Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

RESOLUCIÓN 726 DE 2010 

(Octubre 11)

“Por la cual se declara la urgencia manifiesta con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio público de aseo en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados”.

La directora general de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos,

en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 80 de 1993 y los acuerdos 1 y 4 de 2008 del consejo directivo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y,

CONSIDERANDO:

1. Que el Concejo de Bogotá mediante Acuerdo 257 de 2006, por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones, transformó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos —UESP—, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—, como una unidad administrativa especial del orden distrital del sector descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaria Distrital del Hábitat.

2. Que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos —UAESP—, tiene por objeto garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y del servicio de alumbrado público.

3. Que el literal a) del artículo 3º del Acuerdo 1 de 2008, del consejo directivo de la UAESP, establece que la dirección general, tendrá como función dirigir la ejecución y cumplimiento de las políticas, objetivos, estrategias, funciones, planes, programas y proyectos inherentes al objeto de la unidad, en concordancia de las políticas de la Secretaria Distrital del Hábitat.

4. Que el literal d) del artículo 16 del Acuerdo 4 de 2008, del consejo directivo de la UAESP, establece que el director general tendrá como función representar al Distrito en toda clase de asuntos relacionados con la prestación de los servicios que debe garantizar la unidad, ante particulares y autoridades municipales, distritales, departamentales, regionales y nacionales.

5. Que el literal e) del artículo 16 del Acuerdo 4 de 2008, del consejo directivo de la UAESP, establece que el director general tendrá como función suscribir como representante legal los actos, contratos y convenios que se requieran para el cumplimiento del objeto de la unidad, ordenar los gastos necesarios para su funcionamiento, representar judicial y extrajudicialmente a la unidad y designar mandatarios y apoderados que la representen en asuntos judiciales y extrajudiciales para la mejor defensa de sus intereses.

6. Que por lo anterior, a través de la Resolución 103 del 1º de marzo de 2010, la unidad ordenó la apertura de la licitación pública 01 de 2010, publicando en el portal de contratación a la vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en esa misma fecha, el pliego de condiciones definitivo junto con sus anexos, formatos, apéndices y el Dataroom.

7. Que el día 4 de marzo de 2010 se llevó a cabo la audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos en las instalaciones de la Sociedad de Colombiana de Ingenieros, reunión de la cual se levanto el acta correspondiente la cual fue publicada en el portal de contratación a la vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

8. Que el día 15 de marzo de 2010, la unidad expidió la adenda 1 al pliego de condiciones de la licitación pública 01 de 2010, modificando las fechas relacionadas con el plazo de la licitación, la fecha de realización de la audiencia de aclaración de pliegos y las fechas para dar respuesta a las observaciones presentadas.

9. Que a través de documentos publicados en el Portal de Contratación a la Vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá los días 12, 17, 22, 25 y 30 de marzo de 2010 y 13 de abril de 2010, la unidad dio respuesta a las observaciones planteadas por los interesados dentro de los plazos establecidos para ello así como en las audiencias desarrolladas durante el proceso licitatorio.

10. Que los días 23 y 25 de marzo de 2010 se llevó a cabo la audiencia de aclaración de pliegos en las instalaciones de la Sociedad de Colombiana de Ingenieros, reunión de la cual se levanto el acta correspondiente la cual fue publicada en el portal de contratación a la vista de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

11. Que el día 24 de marzo de 2010, la unidad expidió la Adenda 2 al pliego de condiciones de la licitación pública 01 de 2010, modificando el apéndice Nº 10, incorporando y explicando el alcance de los riesgos tipificados estimados que fueron asignados en la audiencia de tipificación, estimación y asignación de riesgos.

12. Que a través de las Adendas 3 y 4 expedidas de los días 26 de marzo y 5 de abril de 2010, la unidad modificó el plazo para presentar observaciones, ampliándolo hasta el 9 de abril de 2010, así como el relacionado con el término para dar respuesta a las observaciones presentadas, el cual se extendió hasta el día 13 de abril de 2010.

