, salvo que aquellas configuren vías de hecho dentro de los presupuestos señalados por la Corte Constitucional.

12. Las demás que señalen la ley y la jurisprudencia.

ART. 34.—Criterios especiales para el litigio defensorial. Sin perjuicio de que se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I de la presente resolución, el litigio defensorial en materia de acción de tutela procederá también:

1. Cuando la acción de tutela se dirija a conjurar el estado de cosas inconstitucional.

2. Cuando la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se funde en pruebas evidentes del perjuicio.

3. Cuando se pretenda obtener un fallo con efectos “inter pares” o “inter comunis”.

4. Cuando se pretenda proteger derechos contemplados en instrumentos internacionales.

5. Cuando en una decisión judicial concurren aquellas circunstancias definidas por la jurisprudencia constitucional como vías de hecho, salvo que se trate de una sentencia de tutela.

ART. 35.—Impugnación. Se procederá a impugnar institucionalmente los fallos de tutela, cuando se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I y los especiales consagrados en el artículo 34 de la presente resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya violado el debido proceso en el trámite de la acción de tutela.

2. Cuando el fallo ha sido total o parcialmente adverso a los intereses de quien se pretende representar.

3. Cuando el fallo es favorable, y la intervención defensorial se considera necesaria:

a) Cuando las medidas ordenadas no satisfacen las pretensiones iniciales de la demanda;

b) Cuando las medidas adoptadas no son suficientes o adecuadas para el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados o amenazados;

c) Cuando las medidas son desproporcionadas en relación con la causa que genera la violación.

ART. 36.—Coadyuvancia. Se procederá a coadyuvar institucionalmente, a favor del demandante o del demandado, tanto en primera como en segunda instancia, cuando se cumplan los criterios generales establecidos en el Capítulo I y los especiales consagrados en el artículo 34 de la presente resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya violado el debido proceso en el trámite de la acción de tutela.

2. Cuando el fallo ha sido total o parcialmente adverso a los intereses de quien se pretende representar.

3. Cuando el fallo es favorable, y la intervención defensorial se considera necesaria:

a) Cuando las medidas ordenadas no satisfacen las pretensiones iniciales de la demanda;

b) Cuando las medidas adoptadas para el restablecimiento del derecho amenazado o vulnerado no son suficientes o adecuadas;

c) Cuando las medidas adoptadas son desproporcionadas en relación con la causa que genera la violación.

ART. 37.—Incidente de desacato. Se procederá a instaurar institucionalmente el incidente de desacato cuando el fallo no haya sido cumplido totalmente, o lo haya sido solo en forma parcial, por la autoridad o el particular obligado, dentro de los términos fijados por el juez, siempre y cuando se cumplan, en lo pertinente, los criterios generales señalados en el Capítulo I y los especiales consagrados en el artículo 34 de la presente resolución.

En aquellos eventos en los cuales la Defensoría del Pueblo decida no intervenir en el trámite del incidente de desacato, procederá de conformidad con la función de orientación propia de esta entidad para que el interesado promueva directamente el incidente.

Antes de solicitar el desacato, o de orientar al peticionario para que lo promueva, la Defensoría del Pueblo instará al juez de tutela de primera instancia, en quien recae la vigilancia sobre el cumplimiento del fallo, con el objeto de que adopte las medidas previstas en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991. Simultáneamente, la gestión defensorial se encaminará a obtener el cumplimiento del fallo, mediante gestión directa ante la autoridad o el particular responsable, a quienes se solicitará que adopten las medidas en procura del cumplimiento del fallo.

ART. 38.—Actuación oficiosa. Cuando se advierta la necesidad de instaurar una acción de tutela en forma oficiosa, deberá acreditarse ante el despacho judicial competente la situación de desamparo e indefensión del titular de los derechos o que este no está en condiciones de promover su propia defensa.

CAPÍTULO V

Insistencia en revisión

ART. 39.—Facultad de insistencia del defensor del pueblo. De conformidad con el artículo 33 del Decreto-Ley 2591 de 1991, el defensor del pueblo podrá solicitar ante la Corte Constitucional la revisión de los fallos de tutela excluidos mediante auto proferido por su Sala de Selección, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la notificación por edicto, acorde con el artículo 51 del Acuerdo 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional.

ART. 40.—Delegación especial. Con fundamento en el artículo 10 de la Ley 24 de 1992 y en los términos del artículo 48 del Decreto 2591 de 1991, delégase en el Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, la facultad de insistir ante la Corte Constitucional, que ejercerá cuando considere que se presenten las causales del artículo 33 del Decreto 2591 de 1991. Sin perjuicio de lo anterior, el defensor del pueblo, podrá en cualquier momento, asumir directamente esta facultad, sin necesidad de acto administrativo que así lo declare.

ART. 41.—Petición ciudadana de insistencia. Cualquier persona que hubiere intervenido en el trámite de una acción de tutela, bien directamente o como agente oficioso o resultare afectada con la decisión proferida, podrá por sí misma o mediante representante o apoderado, solicitar al defensor del pueblo que haga uso de la facultad que le otorga el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991.

ART. 42.—Oportunidad. La solicitud de insistencia podrá formularse ante la Defensoría del Pueblo, desde cuando se produzca el fallo de primera instancia, a efecto de contar con tiempo suficiente para el análisis constitucional de las piezas procesales que integran la petición.

PAR.—En todo caso, dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del término para insistir, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales deberá contar con todos los documentos necesarios para realizar el estudio jurídico de la petición, so pena de considerarse extemporánea.

