El principio de esencia sobre forma y sus limitaciones en el ordenamiento jurídico colombiano: ¿tendencia a las normas internacionales de información financiera?(1)

Revista Nº 33 Ene.-Feb. 2008

Alfredo Enrique Calderón Gutiérrez 

(Colombia) 

Contador Público y especialista en tributación 

Docente universitario 

Estudiante de maestría en tributación 

1. Introducción

Uno de los grandes retos que enfrenta el ejercicio de la contaduría pública hoy día consiste en satisfacer las necesidades de información que surgen en el cada vez más evolucionado mundo de los negocios. Es así como se observa que, a la par de fenómenos como la apertura de los mercados internacionales, los convenios de cooperación económica, los tratados para evitar el fraude fiscal y la doble tributación, entre otros, encontramos usuarios de la información cada vez más especializados que exigen un alto grado de confianza y utilidad en la información que se les suministra.

No puede olvidarse que las raíces y la esencia del ejercicio contable es básicamente comercial y que su gran reto consiste en suministrar información financiera. Es preciso destacar cómo el marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera NIC-NIIF señala que el objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación, desempeño y cambios en la posición financiera para que sea útil a los distintos usuarios en la toma de decisiones económicas (IASCF 2004: 59).

En principio, Colombia, en su regulación interna, acoge los objetivos de la información contable y la importancia de los estados financieros como medio principal para suministrar esta información a quienes no tienen acceso a los registros del ente económico(2). Por tal razón, es interesante revisar cómo en Colombia se centra la atención en el control del sistema tributario, sacrificándose las condiciones económicas reales —importantes para la toma de decisiones— de la información.

Bajo este contexto, deben examinarse las restricciones jurídicas que dificultan el proceso de adopción e implementación de las NIC-NIIF en Colombia, teniendo en cuenta el enfoque legalista que caracteriza la regulación contable en el país, el cual se ha respaldado y fortalecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional(3).

En primer lugar, es oportuno considerar cómo se encuentra previsto el principio de “esencia sobre forma” en la regulación interna del país y cómo se subordina a “normas superiores” que pueden sacrificar su aplicación, atentando contra la fiabilidad de la información contable para la toma de decisiones económicas. En este sentido, se considerarán algunas situaciones específicas que evidencian el escenario planteado y sus efectos sobre la realidad financiera de las empresas.

Posteriormente, se examinará el precedente constitucional del país en materia de regulación contable, en lo concerniente a las potestades legislativas y reglamentarias, y a la legitimidad de adoptar disposiciones emitidas por entidades internacionales.

El entorno planteado tomará especial relevancia en el proceso de adoptar e implementar las NIC-NIIF en Colombia, dado que los principales opositores han enfocado sus críticas, señalando que estas normas fueron diseñadas para las empresas que cotizan en mercados públicos de valores, lo cual no responde a las necesidades de la realidad económica y política del país; sin embargo, actualmente IASB trabaja en un proyecto de normas internacionales aplicables a las pequeñas y medianas empresas de tal suerte que, cuando se materialice el documento final de las mismas, quedarán infundados los mencionados argumentos y, por tanto, tendrá que pensarse en la manera de incorporar tales normas internacionales al ordenamiento jurídico colombiano.

2. Principio de esencia sobre forma

El marco conceptual de las NIC-NIIF señala, entre otras características cualitativas, que la información suministrada en los estados financieros debe ser fiable para que cumpla con su finalidad de ser útil en la toma de decisiones económicas. Es decir, la información contable debe encontrarse libre de error material y de sesgo o perjuicio, de tal manera que los usuarios puedan confiar en que es la imagen fiel de lo que se pretende representar o, por lo menos, de lo que razonablemente se espera (IASCF 2004: 63).

Al respecto, la regulación interna colombiana prevé que para alcanzar adecuadamente sus objetivos, la información contable debe ser comprensible y útil, lo cual se logra cuando la misma es, además de clara y fácil de entender, pertinente y confiable. En este mismo sentido, señala que la confiabilidad en la información se alcanza en la medida que esta sea neutral, verificable y represente fielmente los hechos económicos(4).

