RESOLUCIÓN 3866 DE 2009

 

Instituto de Desarrollo Urbano

RESOLUCIÓN 3866 DE 2009 

(Septiembre 25)

“Por medio de la cual se expide el reglamento interno del recaudo de cartera del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU”.

La Directora General del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.,

en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Acuerdo 19 de 1972 del Concejo Distrital, la Ley 1066 de 2006, el Decreto 4473 de 2006, los acuerdos 01 y 02 expedidos por el Consejo Directivo del IDU y demás normas concordantes, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 209 de la Constitución Política de 1991, la función administrativa se encuentra al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.

Que mediante el Acuerdo 7 de 1987 se adoptó el estatuto de valorización de Bogotá, Distrito Capital.

Que el artículo 1º del Acuerdo 7 de 1987 dispone que “La contribución de valorización es un gravamen real sobre las propiedades inmuebles, sujeta a registro destinado a la construcción de una obra, plan o conjunto de obras de interés público que se impone a los propietarios o poseedores de aquellos bienes inmuebles que se beneficien con la ejecución de las obras”.

Que dentro de la cartera del IDU se encuentran cobros por concepto de contribución de valorización por beneficio general, beneficio local (Ac. 25/95, Ac. 48/2001 y 180/2005) en donde se autorizó el cobro de esta contribución para la construcción del plan de obras descrito en los mencionados acuerdos.

Que el Instituto de Desarrollo Urbano presenta en sus estados financieros otros conceptos que dan derecho al recaudo y cobro de recursos, tales como multas, sanciones, intervención de antejardines, anticipos, arriendos, venta de inmuebles, entre otros.

Que el artículo 1º de la Ley 1066 de 2006 dispone que “Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el reglamento interno del recaudo de cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la elaboración de acuerdos de pago”.

Que el artículo 2º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006 “Por el cual se reglamenta la Ley 1066 de 2006”, define el contenido mínimo del reglamento, en lo que se refiere a las etapas persuasiva y de cobro coactivo, la clasificación de la cartera dentro de la etapa de cobro coactivo, las facilidades de pago y los criterios que permitan exigir las garantías a favor de las entidades públicas.

Que el artículo 814 del estatuto tributario nacional, Decreto-Ley 624 de 1989, determina lo relacionado con las facilidades de pago de las obligaciones tributarias, a las que debe sujetarse el Instituto de Desarrollo Urbano.

Que el artículo 5º de la Ley 106 de 2006 prescribe que “Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios el Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el estatuto tributario”.

Que los artículos 823 y siguientes del estatuto tributario nacional, Decreto-Ley 624 de 1989, definen lo relacionado con el procedimiento administrativo de cobro de obligaciones tributarias, al cual debe sujetarse el Instituto de Desarrollo Urbano.

Que de conformidad con el artículo 38-14 del Decreto-Ley 1421 de 1993, es una atribución del Alcalde Mayor de la ciudad, “Asegurar la exacta recaudación y administración de las rentas y caudales del erario y decretar su inversión con arreglo a las leyes y acuerdos”.

Que el artículo 53 del citado decreto ley dispone que “Como jefe de la administración distrital el Alcalde Mayor ejerce sus atribuciones por medio de los organismos o entidades que conforme al presente decreto sean creados por el concejo”.

Que el parágrafo del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos”, dispone que “La cláusula penal y las multas así impuestas, se harán efectivas directamente por las entidades estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensación de las sumas adeudadas al contratista, cobro de la garantía, o a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de la jurisdicción coactiva”.

Que el Plan de Desarrollo Distrital-Acuerdo 308 de 2008, por el cual se adopta el Plan de Desarrollo de Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, D.C., 2008-2012, determina en su artículo 47 que “En el mismo sentido y en términos de eficiencia institucional se deberán implementar planes de depuración y saneamiento de cartera de cualquier índole a cargo de las entidades distritales, mediante la provisión y castigo de la misma, en los casos en que se determine su difícil cobro o cuando se compruebe que la relación costo-beneficio sea desfavorable para las finanzas distritales”.