ART. 43.—Petición extemporánea. Se considera que una petición es extemporánea, cuando se encuentra por fuera de los términos para insistir contemplados en el artículo 51 del Acuerdo 05 de 1992 emanado de la Corte Constitucional y en la presente resolución.

Para efecto de la racionalidad en la prestación del servicio, se considerará también extemporánea y no se dará trámite:

1. A las peticiones de insistencia que se radiquen en la sede central de esta entidad dentro de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del término para insistir.

2. A las peticiones de insistencia que se radiquen en las defensorías regionales o seccionales, dentro de los ocho (8) días hábiles anteriores al vencimiento del término para insistir.

3. Cuando la información y documentación faltante no fue allegada, con antelación al término estipulado en el parágrafo del artículo 42, es decir, de los cinco (5) días hábiles anteriores al vencimiento del término para insistir, a pesar de haberse presentado en tiempo la solicitud ciudadana.

PAR.—De la ocurrencia de cualquiera de estas eventualidades se le comunicará al peticionario, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al vencimiento del término para insistir. En dicho escrito, se le explicará al peticionario el motivo por el cual la Defensoría del Pueblo se vio en la obligación de no estudiar de fondo su petición.

ART. 44.—Requisitos de la petición ciudadana de insistencia. La solicitud ante la Defensoría del Pueblo deberá hacerse por escrito, firmado por el peticionario y con los siguientes requisitos:

1. Nombres y apellidos completos del peticionario, su representante o apoderado, si fuere del caso; su documento de identidad, número telefónico y dirección, con el fin de que se surta cualquier requerimiento, información o notificación.

2. Identificación completa y exacta del accionante y del accionado y, en general, de quienes actuaron en el trámite de la tutela.

3. Indicación de los despachos judiciales que conocieron de la acción de tutela, tanto en primera como en segunda instancia si ella tuvo lugar.

4. El número de radicación asignado por la Corte Constitucional, el cual es de suma importancia para precisar el momento oportuno para intervenir en la insistencia.

5. Resumen o enunciación clara y precisa de los fundamentos que originan la solicitud.

6. Relación de los documentos que se aportan.

PAR.—Cuando las condiciones del peticionario no le permitan presentar solicitudes en forma escrita, la Defensoría del Pueblo elevará un acta, en la que quedarán consignados los requisitos de la petición y, en el mismo acto, se le hará saber al peticionario, los requisitos y documentos faltantes para el trámite de su petición.

ART. 45.—Anexos de la petición. La petición de insistencia en revisión deberá presentarse acompañada de los siguientes documentos:

1. Fotocopia de la demanda de tutela.

2. Fotocopia del fallo de primera instancia.

3. Fotocopia de la impugnación, si la hubo.

4. Fotocopia del fallo de segunda instancia, si la hubo.

5. Fotocopia de la providencia judicial, en el evento en que la tutela haya sido entablada contra actuaciones judiciales.

6. Fotocopia del acto administrativo, en el evento en que la tutela haya sido entablada contra actuaciones administrativas.

7. Los demás que el peticionario estime pertinentes.

ART. 46.—Oficio pedagógico. Recibida la petición de insistencia en la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, se enviará al peticionario un escrito pedagógico con el fin de indicarle los requisitos, el trámite, los términos y la competencia de esta entidad en la materia. En el mismo requerimiento, se le advertirá sobre la necesidad de que aporte toda la información que se requiere para el adecuado estudio jurídico y para hacer el seguimiento al proceso de selección en la Corte Constitucional. Excepcionalmente, por razones de tiempo y cuando el caso sea relevante, podrá realizarse requerimiento telefónico o por cualquier otro medio físico o electrónico, de lo cual se dejará constancia en el expediente.

ART. 47.—Trámite en las defensorías regionales y seccionales. Si la petición es recibida por las defensorías regionales y seccionales, esta se remitirá inmediatamente a la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales y, mediante un oficio pedagógico, se le informará al peticionario, además de la mencionada remisión, los requisitos y documentos necesarios para su estudio que deberá allegar a la sede central de la entidad.

No obstante lo anterior, si con los documentos que acompañan la petición, de plano se determina su improcedencia o su extemporaneidad, así se le informará al peticionario, sin necesidad de remitir los documentos a la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales. Luego de ello, se procederá a archivar el caso.

Cuando la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales reciba una solicitud de insistencia de las defensorías regionales o seccionales, informará directamente al peticionario la decisión que adopte al respecto y remitirá copia de la misma a la regional o seccional de donde provino la petición.

PAR.—En todo caso, la labor asignada a las defensorías regionales o seccionales se adelantará en coordinación con la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, con el fin de atender en forma oportuna y eficiente las peticiones incoadas.

ART. 48.—Petición desistida. Si faltare alguno de los requisitos y el peticionario no responde al requerimiento en el término de dos meses, la Defensoría del Pueblo entenderá que la petición ha sido desistida y procederá a archivar el expediente.

PAR.—Cuando el peticionario manifieste que no puede aportar la copia de uno o de los dos fallos de la acción de tutela, debido a que reside en lugar distinto a aquel donde se tramitó una o las dos instancias de la mencionada acción, o a que se encuentra en imposibilidad física de obtenerlos, deberá suministrar en forma precisa el número de radicación asignado por la Corte Constitucional, para que, en la medida de lo posible, la Defensoría del Pueblo intente obtener copia de la documentación faltante en la Secretaría de la Corte Constitucional.

