Sentencia 2009-00361 Proyecto líneas, de octubre 27 de 2010

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 410011102000200900361 00

Magistrado ponente:

Dr. Henry Villarraga Oliveros

Registra proyecto: 25-10-2010

Aprobado según Acta 122 de la misma fecha

Bogotá, D.C., veintisiete de octubre de dos mil diez.

ASUNTO A DECIDIR

Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el denunciante Héctor Javier Maldonado Riveros, contra la decisión adoptada el 21 de mayo de 2010, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Huila(1), se abstuvo de abrir investigación disciplinaria en contra de la Dra. Amanda Socorro Ortiz Ortiz en su condición de juez 2ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva Huila.

ANTECEDENTES

Mediante Oficio D2379 del 18 de agosto de 2009, la Procuraduría Regional del Huila remite el memorial de queja suscrito por el señor HÉCTOR JAVIER MALDONADO RIVEROS, documento en el cual solicita al representante del Ministerio Publico su intervención en los hechos que refiere como constitutivos de acoso laboral de la disciplinada, situación que fue reconocida por el Defensor del Pueblo.

El quejoso relata que han rodeado su relación laboral con la Dra. ORTIZ ORTIZ, quien en su calidad de juez 2ª de Ejecución de Penas y Medidas ha vulnerado sistemáticamente sus derechos, lo persigue, lo maltrata laboralmente, situación que puso en conocimiento de la sala administrativa de los Consejos Seccionales de la Judicatura del Huila y Superior, quejas que fueron desestimadas, así como las acciones de tutela en las que expuso su situación; solo el defensor del pueblo ha entendido su posición haciendo uso del recurso de insistencia ante la Corte Constitucional.

Como retaliación por la acción de tutela instaurada con fundamento en los excesos de la Dra. Ortiz Ortiz, esta inició proceso disciplinario en su contra, siendo convocado en varias ocasiones al mismo para ser escuchado en versión libre, diligencia a la que no ha podido comparecer en razón a su delicada condición de salud. En dicho trámite se dispuso realizar la diligencia en su domicilio, en compañía de funcionarios del Instituto Colombiano de Medicina Legal y en la cual sería escuchado en versión libre y estableciéndose su condición física y psicológica. Expresa el quejoso que a la fecha su situación de acoso laboral no ha sido reconocida por ninguna autoridad, sin embargo en las acciones constitutivas de esta conducta se sigue produciendo llegando incluso a invalidar la intimidad de su domicilio.

ANTECEDENTES PROCESALES

Recibidas las diligencias en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante auto de febrero 4 de 2010, se dispuso la indagación preliminar con el fin de practicar y allegar las siguientes pruebas:

— Acreditar la calidad de juez 2ª de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la disciplinada AMANDA SOCORRO ORTIZ ORTIZ.

— Notificar a la disciplinada de las presentes diligencias.

— Tener como pruebas las documentales allegadas por el quejoso al proceso.

— Escuchar en versión libre a la disciplinada.

Entre tanto, mediante escrito presentado en abril 23 de 2010, la Dra. ORTIZ ORTIZ se pronunció por escrito sobre los hechos materia de investigación de la siguiente manera:

“Mediante acuerdo número 1841 del 28 de mayo de 2003 fue creado el Juzgado 2ª de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Neiva Huila y por acuerdo 1842 nace el centro administrativo de los juzgados de esa especialidad, conformando la planta de personal compuesta entre otros por el Sr. HÉCTOR JAVIER MALDONADO RIVEROS.

Advierte que fue designada por un año para ejercer la función de juez coordinadora y asumió la responsabilidad de organizar el centro de servicios, lo que implicó reasignar funciones y solicitar a los empleados compromisos con el trabajo, así como aprovechar el apoyo de los empleados de los juzgados penales municipales que fueron asignados para organizar y radicar en el sistema cerca de 7000 procesos.

Teniendo como referencia el acuerdo número 1707 del 8 de febrero de 2003 que regla para los juzgados de esa especialidad en Bogotá, y de común acuerdo con el entonces juez primero de ejecución de Penas se reasignaron funciones a todos los empleados, entre ellos al asistente social Sr. MALDONADO RIVEROS, quien además de las funciones propias de su cargo debió recepcionar, verificar e incorporar memoriales a los procesos con sentenciados privados de la libertad, labor que desarrollo deficientemente por lo que se produjo mora al resolver las peticiones de los internos y fueron instauradas acciones de tutela contra los juzgados por tales hechos. En dos oportunidades más, se asignaron nuevas funciones, las que no pudo desarrollar con eficiencia, situación que condujo a dirigirle varios llamados de atención para que cumpliera con sus funciones en forma eficiente, tanto por escrito como verbalmente.

