Auto 2008-00664 de diciembre 15 de 2011

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Rad. 13001231000200800664-01 (40.586)

Consejera Ponente:

Dra. Ruth Stella Correa Palacio

Actor: Instituto Nacional de Vías-Invías

Demandado: Sociedad Constructora Ineconte S.A. y otro

Asunto: Apelación auto - Acción contractual

Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil once.

Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Instituto Nacional de Vías, en su calidad de parte demandante, contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 4, el 9 de diciembre de 2010, el cual será confirmado.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

La Sala confirmará el auto recurrido en el que se declaró que había operado la caducidad, para lo cual analizará los siguientes aspectos: 1) la idoneidad de la acción contractual para controvertir obligaciones postcontractuales; 2) la aplicación del artículo 2060 del Código Civil en la contratación estatal; 3) la caducidad y la regulación legal sobre el ejercicio oportuno de la acción; y 4) la caducidad en el caso concreto.

1. La idoneidad de la acción contractual para controvertir obligaciones postcontractuales.

De conformidad con las súplicas y los hechos de la demanda, el Invías pretende la declaratoria de incumplimiento por parte de la Sociedad Constructora Ineconte S.A. y Luis Héctor Solarte Solarte del contrato de obra 1009 de 27 de diciembre de 2001 y sus adicionales de 10 de diciembre de 2002 y 10 de marzo de 2003, cuyo objeto fue el mejoramiento y pavimentación de la carretera de Santa Rosa-Simití-Cerro de Burgos, Sector Ye de Simití-Simití-Cerro de Burgos-Sur de Bolívar y que se condene a estos por los perjuicios causados a la entidad pública debido a los daños prematuros que se presentaron en el pavimento de la carretera objeto de la obra luego de finalizado y liquidado el contrato.

Por lo tanto, para la Sala resulta fácil concluir que el litigio sometido a consideración por el demandante se enmarca dentro de la acción de controversias contractuales, prevista en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo(1), toda vez que la demanda está encaminada a obtener la declaratoria del incumplimiento de las obligaciones del contrato estatal celebrado entre las partes y que se condene al responsable a indemnizar perjuicios.

Esta conclusión a la que llega la Sala no se altera por el hecho de que se persiga hacer efectiva la obligación de garantizar la estabilidad y calidad de la obra entregada por el contratista a la entidad pública según el objeto del contrato celebrado y, obtener por esta vía el resarcimiento de los perjuicios causados a la administración, en protección del patrimonio público.

En efecto, como se sabe en los contratos de obra pública los contratistas están en la obligación de amparar la estabilidad de la obra, riesgo que debe cubrirse a su terminación con la entrega a la entidad pública y a la liquidación del contrato (L. 80/93, art. 25, nums. 19 y 60, inc. final, en concordancia con el D. 679/94), y al ser evidente que el incumplimiento de dicha obligación está directamente vinculado al contrato y que su estudio pende de la existencia misma del negocio jurídico celebrado, es viable afirmar que ese tipo de controversia es de naturaleza contractual, así se presente por situaciones originadas después de la terminación del contrato o postcontractuales.

Al respecto, conviene advertir que ya la sección había concluido en asuntos similares, específicamente en relación con los actos expedidos por la administración, después de terminado el contrato, como son aquellos mediante los cuales se declara el siniestro para que el contratista responda —precisamente, por vicios y defectos de la obra o por la calidad del servicio prestado—, que los mismos participan de la naturaleza de actos contractuales, por ser expedidos como consecuencia de la ejecución del respectivo negocio jurídico y que su discusión judicial se subsume en la acción de controversias contractuales; así discurrió:

