Auto  33141 de diciembre 15 de 2009

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. Sigifredo Espinosa Pérez

Aprobado Acta 392

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil nueve.

Vistos

Con el fin de constatar si satisface las condiciones de admisibilidad, la Corte examina la demanda de casación presentada por el defensor de Gilberto Saavedra Piza, contra la sentencia de segundo grado proferida el 24 de abril de 2009 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que revocó la absolución dictada el 19 de octubre de 2007 por el Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito de la misma ciudad, y en su lugar condenó al procesado en cita a la pena principal de 330 meses de prisión y la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, como determinador del delito de homicidio agravado y hurto calificado agravado.

Hechos y actuación procesal

Los acontecimientos que dieron origen a este proceso fueron relatados por el Tribunal Superior de Bogotá en el fallo de segundo grado, como se transcribe a continuación:

“De acuerdo con lo que revela el expediente, el dái 6 de noviembre de 2004, aproximadamente a las 8:00 p.m., cuando la señora Rosa Antonia Buitrago de Heredia se encontraba en compañía de su esposo José Heredia Coba y su nieta Mayerli en la tienda de su propiedad, ubicada en la carrera 5ª D bis este Nº 90-18 sur de esta ciudad, tres hombres ingresaron y se tomaron unas cervezas. Luego de que los demás clientes abandonaron el establecimiento, estas tres personas intimidaron a la señora Rosa Antonia Buitrago de Heredia con una arma de fuego, mientras que a su esposo y a su nieta los amarraron y encerraron en la cocina.

“Según el señor José Heredia Coba, tras escuchar un grito de su esposa, se soltó de las ataduras y al salir a ver qué había sucedido, encontró que a Rosa Antonia Buitrago de Heredia la habían asesinado con un arma cortopunzante. Así mismo, manifestó que los agresores se apoderaron de $ 450.000 en dinero en efectivo y licor.

“Posteriormente, los familiares de la finada sospecharon del señor Gilberto Saavedra Piza como autor intelectual, debido a que en varias ocasiones había amenazado de muerte a Alirio Heredia Buitrago (hijo de la occisa), por el romance que éste había sostenido con su compañera sentimental, amenazas que se extendieron a la señora Rosa Antonia Buitrago de Heredia.

“Incluso, la señora Mary Luz Heredia Buitrago señaló que al recibir una llamada a través de la que le decían que su madre estaba “pudriéndose en el Apogeo y que se cuidara”, logró reconocer al interlocutor como Gilberto Saavedra Piza”.

Mediante resolución del 17 de agosto de 2006, la Fiscalía 11 Seccional decretó la apertura de instrucción, ordenando la vinculación de Gilberto Saavedra Piza a través de indagatoria, para lo cual libró la correspondiente orden de captura que se hizo efectiva el 25 de octubre del mismo año.

La situación jurídica del indagado fue resuelta el 1º de noviembre de 2006, imponiéndosele medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de excarcelación, como posible autor de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado agravado.

Tras el cierre de la investigación, el 8 de febrero de 2007, la Fiscalía 11 Seccional profirió resolución de acusación contra Gilberto Saavedra Silva, como autor de los delitos de homicidio agravado (C.P., art. 104, nums. 4º, 6º y 7º) y hurto calificado agravado (arts. 240, inc. 2º, y 241, num. 10, ibídem), decisión que al ser impugnada fue confirmada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá en resolución del 26 de abril de 2007.

El conocimiento del juicio le correspondió al Juzgado Cincuenta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, despacho que luego de los trámites legales pertinentes, dictó sentencia de primera instancia absolviendo al procesado Gilberto Saavedra Piza, decisión que fue impugnada por el Ministerio Público y el apoderado de la parte civil.

El proceso arribó entonces al Tribunal Superior de Bogotá, que en segunda instancia dictó el fallo condenatorio arriba especificado, decisión contra la cual el defensor del procesado Saavedra Piza, interpuso el recurso extraordinario de casación.