Esta situación motivo la presentación de acciones de tutela y quejas disciplinarias del sr. Maldonado Riveros tanto en su contra como en contra de los otros jueces de ejecución de penas, descargando una serie de improperios y empezando una persecución en su contra que ha afectado su integridad moral e incluso ha incidido en el normal desarrollo de su vida laboral. A pesar que el quejoso la ha perseguido y acosado laboralmente ella nunca ha tenido una actitud displicente o agresiva con él, no ha acudido a una instancia judicial o administrativa para dirimir esta lamentable situación.

Expresa que es sujeto de investigación por acoso laboral, la cual tuvo inicio en junio de 2008, en el comité de Copaso de la rama judicial, sin que haya sido posible realizar audiencia de conciliación ante la renuencia del denunciante a acudir a las respectivas diligencias y por ello continua sub judice y sometida a la voluntad del quejoso, hasta que psiquiatría determine la capacidad del mismo de acudir a las audiencias formales de valoración laboral sin que le ocasione pánico o inseguridad.

De otro lado la disciplinada explica los padecimientos del quejoso y destaca que de conformidad con la certificaciones expedidas por el DR. RICHARD FLORES CARVAJAL quien actualmente funge como coordinador del Centro de Servicios Administrativos, en lo que se relaciona con las incapacidades médicas y licencias no remuneradas solicitadas por el Sr. MALDONADO RIVEROS, estas iniciaron el 9 de diciembre de 2003 al 13 de enero de 2004, posteriormente se concede licencia por 30 días a partir del 6 de febrero de 2004 al 26 de septiembre de 2005, se otorga licencia por 10 días, luego se concede licencia no remunerada del 3 de octubre de 2006 al 30 de marzo de 2007, época para la cual el coordinador era el Dr. WILLIAM SALAZAR RODRÍGUEZ, el 1 de julio de 2007 la disciplinada asume la coordinación y el 14 de julio de 2007 le concede licencia por incapacidad medica la que ha continuado hasta la fecha (2 años 9 meses y 9 días a la fecha de la emisión de la providencia atacada).

Lo expuesto quiere decir que del 1 de julio de 2006 a la fecha la relación laboral que tuvo con el quejoso fue de 14 días que corresponde a los días laborados en el mes de julio de 2007. La Dra. Ortiz Ortiz señala que al verificar las fechas de las licencias otorgadas al quejoso es posible concluir que en el periodo en el cual fungió como coordinadora ningún contacto laboral o personal tuvo con el señor Maldonado Oliveros.

La disciplinada aporta como documentos que acreditan su dicho: “fallo de tutela proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva de fecha agosto 13 de 2007 dentro de la acción impetrada por Héctor Javier Maldonado Riveros contra los juzgados 1º, 2º y 3º de ejecución de penas, el comité paritario de salud ocupacional de la rama judicial, la EPS Sanitas y la ARP Suratep. El Tribunal decide negar el amparo invocado; fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en que se resuelve la impugnación presentada por el accionante contra la anterior decisión que data 21 de septiembre de 2007 y en la que se confirmó la decisión de primera instancia.

Contestación de acción de tutela tramitada por el juzgado 1º civil del circuito de Neiva de fecha marzo 8 de 2008, accionante Maldonado Riveros en contra de la disciplinada.

Oficio número 0008 de fecha enero 3 de 2007 del juzgado primero de menores de Neiva en el que comunica que fue declarada improcedente la acción impetrada por el Sr Maldonado Riveros contra los juzgados de 1º y 2º de ejecución de penas de Neiva.

Oficio número 985 del juzgado 3 del juzgado civil municipal de Neiva por medio del cual comunica la disciplinada que la acción de tutela promovida por el Sr. Maldonado Riveros en su contra fue declarada improcedente.

Constancia suscrita por el juez 1º de ejecución de penas de Neiva en la que certifica que entre el 1º de julio de 2006 y el 30 de junio de 2007 cumplió funciones de coordinador del Centro Administrativo de los Juzgados de esa especialidad. En el mismo señala que a partir del momento en que el Sr. Maldonado Riveros asistente social grado 18 entro en incapacidades medicas consecutivas y que no ha vuelto a tener trato persona o directo con él, y que solo lo ha visto en la calle conduciendo su vehículo.