Que el literal f) del artículo 29 del Acuerdo 001 de 2009, “Por el cual se expiden los estatutos del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU”, determina como función del director general la de “dirigir, coordinar y controlar la ejecución de las funciones o programas de la entidad y de su personal”.

Que el Acuerdo 002 de 2009, expedido por el consejo directivo del Instituto de Desarrollo Urbano, “establece la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano, las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones”.

Que el artículo 22 del Acuerdo 002 de 2009 establece como función de la subdirección general jurídica, la de “Orientar los procesos ejecutivos de cobro de los valores que se adeuden a la entidad por conceptos diferentes a la contribución de valorización”.

Que el artículo 25 del Acuerdo 002 de 2009 determina como función de la dirección técnica de gestión judicial, la de “Dirigir, coordinar y adelantar los procesos de cobro coactivo en defensa de los intereses de la entidad, a excepción de los relacionados con la contribución de valorización”.

Que el artículo 33 del Acuerdo 002 de 2009 establece prescribe como una de las funciones de la dirección técnica de apoyo a la valorización, la de “Planear y coordinar el diseño y revisión de estrategias y alternativas para la facturación, cobro recuperación, y depuración de la cartera por concepto de la contribución de valorización y controlar su debida implementación y ejecución”.

Que el artículo 34 del mencionado acuerdo determina como atribución de la subdirección técnica de operaciones, la de “Ejecutar las acciones de cobro persuasivo de las sumas adeudadas por concepto de la contribución de valorización y entregar la información requerida para adelantar el cobro coactivo a la dependencia competente”.

Que el artículo 35 del citado Acuerdo 002 de 2009 dispone como funciones de la subdirección técnica jurídica y de ejecuciones fiscales, las de “Adelantar las acciones encaminadas a lograr el pago de las sumas adeudadas por concepto de la contribución de valorización en la etapa de cobro coactivo” y “Realizar los estudios periódicos sobre el estado de los procesos que adelanta la subdirección y presentar propuesta tendientes a la eficaz recuperación y depuración de la cartera relacionada con la contribución de valorización”.

Que es preciso actualizar el reglamento interno de cartera del Instituto de Desarrollo Urbano, contenido en la Resolución 911 de 2007, con base en los aportes que han hecho las diferentes dependencias del Instituto que tienen funciones competencias asignadas al respecto.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

CAPÍTULO I

Aspectos generales de la cartera

ART. 1º—Adopción. Adóptase el reglamento interno de recaudo de cartera del Instituto de Desarrollo Urbano.

ART. 2º—Objetivos. El presente reglamento tiene como objetivo fundamental fijar las políticas y procedimientos para el recaudo y control ágil, eficaz, eficiente y oportuno de la cartera del Instituto de Desarrollo Urbano, con el fin de obtener liquidez para este.

ART. 3º—Definición. Para los efectos de esta resolución, se entiende por cartera las cuantías que representan derechos a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, originados en desarrollo de su misión y de otras actividades no misionales.

ART. 4º—Clasificación de la cartera. Para efectos del presente reglamento, la cartera del Instituto de Desarrollo Urbano se clasifica en cartera misional y cartera no misional, según las definiciones que más adelante se señalan.

ART. 5º—Política de recaudo de cartera. Son políticas generales del recaudo de cartera misional y no misional del Instituto de Desarrollo Urbano, las siguientes:

1. Su sujeción a las disposiciones jurídicas vigentes sobre la materia y al presente reglamento.

2. Su contribución al cumplimiento de las metas y plazos establecidos para el recaudo, lo mismo

que a la ejecución eficiente del presupuesto de la entidad.

3. La implementación de los mecanismos que permitan informar oportunamente a los contribuyentes y deudores de los atrasos en sus obligaciones.