“A primera vista se advierte que una vez liquidado el contrato, la única responsabilidad que subsiste para el contratista con la administración como dueña de la obra, es la de acudir al saneamiento de los vicios y defectos de construcción de la obra en los términos del artículo 2060 del Código Civil, cuando se trata de la ejecución de un contrato de obra pública, así como amparar la de las posibles acciones derivadas del incumplimiento de las obligaciones laborales o de los daños causados a terceros por el contratista, riesgos que en la contratación estatal es obligatorio garantizar (L. 80/93, arts. 25-19 y 60). La administración tiene la potestad de hacer efectiva las garantías correspondientes en el evento que se configure cualquiera de los anteriores riesgos. Ocurrido el siniestro la administración puede declararlo mediante acto administrativo debidamente motivado que podrán impugnar judicialmente dentro de los dos años siguientes quienes se sientan afectados con la decisión de la administración, esto es, el contratista de la obra y la compañía de seguros. En el presente caso, se trataría de un acto que es necesario expedir como consecuencia de la ejecución de un contrato y el cual tendría igual tratamiento y discusión judicial que los actos dictados durante el desarrollo del contrato”(2) (resaltado por fuera del texto original).

Aplicando el criterio jurisprudencial anterior, mutatis mutandis, si el conflicto derivado a propósito de los actos administrativos que expiden las entidades públicas para hacer efectiva la garantía contractual que ampara el riesgo de estabilidad y calidad de la obra luego de terminado y liquidado el contrato estatal, se ventila en la jurisdicción mediante la acción de asuntos contractuales, con mayor razón la sola controversia originada del incumplimiento de esa obligación cuya fuente es el contrato y la ley debe ser estudiada en sede de esta acción.

En consecuencia, la acción de controversias contractuales es la idónea para obtener la declaratoria de incumplimiento del contrato y las condenas consecuenciales de esta decisión, como se pretende en el sub lite, razón por la cual yerra el actor cuando indica que el presente asunto se debe tramitar mediante una acción diferente, la cual denomina como de “carácter civil”, pues no tiene una tipificación diferente en el contencioso administrativo a la establecida en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo.

2. La aplicación del artículo 2060 del Código Civil en la contratación estatal.

En el contrato estatal, según lo ha sostenido reiteradamente esta corporación al interpretar el régimen jurídico aplicable, las obligaciones del contratista no se agotan con la entrega a satisfacción de su objeto dentro del plazo de ejecución del contrato, sino que, una vez finalizado, debe salir al saneamiento de la obra, de los bienes suministrados y de los servicios prestados, y amparar a la administración de las posibles acciones derivadas del incumplimiento de obligaciones laborales o de los daños causados a terceros, obligaciones que es posible garantizar con el otorgamiento de pólizas de seguros, cuya vigencia se extiende por el tiempo que determine la entidad contratante de acuerdo con la ley y el reglamento(3).

Así, en tratándose de los contratos de obra pública, como ya se indicó, los contratistas deben, por un lado, responder por la obligación de saneamiento del objeto del contrato, y, por otro, amparar la estabilidad y calidad de la obra, a partir de su entrega y a la liquidación del contrato, mediante la constitución de la garantía correspondiente, con la finalidad de asegurar a la entidad contratante “que durante un período de tiempo determinado, la obra objeto del contrato, en condiciones normales de uso no sufrirá deterioros que impidieran la utilización y el servicio para el cual se ejecutó ni perderá las características de armonía, seguridad y firmeza de su estructura”(4).

En cuanto a lo primero, porque, en desarrollo de lo consagrado en los artículos 13 y 40 de la Ley 80 de 1993, que remiten a las disposiciones civiles y comerciales pertinentes, salvo las materias expresa y particularmente reguladas por esa ley, resulta aplicable a la contratación estatal el artículo 2060 del Código Civil, de conformidad con el cual el constructor o empresario es responsable si el edificio perece o amenaza ruina, en todo o parte, en los diez (10) años subsiguientes a su entrega, por vicio de la construcción, o por vicio del suelo que el empresario o las personas empleadas por él hayan debido conocer en razón de su oficio, o por vicio de los materiales; así lo ha manifestado esta corporación:

“Los contratos se celebran para su recto y cabal cumplimiento; y en los contratos de obra pública ese cumplimiento es de interés general; y la aceptación inicial que se haga por el dueño de la misma durante la diligencia de entrega, no le impedirá a este exigirle al constructor que le responda en el futuro por su estabilidad y buena calidad de los materiales utilizados. De allí que si nadie discute esa facultad en el campo del derecho privado, frente a las obras públicas es más evidente esa exigencia porque en estas está involucrado, como se dijo, el interés general.