13. Que a través de la adenda 5 expedida el 12 abril de 2010, la unidad modificó el plazo para presentar ofertas, para expedir adendas así como el plazo para la evaluación de las ofertas presentadas.

14. Que a través de la adenda 6 expedida el 23 de abril de 2010, la unidad modificó algunos aspectos relacionados con los requisitos habilitantes jurídicos y técnicos, modificó los criterios de desempate y presentó nuevos anexos a diligenciar.

15. Que el 30 de abril de 2010 se llevó a cabo la diligencia de cierre de plazo de la licitación pública 01 de 2010, presentando propuesta las firmas Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, Unión Temporal Gestión Ambiental y la Promesa de Sociedad Futura Ecoparque Bogotá S.A. ESP.

16. Que el 10 de mayo de 2010 se publicó el informe preliminar de evaluación de la licitación pública 01 de 2010.

17. Que a través de la Resolución 275 del 20 de mayo de 2010, se ordenó la suspensión de la licitación pública 01 de 2010, dando cumplimiento a la orden impartida mediante el Auto 091 de 2010 emitido por la Sala Tercera de Revisión de la honorable Corte Constitucional.

18. Que mediante Auto 268 del 30 de julio de 2010, la honorable Corte Constitucional, Sala Tercera de Revisión, resolvió declarar el incumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y ordenó a esta unidad, dentro de los tres días siguientes a la notificación respectiva del citado auto, expedir una adenda para modificar el pliego de condiciones de la licitación pública 01 de 2010, incluyendo un (1) nuevo criterio de habilitación y tres (3) criterios nuevos de calificación. Igualmente, fijó nuevos términos en el proceso licitatorio con el fin de que los oferentes modificaran sus propuestas.

19. Que una vez fue notificado el Auto 268 de 2010 a esta unidad, por medio de la Resolución 502 del 10 de agosto de 2010, la dirección general ordenó reanudar el proceso de selección correspondiente a la licitación pública 01 de 2010 así como iniciar los procedimientos para aplicar las medidas indicadas por la honorable Corte Constitucional en el Auto 268 de 2010.

20. Que el 12 de agosto de 2010, se expidió la adenda 7 al pliego de condiciones de la licitación pública 01 de 2010, estableciendo los criterios tanto de habilitación como de calificación que ordenó incluir la honorable Corte Constitucional a través del Auto 268 de 2010, así como estableció el plazo para que los oferentes modificaran sus propuestas y las presentaran ante esta unidad,

Para lo pertinente, hizo la debida publicidad del acto administrativo referido e informó a los oferentes.

21. Que el 24 de agosto de 2010 y atendiendo estrictamente las órdenes impartidas por la honorable Corte Constitucional, esta unidad adelantó la diligencia de recibo de las propuestas modificadas por parte de los oferentes que venían participando en el proceso licitatorio

22. Que mediante auto del 24 de agosto de 2010 el Juzgado Cuarenta y Tres Penal Municipal de Bogotá, previa apertura de trámite incidental por presunto desacato a las órdenes impartidas por la honorable Corte Constitucional en el Auto 268 de 2010, ordenó suspender la licitación pública 01 de 2010 hasta tanto se pronuncie de fondo dentro del presunto incidente.

23. Que el citado auto proferido por el Juzgado Cuarenta y Tres Penal Municipal fue comunicado por medio de oficio radicado en esta unidad bajo el Nº 11177 el 25 de agosto de 2010 a las 4:25 p.m.

24. Que el 26 de agosto de 2010, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos interpuso recurso de reposición contra la orden de suspensión emitida por el Juzgado Cuarenta y Tres Penal Municipal de Bogotá, argumentando, entre otros aspectos, que la solicitud de cumplimiento del Auto 268 de 2010 también había sido interpuesto ante la Honorable Corte Constitucional.

25. Que el 26 de agosto de 2010, el Juzgado Cuarenta y Tres Penal Municipal de Bogotá, al resolver el Recurso de Reposición interpuesto, resolvió revocar el auto del 24 de agosto de 2010, absteniéndose de iniciar incidente de desacato en contra de la UAESP.