La demanda

Al amparo de la causal primera de casación, el defensor recurrente acusa al fallador de haber violado indirectamente la ley sustancial, por “aplicación incorrecta” de los artículos 103, 104, 239, 240 y 241 del Código Penal, por error de hecho en la apreciación de la prueba.

En orden a fundamentar el cargo, después de reseñar las razones que impelieron al tribunal a revocar la absolución y condenar al procesado, afirma que el fallador incurrió en falsos juicios de existencia al suponer que en el proceso obraban pruebas demostrativas de que su representado determinó a otros a cometer los delitos imputados, acogiendo la teoría que al respecto plasmaron el representante del Ministerio Público y el apoderado de la parte civil en el escrito de impugnación a la sentencia de primera instancia.

Dice admitir que en el proceso existen testimonios de los familiares de la víctima que dan cuenta de varias amenazas proferidas por su representado en contra del señor Alirio Heredia, pero lo que no acepta es que “dichas amenazas se den por ciertas”, con base en que fueron ratificadas por los familiares de la occisa.

El error en la valoración de la prueba, agrega, se presenta al darse por demostrado un hecho con base en una serie de testimonios de los que se deducen indicios de responsabilidad, cuando en realidad el único familiar cercano a la víctima que conocía de las amenazas es el señor Alirio Heredia, pues sólo después de que el mismo hizo alusión a ellas, los demás testigos de cargo empezaron a mencionar situaciones de riesgo que no se ventilaron al inicio de la investigación, pero se dejó de lado que el procesado y su esposa nunca negaron que entre Alirio y Flor Sierra existió una relación, pero no de las dimensiones que se han presentado en el proceso, pues estas no daban para efectuar amenazas y mucho menos para ejecutar un acto criminal de las proporciones del que aquí se juzga.

Sostiene que fue Alirio quien influenció en sus familiares para que hablaran de las amenazas, y de allí que incurren en graves contradicciones respecto a los hechos, las que no fueron apreciadas por el tribunal.

Acusa al tribunal de apreciar equivocadamente el testimonio de Mary Luz Heredia cuando concluye que su dicho corresponde a la realidad, sin tenerse en cuenta que sus deducciones derivan de unas llamadas telefónicas en las que “no le hablaban”, pero supuso que eran de Gilberto Saavedra, a quien atribuyó, sin fundamento, la llamada en la que se le dijo que “su madrecita se estaba pudriendo en el apogeo”.

Advierte que no era posible que Mary Luz identificara a su interlocutor sin una ayuda técnica, menos si se trataba de una persona con la que no se tiene contacto directo y habitual.

Tampoco se demostró que el procesado Saavedra Piza hubiese hecho llamadas de su celular o su teléfono fijo a algún integrante de la familia Heredia Buitrago.

Sostiene que si el tribunal hubiese respetado los dictados de la sana crítica, la lógica y la experiencia, no habría incurrido en los errores de apreciación denunciados, máxime cuando la prueba debía ser apreciada en su conjunto y no individualmente.

Se opone a la consideración del tribunal según la cual la reacción de Gilberto por la supuesta relación sentimental de su esposa con Alirio, traspasó los límites de “una simple cachetada”, generando la reacción violenta, pues su cliente nunca reaccionó de esa manera, e incluso continúo la vida al lado de su compañera, quien para la época de la infidelidad se encontraba embarazada.

Recaba en que el error de hecho se generó cuando el tribunal supuso, sin prueba que lo respalde, que su representado fue determinador de las ilicitudes por las que finalmente se le condenó.

Sostiene que el tribunal, invirtiendo el beneficio de la duda que favorece a su representado, de una supuesta amenaza, como único elemento de determinación, dedujo la responsabilidad del mismo, circunstancia que devela una vía de hecho, pues ni siquiera existe un autor material del hecho a quien su representado hubiera determinado.

Afirma que si en gracia de discusión se admitiera que las amenazas que se atribuyen a su representado son ciertas, y que el problema tuvo como origen la relación sentimental de la esposa del procesado con el hijo de la víctima, de todas maneras no existe prueba que relacione a su cliente con los hechos en los cuales perdió la vida la señora Rosa Antonia Buitrago.

