La ampliación de la duración de los derechos patrimoniales de autor: la experiencia mexicana

Revista Nº 30 Ene.-Mar. 2011

por Marco Antonio Morales Montes 

1. Introducción

Los autores de obras literarias o artísticas gozan de un reconocimiento y protección jurídica por parte del Estado mexicano(1), para garantizar por un determinado tiempo el disfrute de los beneficios económicos derivados de las diversas modalidades de explotación. Esta protección está limitada al tiempo, ya que una vez que fenece el plazo establecido en la legislación, la obra artística o literaria ingresa al llamado dominio público para la libre utilización gratuita por parte de la colectividad en beneficio del desarrollo cultural.

El derecho de autor(2), en México, se divide hoy en día claramente en dos tipos de prerrogativas: uno de carácter personal, llamado derecho moral, y el segundo, de naturaleza económica, denominado derecho patrimonial.

El derecho moral tiene las características de ser perpetuo, imprescriptible, irrenunciable, inembargable e inalienable, y el derecho patrimonial, de carácter temporal, está vinculado con el uso y explotación de la obra por su propio autor o, previo consentimiento, a través de terceros. Este derecho es susceptible de enajenarse y transferirse bajo las diversas modalidades y términos que su titular libremente disponga, pero dentro del periodo de tiempo determinado en el que goza de un dominio privado sobre la obra.

Dentro del sistema jurídico nacional aplicable a la materia del derecho autor, se ha ampliado la vigencia de protección de los derechos patrimoniales a 100 años después de la muerte del autor, desde el 24 de julio de 2003, fecha en que entró en vigor la reforma legal. Sin embargo, no hay certidumbre respecto de su aplicación retroactiva para beneficiar a las obras de autores fallecidos en los primeros años del siglo XX o respecto a de qué manera realizar el cómputo para determinar si ya ingresaron o no al dominio público.

Esta situación de incertidumbre o inseguridad jurídica desmotiva el uso de las obras o la creación de nuevas versiones para nuestro desarrollo cultural, y produce el riesgo de que se generen infinidad de conflictos entre los usuarios de las obras y los posibles herederos o presuntos titulares por las explotaciones no autorizadas, ya que no existe una regla, esquema o método para determinar claramente si una obra literaria o artística ya ingresó o no al régimen del dominio público.

2. El principio de la temporalidad de los derechos patrimoniales

La concepción de que la prerrogativa patrimonial sea temporal es para garantizar exclusividad en la obtención de una retribución económica como resultado del acto creativo. Existen diversos argumentos para sostener que la duración de los derechos patrimoniales esté limitada y no sea perpetua. Así, el maestro Isidro Satanowsky(3) expone:

“En el interesante trabajo de Grandoli, se mencionan los argumentos a favor de la limitación del monopolio en el tiempo, a saber:

a) El autor no hace más que tomar las ideas del ambiente o las formadas por las generaciones anteriores, transformándolas; por lo tanto no puede decir que es el autor exclusivo de su obra y debe limitarse su propiedad sobre la misma;

b) No limitar en el tiempo la duración de la propiedad del autor sobre su obra, sería conceder a él y a sus herederos el monopolio de la misma, en perjuicio de intereses superiores;

c) La transmisión de la propiedad intelectual es injusta, porque no hay causa para hacerla;

d) La propiedad intelectual debe limitarse para evitar que se sustraigan a la sociedad obras de valor;

e) Debe alentarse a los autores con la propiedad temporal, limitada de sus obras;

f) Los libros pueden hacerse raros y se venderían a precios elevados;

g) Los numerosos herederos de una obra harían difícil armonizar sus voluntades;

h) La perpetuidad de la propiedad intelectual dificultaría las anotaciones o ilustraciones hechas a una obra por otro autor;

i) La perpetuidad de la propiedad intelectual solo aprovecharía a las obras de mérito, es decir, a las obras que resistan a la acción del tiempo y de la moda;

j) Las cosas materiales requieren un trabajo de conservación: se renuevan y mejoran constantemente; en cambio, con las obra de un autor no ocurre lo mismo, pues se reproduce en la forma que la concibió”.