ART. 49.—Requisitos de procedibilidad. Son requisitos concurrentes de procedibilidad de la insistencia en revisión los siguientes:

1. Que el expediente de tutela haya sido excluido de revisión por la Corte Constitucional.

2. Que la insistencia en revisión sirva para aclarar el alcance de un derecho o para evitar un perjuicio grave.

ART. 50.—Criterios sustanciales de improcedencia de la insistencia en revisión. No habrá lugar a la insistencia en revisión, cuando se presente uno o varios de los siguientes casos:

1. Cuando la decisión de los jueces de instancia se encuentre ajustada a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

2. Cuando el fallo del juez constitucional no afecte los derechos fundamentales del solicitante, salvo que la petición la formule en ejercicio de la agencia oficiosa.

3. Cuando no sea procedente la acción de tutela.

4. Cuando los derechos involucrados en la acción de tutela han sido suficientemente abordados por la Corte Constitucional y sobre los mismos existe una sólida jurisprudencia, la cual se estima adecuada para la efectividad de los derechos.

5. Cuando no se configure ninguna de las causales legales para insistir.

6. Cuando se debatan aspectos meramente legales o reglamentarios.

ART. 51.—Trámite interno. La Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales organizará internamente el trámite administrativo de las solicitudes con fines de revisión, a fin de formar el expediente respectivo, y posteriormente proyectar las insistencias ante la Corte Constitucional o la respuesta negativa al peticionario por improcedencia sustancial o adjetiva de la solicitud. De una u otra forma, adoptará un sistema de control de gestión, para que los peticionarios obtengan una pronta y fundamentada respuesta.

PAR.—Después de verificarse la exclusión de los respectivos expedientes por parte de la Sala de Selección de la Corte Constitucional, una vez los expedientes reúnan los requisitos formales y la documentación se encuentre completa, estos serán repartidos para estudio y análisis de viabilidad de la insistencia a los asesores, quienes para el efecto conformarán el Comité Jurídico de la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales.

ART. 52.—Insistencia de oficio. Sin perjuicio de lo contenido en la presente resolución, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales, podrá insistir de oficio, en la revisión de alguna tutela; siempre y cuando se configuren las causales contenidas en el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991.

ART. 53.—Respuesta a insistencia improcedente. Cuando del análisis y la valoración jurídica del caso por parte del comité jurídico se concluya que no se configuran las causales que le permiten al defensor del pueblo insistir ante la Corte Constitucional en la revisión de un fallo de tutela, se dará la respuesta negativa al peticionario, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento para insistir, en la cual se reseñará el caso y se consignará el concepto de improcedencia.

ART. 54.—Información de selección. Una vez recibida la comunicación de la Corte Constitucional acerca de su decisión sobre la revisión de un expediente de tutela insistido por esta entidad, la Defensoría del Pueblo informará al peticionario, sobre el particular. En el mismo escrito, se le hará saber que, en adelante, deberá dirigirse directamente a esa corporación con el fin de informarse sobre el trámite que se surta con posterioridad. En caso contrario, se le informará que esa alta corporación, no acogió para revisión la insistencia elevada en su caso.

PAR.—Cuando el expediente materia de la solicitud de insistencia haya sido seleccionado directamente por la Corte Constitucional, la Dirección Nacional de Recursos y Acciones Judiciales se abstendrá de estudiar de fondo la petición y avisará por escrito al peticionario de dicha situación. En el mismo escrito, se le hará saber que, en adelante, el peticionario deberá dirigirse directamente a esa corporación con el fin de informarse sobre el trámite que se surta con posterioridad.

ART. 55.—Agotamiento de la competencia. La competencia de la Defensoría del Pueblo se agota con la respuesta dada al peticionario, en la que se le informa de la actuación surtida por esta Institución, bien sea de insistencia ante la Corte Constitucional o de improcedencia de la solicitud.

Contra la negativa a la solicitud de insistencia en revisión no procede recurso alguno.

La persistencia en la solicitud de insistencia, a pesar de la respuesta negativa de la Defensoría del Pueblo por improcedencia, no exigirá nueva contestación, pues el derecho de petición deberá entenderse satisfecho con la respuesta inicial. De esta situación se dejará expresa constancia en el expediente.

ART. 56.—Seguimiento. Los expedientes de insistencia que se adelanten por la entidad ante la Corte Constitucional, serán objeto de seguimiento, hasta tanto se produzca decisión sobre la escogencia o no de la insistencia presentada y, si es acogida, dicho seguimiento se prolongará hasta que exista fallo definitivo.

El asesor responsable del expediente insistido y acogido, estudiará el fallo y presentará un informe al Director Nacional de Recursos y Acciones Judiciales dentro de los cinco días siguientes al conocimiento del fallo.

CAPÍTULO VI

Acción de cumplimiento

ART. 57.—Definición. La acción de cumplimiento es un mecanismo judicial constitucional de protección de derechos, consistente en la facultad que tiene toda persona de acudir ante el juez administrativo para solicitarle que ordene a la autoridad pública o al particular en ejercicio de funciones públicas, renuentes, el cumplimiento de un deber contenido en una norma con fuerza material de ley o en un acto administrativo cuya ejecución le corresponde.

Su objeto es la protección del orden jurídico existente y hacer efectiva la ejecución de las leyes y de los actos administrativos.

ART. 58.—Oportunidad. Por regla general, la acción de cumplimiento podrá ejercitarse en cualquier tiempo, por una sola vez. Sin embargo, si se trata de normas o actos administrativos de ejecución diferida en el tiempo, podrá intentarse en distintas oportunidades, siempre y cuando se trate de acciones u omisiones diferentes.