Se observa, entonces, cómo las disposiciones legales colombianas reconocen la importancia de revelar fielmente los hechos económicos, al punto de precisar que estos deben responder a su esencia o realidad económica y no únicamente a su forma legal(5).

Por su parte, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública(6) ha definido el principio de esencia sobre forma como el conjunto de características fundamentales, necesarias y permanentes que determinan la naturaleza de los hechos económicos, bajo el entendido de que la esencia responde a lo que la cosa es, o el qué de una cosa, vale decir, el quid, núcleo o aspecto sustancial de la cosa, lo que es permanente y necesario, en oposición a su forma exterior(7).

Se observa que las normas colombianas coinciden con lo plasmado en el marco conceptual de la NIC-NIIF, sin embargo el problema radica cuando las disposiciones legales establecen la existencia de “normas superiores” que permiten no reconocer los hechos económicos conforme a su esencia, sino dejar que prevalezcan los formalismos de ley que pueden desfigurar la información financiera del ente económico.

Expresamente se da la categoría de “norma superior” a las disposiciones de carácter tributario, de tal suerte que, cuando se presenten incompatibilidades entre estas y las de carácter contable, prevalecerán las primeras, no importando que se vea afectada la estructura financiera de la empresa y los resultados del ejercicio, o por lo menos la información que se suministra al respecto. En tal circunstancia, mediante notas a los estados financieros deben indicarse los efectos ocasionados por no aplicar el principio de esencia sobre forma, y registrarse las discrepancias en cuentas de orden fiscales y/o de control(8).

Siendo la administración tributaria solamente uno de los usuarios de la información contable, con necesidades particulares que deben ser satisfechas por la contabilidad, no se deben sacrificar a los demás usuarios que requieran datos e informes reales para tomar sus decisiones económicas.

Ahora bien, ¿por qué no reconocer e informar los hechos conforme a su realidad o esencia económica y, en notas a los estados financieros, revelar el tratamiento especial que surge a efectos de satisfacer las necesidades de uno de los tantos usuarios de la información?

Quizás en Colombia se ha confundido el papel que juega la contabilidad en la determinación de las cargas tributarias, consagrando una infortunada subordinación que no permite alcanzar los otros objetivos, no menos importantes, como soportar la toma de decisiones de inversión y planificar estrategias de gestión, entre otros.

Cabe destacar que, situaciones como la descrita en el caso colombiano, fueron identificadas como barreras a la convergencia internacional de las normas contables, según lo indica el informe presentado por Peter Wong, ex miembro de la junta de la Federación Internacional de Contadores IFAC, comisionado para estudiar los desafíos y éxitos en la adopción e implementación de las normas internacionales. Él reconoce, en su informe, que los estados financieros preparados conforme a las NIIF tienen la intención primordial de servir a las necesidades de los mercados de capital, las cuales pueden diferir significativamente de las necesidades de las autoridades fiscales (Wong, 2007: 34).

En este orden de ideas, queda claro que, adoptar e implementar las normas internacionales en Colombia, incidiría directamente en la información financiera presentada por las empresas locales, toda vez que tendrían que replantear aquellos registros que atendieron formalismos jurídicos, por lo cual se alejarían de la realidad económica de las transacciones.

2.1. Contabilidad y tributación: ¿subordinación o complemento?

Sin pretender hacer un análisis extenso de la historia o evolución de cada una de estas disciplinas, adquiere importancia resaltar que ambas tienen raíces y orígenes distintos; mientras que la tributación nace de la obligación del hombre de contribuir para vivir en sociedad(9), la contabilidad surge por la necesidad de llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de datos relativos a su vida económica y su patrimonio(10).

En este sentido, debe resaltarse que, desde un principio, el objeto de la contabilidad fue mucho más amplio que el de la tributación, aunque siempre relacionados cuando este último se cuantificaba con fundamentos en los resultados de la actividad comercial de los individuos.

En la medida en que la tributación evolucionó como respuesta a los cambios y desarrollos en las concepciones de Estado, esta se hizo cada vez más dependiente de la información que le puede suministrar la contabilidad para determinar y cuantificar la capacidad de contribución de cada individuo o ente sometido a las cargas fiscales, de tal suerte que hoy día muchas jurisdicciones fiscales han enfocado sus necesidades de control y recaudo tributario como objetivo primordial de la contabilidad.