En tal sentido, si la obligación de estabilidad, de rango legal y supletiva de la voluntad de las partes (art. 2060 antecitado), opera entre particulares, no se entiende cómo pueda alegarse su inoperancia en el campo de las obras públicas que interesan a toda la comunidad. Se habla de norma supletiva porque los contratantes podrán convenir plazos diferentes para exigir esa estabilidad.

Y ante el vacío que se observa dentro del régimen legal de los contratos estatales, en especial en el de obra pública, nada impide así la aplicación de ese artículo 2060 también en el aludido campo salvo estipulación en contrario, en la cual se entienda que las partes convinieron un plazo de estabilidad mayor o menor al término de 10 años señalado en esta norma”(5) (resaltado ajeno al texto original).

En cuanto a lo segundo, porque en virtud del principio de economía, el artículo 25 numeral 19 —original— de la Ley 80 de 1993 estableció que los contratistas deben prestar garantía única para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato (actualmente lo hace la L. 1150/2007, art. 7º(6)), que puede consistir únicamente en pólizas expedidas por compañías legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias, y cuya vigencia para el amparo de la estabilidad y calidad de la obra determina la entidad pública contratante según la naturaleza del contrato, sin que pueda ser inferior a cinco (5) años (L. 80/93, arts. 25, nums. 19 y 60 inc. final en concordancia con el D. 679/94, art. 17(7)).

De otra parte, resulta pertinente aclarar que no se debe confundir la obligación de garantizar el contrato de obra pública mediante la póliza correspondiente, con la responsabilidad exigible en virtud de la ley al empresario o constructor prevista en el artículo 2060 del Código Civil, en tanto las obligaciones de estabilidad y buena conservación de la obra tienen origen en el contrato y la garantía o seguro no lo libera de las obligaciones garantizadas por el término señalado en la ley.

Por eso, en principio, el hecho de que el contratista constructor constituya la garantía de estabilidad de la obra por un período menor a los diez años, no implica que por el tiempo faltante cese la obligación que la ley civil le impone de responder si se presentan vicios inherentes a la construcción y a la calidad de los materiales, sino que comporta que la entidad pública dueña de la obra pueda hacerla exigible con fundamento en la garantía de seguro constituida por el contratista constructor, si llegasen a aparecer en el período de garantía.

Igualmente, el vencimiento de la garantía no libera al constructor de la responsabilidad que le incumbe por la estabilidad de la obra y la buena calidad de los materiales utilizados, durante el término que reste de la obligación decenal establecida en el artículo 2060 del Código Civil.

Por lo tanto, terminado el contrato de obra, en razón del interés público, el contratista tiene a su cargo la obligación de dejar indemne a la entidad contratante de los perjuicios relacionados con la destrucción y la amenaza de ruina de la obra por vicio de la construcción, o del suelo, o de los materiales, según el caso, por un término no inferior a diez años posteriores a la entrega, con independencia de que el plazo de vigencia de la garantía del seguro sea menor. Se dice término inferior, pues bien puede suceder que la naturaleza de la obra determine un plazo mayor de extensión de la responsabilidad.

Lo anterior significa que la administración contratante, en ausencia o aún vencida la garantía que ampare el riesgo, si se presentan en esos diez años contados desde la terminación y entrega de las obras objeto del contrato los supuestos para reclamar el cumplimiento de la obligación de saneamiento, podrá instaurar la acción judicial correspondiente, sujeta en todo caso a los presupuestos establecidos en la legislación y a los términos para su ejercicio oportuno en el contencioso administrativo, tal y como se explicará más adelante.

