El interviniente en el Código Penal colombiano: ¿una nueva categoría jurídica?(*)

Revista Nº 22 Ene.-Mar. 2008

Carlos Eduardo Mejía Escobar 

Ex Magistrado Corte Suprema de Justicia 

(Colombia) 

El Código Penal anterior recogía, dentro del capítulo III del título III destinado al hecho punible, tres disposiciones o artículos bajo el rubro de “La Participación”, así:

— Un primer artículo (art. 23), al amparo de cuyo epígrafe “autores” se recogía a quienes realizaban el hecho punible o determinaban a otro a realizarlo, estableciendo que incurrirían en la pena prevista para la infracción.

— Una segunda disposición (art. 24), cuya nomenclatura era la de “cómplices”, señalaba que quienes contribuyeran a la realización del hecho punible o prestaren una ayuda posterior, cumpliendo promesa anterior al mismo, incurrirían en la pena correspondiente a la infracción, disminuida de una sexta parte a la mitad.

— Un tercer artículo (art. 25) regulaba la comunicabilidad de circunstancias. En razón de este, tanto las circunstancias personales del autor que agravaban la punibilidad como las materiales del hecho se comunicarían al partícipe que las hubiere conocido, pero en cambio las circunstancias personales que disminuían o excluían la punibilidad solo se tendrían en cuenta respecto del copartícipe en quien concurrieren, o del que hubiere actuado determinado por esas mismas circunstancias.

Como se puede ver, el código, entonces vigente, incorporaba como autores tanto a quienes han sido tradicionalmente reconocidos así por la doctrina como al determinador y no diferenciaba allí las distintas formas de autoría —directa y mediata—, ni la coautoría, ni las formas de determinación y su correspondencia con las clasificaciones doctrinarias —autoría mediata en unos casos, en los que el instrumento actúa inculpablemente; directa en otros, como cuando el determinador conserva el dominio del hecho y el instrumento no realiza conducta antijurídica, e instigación en los demás—.

Sin embargo, frente a las carencias de regulación explícita que se han anotado, la jurisprudencia utilizó las distintas categorías dogmáticas recogidas por la doctrina para aplicar la ley penal y fue así como en términos generales, al amparo del texto de las disposiciones mencionadas, se resolvieron los distintos problemas que suscitaba la participación de varias personas en el hecho punible, esto es, la concurrencia de personas en el mismo.

En el año 2000, una vez fue expedido el nuevo Código Penal, la normatividad varió en muchos aspectos, dentro de los cuales se destacarán aquellos que tienen que ver o pueden incidir en la problemática a tratar:

En primer lugar desapareció la división en capítulos que desarrollaba el título III del código, de manera que en un capítulo único fueron regulados los temas que en la legislación anterior estaban relacionados con la clasificación, tiempo y forma del hecho punible, la tentativa, la participación de las personas en el hecho, el concurso de hechos punibles, las causales de justificación del hecho, la inimputabilidad y la culpabilidad.

En segundo lugar, el tema del concurso, pluralidad o intervención de varias personas en la conducta punible fue previsto de manera explícita en el artículo 28 cuyo texto es como sigue:

“ART. 28.—Concurso de personas en la conducta punible. Concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes” (L. 599/2000).

En tercer lugar, se elevaron a texto legal algunas formas y definiciones dogmáticas sobre la autoría, como se observa en el texto del nuevo artículo 29 del Código Penal(1).

En cuarto lugar, se prescindió del concepto de partícipes en su sentido amplio —es decir, como significativo de simple pluralidad, tal como advertimos que se utilizaba en el epígrafe del viejo capítulo III del título III del código anterior recogiendo todas las formas de intervención plural de sujetos—, para utilizarlo en cambio con una significación específica y más coherente con el significado que a la acepción le otorga la dogmática, como se desprende del nuevo artículo 30 cuyo texto, en el primer inciso, dispone:

“ART. 30.—Partícipes. Son partícipes el determinador y el cómplice (...)” (L. 599/2000).

Seguidamente en los incisos 2º y 3º se desarrollaron estas dos nociones y se asignaron las consecuencias punitivas previstas para ellas por el legislador, así:

Quien determine a otro a realizar la conducta antijurídica incurrirá en la pena prevista para la infracción.

Quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad.