Restrepo (2003: 155) sostiene que los impuestos más primitivos se basaron en la técnica de la capitación, en virtud de la cual cada persona pagaba una suma uniforme, lo que dio paso al método del impuesto proporcional hasta llegar finalmente a esquemas de tributación progresiva no proporcional.

Estos esquemas de tributación progresiva no proporcional se fortalecieron cuando empezaron a desarrollarse concepciones de los derechos sociales, entendidos como aquellos que pretenden garantizar una forma de vida propiamente humana, en la que cada individuo puede relacionarse con los otros, amparados bajo el principio de solidaridad, respondiendo a su vez por los deberes correlativos de vivir en sociedad, dentro de los cuales se enmarca el contribuir a las cargas fiscales conforme a las capacidades económicas y contributivas de cada persona (Bernal, 2005: 285-327).

Bajo esta perspectiva, la hacienda pública comenzó a verse como instrumento del desarrollo económico de los Estados, interviniendo a través de sus políticas fiscales en la redistribución del ingreso y reorientación de la economía hacia sectores de especial interés, en aras de maximizar el cubrimiento de las necesidades básicas de la población (Restrepo, 2003: 19-46).

Todo esto conlleva a deducir la importancia que se le ha dado a la contabilidad en la cuantificación de los hechos imponibles que manifiestan la capacidad contributiva de cada individuo(11) —ingreso, consumo y riqueza— y el origen de los tratamientos diferenciales entre los mismos, en aras de procurar la justicia social y el desarrollo económico como país.

En Colombia, por ejemplo, el sistema tributario se encuentra enfocado a participar en las políticas públicas, de tal suerte que es común ver normas fiscales encaminadas a incentivar ciertas actividades económicas, subsidiar sectores vulnerables, estimular la generación de empleo, incrementar la inversión extranjera, entre otros. Inclusive, por regla general, las situaciones especiales previstas en las disposiciones tributarias que afectan el adecuado reconocimiento contable de los hechos económicos se fundamentan en razones de políticas macroeconómicas.

El presente escrito no intenta de manera alguna cuestionar los enfoques que en materia de hacienda pública se puedan encaminar al logro de los fines estatales, así como tampoco negar el importante papel que juega la contabilidad para la determinación, cuantificación y control de los tributos nacionales, sino, por el contrario, resaltar que el ejercicio contable se encuentra en capacidad de satisfacer las necesidades de información surgidas del sistema tributario, sin tener que sacrificar a los demás usuarios de la información que tienen finalidades diferentes, pero no menos importantes.

Siendo así, debe concluirse que la contabilidad y la tributación se encuentran estrechamente relacionadas, tanto que la primera constituye un elemento primordial para el desarrollo de la segunda, razón por la cual, en aras de contribuir con la adopción e implementación de las normas internacionales en Colombia, se debería pensar más bien en optimizar el reconocimiento de las diferencias entre las bases tributarias y las contables, de tal manera que se logren los objetivos de ambas ramas.

En este sentido, sería interesante aplicar los presupuestos de la NIC 12 —Impuesto a las ganancias— para conciliar los tratamientos diferenciales previstos en el impuesto sobre la renta y complementarios en Colombia, considerando que actualmente este es la fuente de mayores divergencias entre las normas tributarias y las contables.

2.2. Casos en que se vulnera la fiabilidad de la información contable

Acorde con lo planteado hasta el momento, es pertinente revisar algunas situaciones que evidencian la vulnerabilidad del principio de esencia sobre forma en el ordenamiento jurídico colombiano y las consecuencias que acarrean en la distorsión de la información financiera de las empresas.

En este sentido, se describirá sucintamente el tratamiento contable que las disposiciones tributarias han establecido para los contratos de arrendamiento (leasing) y el impuesto al patrimonio vigente por los años 2007 a 2010(12).

2.2.1. Contrato de arrendamiento

Según la NIC 17, el arrendamiento es un acuerdo por el cual el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo determinado.

Conforme a esta definición, la mencionada norma internacional clasificó los arrendamientos en:

— financieros, cuando se transfieren sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, independientemente de que la propiedad sea o no transferida; y

— operativos, para cualquier otro acuerdo de arrendamiento distinto al financiero.