Certificado de la juez 3ª de ejecución de penas de Neiva titular de la coordinación del Centro de Servicios en cita desde el 1 de julio de 2008 hasta el 30 de junio de 2009.

El juez 4º de ejecución de penas de Neiva relaciona las incapacidades médicas del Sr. Maldonado Riveros a la fecha (sic) y precisa que el despacho a su cargo fue creado el 1 de enero de 2007 siempre ha estado a su dirección y no ha tenido trato alguno con el quejoso.

Certificación de la juez 5ª municipal de Neiva en el que informa que allí cursa proceso contra el Sr. Maldonado Riveros, por el delito de lesiones personales culposas por hechos ocurridos el 10 de julio de 2000.

Resolución de la coordinación de centro de servicios de los juzgados de ejecución de penas de Zipaquirá de abril y mayo de 2007 en el que se niegan los traslados solicitados por el Sr. Maldonado Riveros en razón a su padecimiento de salud.

La Directora Seccional de Administración Judicial y Directora del Copaso certifican las actuaciones que se han generado en razón del informe presentado por el Sr. Maldonado Riveros en el que da cuenta de una presunta situación de acoso laboral”.

Con estos documentos la disciplinada certifica que en ningún momento ha existido por su parte acoso laboral en contra del quejoso; por lo contrario solicita que el mismo señor Maldonado Riveros certifique que actividad laboral desempeño durante el tiempo que estuvo laborando en el juzgado a su cargo.

LA DECISIÓN APELADA

La Sala a quo, mediante providencia de mayo 21 de 2010, dispuso abstenerse de abrir proceso disciplinario en contra de la Dra. AMANDA SOCORRO ORTIZ ORTIZ, en su calidad de Juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva Huila, para la época e los hechos denunciados y por ende el archivo definitivo de la investigación(2).

Consideró la primera instancia para abstenerse de abrir proceso disciplinario disponer el archivo definitivo de las diligencias a favor de la disciplinada Dra. AMANDA SOCORRO ORTIZ ORTIZ, básicamente que:

El Sr. Maldonado Riveros pone de presente, una vez más el presunto acoso laboral del que ha sido víctima por parte de la Juez Segunda de ejecución de penas y medidas de seguridad de Neiva, situación que en su criterio se torna más gravosa ante la ausencia de pronunciamiento judicial que avale sus conclusiones y la existencia de un proceso disciplinario adelantado en su contra, trámite en el cual se ordenó la práctica de una visita a su domicilio, en compañía de funcionarios de medicina legal con el fin de escucharlo en versión libre y establecer su condición de salud.

Conforme lo establece el numeral primero del artículo 153 de la ley estatutaria de la administración de justicia que refiere: son deberes del funcionario y empleados primero respetar, cumplir y dentro de la órbita de su competencia, hacer cumplir la Constitución, las leyes y reglamentos. Que de conformidad con el artículo 196 de la Ley 734 de 2002 que refiere que son faltas disciplinarias y da lugar a la acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución y la ley.

Es así que la posible trasgresión del deber indicado implicaría que la Dra. Ortiz Ortiz de igual forma a desatendido los mandatos contenidos en la Ley 1010 de 2006, normatividad que define, previene, corrige y sanciona las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerce sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral, sea privada o pública. La norma en cita, determina las modalidades en las que se presenta acoso laboral como son maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y la desprotección laboral.

De conformidad con los elementos demostrativos arrimados a la actuación es posible concluir que esta Sala se pronunció en dos ocasiones en relación con hechos que a juicio del quejoso son constitutivos del acoso laboral, y cuya comisión atribuye a la disciplinada específicamente en decisiones que datan de febrero 17 de 2006, y julio 13 de 2007, adoptadas en curso de procesos disciplinarios que tuvieron inicio en los años 2005 y 2006, respectivamente por queja que instauró el señor MALDONADO RIVEROS, quien en esa oportunidad adujo entre otros argumentos que recibía un trato discriminatorio de la Juez segunda de Ejecución de penas y medidas de seguridad de Neiva funcionaria que estaba a cargo de la coordinación del centro de servicios de los jugados de esa especialidad, dependencia en la cual labora.

De igual forma el señor MALDONADO RIVEROS presenta recurso de apelación contra la decisión del 17 de febrero de 2006 y el Superior Jerárquico confirma el auto impugnado con proveído del 24 de agosto de 2006. Contra la decisión del 13 de julio de 2007 no se interpusieron recursos.