Pero luego, en el inciso 4º del mismo artículo se incorporó el siguiente texto:

Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.

En quinto lugar, el artículo 58, regulador de las circunstancias dosimétricas de mayor punibilidad estableció como una de ellas, en su numeral 10, obrar en coparticipación criminal; al tiempo que en el artículo 61 se incorporó como fundamento para la individualización de la pena en la complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda.

En sexto lugar, el tema de la comunicabilidad de circunstancias pasó a ser regulado en el título IV del código, capítulo segundo, atinentes en su orden a las consecuencias jurídicas de la conducta punible y a los criterios y reglas para la determinación de la punibilidad, en los cuales se inserta el artículo 62 cuyo texto señala:

“ART. 62.—Comunicabilidad de circunstancias. Las circunstancias agravantes o atenuantes de carácter personal que concurran en el autor de la conducta no se comunican a los partícipes, y solo serán tenidas en cuenta para agravar o atenuar la responsabilidad de aquellos que las hayan conocido.

Las circunstancias agravantes o atenuantes de índole material que concurran en el autor, se comunicarán a los partícipes que las hubiesen conocido en el momento de la planeación o ejecución de la conducta punible” (L. 599/2000)

Por último, el nuevo código incorporó dentro del título destinado a la estructura de la conducta punible la definición legal de servidor público (art. 20), aspecto que en el estatuto hasta entonces vigente venía siendo tratado en el título IV destinado a la punibilidad y más concretamente en su capítulo II referido a las circunstancias agravantes y atenuantes de tipo general y a los criterios para la fijación de la pena.

Como se puede ver —y en ello se insistirá posteriormente, al confrontar la historia de la ley—, la nueva codificación, no obstante pretenderlo a veces, no utilizó a la manera de una rígida y técnica sinonimia los conceptos de coparticipación y participación criminal, pues en ocasiones se refirió a ellos para cobijar tanto las formas de concurrencia principal—autoría— como accesoria —participación— de varias personas en la realización de la conducta—como en el caso de los artículos 58 y 62—; en otras ocasiones utilizó el concepto en sentido estricto—como en el caso del artículo 29 y del inciso 1º del artículo 30— y en alguna otra —como en el caso del artículo 61— omitió cualquier referencia a los autores y determinadores y prefirió únicamente referirse a los cómplices.

De igual manera, tampoco en la parte especial del código se utilizaron con correspondencia rígida dichos conceptos, pues en ocasiones la ley se refirió a los autores o partícipes o a cualesquiera de ellos bien para atenuar la conducta —como en el caso de quien libera a la víctima o suministra información que permita a la autoridad recuperarla a ella o a su cadáver (art. 167)— o bien para agravarla —como en el caso de los familiares o el depositario de confianza de la víctima, o la obtención de la utilidad, provecho o finalidad perseguidos por los autores o partícipes en los delitos de secuestro (art. 170, num. 4º y 8º, modificado por la L. 733/2002)— o en otras ocasiones, en cambio, se refirió al agente —artículo 179 que agrava la tortura cuando el agente sea servidor público o particular que actúa por determinación o con la aquiescencia de aquel— o a la comisión del hecho con el concurso de otra u otras personas—artículo 211.1 sobre delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales— o al responsable —como en la misma norma numeral 2º cuando tuviere cualquier carácter, cargo o posición que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza, o en el artículo 216 que agrava el proxenetismo cuando el responsable sea integrante de la familia de la víctima—.

A partir de este nuevo esquema y frente a estas realidades, la decisión de abril 25 de 2002 —casación radicada bajo el número 12.191— sostuvo lo siguiente:

1. Que cuando en el inciso 4º del artículo 30 del código la ley penal establece que hay personas que concurren a la realización del tipo sin ostentar o poseer calidades especiales previstas en la propia tipicidad, no está configurando una nueva categoría autónoma frente a la pluralidad de sujetos intervinientes, puesto que ya en el artículo 28 la propia ley había definido que quienes concurren en la realización de la conducta son los autores y los partícipes.

2. Que al no crear una nueva categoría jurídica de intervención ni hacer ninguna distinción para ese interviniente que concurre a la realización del tipo, el concepto, como tal, se convierte en un término de referencia que cobija y puede predicarse tanto de cualquiera de los autores —directo, mediato o coautor— como de los determinadores y de los cómplices, siempre que hubiera concurrencia o pluralidad de personas en la realización de la conducta.