4. La generación de facilidades y acuerdos de pago que eviten costos innecesarios.

5. La determinación de criterios para el otorgamiento de las facilidades de pago y acuerdos de pago, junto con el establecimiento de los plazos y condiciones para el efecto.

6. El desarrollo de acciones en todas las etapas del cobro con el fin de maximizar el recaudo y minimizar la incobrabilidad de la cartera del Instituto de Desarrollo Urbano.

7. La definición de los criterios de priorización de cartera tendientes a determinar las acciones aplicables en cada etapa del proceso de cobro.

8. La actualización permanente del inventario de la cartera tanto en la etapa de cobro persuasivo como de cobro coactivo, y la implementación de estrategias tendientes a obtener de manera eficaz y eficiente el recaudo de las acreencias existentes a favor del Instituto de Desarrollo Urbano.

9. La utilización y actualización permanente de las herramientas informáticas que permitan que la administración de la cartera sea lo más eficiente posible.

10. La definición de criterios de depuración y castigo de la cartera de difícil cobro y la utilización de los instrumentos legales vigentes para el efecto.

ART. 6º—Política de recaudo de la cartera misional. Además de las anteriores, la cartera misional tendrá como políticas el estudio de incentivos para el pago de contado, con el propósito que el contribuyente con mayor poder adquisitivo se motive a utilizar esta forma de pago, lo cual redundará en que el Instituto de Desarrollo Urbano disponga de los recursos necesarios para adelantar las obras, en el corto y mediano plazo.

ART. 7º—Responsabilidad en la ejecución de las políticas y procedimientos de cartera en el Instituto de Desarrollo Urbano. El cumplimiento de las políticas y procedimientos que se implementen en desarrollo del presente reglamento, corresponde a la dirección técnica administrativa y financiera, a la dirección técnica de apoyo a la valorización y a las demás dependencias dentro de la estructura organizacional que tengan dentro de sus funciones competencias la administración de cuentas por cobrar.

CAPÍTULO SEGUNDO

Cartera misional

ART. 8º—Cartera misional. Es la generada como consecuencia de la asignación de la contribución de valorización, en los términos establecidos por el Concejo de Bogotá.

Así mismo, la componen las cuentas por cobrar por concepto de obras desarrolladas por solicitud de la comunidad a través del programa “obra por tu lugar”, según lo establecido en el artículo 126 de la Ley 388 de 1997.

Esta cartera contempla tanto el monto de la contribución al momento de su asignación, como los intereses respectivos.

ART. 9º—Categorías. Para facilitar la administración del riesgo de la cartera misional, las acreencias a favor del Instituto se calificarán en las siguientes categorías:

1. Categoría A o de corto plazo: Las acreencias calificadas en esta categoría son aquellas que presentan una morosidad hasta de trescientos sesenta (360) días calendario.

2. Categoría B o de mediano plazo: Las acreencias calificadas en esta categoría son aquellas que presentan una morosidad entre trescientos sesenta y un (361) días calendario y mil ochenta (1080) días calendario.

3. Categoría C o de largo plazo: Las acreencias calificadas en esta categoría son aquellas que presentan una morosidad entre mil ochenta y un (1081) días calendario y mil ochocientos (1800) días calendario.

4. Categoría D o riesgo de incobrabilidad: Las acreencias calificadas en esta categoría son aquellas que presentan una morosidad superior a mil ochocientos (1800) días calendario.

Categoría
Vencimiento
Categoría A o de corto plazo:
 Hasta 360 días calendario
Categoría B o de mediano plazo:
361-1080 días calendario
Categoría C o de largo plazo:
1081-1800 días calendario
Categoría D o riesgo de: Incobrabilidad calendario
Superior a 1800 días

 

ART. 10.—Gestión eficiente de cobro. Las subdirecciones técnicas de operaciones y técnica jurídica y de ejecuciones fiscales de y la dirección técnica de apoyo a la valorización deberán adelantar todas las gestiones necesarias para que el pago de las acreencias se realice en la etapa del recaudo y del cobro persuasivo.