ART. 59.—Anexos de la petición ciudadana. La solicitud de instauración de una acción de cumplimiento deberá acompañarse de la copia del escrito de constitución en renuencia, así como su respuesta si ya se hubieren realizado. Si la solicitud de instauración de una acción de cumplimiento pretende demandar el cumplimiento de un acto administrativo deberá acompañarse la copia de la norma incumplida.

ART. 60.—Requisitos de procedibilidad. Son requisitos de procedibilidad de la acción de cumplimiento:

1. La existencia de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes, que estén siendo incumplidos.

2. La acción u omisión de una autoridad pública o de particulares en ejercicio de funciones públicas, que implique la inejecución o la inminente inejecución de una ley, un decreto o un acto administrativo.

3. La constitución en renuencia de la autoridad pública o de los particulares en ejercicio de funciones públicas que no han aplicado la norma concernida.

PAR.—En todo caso, para el análisis de procedibilidad de una acción de cumplimiento deberán observarse los requisitos sustanciales y adjetivos consagrados en el artículo 87 de la Constitución Política, en la Ley 393 de 1997 y en las normas que se llegaren a proferir. Igualmente, el estudio tendrá en cuenta los pronunciamientos respecto de este mecanismo, realizados por la Corte Constitucional y la jurisprudencia contenciosa administrativa.

ART. 61.—Criterios especiales para el litigio defensorial. Sin perjuicio de que se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I de la presente resolución, el litigio defensorial en materia de acción de cumplimiento procederá también:

1. Cuando el cumplimiento del deber omitido beneficie a un amplio sector de la población.

2. Cuando se trate de velar por el cumplimiento de normas, resoluciones o actos administrativos que versen sobre derechos humanos, y cuyos efectos sean de carácter general.

3. Para la defensa del orden jurídico existente.

ART. 62.—Causales de improcedencia. La acción de cumplimiento no procederá:

1. Cuando se pretenda defender derechos que se puedan garantizar mediante la acción de tutela.

2. Cuando exista otro mecanismo de defensa judicial para hacer efectivo el cumplimiento del acto administrativo, salvo que con el incumplimiento se ocasione un perjuicio grave e inminente al accionante.

3. Cuando se trate de exigir el cumplimiento de normas que establezcan gastos.

4. Cuando se persiga la indemnización de perjuicios producidos por el incumplimiento de una norma con fuerza material de ley o acto administrativo.

5. Cuando se presente carencia de objeto, esto es, cuando se ha dado cumplimiento a la norma demandada.

6. Cuando se haya incoado la misma acción ante varios jueces unipersonales o colegiados.

7. Las demás que señale la ley y la jurisprudencia.

ART. 63.—Impugnación. Se procederá a impugnar institucionalmente los fallos de acción de cumplimiento, cuando se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I y los especiales consagrados en el artículo 61 de la presente resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya violado el debido proceso en el trámite de la acción de cumplimiento.

2. Cuando el fallo ha sido total o parcialmente adverso a los intereses de quien se pretende representar.

3. Cuando el fallo es favorable, y la intervención defensorial se considera necesaria:

a) Cuando las medidas ordenadas no satisfacen las pretensiones iniciales de la demanda;

b) Cuando las medidas adoptadas no son suficientes o adecuadas para el cumplimiento pleno de la norma o acto administrativo demandado;

c) Cuando las medidas adoptadas son desproporcionadas en relación con la causa que genera el incumplimiento.

ART. 64.—Coadyuvancia. Se procederá a coadyuvar institucionalmente a favor de demandante o demandado, tanto en primera como en segunda instancia, cuando se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I y los especiales consagrados en el artículo 61 de la presente resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya violado el debido proceso en el trámite de la acción de cumplimiento.

2. Cuando el fallo ha sido total o parcialmente adverso a los intereses de quien se pretende representar.

3. Cuando el fallo es favorable, y la intervención defensorial se considera necesaria:

a) Cuando las medidas ordenadas no satisfacen las pretensiones iniciales de la demanda;

b) Cuando las medidas adoptadas no son suficientes o adecuadas para el cumplimiento pleno de la norma o acto administrativo demandado;

c) Cuando las medidas adoptadas son desproporcionadas en relación con la causa que genera el incumplimiento.

ART. 65.—Incidente de desacato. Se procederá a instaurar institucionalmente el incidente de desacato cuando el fallo no haya sido cumplido totalmente, o lo haya sido solo en forma parcial, por la autoridad o el particular obligado, dentro de los términos fijados por el juez, siempre y cuando se cumplan, en lo pertinente, los criterios generales señalados en el Capítulo I y los especiales consagrados en el artículo 61 de la presente resolución.

En aquellos eventos en los cuales la Defensoría del Pueblo decida no intervenir en el trámite del incidente de desacato, procederá de conformidad con la función de orientación propia de esta entidad para que el interesado promueva directamente el incidente.

Antes de solicitar la declaración de desacato, o de orientar al peticionario para que lo promueva, la Defensoría del Pueblo instará al juez de primera instancia, en quien recae la facultad de garantizar el cumplimiento del fallo, para que adopte las medidas previstas en el artículo 25 de la Ley 393 de 1997, a fin de obtener sin demora dicho cumplimiento. Simultáneamente, la acción defensorial se encaminará a obtener el cumplimiento del fallo, mediante gestión directa ante la autoridad o el particular responsable.

CAPÍTULO VII

Acciones populares y de grupo

ART. 66.—Definición de acción popular. La acción popular es el mecanismo constitucional idóneo para la protección de los derechos e intereses colectivos. La acción se ejerce para evitar el daño contingente; hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio de los derechos e intereses colectivos, y lograr la restitución de su uso y goce.