Al respecto, la norma es clara cuando señala que la clasificación de un arrendamiento entre financiero u operativo dependerá de la esencia económica y naturaleza de la transacción, más que de la mera forma del contrato. Otro tanto aporta la interpretación SIC-27(13), relativa a la evaluación de la esencia en las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento.

Transferir los riesgos del activo podría ser, por ejemplo, la posibilidad de pérdidas por capacidad ociosa u obsolescencia tecnológica, así como las variaciones en el desempeño por cambios en las condiciones económicas. Por otro lado, las ventajas a transferir podrían ser las expectativas de revalorización del activo o de operaciones rentables a lo largo de su vida útil.

En el caso colombiano, se ha dado una particularidad a los contratos de arrendamiento financiero, distinguiéndolos como aquellos en los que se acuerda una opción de compra; es decir, se considera que, la característica indispensable para tal calidad, la determina la obligación de no hacer contraída por el arrendador(14). Adicionalmente, se considera que el arrendamiento financiero o “leasing con opción de compra” puede tener dos (2) tratamientos distintos que aplicarán tanto para efectos tributarios como contables(15).

— El primer tratamiento consiste en que el arrendatario debe registrar como gasto la totalidad del canon de arrendamiento causado sin que deba reconocer activo o pasivo alguno por concepto del bien arrendado. En este caso, el contrato se considerará como arrendamiento o leasing operativo, no obstante cumpla con la opción irrevocable de compra.

— El segundo consiste en que, al inicio del contrato, el arrendatario debe registrar un activo y un pasivo por el valor total del bien objeto del arrendamiento, cuantificando este por una suma igual al valor presente de los cánones y opciones de compra pactados, calculado a la fecha de iniciación del contrato y a la tasa pactada en el mismo.

 

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Además de las peculiaridades descritas, en Colombia es indiferente el hecho de que se transfieran o no las ventajas o riesgos inherentes a la propiedad del activo, toda vez que lo determinante, según la ley, son los parámetros de tiempo de duración del contrato y el monto de los activos totales del arrendatario. Básicamente, los requisitos para reconocer uno u otro tratamiento se resumen así:

 

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(16) 

En la legislación colombiana, el tratamiento del arrendamiento operativo se considera un beneficio, puesto que permite deducir, en la depuración de la renta, la totalidad de los cánones pagados; de lo cual resulta una deducción fiscal más rápida que la obtenida, si se depreciara el activo durante su vida útil. Es por ello que la misma ley quiso limitar este “beneficio” únicamente a los considerados pequeña y mediana empresa.

Es evidente que, en el caso descrito, se ignora plenamente el principio de esencia sobre forma que debe observarse al preparar y suministrar la información financiera de las empresas, máxime cuando ninguno de los criterios señalados en la ley corresponde a un examen de la naturaleza del hecho económico, sino a las formalidades del contrato y la categorización del arrendatario.

No se requiere demasiado esfuerzo para vislumbrar las implicaciones que tiene reconocer o no un activo y un pasivo, y/o sobrestimar un gasto por simple provecho fiscal. Bajo este contexto, se sacrifica la fiabilidad de la información suministrada a los usuarios que tengan intereses en la toma de decisiones económicas.

Ahora bien, las leyes tributarias pueden establecer los beneficios o tratamientos diferenciales que estime conveniente para el desarrollo económico del país, sin embargo, no es favorable entrometerse en la regulación contable, dado que esta disciplina se encuentra en capacidad de satisfacer a todos los usuarios de la información, incluyendo las autoridades tributarias cuando estas lo requieran.

En la situación descrita, si lo que se pretende es otorgar un beneficio para deducir fiscalmente el costo del activo en un menor tiempo que si se depreciara durante su vida útil, sería oportuno acatar en materia contable el principio de esencia sobre forma, aplicando la NIC-12 Impuesto a las ganancias, para revelar los efectos fiscales(17).

2.2.2. Impuesto al patrimonio

Con la Ley 1111 del 2006(18) se creó en Colombia una nueva versión del impuesto al patrimonio que estará vigente durante los años 2007, 2008, 2009 y 2010, recayendo sobre las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta.