ART. 11.—Fases del proceso de cobro. Las acreencias tendrán 3 fases para su cobro que se denominarán recaudo, cobro persuasivo y cobro coactivo.

ART. 12.—Recaudo. El cobro de la cartera misional en la etapa del recaudo se inicia a partir de la exigibilidad de la obligación tributaria y termina en el momento en que el contribuyente pierde la opción del pago por cuotas y se venza el plazo otorgado para pagar.

Para estos efectos se entiende que la obligación tributaria es exigible cuando la resolución de asignación de la contribución de valorización queda ejecutoriada por no haberse presentado el recurso de reconsideración oy (sic) por haberse notificado el acto administrativo que resuelve el recurso de reconsideración, cuando este fuere presentado.

Durante esta etapa de cobro, la subdirección técnica de operaciones deberá diseñar, implementar y hacer seguimiento a las estrategias de recaudo dirigidas a incentivar al contribuyente al pago oportuno, para evitar la generación y aumento en su saldo por los intereses de mora, lo que permitirá a la entidad el recaudo efectivo de lo debido.

ART. 13.—Pago de contado y por cuotas. El pago podrá hacerse de contado o por cuotas, de conformidad con lo establecido por la dirección general del IDU. Esta podrá definir los descuentos respectivos cuando el pago se realice de contado.

La modalidad por cuotas consiste en diferir el valor a pagar en un número máximo de meses, con los respectivos intereses de financiación.

ART. 14.—Intereses de financiación. Se liquidarán sobre aquellas contribuciones que no se paguen de contado, hasta cuando el contribuyente incumpla, momento a partir del cual se comenzarán a liquidar intereses de mora sobre el monto de las cuotas vencidas e intereses de financiación sobre el saldo a capital restante.

La tasa de interés de financiación será la máxima certificada por la Superintendencia Financiera de

Colombia.

ART. 15.—De la exigibilidad del pago total de la obligación. Para el caso de valorización y obra por tu lugar, la mora en el pago de tres (3) cuotas consecutivas mensuales hará exigible la totalidad de la obligación, junto con los intereses de financiación y mora causados.

Se entiende que hay mora en el pago de las tres cuotas consecutivas cuando las mismas no se hayan pagado en la fecha indicada en la respectiva cuenta de cobro enviada al contribuyente.

ART. 16.—Restitución de la oportunidad de pagar a plazo. Podrán restituirse los plazos por una sola vez al contribuyente atrasado en el pago de tres (3) cuotas sucesivas, si con la cuarta (4) cuota paga el valor de las cuotas vencidas más los intereses corrientes y moratorios causados.

ART. 17.—(Modificado).* Cobro persuasivo. Se inicia cuando el contribuyente pierde de manera definitiva la opción de pago por cuotas y tiene una duración de un máxima (sic) de dos años. La subdirección técnica de operaciones podrá dar por terminada esta etapa antes de cumplirse estos dos años cuando de las gestiones llevadas a cabo deduzca que no existe voluntad de pago por parte de los contribuyentes.

Durante esta etapa el contribuyente puede pagar la totalidad de la obligación, lo que incluye saldo a capital e intereses de financiación y mora causados o acceder a una facilidad de pago, la cual solo podrá concederse por una sola vez.

Durante esta etapa de cobro la subdirección técnica de operaciones deberá diseñar, implementar y hacer seguimiento a las estrategias de recaudo dirigidas a incentivar el pago de las obligaciones tributarias, a través de la celebración de facilidades de pago.

*(Nota: Modificado por la Resolución 1862 de 2010 artículo 1° del Instituto de Desarrollo Urbano)

ART. 18.—Inscripción de la contribución de valorización. Durante la etapa de cobro persuasivo, la subdirección técnica jurídica y de ejecuciones fiscales de operaciones, de conformidad con criterios de priorización de cartera, realizará las gestiones necesarias con la oficina de registro de instrumentos públicos, para que la contribución de valorización sea inscrita en los folios de matrícula inmobiliaria. Lo anterior, una vez esté ejecutoriado el acto administrativo de la asignación, de conformidad con lo establecido en los artículos 72 y 91 del Acuerdo 7 de 1987 y a partir del momento que el contribuyente pierda la opción de pago por cuotas.