De los argumentos anteriores, se deprende que la duración de los derechos patrimoniales es un límite al privilegio otorgado a favor del autor sustentado en el interés colectivo y para los fines del progreso cultural, pero también se expresan las críticas de la perpetuidad como un obstáculo a la libre circulación de las obras.

El acceso libre de las obras para el desarrollo cultural es uno de los principales argumentos del principio de la temporalidad y el logro de un equilibrio entre un interés particular e intereses colectivos. Al respecto, existen ciertos argumentos, expuestos por la jurista Delia Lipszyc(4):

“a) Los autores se nutren y toman del patrimonio cultural colectivo los elementos para realizar sus obras, por lo que es justo que estas, a su turno, también vayan a integrar ese fondo común;

b) Después de cierto tiempo es prácticamente imposible encontrar a todos los herederos y lograr una armonización de sus voluntades para que autoricen el uso de la obra con la rapidez que exige la dinámica del negocio de la difusión de obras;

c) La duración a perpetuidad supone para el público un costo mayor, especialmente perjudicial en los países en desarrollo. Solo beneficia a los herederos, por lo que no constituye un estímulo a la creatividad. Asimismo, dificulta la circulación de las obras, lo cual es contrario a las necesidades que impone el acceso masivo a la cultura”.

La exclusividad tiene un periodo de tiempo para que una vez extinguida la obra ingrese al régimen de dominio público, con lo cual la colectividad recobra el libre ejercicio de usar o explotar la obra sin efectuar ningún tipo de pago. Es lo que comenta Acosta Romero(5): “una vez concluido el plazo, la obra es considerada como parte del acervo cultural de la Humanidad, pasando a lo que se conoce como dominio público”. Se trata de una etapa automática posterior al privilegio temporal. En este sentido, Henry Jessen(6) sostiene:

“Debe recordar el jurista que darle al autor es quitarle a alguien —en este caso, al público—. Nada más justo que eso mientras el autor se conserva vivo, como recompensa de su esfuerzo, y durante algún tiempo después de su muerte, sensatamente limitado, para contribuir al sustento de su cónyuge e hijos.

Exigirle más al público es herir los derechos de la colectividad y desconocer los derechos de orden público, creando un privilegio inaceptable a favor de quien nada ha hecho por la sociedad, pues sí es verdad que el autor tiene títulos a la gratitud moral y la retribución material, por parte de la sociedad, no ocurre lo mismo respecto a sus descendientes, a sus editores y a su sociedad recaudadora, que nada han creado en pro del progreso humano, siendo por lo tanto, odioso que sean colocados en posición de impedir el libre uso por la sociedad de la obra resultante del esfuerzo ajeno”.

Ahora bien, según los postulados del interés colectivo, entre los que se encuentra la protección de la diversidad cultural, vinculada con los individuos y con la propia población, y que les da identidad nacional y que es un elemento constitutivo de un Estado, se les garantiza a los autores por un determinado tiempo la posibilidad de un uso o explotación exclusiva y el otorgamiento legal de un monopolio económico, salvo las excepciones o limitaciones para la integración y el desarrollo cultural, educativo y social de la Nación.

En México, en cierto momento de la historia, la legislación previó la perpetuidad del derecho de reproducción sobre las obras literarias y artísticas, sin embargo, desde 1917 se ha concebido un privilegio temporal a favor de los autores para la explotación de sus obras. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 28, noveno párrafo, prevé:

“ART. 28.—En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos (...).

No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos (...).

No constituyen monopolios las asociaciones de los trabajadores formadas para proteger sus propios intereses (...).

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora (...)” —cursivas nuestras—.

De acuerdo con la transcripción anterior, se observa la influencia de la tradición jurídica latina en la protección de los autores de obras artísticas y literarias, en virtud de que se hace mención expresa al privilegio temporal para beneficiar a los creadores intelectuales sobre el uso exclusivo de su trabajo. El concepto de privilegio dentro del contexto histórico en la materia del derecho de autor se equipara a las prerrogativas otorgadas por los monarcas o príncipes a los editores y libreros en la época posterior al Medioevo(7).