ART. 67.—Oportunidad. Las acciones populares proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares, que violen o amenacen violar los derechos e intereses colectivos. Pueden ser entabladas por cualquier persona y ejercitarse en cualquier tiempo, siempre y cuando subsista la amenaza o la vulneración del derecho o interés colectivo.

ART. 68.—Requisitos de procedibilidad. Las acciones populares deben reunir los siguientes requisitos de procedibilidad:

1. La existencia de un interés o derecho colectivo que se encuentre amenazado o vulnerado.

2. La acción u omisión de una autoridad pública o de particulares que amenaza o viola el interés o derecho colectivo.

3. La acción debe promoverse durante el tiempo en que subsista la amenaza o la vulneración del derecho o interés colectivo.

PAR.—En todo caso, para el análisis de procedibilidad de la acción popular deberán observarse los requisitos sustanciales y adjetivos consagrados en el artículo 88 de la Constitución Política, en la Ley Estatutaria 472 de 1998 y en las normas que se llegaren a proferir. Igualmente, el estudio de procedibilidad debe fundamentarse en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y en la jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria.

ART. 69.—Causales de improcedencia. Las acciones populares no procederán:

1. Cuando se trate de defender derechos e intereses que no sean de rango colectivo.

2. Cuando se evidencie que la violación del derecho originó un daño consumado, a menos que sea posible restituir las cosas a su estado anterior, o cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho.

3. Cuando se presente carencia de objeto, esto es, que se haya restablecido el derecho o interés colectivo.

4. Cuando exista acción temeraria, es decir, cuando se haya presentado otra acción popular, por los mismos hechos y por la misma persona, o cuando carece en absoluto de justificación y sea entablada de mala fe.

5. Las demás que señalen la ley y la jurisprudencia.

ART. 70.—Criterios especiales para el litigio defensorial. Sin perjuicio de que se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I de la presente resolución, el litigio defensorial en materia de acción popular procederá también:

1. Cuando se advierta que con los efectos de un fallo judicial se puede lograr la protección de derechos e intereses colectivos de un amplio sector de la población colombiana.

2. Cuando con la intervención de la Defensoría del Pueblo se brinde un aporte importante para la definición de la jurisprudencia nacional en materia de acciones populares.

ART. 71.—Participación de las defensorías regionales y seccionales en audiencias de pacto de cumplimiento. Las defensorías regionales y seccionales asistirán en forma obligatoria a las audiencias de pacto de cumplimiento previstas en el trámite de la acción popular, cuando esta última haya sido entablada o coadyuvada por la Defensoría del Pueblo o por entidad pública, o cuando haya sido financiada por el fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.

En los demás eventos, la asistencia de la Defensoría del Pueblo es facultativa, para lo cual se tendrá en cuenta la calidad de los demandantes, la posición dominante del demandado, el vacío de defensa técnica y la evidente vulneración del derecho o interés colectivo. También podrá asistir, cuando se requiera la presencia de la Defensoría del Pueblo para servir de mediadora o facilitadora de un acuerdo, por existir condiciones reales e insalvables de desigualdad de alguna de las partes, cualquiera sea su condición.

Cuando las defensorías regionales y/o seccionales asistan a la mencionada diligencia, deberán intervenir poniendo de presente la posición de la Defensoría del Pueblo en defensa de los derechos e intereses colectivos, así como los motivos que determinaron la intervención, los cuales se constatarán en el acta que se levante de la diligencia, de la cual se tomará copia para archivo de la Defensoría del Pueblo.

PAR. 1º—Para los efectos del artículo 27 de la Ley 472 de 1998, en ningún caso, la Defensoría del Pueblo ostenta la condición de agente del Ministerio Público, calidad que solo le corresponde a los procuradores judiciales en virtud de lo previsto en el artículo 41 del Decreto 262 de 2000.

PAR. 2º—En aquellos eventos en los que intervenga la Defensoría del Pueblo de manera facultativa o la acción haya sido presentada o coadyuvada por entidad pública y haya fracasado total o parcialmente el pacto de cumplimiento, se evaluará, de conformidad con los criterios generales y especiales, la pertinencia de continuar con la gestión defensorial.

ART. 72.—Impugnación. Se procederá a impugnar institucionalmente los fallos en materia de acción popular, cuando se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I y los especiales consagrados en el artículo 70 de la presente resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya violado el debido proceso en el trámite de la acción popular.

2. Cuando el fallo ha sido total o parcialmente adverso a los intereses de quien se pretende representar.

3. Cuando el fallo es favorable, y la intervención defensorial se considera necesaria:

a) Cuando las medidas ordenadas no satisfacen las pretensiones iniciales de la demanda;

b) Cuando las medidas adoptadas no son suficientes o adecuadas para el restablecimiento pleno de los derechos vulnerados o amenazados;

c) Cuando las medidas son desproporcionadas en relación con la causa que genera la violación.

ART. 73.—Coadyuvancia. Se procederá a coadyuvar institucionalmente a favor del demandante o del demandado, en primera instancia, cuando se cumplan los criterios generales previstos en el Capítulo I y los especiales señalados en el artículo 70 de esta resolución y cuando se haya violado el debido proceso en el trámite de la acción popular.

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 472 de 1998, la coadyuvancia en acciones populares se puede ejercer antes de que se profiera fallo de primera instancia y opera hacia el futuro.