3. Por lo tanto, el inciso en cuestión cumple una doble funcionalidad: por un lado constituye un dispositivo amplificador para poder extender al particular, con arreglo al principio de estricta legalidad que se deriva de estar así previsto normativamente en la ley positiva la posibilidad de concurrir como autor, como determinador o como cómplice —en cualquiera de sus modalidades o formas— en aquellos comportamientos que, descritos en la parte especial del código —tipos—, contienen como uno de sus elementos condicionantes la existencia de calidades especiales, sean estas de índole natural, jurídica o profesional. Y, por otro lado, la amplificación aludida tenía sentido para los casos en que dicha calidad especial fundamenta la existencia del tipo, pero no se requería, en cambio, en los eventos en que la calidad especial determina el nacimiento o reconocimiento de una causal agravante o atenuante de la pena, puesto que esta clase de hipótesis está regulada en el artículo 62 del código penal bajo el rubro de comunicabilidad de circunstancias.

1. Que en consecuencia era posible, frente a la realidad de la nueva ley penal colombiana (L. 599/2000), que las personas que no reúnen la calidad especial exigida en el tipo pudieran correalizar o coejecutar o tomar parte en la realización de la conducta, y que en principio podían hacerlo de cualquiera de las dos maneras en que es posible tomar parte en la realización de la conducta, esto es, i) compartiendo roles con el sujeto calificado —en este caso como coautor, como autor mediato u hombre de atrás, o como instrumento, ejecutor inculpable de la conducta— o ii) accediendo a ellos —en este caso como instigador o como contribuyente, cómplice, de un delito ajeno—.

2. Que como consecuencia de la funcionalidad que se deriva de esa norma, el legislador penal colombiano terminó zanjando las disputas y puntos de vista que los distintos autores venían expresando sobre el tema de la concurrencia de personas—calificadas y no calificadas— en las conductas punibles especiales, tanto en el ámbito nacional como en la doctrina extranjera, sustentados los últimos a su vez en las particulares legislaciones comentadas por ellos.

Y, agrego ahora, con la interpretación de la norma conforme a ese entendimiento, se realizaban anhelos de política criminal en dos ámbitos: por un lado quedaban cerrados los espacios de impunidad que parte de la doctrina, principalmente la extranjera, reconocía para cierta clase de eventos, tal como ocurría por ejemplo con aquellos casos de autoría mediata en delitos especiales en los que se sostenía que cuando el extraneus —sujeto no calificado— que utiliza al intraneus —sujeto calificado— domina el hecho, no cabía título de imputación alguno y, por tanto, ambos concurrentes quedaban impunes: el extraneus por no concurrir respecto de él la calificación exigida por el tipo, y el intraneus por carecer de dominio del hecho. Por otra parte, se otorgaba un tratamiento más equitativo y proporcionado en términos de punibilidad a quienes únicamente contribuían al hecho ajeno —verdaderos cómplices— frente a aquellos a quienes por no tener la calificación se les otorgaba tratamiento de cómplices no obstante estar llevando a cabo aportes de conducta a lo que era un hecho propio y, por tanto, debían ser tratados como coautores.

3. Que esta forma de aplicar la norma (C.P., art. 30, inc. 4º) preservaba el principio de unidad de imputación, en la medida en que impedía que a quienes concurrían en la realización de la misma conducta antijurídica se les pudiera imputar delitos distintos, entendiéndose que dicha unidad operaba alrededor del tipo especial, cuestión trascendente en los eventos en que la conducta, si no fuera por la calificación de alguno de los sujetos, podía tipificarse de otro modo, como era el caso de los reconocidos como delitos especiales impropios.

4. Que así mismo, al extender de esta manera el concepto de interviniente como un término de referencia que cobijaba tanto a los autores como a los partícipes, y aplicar por esta vía la rebaja punitiva prevista en la misma disposición para el sujeto sin calidades especiales, se hacía posible conservar el fundamento de un tratamiento punitivo diferenciado para quienes no infringían ningún deber jurídico específico de aquellos que constituyen la razón de ser del delito especial y que fundan la necesidad de tutela particular que el respectivo bien jurídico demanda para su configuración típica, aspecto este que, a final de cuentas, es lo que justifica la existencia de esta clase de tipos penales.