26. Que a través de la Resolución 612 del 1 de septiembre de 2010, la Dirección General de la UAESP ordenó reanudar el proceso de selección correspondiente a la licitación pública 01 de 2010.

27. Que el 1º de septiembre de 2010, la unidad expidió la adenda Nº 8 al pliego de condiciones, modificando el cronograma del proceso licitatorio.

28. Que el 1 de septiembre de 2010 se publicó, en el portal de contratación de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el informe de evaluación preliminar correspondiente al requisito habilitante exigido a través de a adenda Nº 7.

29. Que el 2 de septiembre de 2010 el Juzgado 25 Civil Municipal de Bogotá, al resolver la acción de tutela interpuesta por la señora Lilia Aurora Ramírez Blanco como representante legal de la Corporación Solidaridad y Trabajo contra la unidad, ordenó a la UAESP habilitar y permitir la participación de la accionante.

30. Que mediante Auto 298 del 06 de septiembre de 2010, la honorable Corte Constitucional declaró que la unidad, tras expedir la adenda Nº 7 a la licitación pública 01 de 2010, dio efectivo cumplimiento a las órdenes impartidas en la Sentencia T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010.

31. Que atendiendo la orden judicial impartida, la unidad publicó el informe preliminar de evaluación el 13 de septiembre de 2010, a través del cual indicó como habilitada a la Corporación Solidaridad y Trabajo, en virtud a lo ordenado por el Juzgado 25 Civil Municipal de Bogotá, dentro de la Promesa de Sociedad Futura Ecoparque S.A. ESP integrada por Proactiva Doña Juana S.A. ESP, Proactiva Colombia S.A., Proactiva Medio Ambiente S.A., STL S.A. ESP, Corporación de Recicladores Gaiarec, Corporación Solidaridad y Trabajo y Corporación ARB .

32. Que el 13 de septiembre de 2010, siendo las 4:00 p.m., se dio inicio a la audiencia de adjudicación de la licitación 01 de 2010, dando traslado de las respuestas otorgadas a las observaciones presentadas por los proponentes a los informes preliminares de evaluación publicados por la unidad.

33. Que luego de escuchar las contra observaciones de los tres (3) proponentes y recibir nueva documentación de parte de ellos, se procedió a suspender la audiencia hasta las 3:00 p.m. del 14 de septiembre de 2010.

34. Que el 14 de septiembre de 2010, siendo las 3:00 p.m. se reinició por parte de la directora general de la UAESP, la audiencia de adjudicación, dando respuesta a las contra observaciones presentadas y refiriéndose a la documentación adicional presentada.

35. Que el comité asesor y evaluador de la licitación pública 01 de 2010 procedió a presentar el Informe Final de Evaluación, concluyendo como no hábiles las propuestas presentadas por la Unión Temporal Gestión Ambiental y de la Promesa de Sociedad Futura Ecoparque Bogotá S.A. ESP, recomendando a la directora general que se adjudique el proceso licitatorio a la Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana.

36. Que atendiendo la recomendación del comité asesor y evaluador de la licitación pública 01 de 2010, quien tuvo en cuenta que ya se había surtido la etapa de observaciones y contra observaciones del informe final de evaluación, y que los argumentos de los proponentes no habilitados no tenían peso para que se cambiara en parte alguna dicho informe, la directora general procedió a dar apertura del sobre que contenía la oferta económica de la Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana, única que se ajustaba a los requerimientos del pliego de condiciones.

37. Que mediante Resolución 662 del 14 de septiembre de 2010, la directora general de la unidad adjudicó en audiencia pública, el contrato de concesión objeto de la licitación pública 01 de 2010, al proponente Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana.

38. Que el día 24 de septiembre de 2010, la unidad y el Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP suscribieron el contrato de concesión Nº 344 de 2010, cuyo objeto consiste en la operación, administración y manejo del Relleno Sanitario Doña Juana, en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados, con alternativas de aprovechamiento de los residuos que ingresen al RSDJ, provenientes del servicio ordinario de aseo.