La exclusividad temporal se convierte en una posición económica privilegiada que implica la eliminación de la competencia sobre una obra determinada, toda vez que da la posibilidad de la determinación unilateral del precio, la supresión de la libertad de elección de los consumidores y adopta una política particular independiente de las condiciones de mercados y de los otros competidores. La naturaleza económica de la prerrogativa reconocida a favor de los autores tiene las características de ser exclusiva, de oponibilidad absoluta, transmisible y temporal, como estímulo y recompensa a la labor creativa.

3. El régimen del dominio público

El producto o resultado de la actividad creativa es la obra artística o literaria, la cual es el objeto de protección por parte del derecho de autor en favor de la persona ingeniosa y talentosa en la utilización del conocimiento generado por la humanidad(8). De esta manera, debe distinguirse entre el origen y el destino final de las creaciones derivadas del ingenio humano, toda vez que mediante una ficción jurídica basada en el atributo personal, se le reconoce a un individuo una autoría y en virtud de esta se le otorga una prerrogativa temporal para la explotación exclusiva como recompensa de su logro y como estímulo para otros actos de creación. Sobre el particular, Henry Jessen(9) dice:

“[...] los mayores tratadistas coinciden al afirmar que la obra es el fruto de la convivencia social del autor, a quien la ley concede un monopolio de explotación por un plazo limitado, para recompensarlo por su esfuerzo creador; agotado ese plazo de protección, la obra vuelve a la sociedad, bajo la forma jurídica del dominio público, con lo que es libre su utilización.

Ahora bien, en caso de que perdurase el derecho moral, tal como existía en vida del autor, constituiría la negación del dominio público ya que —salvo cuanto a la retribución económica que sería dispensada— la intangibilidad de la obra impediría su libre uso, característica básica y esencial del dominio común”.

El ingreso de una obra literaria o artística al régimen del dominio público tiene como propósito que la colectividad tenga libre acceso o conocimiento de las expresiones originales que, en su momento, estaban bajo la apropiación exclusiva del titular de los derechos patrimoniales, de forma que para cualquier posible utilización, se requería de una autorización expresa y del pago de las regalías correspondientes.

Al ingresar al dominio público, la obra cambia de situación jurídica y deja de pertenecer a un domino privado o exclusivo, lo que implica que cualquiera puede utilizar la obra, sin que se infiera que esta pasa al dominio del Estado. En este sentido, Henry Jessen(10) señala:

“Las obras que se hallan en dominio público pertenecen a la comunidad. Todos los ciudadanos las pueden usar sin restricciones, sea en su forma original, sea haciendo traducciones, arreglos y adaptaciones.

Este es el verdadero concepto del dominio público, constituyendo una aberración cualquier alteración de este principio clásico, la cual debe ser rechazada por atentar contra los derechos de la colectividad”.

De acuerdo con lo expuesto, se podría considerar que el dominio público es un derecho colectivo o una garantía de acceso a favor de la colectividad, que se da como consecuencia directa de la explotación exclusiva ejercida de manera privada durante un plazo fijado normativamente. No obstante lo anterior, en México, como ya lo fijó la propia Constitución Federal en su artículo 28, párrafo noveno, se dispone que el privilegio a favor de los autores es de manera temporal para el uso y explotación de sus obras, por lo que una vez que dicho privilegio fenece, la obra puede ser utilizada por cualquiera, de manera libre y gratuita. Hay, por la tanto, una restricción constitucional a los derechos exclusivos de explotación que tienen a su favor los autores o titulares correspondientes, con la finalidad de que la colectividad incremente su patrimonio cultural y se permita la circulación libre de las obras.

El artículo 152 de la Ley Federal del Derecho de Autor prevé el libre uso o explotación de las obras literarias o artísticas que sean del dominio público, sin efectuar ninguna retribución económica y con la única condición de que ese uso o explotación no afecte los derechos morales de los autores. Las obras literarias o artísticas protegidas ingresan al régimen del dominio público una vez que los derechos exclusivos de explotación, llamados derechos patrimoniales, han caducado, fenecido o expirado por haber transcurrido el plazo previsto para su protección.

