“América Latina afrontará un nuevo proceso de reforma pensional”

Revista Nº 145 Ene.-Feb. 2008

Entrevista a Alfredo Conte-Grand elaborada por Javier N. Rojas 

De acuerdo con el ex secretario de seguridad social de Argentina Alfredo Conte-Grand, una de las reflexiones novedosas expuestas por el Banco Mundial en el reciente Foro Mundial de la Seguridad Social, celebrado en septiembre del 2007 en Moscú, fue el reconocimiento de los serios problemas que generó en este sector la implantación de reformas basadas en las leyes de la economía de mercado, que se experimentaron especialmente en los países latinoamericanos y que ahora comienzan a ser replanteadas.

En entrevista con Actualidad Laboral, Conte-Grand advirtió que el esquema actual de los fondos privados de pensiones de América Latina no permitirá la obtención de una pensión digna para las generaciones actuales de trabajadores, mientras no se adelanten correctivos profundos en materia financiera.

Actualidad Laboral: ¿Cuál fue el tema central del Foro Mundial de la Seguridad Social celebrado en Moscú en el 2007?

Alfredo Conte-Grand: Uno de los aspectos más interesantes fue que el representante del Banco Mundial reconoció que las reformas de la década de los noventa habían tenido serios problemas y, en algunos casos, habían sido un fracaso. Eso fue una novedad. La reforma de América Latina siempre interesa, porque solamente en esta región experimentaron con todas estas historias del mercado. En general, en las discusiones quedó claro que viene un proceso de lo que hemos llamado “re-reforma”. O sea, revisar lo que se hizo en los años noventa, porque en todos los países está pasando más o menos lo mismo.

A. L.: ¿Qué ha ocurrido en Argentina?

A. C-G.: Hicimos el diagnóstico y es evidente que la gente que optó por ir al privado, en las cuentas individuales, en los 12 ó 13 años que tiene el sistema, no acumuló los capitales necesarios para tener una pensión como la merecen. Esto es clarísimo, es objetivo, son cifras en matemáticas, no es ideología. Por ejemplo, el grupo de personas de 40 años de edad, durante los 13 años de funcionamiento del régimen de capitalización individual, acumuló, en promedio, 8.000 pesos argentinos y, para tener 100 pesos argentinos de renta a los 65 años de edad, se necesitan 19.000 pesos. En el supuesto de que de los 40 años de edad a los 65 años aporten en forma permanente, o sea durante 25 años más, la pensión no va a ser más que de 200 pesos, a lo que se le puede agregar la básica que paga el Estado, pero es un nivel mínimo imposible de aceptar.

A. L.: ¿A qué se debe esa situación?

A. C-G.: Se debe a que la gente no tiene posibilidad de acumular en su cuenta, porque el mercado de trabajo está muy variable; la gente se queda sin empleo, vuelve a trabajar, en fin, hay una serie de circunstancias difíciles en estos tiempos. Entonces, no se puede condicionar la jubilación a que el individuo logre acumular lo que necesita para la vejez. Hay una lógica que no funciona. En consecuencia, esta tiene que tener detrás la responsabilidad del Estado, que es el único que puede dar garantías a lo largo del tiempo, dado que el problema de las pensiones no es una situación de corto plazo. Lo otro depende de lo que se acumule y también de qué ocurre en el mercado financiero. En Argentina, en la crisis, el 80% de los recursos monetarios acumulados por los fondos de pensiones se invirtió en papeles del Estado, y este entró en default (crisis económica). Eso quiere decir que, si no se tomaba una serie de medidas correctivas, que le tocaron a nuestra gestión, donde el Estado siempre es el que pone la cabeza, los pensionados iban a tener una pérdida total.

A. L.: ¿Cuándo comenzaron a operar los fondos privados en ese país?

A. C-G.: En 1993, se expidió la ley y, en 1994, empezó su vigencia.

A. L.: ¿Cómo están distribuidos los aportantes?

A. C-G.: Una gran cantidad de gente optó por el régimen privado, porque hubo una serie de incentivos muy fuertes para que eso ocurriera. Una vez que uno optaba por este, no podía volver al público. Pero, además, el 80% de quienes ingresan como nuevos al mercado del trabajo no escogen opción, porque no creen en ninguno de los dos regímenes. A ellos los llamamos indecisos e iban todos al régimen privado. Esa fue otra de las reglas para empujar a toda la gente a que fuera al privado. Lo que se hizo hace unos meses fue una reforma, dándoles a las personas la posibilidad de optar por salirse del sistema privado e ir al público, y eso se cerró el 31 de diciembre del 2007. Hay una gran masa que deja el privado para irse al público, porque quería salirse y no podía. Van a quedar, aproximadamente, mitad y mitad, después del 1º de enero del 2008. Tenemos una población afiliada de más de 10 millones de trabajadores y de aportantes de alrededor de siete millones. O sea que no todos los anotados aportan, porque hay un porcentaje en mora y otro corresponde a los que entran y salen. De esos, el 25% estaba en el público y el 75%, en el privado.