En conclusión, el contratista está obligado al saneamiento de la estabilidad de la obra y de la calidad de los materiales, responsabilidad postcontractual que está cubierta con las garantías correspondientes o que, en defecto de estas bien por ausencia o vencimiento, de todos modos podrá discutir y exigir la entidad contratante en sede judicial, mediante la acción de controversias contractuales, según ya sé anotó.

3. La caducidad y la regulación legal sobre el ejercicio oportuno de la acción.

Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador colombiano instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico, esquema que ha utilizado dentro del régimen del derecho público, particularmente para las acciones que se tramitan ante la jurisdicción contenciosa administrativa (CCA, art. 136), sobre la base de que las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro de este plazo fijado por la ley, y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.

El fenómeno de la caducidad busca atacar la acción por haber sido impetrada tardíamente, impidiendo el surgimiento del proceso. Por esta razón, la efectividad del derecho que se persigue con su ejercicio puede verse afectada. Respecto de las acciones contenciosas administrativas, se han aplicado tanto normas de prescripción como normas de caducidad, según la evolución legislativa que se ha presentado en torno a esta materia(8).

Así, el inciso sexto del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 23 del Decreto-Ley 2304 de 1989, preceptuó que las acciones relativas a contratos “caducarán en dos (2) alias de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento”.

Tiempo después, la Ley 80 de 1993, estatuto general de contratación de la administración, en su artículo 55 dispuso:

“De la prescripción de las acciones de responsabilidad contractual. La acción civil derivada de las acciones y omisiones a que se refieren los artículos 50, 51, 52 y 53 de esta ley prescribirá en el término de veinte (20) años, contados a partir de la ocurrencia de los mismos. La acción disciplinaria prescribirá en diez (10) años. La acción penal prescribirá en veinte (20) años”(9).

Con ocasión de la anterior disposición y su coexistencia con la norma procesal prevista en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo antes citado, la Sala precisó que en relación con el ejercicio oportuno de la acción de controversias contractuales se presentaban dos reglas a saber(10):

(i) Para las controversias contractuales referidas a la responsabilidad patrimonial como el incumplimiento del contrato por las partes o la civil de los servidores públicos, el término de “prescripción de la acción” es de veinte (20) años (art. 55).

Y,

(ii). Para las demás, vale decir, aquellas controversias en las que se discuta la validez de actos jurídicos contractuales los cuales se presumen válidos (contrato, actos bilaterales, actos unilaterales de la administración y del particular) y de otras conductas jurídicas (hecho del príncipe) o no imputables a las partes cocontratantes (hechos imprevisibles), el término de caducidad es de dos años (CCA, art. 136, inc. 6º).

Luego, el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo y unificó la materia, disponiendo que, por regla general, las acciones relativas a contratos estatales caducan al término de dos (2) años, contados a partir de los motivos de hecho o de derecho que les sirven de fundamento, fijando algunos criterios en cuanto a la contabilización de dicho lapso en conformidad con las previsiones y distinciones que realiza la norma.

Por consiguiente, esta disposición —que rige actualmente— reguló integralmente las diversas hipótesis en las cuales se puede ejercer oportunamente la acción de controversias contractuales y, por tratarse de una norma posterior, derogó el término que en esta misma materia se aplicaba con fundamento en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993.

4. La caducidad en el caso concreto.

Una vez establecido que la acción procedente para estudiar el litigio descrito en la demanda es la contractual, debe examinar la Sala si fue promovida en tiempo oportuno, para lo cual resulta pertinente determinar en el caso concreto la norma aplicable que debe regir este presupuesto. Con este propósito, cabe de entrada advertir que si la norma procesal que debe ser aplicada para efectos del ejercicio oportuno de la acción contractual, según tesis mayoritaria de la sección(11), es aquella vigente al momento en que se reúnan las condiciones, se configuren las circunstancias o exigencias o se hayan satisfecho los presupuestos requeridos en cada caso para solicitar de la jurisdicción un pronunciamiento acerca de las pretensiones correspondientes(12), se considera que le asiste razón al a quo cuando encontró configurada la caducidad y, en tal virtud, rechazó la demanda.

