ACUERDO 3 DE 2010

 

Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía

ACUERDO 3 DE 2010 

(Septiembre 30)

“Por el cual se fija el valor de la solución de vivienda por categoría, para los beneficiarios del Fondo de Solidaridad, para la vigencia 2011”.

La junta directiva de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial la que le confiere el artículo 14 del Decreto-Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 9º de la Ley 973 de 2005, en concordancia con el artículo 10 del Decreto 3830 de 2006 y el artículo 1º de la Ley 1305 de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con el artículo 14 del Decreto-Ley 353 de 1994, modificado por el artículo 9º de la Ley 973 de 2005, a su vez modificado por el artículo 1º de la Ley 1305 de 2009, parágrafo 3º, la junta directiva deberá fijar para cada vigencia fiscal, antes del mes de octubre de cada año, el valor de la vivienda a adjudicar en cada categoría, sin que los incrementos en el valor de la misma, sean inferiores a la variación de IPC, certificado por el DANE para la respectiva vigencia.

Que mediante el Acuerdo 7 de 2009, la junta directiva, fijó el valor de la vivienda a adjudicar con cargo al Fondo de Solidaridad para la vigencia 2010, en las diferentes categorías: oficial, suboficial, agente y soldado profesional, así:

Categoría Año 2010
Oficial $ 72.179.000
Suboficial / nivel ejecutivo $ 53.467.000
Agente / soldado profesional $ 39.149.000

 

Que al mes de agosto de 2010, la variación del IPC de los últimos doce meses, certificado por el DANE, asciende al 2,31% y el índice de Costos de la Construcción para el mismo periodo fue del 1,20.

Que en virtud del artículo 1º de la Ley 1305 de 2009, se efectuaron algunas modificaciones a dicho fondo, como la redefinición de sus condiciones de acceso, sistema de financiación y ampliación de su cobertura, en el sentido de abarcar toda la población de beneficiaros de los afiliados que fallezcan por cualquier causa, queden o no disfrutando de asignación de retiro, pensión de sobrevivencia o sustitución.

Que dentro de los destinatarios del fondo de solidaridad, están aquellos afiliados forzosos para solución de vivienda, que sean retirados o desvinculados del servicio, por disminución de la capacidad sicofísica, como consecuencia directa de actos del servicio o fuera de él, por acción directa del enemigo, en misión del servicio, o por una grave y comprobada enfermedad catastrófica o terminal, con o sin derecho a disfrute de pensión de invalidez.

Que en relación con las personas con incapacidad física, la Corte Constitucional, ha expresado, a través de la Sentencia T-1248 del 11 de diciembre de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, lo siguiente:

“Existe una protección especial reforzada a favor de ciertas personas, dadas sus condiciones de vulnerabilidad, debilidad o marginalidad. Tal es el caso de las personas de la tercera edad, los niños, las niñas, las madres cabeza de familia, las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, las mujeres embarazadas, los grupos étnicos o minoritarios, las personas víctimas de desplazamiento forzado. Por ello, con el fin de que puedan satisfacer sus derechos fundamentales, y lograr la efectiva igualdad material (C.P., art. 13), son acreedores de una especial protección dentro de un Estado Social de Derecho y en tal medida, las autoridades tienen el deber de garantizar el goce de sus derechos constitucionales fundamentales.

De igual manera y por mandato de la Constitución se impone al Estado: (i) la obligación de otorgar un trato diferente y de tomar las medidas necesarias y favorables para que las personas con limitaciones físicas, mentales o sensoriales puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad con los demás, a fin de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Nacional (C.N. art. 2º); (ii) la obligación de proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y el deber de sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan (C.N. art. 13); y (iii) el deber de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para las personas con limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales, a quienes se prestará la atención especializada que requieran (C.N., arts. 47, 54)”.

Que en otro de sus pronunciamientos, la Corte Constitucional, refiriéndose a la protección constitucional reforzada a los disminuidos físicos, especialmente en los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ha señalado a través de la Sentencia T-455 de junio 15 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, lo siguiente:

“... 8. Las personas que padecen alguna limitación física o sensorial son objeto de una especial protección por parre del Estado a fin de promover su integración en la sociedad en desarrollo de los mandatos de igualdad, justicia, y dignidad humana que promueve la Constitución.

El artículo 13 de la Constitución Política establece que es deber del Estado brindar especial protección a aquellas personas “que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”, lo cual se encuentra íntimamente ligado con lo dispuesto en el artículo 47 de la Carta Política en donde se indica que “el Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran”.

Esta protección constitucional reforzada ha sido garantizada por la Corte en diversos escenarios como lo son el campo de la seguridad social, en materia pensional, y en asuntos laborales, entre otros, en los cuales la Corte ha establecido reglas de protección a los discapacitados a fin de garantizar su normal inclusión en la sociedad.

En los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional dicha protección constitucional adquiere una relevancia especial, y así lo indicó la Corte en la sentencia en Sentencia T-1197 de 2001, en donde se expuso como “esta protección adquiere un matiz particular, cuando la persona afectada en sus condiciones de salud es un agente o servidor del Estado, que en cumplimiento de sus funciones o con ocasión de las mismas, ha sufrido una considerable disminución en sus condiciones físicas, síquicas y sensoriales.