ART. 74.—Incidente de desacato. Se procederá a instaurar institucionalmente el incidente de desacato cuando el fallo no haya sido cumplido totalmente, o lo haya sido sólo en forma parcial, por la autoridad o el particular obligado, dentro de los términos fijados por el juez, especialmente, cuando el fallo ordena el pago de incentivos a favor del fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos y la entidad o particular obligado no ha procedido a su cancelación.

Antes de solicitar la declaración de desacato, la Defensoría del Pueblo instará al juez que decidió en primera instancia la acción popular, en quien recae la vigilancia sobre el cumplimiento del fallo, para que adopte las medidas previstas en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, con el objeto de obtener sin demora su cumplimiento. La defensoría podrá solicitar la conformación del comité de verificación. Simultáneamente, la gestión defensorial se encaminará a obtener el cumplimiento del fallo, mediante gestión directa ante la autoridad o el particular responsable.

En aquellos eventos en que, la Defensoría del Pueblo decida fundadamente no intervenir en el trámite del incidente de desacato, procederá de conformidad con la función de orientación propia de esta entidad para que el interesado promueva directamente el incidente.

ART. 75.—Facilidad para promover la acción popular. En los eventos de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir, la Defensoría del Pueblo, a través de sus regionales y seccionales, colaborará en la elaboración de la demanda o petición, para que el peticionario la presente y lo orientará sobre el trámite y los alcances del fallo en la acción popular.

ART. 76.—Definición de acción de grupo. Las acciones de grupo son mecanismos procesales que permiten a un número plural de personas acudir a las autoridades judiciales para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios. El grupo de personas debe reunir condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para cada una de ellas.

La acción de grupo se origina en los daños causados a un número plural de personas que deciden acudir ante la justicia en acción única, para obtener la respectiva reparación.

ART. 77.—Oportunidad. Las acciones de grupo pueden ejercitarse dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha en que se originó el daño o cesó la acción vulneratoria causante del mismo.

ART. 78.—Requisitos de procedibilidad. Son requisitos de procedibilidad de la acción de grupo los siguientes:

1. Que se instaure por un grupo plural o conjunto de personas no inferior a veinte.

2. Que el grupo de personas reúna condiciones uniformes respecto de una misma causa que les haya originado perjuicios individuales.

3. Que exista nexo causal entre la conducta que originó el hecho dañoso y el daño directamente sufrido por las personas.

4. Que se persiga únicamente el reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios.

PAR.—En todo caso, para el análisis de procedibilidad de la acción de grupo deberán observarse los requisitos sustanciales y adjetivos consagrados en el artículo 88 de la Constitución Política, en la Ley Estatutaria 472 de 1998 y en las normas que se llegaren a proferir. Igualmente, el estudio de procedibilidad debe fundamentarse en los pronunciamientos de la Corte Constitucional y en la jurisprudencia de la jurisdicción ordinaria.

ART. 79.—Causales de improcedencia. La acción de grupo no procede cuando:

1. El daño individual que se pretende reparar, no provenga de la misma causa que originó daños colectivos.

2. No exista nexo causal entre la acción u omisión que originó el perjuicio o el hecho dañoso y el daño directamente sufrido por los actores.

3. No se persiga una indemnización.

4. Cuando la acción haya caducado.

ART. 80.—Criterios especiales para el litigio defensorial. Sin perjuicio de que se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I de la presente resolución, el litigio defensorial en materia de acción de grupo procederá también:

1. Cuando el daño por el cual se reclaman los perjuicios esté directamente asociado con la vulneración de derechos fundamentales.

2. Cuando el daño por el cual se reclaman los perjuicios esté directamente asociado con la vulneración de derechos colectivos.

3. Cuando el daño por el cual se reclaman los perjuicios sea invocado por víctimas del conflicto armado.

4. Cuando con la intervención de la Defensoría del Pueblo se brinde un aporte importante para la definición de la jurisprudencia nacional en materia de acciones de grupo.

ART. 81.—Criterios especiales para la participación en audiencias de conciliación. Las defensorías regionales y seccionales, asistirán a las audiencias de conciliación en el trámite de la acción de grupo solamente cuando:

1. La acción de grupo haya sido entablada, coadyuvada o impugnada directamente por la Defensoría del Pueblo.

2. A solicitud de parte se requiera la asistencia de la Defensoría del Pueblo para servir de mediadora o facilitadora de un acuerdo, por existir condiciones reales e insalvables de desigualdad de alguna de las partes, cualquiera sea su condición.

3. Cuando la acción haya sido financiada por el fondo para la defensa de los derechos e intereses colectivos.

ART. 82.—Impugnación. Se procederá a impugnar institucionalmente los fallos en materia de acción de grupo, cuando se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I y los especiales consagrados en el artículo 80 de la presente resolución, en los siguientes casos:

1. Cuando se haya violado el debido proceso en el trámite de la acción de grupo.

2. Cuando el fallo ha sido total o parcialmente adverso a las pretensiones de los demandantes.

3. Cuando el fallo es favorable, y la intervención defensorial se considera necesaria:

a) Cuando la indemnización ordenada no satisface las pretensiones iniciales de la demanda;

b) Cuando el fallo no contempla a todo el grupo demandante.

ART. 83.—Trámite interno de las acciones populares y de grupo comunicadas a la entidad. Para el trámite interno de las acciones populares y de grupo se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:

La notificación del auto admisorio de la demanda debe hacerse al defensor regional o seccional, o al funcionario delegado por estos para tales efectos, o en ausencia de cualquiera de los dos, se realizará conforme a lo establecido en el artículo 150 del Código Contencioso Administrativo, en lo atinente a la notificación de las entidades públicas.