La información que antecede evidencia que esta corporación se pronunció en dos ocasiones frente a hechos sobre los cuales el quejoso insiste que estructuran acoso laboral de parte de la disciplinada, decisiones que hicieron tránsito a cosa Juzgada; en primera ocasión luego que la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura revisó la decisión que adoptó esta Sala en Sede de Primera Instancia, y en la segunda ante la ausencia de recursos en su contra.

Ahora bien, la Doctora ORTIZ ORTIZ precisa en su intervención que ocupa el cargo del juez segunda de ejecución de penas de esta ciudad desde el año 2003, poco tiempo después a ocupar el despacho en cita fue creado el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de esa Especializada y el quejoso es asignado a esa dependencia, de igual forma precisa que en razón del cúmulo de trabajo se hizo necesario reasignar funciones a los empleados y al señor MALDONADO RIVEROS le correspondieron varias labores que nunca pudo desarrollar con eficiencia, situación que según el empleado le produjo una serie de patologías que lo han llevado a incapacitarse en repetidas ocasiones. La Juez disciplinada advierte que el quejoso no se incorpora al cargo que ocupa en dicho centro desde el 14 de julio de 2007, fecha a partir de la cual permanece incapacitado por el médico psiquiatra.

La exposición de la disciplinada encuentra respaldo probatorio en las certificaciones allegadas por los Jueces Terceros y Cuartos de Ejecución de penas, funcionarios judiciales que han ocupado estos despachos por un amplio periodo de tiempo. Lo anterior conduce a establecer que en sus providencias, este Juez disciplinario analizó y se pronunció sobre los comportamientos tildados de irregulares de la Juez 2º de Ejecución de Penas hasta el 13 de julio de 2007, momento en que tiene lugar la última decisión proferida, de manera que correspondería estudiar las conductas anómalas que la funcionaria judicial ha desplegado en el sentido expuesto por el quejoso.

Pues desde ese momento a la fecha de la queja del señor MALDONADO RIVEROS se tiene que ya existen pronunciamientos que quedaron en firme, y volver sobre lo mismo, se estaría vulnerando el principio del non bis in idem; pues al respecto la Jurisprudencia refiere que:

En relación con el principio non bis in idem la Sala de Casación penal de la Corte Suprema de Justicia reiteró los elementos que configuran el citado principio: “la jurisprudencia nacional ha sido unánime al determinar de manera reiterada que el principio del non bis in idem, hace parte de la garantía fundamental del debido proceso prevista en el artículo 29 del a C.N. (-...) dicha garantía de prohibición de doble incriminación implica que a las autoridades competentes les está vedado aplicar doble sanción o adelantar doble juzgamiento por los mismos hechos, en los cuales que se adviertan identidad de sujetos, circunstancias fácticas y fundamentos, (…).

Al respecto la Corte Constitucional ha considerado en varias ocasiones que una vez concluido el proceso, el sindicado se ve amparado por la garantía del non bis in idem, en virtud de la cual no se puede someter dos veces a juicio a una persona por un miembro hecho, independientemente si ella fue condenada o absuelta.

De conformidad con lo expuesto el principio non bis in idem presupone la existencia de tres condiciones que una vez verificadas conducen a establecer la improcedibilidad de adelantar una investigación, dentro de los regímenes que componen el derecho sancionatorio en razón de existir un pronunciamiento anterior a los mismos hechos: La primera, determina la necesidad de que se trate del mismo sujeto; la segunda, que existe identidad de objeto; y finalmente identidad de causa. Situación ésta que se presenta para el caso en estudio.

Ahora bien, la Sala a quo, vuelve y reitera que no encuentra que dentro de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como surgió el trato entre la disciplinada y el quejoso, estuviera en condiciones de agredir laboralmente al quejoso pues el tiempo en que hubo trato laboral fue muy corto; pues el Seccional de Instancia ya se pronunció al respecto y adoptó la decisión correspondiente sobre los hechos de similar naturaleza, de manera que es preciso aclarar que la misma normalmente no actuó como jefe del señor MALDONADO RIVERA, pues éste es empleado del Centro Administrativo de Servicios de los Juzgados de ejecución de penas y no aparece en la planta de personal del Juzgado 2º de esa especialidad a cargo de la disciplinada, por lo que el trato laboral con él se limitan a las épocas en las que ha estado a cargo de la Coordinación de Centro de Servicios.