39. Que el Juzgado Veinticuatro Civil Municipal de Bogotá, D.C., conoció del trámite en primera instancia, de la acción de tutela radicada bajo el número 2010-1332, instaurada por el ciudadano Silvio Ruiz Grisales, en calidad de representante legal de la Asociación Colombiana de Recicladores Gaiarec, en contra de la UAESP, con el fin de que se le protegiera su Derecho fundamental al “debido proceso”.

40. El 28 de septiembre el Juez 24 Civil Municipal admitió la Acción de Tutela y ordenó como medida provisional “suspender la licitación pública 01 de 2010 en el estado en que se encuentre, se suspenda la firma, el tramite y la ejecución del contrato mientras resuelve de fondo”. En escrito del 4 de octubre de 2010, La UAESP se pronunció sobre los hechos de la acción de tutela e interpuso recurso de reposición el 5 de octubre en contra del auto admisorio, sin que el mismo fuera resuelto.

41. Que mediante sentencia del 8 de octubre de 2010, el citado despacho judicial resolvió:

“(…) PRIMERO. LEVANTAR la medida provisional adoptada en providencia del 28 de septiembre de 2010.

SEGUNDO. CONCEDER como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable el amparo de derechos al debido proceso de la Asociación Colombiana de Recicladores, Gaiarec.

TERCERO. En consecuencia, se ORDENA dejar sin valor y efectos la audiencia pública celebrada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAESP, los días 13 y 14 de septiembre de 2010, en el marco de la licitación pública 01 de 2010, audiencia que deberá ser nuevamente practicada con plena garantía de los derechos fundamentales de los proponentes y con observancia de los principios que soportan la función pública.

CUARTO. ORDENAR dejar sin valor ni efecto la Resolución 662 del 14 de septiembre de 2010 proferida por la UAESP, por medio de la cual se adjudica el contrato de concesión objeto de la licitación pública 01 de 2010 al proponente Unión Temporal Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana.

QUINTO. DISPONER la liquidación del contrato celebrado para la administración, operación y mantenimiento integral del Relleno Sanitario Doña Juana de la ciudad de Bogotá, D.C.-Colombia en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados, con alternativas de tratamiento y aprovechamiento de los residuos que ingresen al RSDJ, provenientes del servicio ordinario de aseo, en el estado en que se encuentren (…)”.

42. Que teniendo en cuenta lo ordenado por el juez, la unidad debe dar cumplimiento a lo expresado por el despacho judicial.

43. Que el Decreto 2591 de 1991 establece en el artículo 27:

“(…) proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable del agravio deberá cumplirlo sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes el juez se dirigirá al superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia.

Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal del funcionario en su caso.

En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza”.

44. Que por lo anterior, no es posible suscribir el acta de iniciación del contrato de concesión 344 de 2010, con la firma Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP y en consecuencia, no podrá llevarse a cabo la operación, administración y manejo integral del Relleno Sanitario Doña Juana, en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados, con alternativas de aprovechamiento, que ingresen al RSDJ, por parte de dicha sociedad adjudicataria.

45. Que en el RSDJ se disponen diariamente, en promedio 6.000 toneladas de residuos sólidos, con picos de hasta 8000 toneladas diarias.

46. Que el Relleno Sanitario Doña Juana diariamente genera 2.190 m3 de lixiviados provenientes de la descomposición de los residuos sólidos que han sido dispuestos. En consecuencia, la operación para disponer técnicamente las 6.000 toneladas de residuos en el relleno sanitario Doña Juana incluido el tratamiento de los 2.190 m3 de lixiviados generados, debe ser continua, las 24 horas del día, durante los 365 días del año, tratando.