En efecto, se observa que el contrato de obra pública 1009 de 2001, que dio origen a la controversia, fue celebrado el 27 de diciembre de 2001; el recibo de los trabajos tuvo lugar el 8 de mayo de 2003 y la liquidación definitiva el 15 de octubre de 2003. La entidad contratante, según se narra en la demanda y se corrobora en sus anexos (fls. 255 y ss., cdno. ppal.), se enteró de la ocurrencia de los daños que daban lugar a reclamar por el incumplimiento de la obligación de garantizar la estabilidad y calidad de la obra en el mes de marzo de 2005, según informe rendido por la Universidad Nacional CI-103-002 de ese mes y año. Como puede apreciarse, durante toda esta época estuvo vigente la norma contenida en el numeral 10 del artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que había modificado el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, disposición en la cual se precisa que las acciones “... relativas a contratos caducarán en dos años de ocurridos los motivos de hecho o de derecho que le sirvan de fundamento ...”, no siendo en consecuencia de recibo la tesis del impugnante en relación con la aplicación del artículo 55 de la Ley 80 de 1993, dado que, según se explicó, en cuanto se refiere al ejercicio de la acción contractual en el contencioso administrativo se encontraba ya derogada.

No obstante, pese a coincidir la Sala con el a quo respecto de la norma procesal que gobernaba la demanda en tiempo en el sub lite, se distancia de este en cuanto al momento en el que se debe contabilizar el término establecido en dicha disposición, toda vez que no resulta lógico ni jurídico que en los casos en que se pretenda reclamar la obligación derivada del amparo por estabilidad y calidad de la obra el cómputo comience a partir de la fecha de la liquidación del contrato, por cuanto ese entendimiento haría nugatoria la posibilidad de exigir en juicio esa prestación a cargo del contratista constructor.

En efecto, el acto de liquidación final del contrato, por mutuo acuerdo de las partes o por decisión unilateral de la administración, regularmente extingue la relación jurídica entre las partes, pero ello no obsta para que persistan algunas obligaciones a cargo del contratista, el cual aun cuando hubiese entregado la obra, los trabajos, o los bienes objeto del contrato, debe responder por los vicios o defectos que puedan aparecer en el período de vigencia de la garantía o, en todo caso, en el término que fije la ley (C.C., art. 2060). Ya la Sala sobre este asunto puntualizó(13):

“La liquidación, pese a ser una operación capaz de finiquitar el contrato, si bien puso punto final a las obligaciones recíprocas de las partes derivadas de la ejecución de la obra pública (solo significó para la entidad contratante la aprobación de la obra como exteriormente ajustada al plan y a las reglas del arte), no comprendió, como es lógico la estabilidad de la misma y su buena calidad futuras, porque al momento de la entrega y liquidación de la obra no se detectaron dichos fenómenos. Si así lo fuera, no tendría sentido ni justificación alguna la exigencia de esa garantía por un plazo posterior al fenecimiento del contrato” (resalta la sala).

Tal y como se puede inferir del anterior pronunciamiento de esta sección las obligaciones de estabilidad y buena conservación de la obra si bien tienen su fuente indiscutible en el contrato, la oportunidad que tiene la administración para hacerlas efectivas, se reitera, no puede ser otra que luego de su liquidación y durante la vigencia de la garantía o, en todo caso, en el término que fije la ley (C.C., art. 2060), pero en estos eventos la contabilización del plazo para el ejercicio oportuno de la acción de controversias contractuales es a partir de la fecha en que la entidad detecte o advierta en ese lapso los fenómenos que afectan la obra, esto es, desde el momento en que conoce de los vicios ocultos.

En consecuencia, en el sub lite, comoquiera que el Invías presentó la demanda el 13 de diciembre de 2008, operó el fenómeno procesal de la caducidad, pues para tal fecha habían transcurrido más de los dos (2) años desde que se presentaron y tuvo conocimiento de los daños que daban lugar a reclamar del contratista constructor los perjuicios derivados de la responsabilidad que le pudiese incumbir por el vicio consistente en el deterioro prematuro de la obra y los materiales utilizados.