5. Como consecuencia de todo lo anterior y para poder preservar tanto la función amplificadora otorgada al concepto de interviniente, como las finalidades político criminales que la Corte consideró que explicaban y fundamentaban su existencia, la Sala dedujo que para la configuración del tipo especial bastaba con que cualquiera de las personas concurrentes en la realización de la conducta antijurídica ostentara la calidad especial, puesto que, consecuentemente, con su aporte se infringía el deber jurídico especial alrededor del cual se fundamentaba la existencia de la figura típica especial y, por supuesto, la protección específica del bien jurídico tutelado, fuere cual fuere la posición desde donde interviniese. Y agregó, entonces, que todo lo anterior conducía a que el sujeto calificado que aportaba al hecho su condición de tal, así como la infracción del deber jurídico en el que se fundamentaba la realización objetiva del tipo, no podía ser tratado como determinador ni como cómplice sino siempre como autor en cualquiera de sus modalidades, puesto que con la concurrencia de su conducta al hecho y el aporte de su calificación se reunía la doble exigencia típica: por una parte la calificación de al menos uno de los sujetos y, por otra, la infracción del deber jurídico especial.

6. Por eso, en la citada decisión —posteriormente recogida de manera parcial por la propia Corte Suprema en providencia de 8 de Julio de 2003— se dijo lo siguiente: “Si el sujeto calificado, por así decirlo, realiza materialmente la conducta descrita, exclusiva o concurrentemente con otros, o lo hace instrumentalizando a otro, o es instrumento de alguien que actúa sobre su voluntad forzándolo o induciéndolo a error, o si actúa en relación con organización de la que se predica la calidad especial, el tipo especial surge”.

Y establecido lo anterior, habrá que mirar, para determinar el marco dentro del cual opera la pena, la conducta del particular que concurre al hecho, así: si interviene como coautor, como autor mediato, como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de persona jurídica, de ente colectivo sin tal atributo o de persona natural cuya representación voluntaria se detente (C.P., art. 29), o si lo hace como determinador de otro (instigador) que actúa dolosamente, o como determinado (instigado), la pena será la prevista para el delito de acuerdo con los incisos final y 2º de los artículos 29 y 30 respectivamente, rebajada en una cuarta parte (art. 30, inc. 4º). Pero si se trata de un particular que interviene participando como cómplice de una de estas infracciones, su pena es la que corresponde a la naturaleza secundaria de su participación (art. 30, inc. 3º), a su vez disminuida en una cuarta parte, tal cual lo prevé el inciso final de la misma disposición. Y por supuesto, si el particular es utilizado como instrumento de otro —sujeto calificado— o de otros —dentro de los cuales se encuentra un sujeto calificado— su compromiso penal es ninguno, al tenor de lo dispuesto en el artículo 32 del Código Penal, esto es, por concurrir en él una circunstancia eximente de responsabilidad.

7. Consideró la Corte, reitero, que el entendimiento y la aplicación del artículo 30 en los términos anteriores permitiría conservar los propósitos del legislador frente a tres distinciones básicas y guardar correlación con ellas. Tales distinciones eran: i) preservar la unidad de imputación; ii) conservar las diferencias entre formas de intervención principales y accesorias; y finalmente iii) mantener la correspondencia punitiva que condujo al legislador a adscribir grados de compromiso diferenciado entre quienes concurrían al hecho llevando a cabo aportes de conducta que el legislador desvaloraba de idéntica manera —autores, coautores y determinadores—, por un lado, y entre aquellos que lo hacían en menor grado y medida, como era el caso de los cómplices, por el otro.

8. Finalmente dedujo la Sala Penal de la corporación que el logro de ese resultado —o sea la conservación del trato diferenciado aludido— suponía que el servidor público o sujeto calificado en cuya condición y deber jurídico especial se fundamentaba la tipicidad no podía actuar ni como determinador ni como cómplice, puesto que su participación o concurrencia al hecho le imprimía la nota típica necesaria para calificarlo y, por lo tanto, todo partícipe calificado que le aportaba a la conducta el elemento requerido para hacer del tipo un tipo especial ejecutaba aporte de autor.