En ejercicio de su potestad, el legislador(19) señaló los elementos fundamentales de este tributo, con algunas particularidades que no se van a señalar dado que no es el tema del presente estudio.

Sin entrar a cuestionar la conveniencia o no del impuesto creado, se hace imprescindible transcribir la siguiente disposición de la ley mencionada:

Los contribuyentes podrán imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del patrimonio sin afectar los resultados del ejercicio(20).

Del primer vistazo al texto trascrito, sobresale el término “podrán”, el cual deja la puerta abierta para que, a voluntad de los administradores, se escoja la manera de reconocer contablemente la causación del impuesto al patrimonio, desconociendo para tales efectos su esencia o realidad económica.

Causa curiosidad esta desacertada permisión prevista en la ley colombiana, sobretodo cuando se observa que los objetivos del IASB apuntan precisamente a no permitir elección a la hora de seguir un tratamiento contable; cabe decir, exigir que las transacciones y sucesos de similar naturaleza sean contabilizados e informados de manera similar, inclusive entre entidades distintas (IASCF 2004: 48).

Este objetivo del IASB va en armonía con la fiabilidad que debe caracterizar la información financiera suministrada, bajo el entendido de que esta información no podrá ser útil si carece de neutralidad, es decir, si la manera de captarla o presentarla influye en la toma de una decisión o en la formación de un juicio (IASCF 2004: 64).

En el caso descrito, escoger, si el impuesto al patrimonio causado se reconoce en el estado de resultados o se afecta disminuyendo directamente el patrimonio líquido —además de considerarse una mala práctica contable—, puede resultar peligroso, toda vez que de ella se podrían desprender consecuencias amañadas, tales como:

— Sobrestimar el desempeño del ente económico durante el periodo informado, repercutiendo en las proyecciones financieras a futuro y en la evaluación de gestión de los administradores.

— Disminuir el capital de trabajo de la empresa, reembolsándole a los socios o accionistas parte del patrimonio líquido representado en la revalorización del mismo, eludiendo los requerimientos que exige la legislación comercial para tales prácticas(21).

Por otra parte, no cabe duda alguna que el impuesto al patrimonio aludido obedece a un gasto de la empresa, toda vez que se causa como un decremento en los beneficios eco-nómicos del periodo contable, en forma de salidas de re-cursos o aumento de los pasivos, de tal manera que se disminuye el patrimonio neto, sin estar relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio (IASCF 2004: 64).

Queda claro entonces, que si la disminución del patrimonio neto no obedece a distribuciones realizadas a sus propietarios, este decremento debe revelarse en el resultado del ejercicio, como medida del desempeño en la actividad de la empresa, o como base para otras evaluaciones como el rendimiento de las inversiones o las ganancias por acción.

3. Retos de la convergencia frente al ordenamiento jurídico colombiano

Hasta el momento es claro que la mayor implicación que tendría el proceso de adopción e implementación de la NIC-NIIF en las empresas colombianas sería el cambio de concepción, en cuanto a la invulnerabilidad del principio de esencia sobre forma. En este sentido, los reguladores internos tendrían que concientizarse de que la contabilidad se encuentra en capacidad de satisfacer las necesidades de todos los usuarios de la información, incluyendo las autoridades tributarias.

Se ha mostrado que el principal obstáculo para preservar la realidad económica en la información financiera obedece a disposiciones consagradas en el ordenamiento jurídico, lo cual conlleva a deducir que la problemática descrita tiene su origen en la estructura misma del Estado. Formulado en otras palabras, a la par del esfuerzo académico que se debe encaminar en el proceso de convergencia internacional en procura de la adopción e implementación de las NIC-NIIF en Colombia, se requiere explorar un escenario que permita incorporar tales normas internacionales al ordenamiento jurídico interno.

El informe presentado por Wong (2007: 33-34) diagnostica que la adopción e implementación de las normas internacionales suceden en un entorno perturbado por factores propios de los países, dentro de los cuales identificó la economía, la política, las leyes, las regulaciones y la cultura, entre otros. Así mismo, sostuvo que los regímenes contables nacionales impulsados con el objetivo de cobrar impuestos son una barrera a la convergencia internacional.