Para la recepción de las copias de las demandas en las acciones populares y de grupo, el defensor regional o seccional debe asignar un servidor que se encargue de llevar un registro, levantar la ficha y abrir el expediente a cada una de ellas, comunicadas por la autoridad judicial.

Respecto a la intervención o no de la Defensoría del Pueblo, el defensor regional o seccional efectuará una evaluación del caso en particular, de conformidad con los criterios establecidos en la presente resolución, para determinar la viabilidad de su participación directa en el proceso, evento en el cual, contará con la asesoría del respectivo defensor público del área de derecho público o administrativo.

Para los fines anotados, el defensor del pueblo regional o seccional repartirá el caso al defensor público contratado para el área de derecho público o administrativo, quien deberá conceptuar, sobre el particular, dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha en que se recibe la respectiva asignación del caso.

Si a juicio del defensor público es viable la intervención de la defensoría y, su concepto es acogido por el defensor regional o seccional, este último otorgará poder para ejercer el litigio defensorial.

En desarrollo de esta actividad, el defensor público presentará las diferentes demandas, recursos o solicitudes que sean conducentes interponer.

ART. 84.—Actuación del defensor público como apoderado de los usuarios. Cuando el defensor público contratado para el área de derecho público o administrativo reciba, por reparto efectuado en la defensoría regional o seccional, solicitud de interposición de una acción popular o de grupo proveniente de un usuario o para intervenir en la misma a nombre de dicho usuario, aquel efectuará una evaluación del caso en particular, de conformidad con los criterios establecidos en la presente resolución y conceptuará por escrito dentro del término de cinco (5) días, contados a partir de la fecha en que se efectúe la asignación del caso.

Si a juicio del defensor público es viable la intervención de la defensoría del pueblo y, su concepto es acogido por el defensor regional o seccional, se otorgará el respectivo poder para actuar, por parte del usuario. En todo caso primará el concepto del defensor regional o seccional.

Los contratos de prestación de servicios profesionales que suscriban los defensores públicos adscritos al área de derecho público o administrativo, se sujetarán a los criterios y procedimientos establecidos en la presente resolución.

CAPÍTULO VIII

Acción de nulidad

ART. 85.—Definición. La acción de nulidad es el mecanismo judicial en virtud del cual, toda persona puede solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad por inconstitucionalidad o ilegalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional o de los actos administrativos, cuando ellos hayan sido expedidos con violación de las normas en que deberían fundarse, por funcionarios u organismos incompetentes, en forma irregular, con desconocimiento de los derechos de audiencia y de defensa, mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.

Su finalidad es tutelar el orden jurídico abstracto sobre la base de la vigencia del principio de la jerarquía normativa. Con esta acción, se busca que se declare la nulidad del acto administrativo por considerarlo contrario en todo o en parte a una norma superior, sin que se pretenda el restablecimiento del derecho individual o subjetivo.

ART. 86.—Oportunidad. Por regla general, la acción de nulidad no caduca, esto es, puede ejercitarse en cualquier tiempo, a partir de la expedición del acto o después de su publicación, si necesita de este requisito para entrar a regir.

ART. 87.—Requisitos de procedibilidad. Son requisitos de procedibilidad de la acción de nulidad:

1. La existencia de un acto administrativo definitivo y general, una circular de servicio o actos de certificación y registro que vulneren derechos reconocidos en normas superiores.

2. La vigencia del acto administrativo que se pretenda demandar en acción de nulidad.

3. El acto administrativo debe afectar el ejercicio general de los derechos y libertades de la colectividad, impedir su efectividad o ser incompatible con el orden jurídico y los fines del Estado en materia de derechos humanos.

4. La existencia de un interés legítimo para tutelar el orden jurídico y la legalidad abstracta contenida en los estatutos superiores.

PAR.—En todo caso, para el análisis de procedibilidad de la acción de nulidad deberán observarse los requisitos sustanciales y adjetivos consagrados en el artículo 237 de la Constitución Política, en la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia, en el Código Contencioso Administrativo y en las normas que se llegaren a proferir. Igualmente, el estudio de procedibilidad debe fundamentarse en los pronunciamientos del Consejo de Estado.

ART. 88.—Causales de improcedencia. El litigio defensorial en acciones de nulidad no procederá:

1. Cuando con la expedición del acto no se vulneren derechos humanos de una colectividad.

2. Cuando se trate de actos preparatorios, de trámite o de ejecución, salvo que la ley consagre expresamente lo contrario y cuando dichos actos vulneren derechos humanos de una colectividad.

3. Cuando el acto sólo vulnere los derechos de un individuo.

4. Cuando se pretenda restablecer derechos meramente patrimoniales.

5. Cuando haya carencia de objeto, es decir, cuando la causa que genera la violación o amenaza del derecho haya cesado, o cuando se han tomado las medidas pertinentes para su protección.

ART. 89.—Criterios especiales para el litigio defensorial. Se procederá al litigio defensorial en materia de acción de nulidad, cuando se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I de la presente resolución e igualmente, cuando el acto administrativo se encuentre incurso en alguna de las siguientes causales:

1. Contradicción manifiesta con el texto de la ley. Se procederá al litigio defensorial, cuando el acto administrativo contraría de manera directa y palmaria, los preceptos superiores que ha debido respetar y con ello vulneran derechos humanos de una colectividad.

2. Desconocimiento por parte de la autoridad administrativa de su propia competencia. En este caso, procederá el litigio defensorial cuando la administración viola la ley por omisión, al no actuar como le correspondía frente a una situación dada, según sus atribuciones legales, y si con su proceder ha vulnerado el derecho de la colectividad al debido proceso.