Advierte que ninguno de los indicios aducidos por el tribunal, demuestra la calidad de determinador que se atribuye a su representado. La condena se basa en suposiciones, desconociendo que existe una duda razonable de que su representado no determinó a otro a cometer el delito.

Incluso se parte de un supuesto no probado, esto es, que el móvil por el cual se atacó a la única lesionada en el suceso fue distinto al hurto, sobre la base de que la víctima tenía bienes en su poder que no le fueron sustraídos, pero se deja de lado que los agresores hurtaron dinero y otros bienes del establecimiento en cuantía de $ 500.000. Además, nunca se dilucidó cuál fue la reacción de la víctima para que fuera ultimada.

Culmina el escrito solicitando que se case la sentencia impugnada y en su lugar se absuelva a Gilberto Saavedra Piza de los cargos formulados.

Consideraciones de la Corte

De entrada se advierte la deficiente argumentación que enseña el actor cuando en sede de casación pretende cuestionar la valoración probatoria realizada por el sentenciador.

Cuando se aduce equivocada la valoración probatoria porque el juzgador, por desatender los principios de la sana crítica, llegó a inferencias erróneas de los hechos objetivamente vistos, surge el vicio denominado falso raciocinio, modalidad del error de hecho cuyo planteamiento en casación, reitera la Sala, le impone al actor la obligación de demostrar que los juzgadores se apartaron caprichosamente de los postulados de la lógica, los principios de la ciencia, o las reglas de la experiencia, y que este error condujo a la declaración de una verdad fáctica distinta de la que revela el proceso.

Adicionalmente a la demostración de la existencia material del yerro, ha de acreditarse su trascendencia, labor que implica revalorar en su conjunto y de manera objetiva las pruebas allegadas al proceso, con el propósito de hacer evidente que un estudio acorde con las reglas de la sana crítica, habría llevado a los juzgadores de instancia a tomar una decisión distinta de la impugnada.

No se trata pues, como acontece en este caso, de enfrentar el criterio de valoración probatoria del impugnante a la del juzgador, con el equivocado propósito de hacerlo prevalente, puesto que, como lo ha hecho explícito la Sala y ahora insiste en proclamarlo, en primer término, el error de hecho por falso raciocinio surge del desconocimiento de las reglas de la sana crítica por parte del juzgador, y no del hecho de que el funcionario se aparte de los criterios de valoración probatoria de los sujetos procesales; y en segundo lugar, porque el examen probatorio y las premisas conclusivas de los fallos de segunda instancia prevalecen sobre los realizados por las partes, por encontrarse amparados de la doble presunción de acierto y legalidad.

El demandante, por parte alguna se ocupa en demostrar que el sentenciador desconoció los postulados de la lógica o las reglas de la experiencia en la asignación de la fuerza persuasiva a la prueba cuya errada apreciación aduce, pues no empece a criticar la valoración de los testimonios de Alirio Heredia y Mary Luz Heredia y de cuestionar los rendidos por otros familiares de la víctima, de quienes, dice, incurrieron en graves contradicciones por no constarles nada sobre las amenazas aducidas, lo cierto es que no enfrenta el soporte argumental de las premisas conclusivas de la condena, cuyo contenido cita fragmentariamente, pero sin acreditar que las deducciones o inferencias plasmadas en la decisión censurada, por irrazonables, ilógicas, absurdas o arbitrarias, deban descartarse por contrariar la verdad procesal.

Los argumentos del libelista sólo evidencian una vana pretensión de hacer imperar su criterio de valoración probatoria sobre la del juzgador, a partir de consideraciones de carácter general sin concretar yerro alguno, pues a no otra conclusión conduce su afirmación acerca de que los indicios aducidos por el tribunal no son demostrativos de la responsabilidad de su cliente, pero no se adentra en el estudio de tales indicios; o que el fallador desconoció los “elementos de la sana crítica, de la lógica y la experiencia”, pero no especifica de que manera se desconocieron tales dictados.