Esta inscripción tendrá los efectos jurídicos definidos en el Decreto-Ley 1604 de 19696 y demás legislación vigente.

De manera oficiosa, la subdirección técnica de operaciones y la subdirección técnica jurídica y de ejecuciones fiscales solicitarán a la oficina de registro de instrumentos públicos el levantamiento de la inscripción de la contribución de valorización cuando se haya pagado la totalidad de la contribución asignada.

ART. 19.—Intereses moratorios. El interés moratorio se cobrará en forma exclusiva por el tiempo en que el contribuyente se encuentre en mora, a la tasa máxima equivalente a la tasa efectiva de usura certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo mes de mora.

ART. 20.—Objeto del certificado de estado de cuenta. Mediante este documento la subdirección técnica de operaciones se certifica el monto insoluto de la obligación tributaria a cargo del contribuyente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 828 del estatuto tributario nacional.

ART. 21.—Competencia para expedir el estado de cuenta. Una vez terminada la etapa de cobro persuasivo, el subdirector técnico de operaciones será responsable de realizar los trámites necesarios para obtener el boletín de nomenclatura expedido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y el certificado de tradición expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos y realizará las verificaciones contenidas en el procedimiento establecido para la expedición de los de estado de cuenta.

La subdirección técnica de operaciones expedirá el estado de cuenta, certificado de el cual deberá ser suscrito por el director técnico de apoyo a la valorización, estado de cuenta deuda fiscal, de acuerdo con el respectivo procedimiento, para su posterior remisión a la subdirección técnica jurídica y de ejecuciones fiscales.

ART. 22.—Competencia para ejercer cobro coactivo. El Instituto de Desarrollo Urbano tiene jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor. La subdirección técnica jurídica y de ejecuciones fiscales será responsable de adelantar las gestiones de cobro coactivo al interior de esta entidad.

ART. 23.—(Modificado).* Régimen jurídico. El cobro coactivo de la cartera misional del Instituto de Desarrollo Urbano se adelantará de conformidad con lo señalado en el estatuto tributario nacional, Decreto-Ley 624 de 1989 y demás normas vigentes.

*(Nota: Modificado por la Resolución 1465 de 2011 artículo 1° del Instituto de Desarrollo Urbano)

ART. 24.—Inicio del cobro coactivo. Una vez recibido en la subdirección técnica jurídica y de ejecuciones fiscales el estado de cuenta certificado de estado de cuenta deuda fiscal se iniciará de forma inmediata por parte de esta dependencia, el correspondiente cobro coactivo.

ART. 25.—Facilidades y acuerdos de pago. Las facilidades y acuerdos de pago se establecen como mecanismos de financiación a los deudores que se encuentren en mora y hayan perdido la opción de pago por cuotas. La financiación en la etapa de cobro persuasivo se denomina facilidad de pago y en etapa de cobro coactivo se denomina acuerdo de pago.

En ambos casos podrá ser utilizado por una sola vez para cada obligación y se formaliza diligenciando un formato en el que se consignan los datos del contribuyente, del predio, el valor de la acreencia y el tiempo concedido.

La facilidad de pago deberá ser firmada por el deudor, el servidor público que diligencia el formato y el director técnico de apoyo a la valorización, según lo establecido en esta resolución. El acuerdo de pago deberá ser firmado por el deudor y el subdirector técnico jurídico y de ejecuciones fiscales.

Para acceder a estos mecanismos de financiación se deberá abonar en la primera cuota el 25 por ciento de la deuda en un solo contado. Si durante la vigencia de la facilidad o el acuerdo de pago el contribuyente realiza un abono adicional al valor de las cuotas establecidas en estos, los mayores abonos se aplicarán a capital.