En este orden de ideas, aunque por motivos diferentes, la Sala coincide con el tribunal a quo, en que en el caso concreto al momento de interponer la demanda se había presentado la expiración del término establecido en la ley procesal para ejercer oportunamente la acción de controversias contractuales y, por lo mismo, confirmará la providencia apelada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,

RESUELVE:

CONFÍRMASE el auto apelado, esto es, aquel proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 4, el 9 de diciembre de 2010.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase».

(1) “ART. 87.—De las controversias contractuales. [Subrogado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998] Cualquiera de las partes de un contrato estatal podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad y que se hagan las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento y que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios y que se hagan otras declaraciones y condenas./Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de estas acciones no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado este, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato./El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración solo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes./En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contenida en el Código de Procedimiento Civil” (se resalta).

(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2001, Exp. 13347, M.P. Ricardo Hoyos Duque, reiterada por la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Exp. 14582.

(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 2001, Exp. 12724, M.P. Ricardo Hoyos Duque.

(4) Así lo definía la extinta Resolución 10500 de 1984 de la Contraloría General de la República.

(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 10 de julio de 1997, Exp. 9286, M.P. Carlos Betancur Jaramillo. Debe entenderse este calificativo de supletivo de la disposición dentro del contexto que emanaba del régimen jurídico establecido en el Decreto 222 de 1983 —arts. 67 y 69— y en la reglamentación que en desarrollo de estas disposiciones —Resolución 10500 de 1984— había expedido la Contraloría General de la República, que fue el analizado en dicha sentencia y el cual cambió drásticamente con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 679 de 1994 (arts. 16 y 17).

(6) El artículo 7º de la Ley 1150 de 2007 reguló nuevamente la materia de que trata el numeral 19 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 e introdujo una serie de modificaciones, entre otras para permitir la posibilidad de otorgar garantías diferentes a las pólizas de seguro y las garantías bancarias, según el reglamento expedido para el efecto. Con este propósito, el Decreto 4828 de 2008, permite también la fiducia mercantil en garantía, el endoso en garantía de títulos valores (solo para la seriedad de la oferta), el depósito de dinero en garantía y la combinación de las mismas.

(7) Fue derogado por el Decreto 4828 de 2008.

(8) En relación con la evolución Vid. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 12 de diciembre de 2005, Exp. 30.734, C.P. María Elena Giralda Gómez.

(9) Los artículos relacionados en la norma transcrita se refieren a: i) las entidades, que responderán “por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que le sean imputables y que causen perjuicios a sus contratistas” (art. 50); ii) el servidor público, que responderá civilmente “por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y la ley” (art. 51); iii) los contratistas, que responderán civilmente “por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de ley”, incluyendo los consorcios y uniones temporales, que responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7º de esa ley (art. 52); y iv) los consultores, interventores y asesores, que responderán civilmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría (art. 53).

(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, auto de 5 de octubre de 2000, Exp. 18385, C.P. María Elena Giraldo Gómez. En igual sentido: 19 de octubre de 2000, Exp. 12393, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, 31 de agosto de 2005, Exp. 29.440, C.P. María Elena Giralda Gómez.

(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2006, Exp. 15.239, C.P. Mauricio Fajardo Gómez con aclaración de voto de la ponente de esta providencia; en igual sentido, Exp. 30.566, auto del 11 de octubre de 2006, y Exp. 33051, auto de 28 de marzo de 2007, fundamentados en la sentencia de la misma sección de 31 de agosto de 2006, Exp. 28556, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

(12) Vigente en el momento de la presentación de la demanda según tesis sostenida por la ponente de esta providencia en diferentes salvamentos de voto, punto cuya definición resulta relevante cuando existe cambio de legislación, pero irrelevante en el sub examen, porque en el presente asunto, como se analizará, la caducidad se consumó bajo el imperio de la misma ley.

(13) Sentencia 10 de julio de 1997, Exp. 9.286, ya citada.