3. Interpretación errónea de la ley por parte del funcionario que dictó el acto. Procede el litigio defensorial cuando la autoridad que dicta el acto administrativo da un alcance o sentido a la ley que no corresponde y con ello vulnera los derechos humanos de una colectividad.

4. Cuando los actos administrativos hayan sido expedidos en forma irregular o con desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa de una colectividad. Procede el litigio defensorial cuando la autoridad que dicta el acto administrativo al incurrir en el presente vicio, vulnera los derechos humanos de una colectividad.

5. Cuando los actos administrativos hayan sido expedidos con una falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. En este caso procede el litigio defensorial siempre y cuando se vulneren derechos humanos de una colectividad.

ART. 90.—Impugnación y recursos. Se procederá a presentar institucionalmente los recursos ordinarios o extraordinarios, contra los actos proferidos en el trámite de la acción de nulidad, cuando ella haya sido entablada por la Defensoría del Pueblo.

De igual manera, podrán impugnarse las providencias judiciales cuando la Defensoría del Pueblo actúa como tercero y se encuentre debidamente habilitada para intervenir en el proceso.

La Defensoría del Pueblo no podrá instaurar el recurso extraordinario de súplica contra la sentencia que resuelve las demandas de nulidad, ni coadyuvarlas, si no es parte en el proceso o no está debidamente habilitada para intervenir como tercero.

CAPÍTULO IX

Acción de inconstitucionalidad

ART. 91.—Definición. La acción de inconstitucionalidad es un derecho público subjetivo del que es titular toda persona natural que ostente la condición de ciudadano en ejercicio, para acudir ante la Corte Constitucional, a fin de que por medio de una sentencia, previo el cumplimiento de los trámites señalados en la ley, se retiren del ordenamiento jurídico los actos reformatorios de la Constitución y las normas de rango legal que son incompatibles con la Constitución Política.

Son objeto de demanda de inconstitucionalidad por parte de la Defensoría del Pueblo, las siguientes normas e instrumentos, siempre y cuando la incompatibilidad con la Constitución Política vulnere derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia o el Derecho Internacional Humanitario:

1. Los actos reformatorios de la Constitución Política.

2. Las convocatorias a un referendo o a una asamblea constituyente para reformar la Constitución.

3. Los referendos sobre leyes y las consultas populares y plebiscitos del orden nacional.

4. Los tratados internacionales y las leyes que los aprueban.

5. Las siguientes leyes: leyes orgánicas o normativas; leyes estatutarias; leyes de autorizaciones; leyes de facultades extraordinarias o de habilitación legislativa; leyes con efectos particulares; leyes marco o generales y leyes ordinarias.

6. Los decretos-leyes o decretos con fuerza de ley, es decir, los dictados con base en leyes de habilitación legislativa.

7. El decreto con fuerza de ley contentivo del plan nacional de inversiones puesto en vigencia por el Gobierno, cuando el Congreso no lo aprueba en un término de tres (3) meses después de presentado por aquel (C.P., art. 341).

8. Los decretos legislativos que dicte el Gobierno Nacional con fundamento en los estados de excepción - estado de guerra exterior, estado de conmoción interior y estado de emergencia social, económica y ecológica.

ART. 92.—Oportunidad. Las acciones de inconstitucionalidad encaminadas a controvertir el contenido material de las normas con rango de ley no caducan. Es decir, pueden ser presentadas en cualquier tiempo, en relación con normas vigentes expedidas con anterioridad o posterioridad a la Constitución de 1991.

Las acciones de inconstitucionalidad encaminadas a controvertir el procedimiento de creación de las normas por vicios de forma, caducan en el término de un (1) año, contado a partir de la publicación del respectivo acto (C.P., ord. 2º, art. 242).

ART. 93.—Requisitos de procedibilidad. Son requisitos de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad:

1. La vigencia de las normas e instrumentos jurídicos que se pretende demandar.

2. Que la norma o instrumento que se pretende demandar sea incompatible con la Carta Política y se vulneren derechos humanos.

3. La existencia de un interés legítimo de mantener la integridad y primacía de la Constitución.

PAR.—En todo caso, para el análisis de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad deberán observarse los requisitos sustanciales y adjetivos consagrados en los artículos 241, 242 y 243 de la Constitución Política, en la Ley 270 de 1996 – Estatutaria de la Administración de Justicia, en el Decreto 2067 de 1991 y en el Acuerdo 05 de 1992 – Reglamento de la Corte Constitucional y en las normas que se llegaren a proferir. Igualmente, el estudio de procedibilidad debe fundamentarse en los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

ART. 94.—Causales de improcedencia. El litigio defensorial en acciones de inconstitucionalidad no procederá:

1. Cuando la norma o instrumento ha perdido vigencia o haya sido sometido a control constitucional integral por parte de la Corte Constitucional.

2. Cuando la norma o instrumento no vulnere derechos humanos.

3. Cuando se pretenda restablecer derechos meramente patrimoniales.

4. Cuando haya carencia de objeto, es decir, cuando la causa que genera la violación o amenaza del derecho haya cesado, o se hayan tomado las medidas pertinentes para su protección.

ART. 95.—Criterios especiales para el litigio defensorial. La Defensoría del Pueblo intervendrá en los procesos de inconstitucionalidad cuando se cumplan los criterios generales señalados en el Capítulo I de la presente resolución e igualmente cuando la acción esté encaminada a propender por la integridad y supremacía de la Constitución en materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

ART. 96.—Derogatoria y vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las normas que le sean contrarias.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 6 de junio de 2008.