A. L.: ¿Qué otros aspectos incluyó esa reciente reforma pensional?

A. C-G.: Por ejemplo, se subió el tope del salario sobre el que se aporta y se le puso un techo a las comisiones que pueden cobrar los fondos privados. Estos se quedaban con el 25% o el 30% del salario de la gente. Se les puso un tope del 1% del salario. El seguro de invalidez y muerte se sacó del sistema de pensiones, por el que cobraban todos los meses a los trabajadores un porcentaje de prima. Eso se separó para hacer un fondo de tipo mutual, es decir, un esquema independiente. Era un sistema donde había unas compañías de seguros que cobraban las primas y que, en definitiva, no eran empresas de verdad, sino de cartón, porque eran filiales de los mismos fondos de pensiones que armaban esas compañías y hacían unas licitaciones que ganaban siempre los amigos. Era una cosa muy irregular.

A. L.: ¿Qué porcentaje del salario de un trabajador argentino se destina a pensiones?

A. C-G.: El 11%, pero había sido rebajado durante la crisis. Ese porcentaje del ingreso del trabajador entró en vigencia plenamente el 1º de enero del 2008. Se había reducido al 7% durante la crisis, y eso también perjudicó la acumulación de ahorro en la cuenta. La ley preveía que el empleador pagara el 16%, pero durante las crisis y con distintas medidas también se ha rebajado, y en este momento la contribución patronal, en promedio, está en el 10,8%. Debería volver al 16%, porque las pensiones con el 10% o el 11%, que es lo que se paga en Chile, y lo que pagan los trabajadores en general, no se financian. Se necesita aportar toda la vida más del 20% de lo que uno gana para tener una buena pensión a esas edades que plantean las legislaciones actuales.

A. L.: ¿Cuál es el pro-medio de vida de la población argentina?

A. C-G.: 76 años, para los hombres, y 78, para las mujeres.

A. L.: ¿Cuál fue la principal lección de la crisis argentina en materia de pensiones?

A. C-G.: La crisis puso al sistema pensional en jaque y hubo que tomar medidas para sostenerlo, pero principalmente al privado. En cuanto al público, el presupuesto del Estado estaba mal y había dificultades, hubo alguna demora en el pago de prestaciones, pero el privado, con lo de las inversiones, se caía a pedazos. Ahí se tomaron varias medidas de emergencia que permitieron que el sistema subsistiera.

A. L.: ¿Qué medidas?

A. C-G.: Por ejemplo, el dinero que estaba invertido en papeles del Estado, que entraron en quiebra, en default, fue reemplazado por otros bonos a muy largo plazo, que si se tomaba la cotización real en bolsa de esos nuevos papeles, representaban un valor del 30% de aquellos. Por ello, el que se fuera a jubilar en ese momento, iba a sufrir una pérdida tremenda. Como medida de emergencia se autorizó registrarlos al valor nominal, el que está escrito en el papel, y no al valor del mercado. Pero es una irregularidad en la que se incurrió para no tener un gran impacto negativo entre los jubilados inmediatos. Como las administradoras de pensiones tienen inversiones a largo plazo, eso no trajo problema, en el sentido de recibir esos papeles, pero significaría problemas si se evaluaban a precios de mercado, porque un papel a 30 años vale mucho menos que uno a corto plazo.

A. L.: ¿La crisis los llevó a pensar en un modelo de jubilación distinto?

A. C-G.: Cuando estaban en las discusiones sobre qué hacer con esos papeles, el Ministro de Economía de Argentina dijo que la reforma de los años noventa había sido un verdadero fracaso. No estoy tan seguro de tan terminante afirmación, pero se puede decir que tuvo serios problemas, porque, por ejemplo, no tuvo en cuenta los cambios que podría tener el mercado del trabajo. Partió de la base de que los trabajadores iban a laborar permanentemente toda la vida, pagando siempre, depositando en su cuenta. Y eso ya no se da más en el mercado del trabajo. Eso fue un error de apreciación. Otra determinación fue volver rígidas las condiciones. O sea, cotizar 30 años de servicio o, de lo contrario, no se tiene pensión. Y hay muchísima gente que tiene 20 ó 15 años de cotización a pensiones.

A. L.: ¿Cómo enfrentaron esa situación?

A. C-G.: Tuvimos que adoptar otra medida, también como parte de la reforma. Permitimos que aquellos que habían alcanzado los años de servicio, pero les faltaba edad, se pudieran jubilar con una pensión menor. Y quienes tenían la edad, pero les faltaban años de servicio, pudieran pagar los años que les faltaban por medio de una moratoria. Con esas medidas de emergencia para salir no solo del impacto de la crisis del momento, sino del impacto de la reforma de los años noventa, que fue tan rígida, se jubilaron 1.200.000 trabajadores, que, por otro lado, hicieron todos sus trámites en forma automática por internet.