De igual forma, se acredita que el quejoso solicitó licencia no remunerada del mes de octubre de 2006 a marzo de 2007, ocupó su puesto de nuevo en abril de 2007, y lo hizo hasta el 13 de julio de ese año. La doctora ORTIZ asumió la coordinación del centro de servicios a partir del primero de julio de 2007, de conformidad con lo expresado en la certificación que expide el Juez 4º de Ejecución de Penas, por lo que establecido que el señor MALDONADO RIVEROS desarrolló las funciones que le son propias como empleado del Centro de servicios durante el año 2007, sólo del primero de abril a 14 de julio de ese año, y que la disciplinada estuvo como coordinadora de esa dependencia del primero de julio en adelante, por lo que se colige que la doctora ORTIZ ORTIZ pudo tener trato con el quejoso sólo durante los trece días del mes de julio de 2007.

Lo anterior permite concluir que realmente es breve el periodo de tiempo que el quejoso permaneció en su puesto de trabajo y en el cual simultáneamente la disciplinada actuaba como Coordinadora del Centro de Servicios. Esta situación aunada al hecho de no existir información o conocimiento sobre episodios concretos así como el desconocimiento de episodios de las fechas y los pormenores del aparente maltrato del cual el quejoso omite precisar, permite esta Sala concluir que el señor MALDONADO no informa de la existencia de hechos nuevos que serían materia de investigación, y por lo tanto es procedente ordenar el archivo de las presentes diligencias.

Ahora se observa que el señor MALDONADO RIVEROS en su escrito de queja afirma que se siente vulnerado en sus derechos fundamentales, pues obra prueba ordenada dentro de un proceso disciplinario seguido en su contra, trámite en el cual el instructor dispuso realizar visita domiciliaria en compañía de funcionarios de medicina legal, ante su renuencia de comparecer a rendir versión libre; ante este hecho, la Sala A Quo simplemente señaló que la copia de la providencia que ordenó la orden indicada por el quejoso fue suscrita por la titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, quien así lo decide por una investigación que cursa en contra del Sr. Maldonado Riveros en se calidad de coordinadora del Centro de Servicios, de manera que nada tiene que ver la Dra. ORTIZ ORTIZ con esa decisión y por tanto no se le podrá endilgar reproche alguno en su contra por este hecho.

Es preciso reiterar para entendimiento del quejoso, que los lineamientos legales y jurisprudenciales citados, determinan que no es posible adelantar acciones disciplinarias contra la Dra. ORTIZ ORTIZ por hechos que ya fueron materia de investigación y sobre los cuales la jurisdicción adopto una decisión de fondo donde pone fin a la actuación.

Además, llama la atención de La Sala el desgaste al cual el Sr. Maldonado ha sometido a la administración de justicia, pues no solo ha presentado una cantidad considerable de acciones de tutelas contra la disciplinada y los otros jueces de esta ciudad, sino que además versan sobre la misma actuación fáctica que presenta ante esta colegiatura y siempre obteniendo pronunciamientos desfavorables a sus pretensiones. A pesar de lo anterior, el quejoso no deja de interponer acciones luego de conocer el sentido de los fallos e incluso señala en esta queja que se ha hecho una interpretación errónea de la situación, se hace apología del mal comportamiento de la funcionaria judicial (al parecer esta Sala también está incluida), lo justificaron y prácticamente se le ha felicitado por el mismo.

En relación con este punto simplemente se advertirá que los elementos demostrativos arrimados a esta actuación determinan que el Sr. Maldonado Riveros puede estar equivocado, quizás debido a la falta de instrucción o ilustración jurídica. A esta conclusión es posible llegar luego de leer las decisiones adoptadas por lo menos por cinco jueces, incluido los jueces colegiados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al decidir las acciones de tutela que ha impetrado en cuyos fallos se ha expuesto que no le asiste razón al quejoso, no se observa vulneración de sus derechos y por tanto las conductas irregulares que aduce no estructura injusto ético o no afrenta sus garantías fundamentales.

De esta forma la Sala a quo fundamenta su fallo, el cual fuera impugnado por el Sr. HÉCTOR JAVIER MALDONADO RIVEROS.

LA APELACIÓN

Contra la anterior decisión el señor Maldonado Riveros, en su calidad de denunciante interpuso recurso de apelación mediante escrito presentado el 2 de junio de 2010 (fls. 144 a 158), contra el fallo de primera instancia de fecha mayo 21 de 2010, radicado 200900361-00, en el que la Sala se abstuvo de abrir proceso disciplinario en contra de la Dra. Amanda Socorro Ortiz Ortiz, disciplinada dentro de las diligencia de la referencia en su condición de Juez 2ª de Ejecución de Penas y medidas de Seguridad de Neiva Huila.