En este sentido, Wong (2007: 19-39) invita a los gobiernos a que reconozcan los diferentes papeles jugados por la contabilidad de impuestos y la de información financiera, haciendo especial énfasis en que un sistema de información financiera confiable, apoyado por un gobierno fuerte, normas de alta calidad, y estructuras sólidas reguladoras son la clave del desarrollo económico y la estabilidad financiera de un país(22).

Siguiendo la hipótesis de Wong, el caso colombiano sería una muestra clara de estructuras débiles reguladoras, toda vez que, mientras organismos como IASB se encuentran integrados por expertos cuya única responsabilidad es la de establecer normas contables(23), en Colombia la Corte Constitucional ha señalado:

Es claro que estos aspectos, considerados como principios de contabilidad, al ser extraños a la potestad reglamentaria, no pueden ser sino de naturaleza legal. En este campo, la violación de la Constitución obedece a la violación de la cláusula general de competencia del Congreso en la elaboración de las leyes, es decir, la contenida en el artículo 150 de la Carta(24).

Quiere decir lo anterior, que, en Colombia, el único facultado para regular los principios de contabilidad es el Congreso de la República, cuyos integrantes no tienen ni tendrían por qué tener experiencia contable. En este escenario, es difícil imaginar a este órgano legislativo debatiendo, académica e imparcialmente, el proceso de convergencia internacional para adoptar las NIC-NIIF.

Parece más acertado lo expresado por Cifuentes (1997), cuando salvó su voto en la sentencia anteriormente descrita, sustentando que, en muchas materias, la mejor técnica legislativa puede aconsejar situar la ley dentro de coordenadas más generales, con el objeto de que el reglamento colonice su programa normativo.

Interpretando lo manifestado por Cifuentes (1997), lo acertado sería que, en materia de regulación contable, el Congreso cumpla su potestad de manera general, confiando al reglamento el impulso detallado de las disposiciones. De esta manera, existirían mayores posibilidades de que el Gobierno Nacional promoviera equipos académicos que cumplan con el rigor conceptual y la experticia que una regulación, como la contable, requiere.

Incluso, no sería tan descabellado pensar en delegar la regulación contable a una entidad que se ocupe específicamente de tal función, procurando normas de alta calidad que garanticen los objetivos de la información financiera. Esto no sería novedoso, puesto que es posible identificar experiencias como la de Estados Unidos de América, Argentina, Venezuela, Panamá, entre otros.

(25) 

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Con la Ley 43 de 1990, se creó en Colombia el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, organismo permanente encargado de la orientación técnico-científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país. Desde un principio, la misma ley dispuso que los contadores públicos estaban obligados a cumplir las disposiciones emanadas por este organismo permanente; pero mediante Sentencia C-530 del 10 de mayo del 2000 la Corte Constitucional declaró inexequible esta disposición, al considerar que se le estaba atribuyendo al Consejo Técnico de la Contaduría Pública un poder normativo que es privativo del legislador (Legis, 2007b: 9).

Pensar en un proceso de convergencia internacional para adoptar la NIC-NIIF en Colombia, conlleva no solo abarcar los temas académicos que surgen, sino enfrentarse ineludiblemente a un escenario jurídico complicado para penetrar la regulación interna.

Si bien las leyes y las regulaciones nacionales fueron identificadas como foco de trabajo en el proceso de convergencia internacional (Wong, 2007: 33), Colombia tiene un distintivo mucho más complicado como lo es el precedente constitucional, entendiéndolo por “toda ratio decidendi que haya servido a la Corte Constitucional para fundamentar una decisión suya(26)” (Bernal, 2005: 151).

4. Conclusiones

La adopción e implementación de las NIC-NIIF en Colombia tendría efectos directos en la calidad y utilidad de la información financiera revelada en los estados contables, incidida por un cambio de concepción de una regulación formalista, subordinada por los intereses y necesidades de la legislación tributaria, hacia un esquema donde prima la realidad o esencia económica de los hechos, buscando satisfacer las necesidades de todos y cada uno de los usuarios de la información.

Es preciso tomar conciencia de que la contabilidad es capaz de satisfacer las necesidades del fisco colombiano, sin tener que sacrificar los intereses de los otros usuarios de la información, no menos importantes. Para ello, sería conveniente perfilar esfuerzos en la aplicación de normas que permitan conciliar los formalismos previstos en las disposiciones tributarias y la realidad sustancial en que surgen los hechos económicos.