La figura del dominio público en la materia del derecho de autor permite la difusión masiva de las obras, sin la obligación de negociar ningún derecho ni de identificar a los posibles herederos o titulares que tuviera la obra en el transcurso del tiempo, con la sola restricción de atribuir la autoría a su creador. En el ámbito económico existe un gran impacto, puesto que al dejar de pertenecer la obra a un dominio privado exclusivo, la humanidad recupera el conocimiento expresado por el autor para su libre utilización, lo que es un factor más para el desarrollo de toda sociedad que se precie de ser culta y avanzada.

El entorno social alimentado por las creaciones del intelecto humano desarrolla un contexto propicio para influir, estimular, concientizar, sensibilizar y formar a nuevos autores y artistas, de ahí que la colectividad es quien adopta y negocia bajo la ficción jurídica del derecho de autor para que la obra, ya con vida independiente de su creador(11), retorne para su libre uso y genere progreso en las artes y en toda expresión humana. El maestro italiano Piola Caselli(12) considera:

“El derecho de autor no es, ni puede ser, un derecho individualista. El autor, como el inventor, nunca pueden decir de modo absoluto: esta obra o esta invención es mía. Células vivas del organismo social, ellas absorberán los materiales de su actividad intelectual de la linfa que corre por ese organismo. En la obra de ingenio, como en el invento, se hallan, en efecto, tanto el trabajo de las generaciones que han vivido como el trabajo de los que constituyen el medio, el ambiente donde la obra y el invento germinaron. En la empresa colectiva del progreso humano el autor y el inventor no aportan sino una contribución parcial, que otros autores e inventores utilizarán para el desarrollo posterior de ese progreso”.

Una vez que la obra ingrese al dominio público, no existe la posibilidad de que se adquieran o restauren nuevamente derechos exclusivos para su uso o explotación, salvo en el caso de obras derivadas —adaptaciones, traducciones, arreglos, actualizaciones, ampliaciones—, las cuales tendrán protección por determinado tiempo en lo que tengan de originales, sin que ello confiera el derecho para impedir que cualquiera haga otra versión de la obra primigenia que está en el dominio público.

El Estado mexicano tiene la obligación de velar por el derecho subjetivo privado del creador de una obra literaria o artística, pero de manera equilibrada, para no entrar en conflicto con el interés colectivo, los derechos fundamentales de acceso al conocimiento y a la información, al goce y disfrute de las expresiones culturales, o con el ejercicio de la libertad de expresión, que da sustento al régimen del dominio público.

4. Antecedentes legislativos en México

El ingreso al dominio público de una obra previamente protegida por el derecho de autor es la consecuencia generada o producida por la realización, en distintos momentos, de dos supuestos en el tiempo, como son la adquisición del derecho y el cumplimiento de un plazo de vigencia.

Desde el otorgamiento de los privilegios(13) de explotación exclusiva a favor de los impresores, libreros, editores o autores, se preveía un plazo para el ejercicio exclusivo de la impresión y venta de libros, contado a partir del permiso concedido por el Rey o la autoridad eclesiástica. Posteriormente, con el reconocimiento de los derechos a favor de los autores, el plazo para el ejercicio de los derechos económicos o de explotación exclusiva era contado a partir de su muerte, del registro o depósito, o desde la publicación de la obra(14).

Los supuestos y los plazos variaban de acuerdo con la legislación de cada país. En México, los supuestos para la entrada de una obra al dominio público están en consonancia con la tendencia internacional y bajo la influencia de la tradición jurídica latina(15). No obstante, en un periodo comprendido entre 1870 y 1917 se consideró a la propiedad literaria y artística como perpetua.

Las Cortes de Cádiz, mediante decreto de 10 de junio de 1813, establecieron las reglas para conservar a nombre de los escritores la propiedad de sus obras, y en su numeral III se dispuso que, una vez transcurridos los plazos de protección, las copias quedarían bajo el concepto de propiedad común y cualquiera tendría la posibilidad de reimprimirlas cuando le pareciere.

El 3 de diciembre de 1846, José Mariano Salas(16) emitió el decreto sobre propiedad literaria, que estableció un plazo de protección, el cual una vez fenecía, pasaban las obras a ser propiedad común o podían ser publicadas por cualquiera.