Para sustentar su recurso el apelante muestra su inconformidad basándose en los mismos argumentos que tuvo para denunciar a la funcionaria aquí investigada, atacando la decisión en los siguientes aspectos:

Aduce que no corresponde a ningún supuesto el acoso laboral por parte de la disciplinada toda vez que se trata de una realidad tangible la que ha sido evidenciada por autoridades competentes todas de aspecto jurídico como de aspectos atinentes a la salud específicamente a su salud mental y a la salud ocupacional siendo certificada por ellos (el disciplinado hace un recuento de lo anteriormente acotado).

Por lo que pretende que se revoque en su totalidad el fallo de tutela proferido por la Sala Jurisdiccional de la Sala Disciplinaria de Neiva, mediante el cual se abstuvo realizar investigación disciplinaria a la disciplinada. Solicita además que se practique nuevas diligencias a que haya lugar y por jueces que no conozcan personalmente a la investigada. Además que se ordene a la juez evite actuaciones en contra del quejoso por su propia cuenta o por interpuesta persona para evitar que con tales actuaciones sea perjudicado y trunque su lento proceso de recuperación.

Lo anterior por cuanto no es cierto lo que afirma la Sala de primera instancia en manifestar que la Juez Ortiz Ortiz no admite ningún reproche para formularle cargos por este hecho, pues probado está en el proceso su delicado estado de salud y del acoso laboral a que ha sido sometido por parte de la disciplinada, situación que ha demostrado con los diferentes documentos allegados a esta investigación y que no se tuvieron en cuenta por la Sala A Quo, quien no tuvo en cuenta el hostigamiento que se ha reflejado en diversos aspectos como la calificación de servicios, la degradación de su entorno laboral, y la afectación de su salud física como mental que le ocasionó aparte del estrés laboral, la patología denominada depresión mayor, calificada por la EPS Sanitas, como de origen profesional aspectos que fueron considerados de forma aislada por los jueces de tutela y no conjuntamente.

Por lo tanto solicita sea revocada la decisión adoptada por la primera instancia para que sus derechos no queden impunes ante el actuar de la juez disciplinada de quien no se ha reconocido su acoso laboral al quejoso.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. De la competencia

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por los denunciantes dentro del proceso de la referencia, según los artículos 256 de la C.N., numeral 3º, estableció: “Examinar la conducta y Sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión en la instancia que señale la ley.

La anterior disposición en armonía con el artículo 112, numeral 4º, de la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, establece que el Consejo Superior de la Judicatura conocerá de los Recursos de apelación y de hecho así como de las consultas en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en armonía con el parágrafo único del artículo 90, y los artículos 115 y 207 de la ley 734 de 2002. Que rezan: El recurso de apelación procede únicamente contra las decisiones que niegan la práctica de pruebas solicitadas en los descargos, la decisión de archivo y el fallo de primera instancia. Contra las providencias proferidas en el trámite disciplinario proceden los recursos de apelación contra el auto de archivo definitivo y el auto que niega pruebas.

En virtud de la competencia de esta corporación para conocer de la presente investigación disciplinaria y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir.

En consecuencia, procede esta corporación a decidir si confirma o revoca la providencia del 21 de mayo de 2010, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, a través de la cual se abstuvo de abrir proceso disciplinario y ordenó archivar definitivamente la indagación preliminar adelantada, a favor de la doctora AMANDA SOCORRO ORTIZ ORTIZ, en su condición de Juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva-Huila.

2. Problema jurídico

El problema jurídico a dilucidar consiste en determinar si la decisión del a quo estuvo ajustada a derecho y conforme a la realidad probatoria o si por el contrario, merece ser revocada para que en su lugar se prosiga con la actuación.

Pues bien, el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, dispone:

“Procedencia, fines y trámite de la indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de la investigación disciplinaria se ordenará una indagación preliminar 

La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.  

En caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria se adelantará indagación preliminar. En estos eventos la indagación preliminar se adelantará por el término necesario para cumplir su objetivo. Texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de 2003, ver la sentencia de la Corte Constitucional C-070 de 2003

En los demás casos la indagación preliminar tendrá una duración de seis (6) meses y culminará con el archivo definitivo o auto de apertura. Cuando se trate de investigaciones por violación a los Derechos Humanos o al Derecho Internacional Humanitario, el término de indagación preliminar podrá extenderse a otros seis meses.  