Durante la vigencia de la financiación no podrá en ningún caso renegociarse la deuda.

Los plazos máximos para suscribir la facilidad y el acuerdo de pago en relación con la deuda se concederán, con base en el monto de la misma, teniendo en cuenta los siguientes rangos:

Rangos de la deuda - en pesos capital + interés
Plazo máximo en meses
0-hasta 2 smmlv
12
Superiores a 2 smmlv y hasta 10 smmlv
18
Superiores a 10 smmlv
24

Los documentos que son necesarios para la emisión de la facilidad de pago son los siguientes:

1. Certificado de tradición y libertad del predio.

2. Fotocopia de cedula de ciudadana del propietario y/o representante (persona natural).

3. Certificado de representación y existencia legal (personal jurídica).

4. Autorización por escrito firmada por el representante legal (persona Jurídica) o propietario (persona natural).

PAR.—Los casos especiales con relación a los rangos de deuda, los plazos, cuotas o requisitos para su celebración deberán ser puestos a consideración del comité de cartera.

ART. 26.—Cláusula aceleratoria. Cuando el contribuyente incumpla con el pago de dos (2) cuotas estando en vigencia la facilidad de pago, se aplicará la cláusula aceleratoria y en consecuencia se iniciara el proceso de cobro coactivo. Tratándose de acuerdo de pago, se reanudará el proceso de cobro coactivo, llevándolo hasta su terminación.

ART. 27.—Recuperación de cartera en procesos concursales. Para los procesos concursales de reestructuración de obligaciones (L. 550/99), concordato y liquidación obligatoria (L. 222/95), o las leyes que las modifiquen o adicionen, la dirección técnica de gestión judicial tendrá a su cargo la representación para la defensa de los intereses del instituto y la vigilancia y control de los procesos concursales ante la entidad competente.

ART. 28.—Remisión tributaria. La dirección general del Instituto de Desarrollo Urbano o servidor público la autoridad que esta delegue podrá utilizar la figura de la remisión tributaria dentro de la gestión de su cartera misional, en los términos establecidos en el estatuto tributario nacional. Para hacer ejercicio de esta facultad deberá demostrarse las gestiones de cobro persuasivo y coactivo que se hayan realizado, de conformidad con lo establecido en este reglamento.

ART. 29.—Prescripción de la acción de cobro. La dirección general del Instituto de Desarrollo Urbano o servidor público la autoridad que esta delegue podrá declarar la prescripción de la acción de cobro, en relación con la cartera misional, en los términos establecidos en el estatuto tributario nacional, con el mismo requisito señalado en el artículo anterior.

CAPÍTULO III

Cartera no misional

ART. 30.—Definición de la cartera no misional. Son las cuentas por cobrar que constan en actos administrativos, cuentas de cobro u otros documentos de los que surge la acreencia a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, tales como la intervención de antejardines, compensaciones al fondo de parqueaderos, las generadas a favor del IDU por la imposición de multas contractuales, sanciones disciplinarias por parte de las autoridades competentes, las contenidas en actas de liquidación de los contratos, las que sean consecuencias de sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbítrales a favor del IDU, las generadas por anticipos contractuales no ejecutados, las devoluciones dinerarias a favor del IDU, y en general todas aquellas sumas de dinero no misionales que jurídicamente deba recaudar el Instituto.

ART. 31.—Gestión persuasiva de la cartera no misional. La gestión de la cartera no misional se desarrollará bajo los siguientes lineamientos:

a) Las acreencias derivadas de imposición de multas o sanciones a servidores públicos y ex servidores públicos se recaudarán a través de descuentos por nómina o pago directo en la tesorería del Instituto de Desarrollo Urbano.