Es el caso de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, personas que por la naturaleza de sus funciones y debido a las actividades que diariamente ejecutan, afrontan riesgos permanentes para su vida e integridad personal y que frecuentemente sufren lesiones severas, en muchos casos irreversibles. La sociedad y el Estado tienen entonces un compromiso particular, pues se trata de garantizar y prestar el servicio de seguridad social, a quienes de manera directa actúan para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades”.

Que la Ley 361 de 1997, “por medio de la cual se establecen mecanismos de integración de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”, desarrolla un conjunto de derechos en cabeza de las personas con limitaciones físicas, funcionales, psíquicas y sensoriales y establece la necesidad de intervenir en diferentes aspectos como la prevención, educación, rehabilitación, integración laboral, bienestar social y mecanismos para obtener la integración social de las personas con limitaciones, tal como lo establecen los artículos 13, 47, 54 y 68 de la Constitución Nacional. De otra parte, se propone, armonizar las políticas legislativas con la normas que sobre la materia están contenidas tanto en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU como en la Declaración de los Derechos de las Personas con Limitación; el Convenio 159 de la OIT; la Declaración de Sund Berg de Torremolinos, Unesco; la Declaración de Naciones Unidas, concerniente a las personas con limitación y la Recomendación 168 de la OIT.

Que lo expuesto lleva a resaltar el interés del Estado colombiano —acogido de manera expresa en el texto constitucional y reforzado en el ámbito del derecho internacional de los Derechos Humanos—, de ofrecer una protección especial a las personas discapacitadas colocadas, muchas de ellas, por razón de sus limitaciones físicas, psíquicas o sensoriales en situación manifiesta de debilidad. Así, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha insistido también de manera reiterada en esa protección, ha dicho al respecto, que la omisión de proporcionar especial amparo a las personas colocadas en circunstancia de indefensión bien sea por razones físicas, mentales o sensoriales puede incluso equipararse a una medida discriminatoria. Lo anterior, por cuanto la situación que enfrentan estas personas les impide integrarse de manera espontánea a la sociedad para poder ejercer sus derechos y responder por sus obligaciones, así que el Estado no puede negarse a adoptar un conjunto de medidas de orden positivo orientadas a superar —en la medida de lo factible— esa situación de desigualdad y de desprotección a la que ellas se ven avocadas y propender por su efectiva integración a la sociedad.

Que las condiciones generales del mercado, en proyectos de vivienda, no tienen en cuenta equipamientos que faciliten la habitabilidad de una persona con movilidad limitada, situación que implica adecuaciones y/o modificaciones en las viviendas, tales como puertas de acceso, rampas, barras de apoyo, entre otras, lo cual, conlleva a un mayor costo del inmueble, tanto para su construcción, como para su adquisición, de acuerdo a la certificación anexa expedida por el contratista.

Que las citadas condiciones materiales, permiten la realización de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales de las personas con limitaciones, brindándoles posibilidades de realización personal y de integración social.

Que de acuerdo a lo anterior, es preciso, establecer un incremento adicional del 10% sobre el valor de la vivienda a adjudicar, que anualmente fija la Junta Directiva, para las soluciones de vivienda, de los beneficiarios con limitaciones físicas, del tal forma que se cumpla con el parámetro de derecho fundamental a una vivienda digna.

Que en virtud de lo anterior,

ACUERDA:

ART. 1º—Valor de la solución de vivienda. Fijar para la vigencia fiscal del año 2011, el valor de la solución de vivienda para cada una de las categorías, hasta en las cuantías que a continuación se relacionan:

Categoría Valor vivienda 2011
Oficial$ 73.846.335
Suboficial / nivel ejecutivo $ 54.702.088
Agente / soldado profesional $ 40.053.342

PAR. 1º—El valor de la solución de vivienda, que se fija en el presente artículo se incrementará hasta en un diez por ciento (10%) para cada una de las categorías, cuando el beneficiario del Fondo de Solidaridad padezca una disminución de la capacidad sicofísica, así:

Categoría Valor vivienda 2011(Ajuste por equipamiento vivienda para discapacitados)
Oficial $ 81.230.969
Suboficial / nivel ejecutivo $ 60.172.297
Agente / soldado profesional $ 44.058.677

 

PAR. 2º—La solución de vivienda con cargo al Fondo de Solidaridad, para el personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares, el personal no uniformado de la Policía Nacional y los servidores públicos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, corresponde a la categoría en la que se encuentren clasificados, conforme al Acuerdo 11 de 2009 o la norma que lo modifique o sustituya.

PAR. 3º—El valor de la vivienda que se fija, constituye un precio máximo de referencia, para la adquisición de las viviendas tipo por adjudicar y/o el giro de recursos, que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, otorga como solución de vivienda, a los beneficiarios del Fondo de Solidaridad.

ART. 2º—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese y cúmplase.