Para el cumplimiento de este, el funcionario competente hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en exposición libre al disciplinado que considere necesario para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en los hechos investigados. Texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-036 de 2003; Texto en cursiva declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional medianteSentencia C-1076 de 2002.

La indagación preliminar no podrá extenderse a hechos distintos del que fue objeto de denuncia, queja o iniciación oficiosa y los que le sean conexos”. 

Emerge de la norma referenciada, que son varios los fines de la indagación preliminar, a saber:

1. Verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si ésta es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.

2. Identificar o individualizar el autor de la presunta falta disciplinaria.

Pero además, nótese que también el contenido de la norma transcrita, nos permite colegir que, la investigación preliminar debe extenderse a todos los hechos denunciados, cuando nos indica que debe limitarse a los hechos objeto de la queja o iniciación oficiosa disciplinaria e incluso, a los que sean conexos.

Así entonces, revisada la actuación y decisiones emitidas por el Juzgador de primera instancia, resulta evidente resaltar que tal como lo describe la norma, se ordenó la apertura de indagación preliminar de fecha febrero 4 de 2010, decretándose la práctica de pruebas tendientes a establecer si existe, o no la ocurrencia de los hechos denunciados, o si los mismos constituyen falta disciplinaria; también establecer la plena identificación o individualización del autor de una falta disciplinaria.

El a quo al momento de proferir fallo de primera instancia, analizó las pruebas allegadas al disciplinario a efectos de tomar la decisión objeto de apelación.

Vemos que en la resolución de fecha mayo 21 de 2010, el juzgador actuó bajo los parámetros de la normatividad establecida en la Ley 734 de 2002, para abstenerse de abrir proceso disciplinario en contra de la denunciada ORTIZ ORTIZ, pues salta a la vista que éste no es el primer proceso disciplinario iniciado en su contra, por los mismos hechos y de los cuales ya tuvo conocimiento esa Sala a quo quien emitió fallo absolutorio a favor de la juez disciplinada mediante decisión del 17 de febrero de 2006, la cual fuera confirmada por esta superioridad (fls. 45 a 84) y del 13 de julio de 2007, (fls. 85 a 94).

Nótese que pese a la insistente solicitud por parte del quejoso, para que la doctora ORTIZ ORTIZ sea sancionada por esta corporación; se tiene que los hechos motivos de su queja son los mismos aunque actualizados, situación que para esta Sala no admite debate, pues encuentra respaldo probatorio en las providencias ya citadas y en el que observa que el Juez disciplinario analizó y se pronunció sobre los comportamientos tildados de irregulares por la juez 2º de ejecución de penas hasta el 13 de julio de 2007, momento en que tiene lugar la última decisión proferida.

Ahora analizando las conductas irregulares que la funcionaria judicial ha desplegado en el sentido expuesto por el quejoso, desde ese momento en adelante pues sobre las circunstancias que anteceden a esta fecha ya existen pronunciamientos que hicieron tránsito a cosa Juzgada y conforme al principio non bis in idem es imposible volver sobre los mismos.

Pues revisada la actuación la Sala no encuentra que la disciplinada estuviera en condiciones de agredir o maltratar laboralmente al quejoso en el tiempo no comprendido en las decisiones que la Sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, adoptó en relación con hechos de similar naturaleza, pues es preciso aclarar que la misma normalmente no funge como Superior o jefe del señor MALDONADO RIVERA, éste es empleado del centro administrativo de servicios de los Juzgados de ejecución de penas y no aparece en la planta de personal del juzgado 2º de esa especialidad a cargo de la disciplinada.

Por tanto las oportunidades en las que la funcionaria investigada ORTIZ ORTIZ tiene trato laboral con él se limitan a las épocas en las que ha estado a cargo de la coordinación de centro de servicios.

De igual forma, se acredita que el quejoso solicitó licencia no remunerada del mes de octubre de 2006 a marzo de 2007, que ocupó su puesto de nuevo en abril de 2007, y lo hizo hasta el 13 de julio de ese año.