Creo que estas líneas atrás esbozadas finalmente guardan armonía con lo que fue la historia de la configuración de estas normas en el Congreso de la República desde los siguientes puntos de vista:

1. En un principio, tanto en el proyecto de código presentado por la fiscalía, como en el que existía después de los dos debates que tuvo en el Senado, el artículo 28 se refería a las personas que concurrían a la realización de la conducta denominándolas como copartícipes y señalaba como tales a los coautores y a los partícipes. Posteriormente, el artículo 29 describía la autoría incluyendo al autor directo, al mediato y al denominado coautor impropio y nada disponía sobre el actuar por otro (actual inc. 3º). Finalmente el artículo 30 clasificaba como partícipes al determinador y al cómplice, incorporando una atenuante de una cuarta parte de la pena para el “partícipe que no teniendo la calidad de servidor público acceda a la realización de un tipo penal con tal exigencia” (gacetas del Congreso 189 y 280 de 1998 y 010, 063 y 126 de 1999).

2. Cuando el proyecto llegó a la Cámara de Representantes fue objeto de un pliego de modificaciones que condujo a que las tres normas variaran para quedar, desde entonces, de la misma manera en que están actualmente en el Código (gacetas del Congreso 432, 464, 510 y 569 de 1999). Destaco, por las consecuencias a que ello conduce, lo siguiente:

— Se varió la expresión copartícipes por la de “concurso de personas en la conducta punible”, porque la primera expresión era equívoca, dados los dos sentidos (amplio y estricto) en que podía emplearse.

— Se reemplazó en el texto de la misma norma la expresión coautores por la de autores, tras entenderse que la coautoría era una de las modalidades de la autoría.

— Se suprimió la alusión a que también habría autoría en los casos de división del trabajo criminal (que hacía parte del inc. 1º del art. 29), para reemplazarlo por el actual inciso 2º —Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte—. Con esto se destacó la necesidad de que concurrieran un aspecto objetivo y uno subjetivo para la configuración de la coautoría y se sujetó esta calificación a la importancia del aporte a fin de evitar su confusión con la complicidad.

— Se incorporó en el inciso 3º la figura del actuar por otro, con lo que evidentemente se extendió a las personas naturales el concepto de autor en los eventos en que los elementos especiales que fundamentan la penalidad no concurrían en ellas, sino en la persona o en el ente representado.

— Finalmente se suprimió del artículo 30 el texto de su inciso 4º cuyo contenido era el siguiente, “Al partícipe que no teniendo la calidad de servidor público, acceda a la realización de un tipo penal con tal exigencia, se le rebajará la pena en una cuarta parte”, para reemplazarlo por el actual inciso 4º que dice así: “Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra a su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte.”

En consecuencia, de acuerdo con la literalidad en que quedó expresada la ley, así como con la historia de su establecimiento, es plausible concluir que el legislador colombiano no utilizó para sus propósitos reguladores formas puras de definición ni criterios cerrados de naturaleza dogmática, entre otras causas, porque, no existiendo ninguna escuela o teoría del delito completamente perfecta y hermética, que no suscite nuevas problemáticas o inconsistencias, mal podía pretender afiliarse a una sola teoría en desmedro de las demás. De manera que mientras en ocasiones utiliza, por ejemplo, un criterio estricto de autor —como podría sostenerse por la ausencia de previsión sobre la autoría a través de aparatos organizados de poder—, en otras acude a un criterio extensivo —como se desprende de la inclusión de la modalidad del actuar por otro para configurar una forma de autoría, y aún de la inclusión de la propia autoría mediata— y, de la misma forma, desde el punto de vista punitivo, por ejemplo, desvalora con la misma intensidad lo principal —autoría— frente a lo accesorio —determinación por instigación—.

En el mismo sentido, tampoco el legislador colombiano tomó partido explícito por alguna de las teorías con las que la doctrina fundamenta o construye la autoría, como hubiera ocurrido en el caso de definirla con arreglo a la teoría del dominio del hecho, o de haber aludido a las formas de dominio reconocidas —sobre la acción, sobre voluntad, o como dominio funcional—, ni hizo diferenciaciones, para regular por ejemplo las distintas formas de autoría según se tratase de delitos comunes o de delitos especiales, ni lo hizo a propósito de las distinciones entre delitos de dominio y delitos de infracción de deber, siendo perfectamente posible predicar que en las conductas especiales como en las de infracción de deber, al lado del dominio del hecho en cualquiera de sus modalidades, era necesario que además alguna de las personas que concurriesen a su realización aportara la característica especial requerida para su configuración así como la infracción del deber jurídico en que se fundamenta la existencia del tipo, pues no podría predicarse de ninguno de los concurrentes tal dominio si entre ellos no había ninguno que las llevara consigo.