Posteriormente, el Código Civil para el Distrito Federal y la Baja California del 13 de diciembre de 1870(17) contempló, a favor de los autores de obras literarias, una propiedad perpetua, homologada al derecho real de propiedad, disposición que también aplicaba, por ejemplo, para el caso de las reproducciones de pinturas, grabados, esculturas, cartas geográficas o planos arquitectónicos, objetos de la propiedad artística. En el caso de la propiedad dramática, se contaba con un plazo de protección a partir de la muerte del autor, después de cuyos términos las obras entraban al dominio público para el efecto de ser representadas; lo mismo sucedía en el caso de las obras musicales, en cuanto a su ejecución.

Dicho Código, en su artículo 1277, establecía que el editor de una obra que estuviera bajo el dominio público sólo tuviere la propiedad por el tiempo que tardara en la publicación de la edición y un año más, y establecía que este derecho no le permitía impedir ediciones fuera de la República Mexicana. Las mismas situaciones fueron repetidas en las disposiciones del Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja California del 31 de marzo de 1884(18).

Ambos códigos, reglamentarios del artículo 4.º de la Constitución Federal de 1857, establecían la obligación de acudir al Ministerio de Instrucción Pública para que los autores que pretendieran adquirir la propiedad literaria, dramática o artística, lo hicieran constar reservando sus derechos y realizando el depósito de sus ejemplares. Asimismo, para ejercitar los derechos de propiedad adquiridos, tenían la obligación de cumplir con el requisito de poner las leyendas y advertencias en las portadas de los libros o composiciones musicales, al calce de las estampas y en la base u otra parte visible de las demás obras artísticas.

En el Código Civil del Distrito y Territorios Federales en Materia Común y para toda la República en Materia Federal de 1928(19), en su título octavo, referente a los derechos de autor(20), desaparece la perpetuidad tanto de la propiedad literaria como de la reproducción de todo tipo de obras, otorgando un privilegio temporal a favor de los autores de obras científicas —50 años—, literarias, arquitectónicas, musicales, escultóricas, pictóricas —30 años— y dramáticas —20 años—, cuyo término se contaba a partir de la fecha del otorgamiento por el Ejecutivo Federal, mediante la emisión de un certificado de registro. Una vez concluido el plazo dichas obras entraban al dominio público.

De la misma manera, si se publicaba una obra y no se adquirían los derechos exclusivos por el autor, traductor o editor mediante la solicitud de registro por conducto de la Secretaría de Educación Pública en el transcurso de tres años, la obra también entraba al dominio público. Los editores gozaban del derecho autor, tal y como se reguló en los dos Códigos Civiles anteriores, por el tiempo que tardara en hacer la publicación y un año más.

A partir de la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada en el Diario Oficial el 14 de enero de 1948(21), el sistema para la adquisición de los derechos se modifica, ya que la protección a favor de los autores se confiere por la simple creación de la obra, sin que sea necesario depósito o registro previo para su tutela. El plazo de protección duraba lo que la vida del autor y veinte años más, contados a partir de su muerte(22), para que posteriormente la obra ingresara al dominio público. Este plazo de protección fue ampliado a veinticinco años con la Ley Federal sobre el Derecho de Autor publicada el 31 de diciembre de 1956, y con sus reformas posteriores, publicadas el 21 de diciembre de 1963, el 11 de enero de 1982 y el 22 de diciembre de 1993, a 30, 50 y 75 años, respectivamente.

De acuerdo con lo anterior, el ingreso de la obra al dominio público es la consecuencia de la realización o materialización de diversos supuestos en momentos diferentes, como la adquisición del derecho, el fallecimiento del autor y el término del plazo de protección.

5. Motivos y proceso legislativo sobre la ampliación del plazo post mórtem a 100 años

Los presidentes de las sociedades de gestión colectiva autorizadas por el Instituto Nacional del Derecho de Autor correspondientes a escritores, compositores, fotógrafos, coreógrafos, artistas plásticos, caricaturistas e intérpretes se reunieron con el presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la República el jueves 23 de noviembre del 2000, con el objetivo de solicitar la inclusión del tema de reformas y adiciones a la Ley Federal del Derecho de Autor en la agenda de la LVIII legislatura, ya que había consenso entre dichas sociedades respecto a que se realizaran algunos cambios legales para fortalecer la protección de los autores.