La funcionaria ORTIZ ORTIZ asumió la coordinación del centro de servicios a partir del primero de julio de 2007, de conformidad con lo expresado en la certificación que expide el juez 4º de ejecución de penas, por lo que establecido que el señor MALDONADO RIVEROS desarrolló las funciones que le son propias como empleado del centro de servicios durante el año 2007, sólo del primero de abril a 14 de julio de ese año, y que la disciplinada fungió como coordinadora de esa dependencia del primero de julio en adelante, siendo lógico deducir que la doctora ORTIZ ORTIZ, pudo tener trato con el quejoso durante los 13 días del mes de julio de 2007.

Lo anterior permite concluir que realmente es breve el periodo de tiempo que el quejoso permaneció en su puesto de trabajo y en el cual simultáneamente la disciplinada actuaba como coordinadora del centro de servicios.

Esta situación aunada al hecho de no existir información o conocimiento sobre episodios concretos así como el desconocimiento de episodios de las fechas y los pormenores del aparente maltrato del cual el quejoso omite precisar, permite esta Sala concluir que el señor MALDONADO no informa de la existencia de hechos nuevos que serían materia de investigación.

El señor MALDONADO RIVEROS en su escrito de apelación aduce nuevamente que siente vulnerados sus derechos fundamentales con la prueba ordenada dentro de un proceso disciplinario seguido en su contra, tramite en el cual el instructor dispuso realizar visita a su domicilio junto a funcionarios de Medicina Legal, ante su renuencia a comparecer a rendir versión libre, pues de la copia de la providencia contentiva de la orden indicada por el señor MALDONADO RIVEROS se evidencia que la aquí disciplinada no es la funcionaria que profiere la orden que causa la inconformidad del quejoso, es la titular del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva quien la toma en curso de una investigación disciplinaria seguida contra el Sr. Maldonado Riveros en se calidad de coordinadora de Centro de Servicios; de manera que nada tiene que ver la Dra. ORTIZ ORTIZ con esa decisión y por tanto ningún reproche puede formularse en su contra por este hecho.

En relación con lo anterior se advierte que los elementos demostrativos arrimados a esta actuación determinan que no se avizora por parte de la funcionaria disciplinada, acoso laboral denunciado por el señor MALDONADO RIVEROS, pues como ya se dijo, de las diligencias se extrae que los dos funcionarios no han tenido mayor contacto laboral, como tampoco se observa que la funcionaria investigada haya tenido injerencia en las decisiones adoptadas por los demás funcionarios y en los que en sus distintas intervenciones han referido la ausencia del quejoso a su sitio de trabajo, esto por enfermedad laboral que él mismo reconoce.

Por lo tanto, esta corporación encuentra acorde la decisión adoptada por el seccional de instancia, en la medida que tal como se adujo en este proveído, los hechos aquí denunciados por el señor HÉCTOR JAVIER MALDONADO RIVEROS, son los mismos por los cuales ya hicieron tránsito a cosa juzgada, por tanto y tal como lo aduce la Sala a quo, investigar y fallar sobre lo mismo, se estaría vulnerando el principio del non bis in idem; situación distinta sería que se comprobara el acoso laboral por parte de la disciplinada al señor MALDONADO RIVEROS, en hechos posteriores a las decisiones adoptadas en Primera Instancia, pues de ser así, se entraría a investigar ya fallar de acuerdo al material probatorio existente, pero esta corporación no avizora hecho diferente a los ya sometidos a estudio; por lo tanto y sin más preámbulos esta Sala disciplinaria confirmará la decisión adoptada por el fallador de primera instancia, motivo de impugnación.

Así las cosas, no encontrando mérito para abrir investigación disciplinaria a la Doctora ORTIZ ORTIZ, se confirmará la decisión de primera instancia, mediante la cual dispuso abstenerse de iniciar investigación disciplinaria en su contra y en consecuencia el archivo definitivo de la misma.

Por lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en uso de sus facultades constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el auto de fecha mayo 21 de 2010 proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, mediante el cual se abstuvo de abrir proceso disciplinario en contra de la doctora AMANDA SOCORRO ORTIZ ORTIZ, en su condición de Juez Segunda de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva-Huila, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de este providencia.

2. Remitir las diligencias a la Sala de origen.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: Julia Emma Garzón de Gómez, presidenta—Henry Villarraga Oliveros, vicepresidente—José Ovidio Claros Polanco—Jorge Armando Otálora Gómez—María Mercedes López Mora—Angelino Lizcano Rivera—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial. 

1 Siendo M.P. Teresa Elena Muñoz de Castro en Sala dual con Claudia Yamile Ramírez Hernández.

2 Folios 129 al 139.