Ahora, si de lo que se duele el censor es de que el tribunal haya dado crédito al dicho de quienes señalaron al procesado Gilberto Saavedra Piza lanzando amenazas contra el hijo de la víctima por el amorío que se dice sostuvo con su esposa, o de quien afirmó que después de los sucesos el mismo Gilberto llamó a la hija de la víctima, señora Mary Luz Heredia, para recalcarle que ya “su madrecita se estaba pudriendo en el apogeo”, debe responderse que de suyo un tal aspecto no es censurable en casación de manera directa, sino se acredita, como antes se dijo, que los juzgadores se apartaron caprichosamente de los postulados de la lógica, los principios de la ciencia, o las reglas de la experiencia, pues la tarea de valoración probatoria la realiza el juez con sujeción a los principios de la sana crítica o libre persuasión racional, como se colige de los mandatos impresos en los artículos 238 y 277 del Código de Procedimiento Penal que rige el asunto (L. 600/2000).

En su afán de que la Corte acoja sus argumentos y deje de lado la estimación probatoria realizada por el juzgador en segunda instancia, el censor aduce que de una “supuesta” amenaza el tribunal conjeturó la determinación de un delito, sin que “exista” el autor material que pudo ser determinado, afirmación en la cual incurre en una evidente contradicción, pues una cosa es que no exista autor material, y otra, que exista pero que probatoriamente no se haya individualizado o se desconozca su identidad. En el primer caso, esto es, cuando inexiste, ha dicho la Corte(1) que no es posible jurídicamente hablar de participación, por ser ésta una categoría accesoria de la autoría, que presupone para su configuración la existencia de un autor material, que realiza o inicia la ejecución de una conducta antijurídica.

En la segunda hipótesis, en cambio, se recabó en el mismo antecedente, “nada impide afirmar su existencia, porque el carácter accesorio de la participación no depende de la existencia de prueba que permita identificar plenamente al autor o declarar su responsabilidad en los hechos, como equivocadamente lo entiende el casacionista, sino de la certeza de su existencia misma (de un autor), que ha realizado parcial o totalmente la conducta descrita en el tipo penal(2).

"(...) jurídicamente nada obsta para que el determinador deba responder por la conducta aún cuando no logre conocerse siquiera o juzgarse a la persona del determinado, o ésta sea absuelta, pues lo realmente definitivo es que se encuentren reunidos los elementos que posibilitan predicar dicha condición en aquél. Al fin y al cabo, es pacífica la posición de la doctrina y de la jurisprudencia, en el sentido de que nada obsta para que el sujeto no cualificado pueda estar incurso a título de determinador o cómplice de punible que lo supone, lo que evidentemente no es admisible en relación con el autor sea éste intelectual o material, esto es, con el directo ejecutor de la conducta delictiva".

En el presente caso no cabe duda de que existen unos autores materiales que ejecutaron el crimen juzgado, independientemente de que no se haya logrado su identificación, razón por la cual el argumento del censor no puede ser atendido.

En el fondo, lo que el actor reprocha es la credibilidad que los juzgadores le otorgaron a determinados testimonios y a la fuerza persuasiva de los indicios deducidos, pero no acredita un error demandable en casación.

Por lo tanto, ante los insalvables defectos argumentativos y de fundamentación, falencias que la Corte no puede enmendar por virtud del principio de limitación que gobierna la casación, se impone su inadmisión de conformidad con la previsión contenida en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000, sin que se advierta, a simple vista, motivo alguno para obrar de conformidad con el artículo 216 ibídem.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada a nombre del procesado Gilberto Saavedra Piza por las razones expresadas en la parte motiva de esta decisión.

Contra este auto no procede recurso alguno.

Cópiese, notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

Magistrados: Julio Enrique Socha Salamanca—José Leonidas Bustos MartínezSigifredo Espinosa PérezAlfredo Gómez Quintero —María del Rosario González de L.Augusto J. Ibáñez Guzmán—Jorge Luis Quintero MilanésYesid Ramírez BastidasJavier de Jesús Zapata Ortiz.

Teresa Ruiz Núñez, Secretaria.

(1) Sentencia de casación del 22 de agosto de 2008, radicado 26.483.

(2) Íbidem.