Sumado a los esfuerzos académicos que implica un proceso de convergencia internacional, Colombia requiere que su estructura jurídica evolucione en lo que a materia contable se refiere, procurando, ante todo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera del país, con normas de alta calidad emitidas por reguladores internos sólidos caracterizados por su experiencia y objetividad.

Bibliografía

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(1) Ponencia participante en la XXVII Conferencia Interamericana de Contabilidad, celebrada en octubre del 2007, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia).

(2) Decreto Reglamentario 2649 de 1993, artículos 3º y 19.

(3) Tribunal especializado para la interpretación y concreción de la Constitución (Bernal, 2005: 149).

(4) Decreto Reglamentario 2649 de 1993, artículo 4º.

(5) Ibíd., art. 11.

(6) Organismo permanente encargado de la orientación técnico-científica de la profesión, y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoria de aceptación general en Colombia.

(7) Consejo Técnico de la Contaduría Pública, oficio 103 del 24 de noviembre del 2006.

(8) Op. cit., arts. 11y 136.

(9) Para Vasco Martínez, el aspecto religioso es, al parecer, el más remoto de los orígenes de los tributos, acompañado del pillaje propio de las incontables guerras que han enfrentado a diferentes pueblos y culturas (Vasco, 2006: 19).

(10) Según Hernández Esteve, el hombre, desde un principio, necesitó saber qué bienes recolectaba, cazaba, elaboraba, consumía y poseía; cuáles almacenaba; cuáles prestaba o enajenaba; cuáles daba en administración, etc. (Hernández, 2002).

(11) Para efectos del presente estudio, entiéndase que el individuo puede actuar como persona natural o a través de cualquier tipo de figura jurídica o ente económico.

(12) Estos no son los únicos casos en que se distorsiona la realidad económica por efecto de normas tributarias, pero, sin lugar a dudas, son una muestra clara de los efectos directos que sobre los estados financieros tendría la adopción e implementación de las NIC-NIIF en Colombia.

(13) Emitida por el Comité de Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera CINIIF, comité del IASB que ayuda en el establecimiento y mejora de las normas sobre contabilidad e información financiera (IASCF 2004: 1365).

(14) El arrendador se obliga a respetar la primera opción de compra del arrendatario y, por tanto, a no venderle el bien a nadie distinto, a menos que el arrendatario renuncie a su derecho.

(15) Estatuto tributario, artículo 127-1, adicionado por la Ley 223 de 1995, artículo 88.

(16) Este límite se encuentra previsto en la Ley 905 del 2004, artículo 2º. Independientemente al monto que se encuentre vigente, es notorio que se excluye la realidad económica del hecho, para priorizar rasgos formales del arrendatario.

(17) En este caso, estamos frente a una diferencia temporaria que podría ser revelada contablemente conforme su realidad económica.

(18) Publicada en Diario Oficial 46.494 del 27 de diciembre del 2006.

(19) Congreso de la República de Colombia.

(20) Ley 1111 del 27 de diciembre del 2006, artículo 292, parágrafo único.

(21) Al no reconocer los efectos del impuesto al patrimonio en el estado de resultados, las utilidades del ejercicio se sobrestiman, de tal suerte que podrán decretarse y pagarse dividendos o participaciones por mayor valor del que corresponde, llevando implícito una porción del patrimonio líquido de la sociedad.

(22) Según el autor, la alta calidad de las normas de divulgación, auditoría y ética, son la base de la confianza puesta por los inversionistas en la información financiera y no financiera.

(23) El IASB está integrado por catorce individuos, cuya cualificación principal es poseer experiencia técnica y garantizar que no se encuentra influenciado por ninguna orientación o interés regional (IASCF, 2004: 21).

(24) Fragmento de la Sentencia C-290 del 16 de junio de 1997, que declaró inexequible parcialmente el artículo 44 de la Ley 222 de 1995, según el cual le correspondía al Gobierno Nacional expedir la reglamentación sobre los principios de contabilidad generalmente aceptados.

(25) Datos extractados de http://ciberconta.unizar.es/docencia/contint/ en consulta del 12 de julio del 2007.

(26) (sic)