De lo anterior podrá señalarse a manera conclusiva que en la decisión que se comenta:

1. No se afirmó que en la legislación penal colombiana se hubiera adoptado la distinción entre delitos de dominio y delitos de infracción, ni se aceptó ninguno de los extremos a los que los distintos doctrinantes los conducen, sino que se sostuvo que existen unas figuras típicas en las que la existencia del injusto implica además unas calidades especiales y la infracción de determinados deberes en aquel que realiza el hecho con exclusión de otros o, en casos de pluralidad de personas, en cualquiera de los intervinientes que concurren a su realización.

2. Que dada la circunstancia de que el inciso final del artículo 30 del código utiliza las expresiones “concurrir en su realización” —con referencia al tipo penal— y de que según el artículo 28 del mismo código “concurren en la realización de la conducta punible los autores y los partícipes” el concepto de interviniente era un concepto de referencia y no era, en cambio, una categoría jurídica autónoma.

3. Que aunque la ubicación sistemática del inciso se había conservado al interior del artículo 30, regulador de los fenómenos de participación (determinación por instigación y complicidad), su sustancialidad había variado durante el trámite en el Congreso, porque explícitamente se le habían suprimido las locuciones que inducían a interpretarlo como referido únicamente a las formas de participación —al partícipe que acceda— para reemplazarlas por expresiones de mayor cobertura que conducían a predicar la rebaja punitiva de cualquiera que interviniese en su realización sin la calificación jurídica específica y sin tener a su cargo deber de protección jurídica especial respecto del bien jurídico.

4. Que de acuerdo con ello, cuando el particular o el extraneus intervenía en hecho punible ajeno, se hacía acreedor a una doble rebaja de pena porque existían dos fuentes diferentes para justificarla: por un lado la naturaleza accesoria de la contribución y por otro la no concurrencia en él de ninguno de los deberes especiales que sí existían respecto del sujeto calificado.

5. Que un entendimiento así de la norma implicaba, a su vez, que al tiempo que existían intervinientes en los que sí concurren la calificación jurídica y los deberes especiales de protección, había otros que no las tenían, con lo que se resuelven las reticencias alrededor de la violación del principio de legalidad, pues tanto la conducta de unos como la de otros está recogida en texto expreso de la ley penal.

6. Pero que para no patrocinar espacios de impunidad en la participación plural de personas, ni sacrificar los principios de unidad de imputación, de proporcionalidad de tratamiento punitivo diferencial entre autores y determinadores por un lado, y de estos frente a los cómplices, por el otro, y para guardar coherencia con ese tratamiento diferencial, era necesario derivar que el delito especial se tipificaba únicamente y siempre que a su realización concurriera uno o varios sujetos calificados, titulares del deber jurídico, cualquiera que fuera la posición desde la que se ubicara, toda vez que si a la conducta lesiva nadie le aporta la calificación ni la infracción del deber, ella deviene en atípica en los casos de delitos propios, o se desplaza la tipicidad hacia otra figura en el caso de los impropios. Además de que para que sea posible “predicar que alguien o todos en común codominan el hecho tipificado” es imprescindible que alguno de ellos, por lo menos, le haya aportado la calificación exigida para el sujeto y la infracción del deber jurídico especial que impone la naturaleza del injusto.

(*) Este artículo fue la base de la ponencia presentada en el I Congreso Internacional de Derecho Penal organizado por la Universidad de Los Andes en septiembre de 2007 sobre “Problemas actuales de autoría y participación en derecho penal”.

(1) “ART. 29.—Autores. Es autor quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento.

Son coautores los que, mediando un acuerdo común, actúan con división del trabajo criminal atendiendo la importancia del aporte.

También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado.

El autor en sus diversas modalidades incurrirá en la pena prevista para la conducta punible” (L. 599/2000).