47. Que dejar de disponer técnicamente las 6.000 toneladas diarias que generan los habitantes de Bogotá y de los municipios circunvecinos a la capital, generaría consecuencias ambientales y sanitarias para los habitantes del Distrito Capital y el departamento de Cundinamarca, debido a que tendrían que almacenar sus residuos en sus casas o en sitios localizados en forma indiscriminada.

48. Que es necesario mantener el monitoreo y control permanente de la instrumentación del RSDJ, para garantizar la estabilidad de las zonas donde se han dispuesto residuos sólidos en el RSDJ.

49. Que se deben implementar en forma permanente, las medidas ambientales para mitigar la generación de olores y vectores en las áreas donde se existen residuos sólidos descubiertos.

50. Que los contratos suscritos con los concesionarios para el servicio de recolección, barrido y limpieza de la ciudad de Bogotá, no se podrían ejecutar, dado que no contarían con un sitio de operación autorizado para disponer los residuos sólidos que deben recolectar.

51. Que dejar de operar el sistema de tratamiento de lixiviados, representaría una descarga diaria de 2.190 m3 de lixiviado sin tratar al río Tunjuelo, con su consecuente contaminación.

52. Que descargar lixiviados sin tratar al río Tunjuelo, conduce a la actuación inmediata de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca-CAR, iniciando un sancionatorio contra la unidad, por la afectación a una fuente de agua.

53. Que de acuerdo con el concepto emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitido el cuatro (4) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), Consejero Ponente: Doctor Humberto Mora Osejo Radicación 587, manifiesta:

“Según la transcrita disposición, los motivos de ‘urgencia manifiesta’ deben evaluarse específicamente y se presentan en todos los casos en los cuales, según las circunstancias de hecho, resulte imposible acudir a un procedimiento de selección o concurso público” (resaltado fuera de texto).

54. Que el estatuto de contratación administrativa en su artículo 42 señala: De la urgencia manifiesta. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro, cuando se presten situaciones relacionadas con los Estados de Excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los procedimientos de selección o concursos públicos.

La urgencia manifiesta se declara mediante acto administrativo motivado.

La expresión “Concurso” fue derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

PAR.—Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente.

Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-772 de 1998, bajo el entendimiento de que los traslados presupuestales internos a que se refiere dicha norma, se efectúen afectando exclusivamente el anexo del decreto de liquidación del presupuesto.

55. Que en virtud de lo anterior, que concluye en la imposibilidad de dar inicio al contrato ya adjudicado a la firma Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. ESP por acatamiento de la orden judicial impartida por el Juez 24 Civil Municipal, y dada la necesidad inminente de dar continuidad a la operación, mantenimiento y administración del Relleno Sanitario Doña Juana, por su carácter de servicio público esencial, es preciso declarar la urgencia manifiesta que permita a la administración suscribir los contratos que sean necesarios con el fin de evitar la interrupción del servicio.

Que corresponde a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, en cabeza de su directora garantizar la continuidad del servicio público domiciliario de aseo de la ciudad y su zona metropolitana bajo cualquier circunstancia.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Declarar la urgencia manifiesta sobre con el fin de dar continuidad a la prestación del servicio público de aseo en sus componentes de disposición final de residuos sólidos y tratamiento de lixiviados en la ciudad de Bogotá, D.C.

ART. 2º—Ordenar al director operativo de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, preparar y remitir a la Dirección Jurídica los documentos necesarios que contengan los requerimientos de orden técnico para celebrar los contratos derivados de la presente declaratoria de urgencia manifiesta.

ART. 3º—Ordenar al director jurídico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos preparar los contratos que sean necesarios para dar continuidad a la operación del Relleno Sanitario Doña Juana.

ART. 4º—Ordenar al director jurídico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos conformar el expediente respectivo, con copias de este acto administrativo, de los contratos originados en la presente urgencia manifiesta, y demás antecedentes técnicos y administrativos, documentos que remitirá a la Contraloría Distrital, para el control del que trata el artículo 43 de la Ley 80 de 1993.

ART. 5º—Ordenar la publicación de la presente resolución en el Registro Distrital.

ART. 6º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 11 de octubre de 2010.