La dirección técnica administrativa y financiera será competente para adelantar la etapa del cobro persuasivo.

b) La gestión de la cartera originada en sentencias judiciales, conciliaciones, laudos arbítrales a favor del IDU corresponde a la dirección técnica de gestión judicial en la etapa persuasiva.

c) La gestión de cartera originada en la imposición de multas contractuales y la cláusula penal a favor del Instituto de Desarrollo Urbano, corresponde a la dirección técnica de gestión contracual en la etapa persuasiva. En la etapa coactiva la gestión corresponde a la dirección técnica de gestión judicial.

d) La gestión de la cartera originada en actas de liquidación de contratos, anticipos contractuales no ejecutados y demás derechos originados en el desarrollo de los contratos celebrados por la entidad, estarán a cargo de la dirección técnica correspondiente, según la ordenación del gasto, en la etapa de cobro persuasivo.

En los casos en que no se logre el descuento de los valores adeudados en los correspondientes pagos a los contratistas, la dirección técnica deberá reportar la acreencia a la dirección técnica de gestión judicial para su correspondiente gestión de cobro a través de la justicia ordinaria.

e) La gestión de la cartera originada en cuentas por cobrar por concepto del fondo compensatorio de parqueaderos estará a cargo de la subdirección técnica de presupuesto y contabilidad en las etapas de recaudo y cobro persuasivo.

f) Los demás conceptos que generen cuentas por cobrar a favor del instituto, originados en actos administrativos, cuentas de cobro u otros documentos provenientes del deudor, serán gestionados en la etapa de cobro persuasivo por la dirección técnica correspondiente, según la naturaleza de la operación.

PAR. 1º— (Nota: Adicionado por la Resolución 4388 de 2010 artículo 2° del Instituto de Desarrollo Urbano)

ART. 32.—Cobro coactivo de la cartera no misional. La subdirección técnica jurídica y de ejecuciones fiscales dirección técnica de gestión judicial será competente para adelantar el cobro coactivo de la cartera no misional del Instituto de Desarrollo Urbano, de conformidad con las reglas establecidas en el estatuto tributario nacional.

ART. 33.—Facilidades y acuerdos de pago de la cartera no misional. Las facilidades de pago de la cartera no misional serán firmadas por el deudor y por el director técnico de la dirección que al interior del Instituto de Desarrollo Urbano adelante el cobro persuasivo correspondiente.

Los acuerdos de pago de la cartera no misional serán firmados por el deudor y por el director técnico de gestión judicial.

ART. 34.—Régimen jurídico. El cobro coactivo de la cartera no misional del Instituto de Desarrollo Urbano se adelantará de conformidad con lo señalado en el estatuto tributario nacional, Decreto-Ley 624 de 1989 y demás normas vigentes.

ART. 35.—Remisión de obligaciones no tributarias. La dirección general del Instituto de Desarrollo Urbano o el servidor público la autoridad que esta delegue puede remitir las obligaciones a favor de la entidad y que hagan parte de la cartera no misional, en los términos consagrados en los incisos primero y segundo del artículo 820 del estatuto tributario nacional. Para hacer ejercicio de esta facultad deberá demostrarse las gestiones de cobro persuasivo y coactivo que se hayan realizado, de conformidad con lo establecido en este reglamento.

ART. 36.—Prescripción de la acción de cobro. La dirección general del Instituto de Desarrollo Urbano o el servidor público la autoridad que esta delegue podrá declarar la prescripción de la acción de cobro, en relación con la cartera no misional, en los términos establecidos en el estatuto tributario nacional, con el mismo requisito señalado en el artículo anterior.

ART. 37.—Remisión normativa. Los artículos de esta resolución relacionados con las categorías de la cartera, la gestión de cobro y las fases de cobro de la cartera misional serán aplicables en la gestión de la cartera no misional, de acuerdo con la naturaleza de la acreencia de la que se trate.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales

ART. 38.—Vigencia. Esta resolución rige a partir de su publicación en el Registro Distrital y deroga las disposiciones que le sean contrarias, en especial, la Resolución 911 de 2007, y los artículos 1º, y 9º de la Resolución 5993 de 2007.

Publíquese, y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 25 de septiembre de 2009.