Contribuciones en controversia

Revista N° 157 Ene.-Feb. 2010

Roberto Uribe Pinto 

Abogado tributarista 

La valorización y su actual problemática

La contribución de valorización, concebida como un gravamen sobre inmuebles como compensación o participación del beneficio que produce al propietario por una obra pública, es materia de muchas controversias dentro del ámbito de su aplicación, especialmente en el Distrito Capital de Bogotá. En este ámbito Distrital se controvierte la aplicación del Acuerdo 180 del 2005, actualmente vigente, con relación a varias modalidades de la misma contribución, entre ellas la de concebir el mismo gravamen para reparación y arreglo de andenes y sardineles deteriorados por el uso y que corresponden a obras muy antiguas.

En efecto, el gravamen de valorización, tal como se ha concebido desde un principio, se sustenta en la consideración de que la base gravable del mismo tributo se establece por el costo de la obra, zona de influencia y los factores de beneficio sobre los predios. Pero en primer lugar, la valorización no puede decretarse para mejorar o reparar obras ya emprendidas en años anteriores, que son diferentes esencialmente a la nueva obra que se emprenda por el sistema de valorización.

De lo contrario, si se aceptara el principio para la reforma, mantenimiento y reparación de obras, ello implicaría un antecedente o precedente no previsto dentro del sistema mismo del tributo, que solo se puede concebir para obra nueva. No se puede por tanto acudir a la valorización para la reparación de andenes, lo cual abriría la puerta también a repavimentación de vías ya emprendidas o terminadas con anterioridad. Todo ello equivale a una nueva concepción, reñida esta con las obligaciones que tienen las entidades públicas en cuanto al manejo y sustento de las obras que han concluido; reparación y arreglo de las mismas, lo cual es muy diferente a la obra nueva, para cuyo costo está destinado el gravamen.

En el caso Distrital, también aplicable a muchas entidades territoriales en el país, es indiscutible la obligación directa que tienen para la conservación, mantenimiento y reparación de las vías públicas a su cargo, ya iniciadas y consumadas con anterioridad. Obligaciones estas que deben atenderse con cargo al presupuesto general de la entidad y específicamente, según varios preceptos legales, al impuesto a la gasolina que está destinado para ello.

Por otra parte, entrando en otras materias, algunas entidades públicas han proyectado o proyectan a través de sus concejos municipales o distritales, destinar parte de una obra decretada por valorización para atender necesidades y servicios en la rama educativa. Es muy discutible decretar y cobrar como valorización la construcción de planteles escolares, centros cívicos o culturales. Para este efecto existe previamente la obligación constitucional del servicio público en la educación y de la cultura en general. Insistir en el cobro de este tributo para tales fines implica además diferir la competencia y funciones de las mismas entidades territoriales, previamente determinadas por la Constitución.

Valorización para servicios públicos

También se discute la pretensión de algunas entidades territoriales para gravar con valorización obras que implican servicios públicos del Estado, como son las de acueducto y alcantarillado.

Respecto de la incompetencia de las entidades públicas para cobrar estas obras por valorización, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca se pronunció en importante sentencia que fue confirmada por el Consejo de Estado y que en la parte pertinente expresa:

"En el subjudice la Sala advierte, que la contribución fijada no corresponde al concepto que señala la norma y que consiste en la contribución sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público local, tales como canalización de ríos, construcción de diques, etcétera, ya que la misma se establece para la realización de la construcción del plan maestro del alcantarillado del sector, obligación que se encuentra a cargo del Estado, es así como el artículo 366 de la Constitución Política señala, como objetivo fundamental del Estado, la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable"(1).

Por último, a escala nacional, considero que es necesario revivir la valorización extinguida a raíz de la inexequibilidad del contenido medular de esta misma que establecía el Decreto 1604 de 1966. Es de observar que al no haberse promovido un nuevo estatuto de valorización nacional, muchas obras viales de importancia en el país han producido y producen indiscutibles beneficios a los propietarios, como es el caso, entre otras, la del Eje Vial Bogotá - Girardot y las vías que mejoran los predios y su acceso las cuales han producido altos, elevados e indiscutibles beneficios, que han debido cobrarse por valorización. Los peajes, como única financiación para muchas vías públicas nacionales, están relacionados con las concesiones, que si bien han producido efectos positivos, es necesario revisar el sistema de estas, por razón de múltiples irregularidades conocidas por la opinión pública.

(1) Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta - Subsección A. Proceso 2003-00706-01. M.P. Luz Mery Cardenas Velandia. Demandante: Roberto Uribe Pinto y Roberto Uribe Ricaurte contra municipio de Fusagasugá. Asuntos municipales, de fecha 17 de mayo de 2006. Confirmada por el Consejo de Estado. Exp. 16121 en sentencia del 27 de agosto de 2009. Consejero Héctor J. Romero Díaz. Proceso 2003-00706-01.