El 7 de febrero del 2001, la Comisión de Educación y Cultura propuso la incorporación en la agenda de trabajo del tema de reformas y adiciones solicitado por las sociedades de gestión colectiva, y cuatro meses después se incluyó en la agenda legislativa de la misma comisión.

En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del 8 de noviembre del 2001, se presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el se reformaban diversos artículos de la Ley Federal del Derecho de Autor, sin que estuviera considerada la ampliación de los 100 años. Durante ese año y el 2002, se efectuaron diversas actividades y reuniones de trabajo con diversos sectores involucrados con la materia para conformar las reformas y adiciones definitivas a la ley, por lo que el 26 de septiembre de 2002 el anteproyecto de dictamen se sometió a la consideración del pleno de la comisión.

Entre los artículos para su reforma, las comisiones unidas de Educación y Cultura; Estudios Legislativos, Segunda y Turismo realizaron el análisis del artículo 29 y consideraron adecuada la ampliación a cien años de la protección de las obras cobijadas por el derecho de autor. Los principales argumentos fueron que, actualmente, muchas obras estaban a punto de pasar al dominio público, lo que sin duda constituiría un “severo revés a los autores vivos”(23); que el plazo post mórtem de 75 años resultaba insuficiente por el gran volumen de obras que podrían quedar desprotegidas, susceptibles de ser explotadas comercialmente, y que la ampliación del plazo de protección evitaría la competencia desleal en el uso y explotación comercial de las obras literarias y artísticas, entre las que se encuentran aquellas que se almacenan en dispositivos de grabación, cuyos usuarios utilizan obras que se hallan en el dominio público para evitar el consecuente pago de regalías(24).

El proyecto dictaminado fue aprobado por la Cámara de Senadores el 12 de diciembre de 2002 y turnado a la Cámara de Diputados el día siguiente, para que actuara como cámara revisora, conforme al proceso legislativo. Dicho dictamen se remitió a la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, para que procediera con su discusión, análisis, modificación y aprobación, sometiéndose finalmente a consideración del pleno el 29 de abril de 2003.

El diputado José Manuel Correa Ceseña, en uso de la palabra para fundamentar el dictamen, manifestó que “la Comisión de Cultura [...] en virtud del cual se reconocen, se garantizan, y fortalecen a los autores y a sus causahabientes [...] derechos fundamentales que permiten su amplio desarrollo y progreso en beneficio de la cultura nacional [...]”(25). Durante el debate en el pleno de la Cámara de Diputados, que se prolongó al día siguiente, no se discutió la ampliación del plazo de protección, pero sí se aprobaron ciertas reformas al dictamen de origen, lo que llevó a la iniciativa al Senado de la República para que la parte modificada fuera discutida.

La discusión en el Senado se hizo de manera inmediata y por votación económica hubo las dispensas de las lecturas correspondientes, para pasar a la votación nominal del proyecto, que fue aprobado por 86 votos. En ese acto se remitió al Poder Ejecutivo, quien al no tener observaciones, el 22 de julio de 2003, procedió con su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.

6. Ingreso de la obra al dominio público

En México, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, una obra ingresa al dominio público cuando el plazo de protección de 100 años expira, para lo cual la regla general es realizar el cómputo a partir del 1.º de enero del año siguiente a la muerte del autor, y, de manera particular, de la divulgación, para las obras inéditas y las obras hechas al servicio oficial, de acuerdo con lo previsto en los artículos 9.º y 29, fracciones I y II, incisos a) y b) y penúltimo y último párrafos de la Ley Federal del Derecho de Autor(26).

Como ejemplo del cómputo anterior, tendríamos que una obra cuyo autor fallece en el 2007, ingresaría al dominio público el 2 de enero de 2108.

La determinación acerca de si una obra ha ingresado o no al dominio público es competencia de la autoridad judicial o administrativa, al resolver dentro de un conflicto o controversia en materia de derecho de autor sobre la legitimación activa ad causam del titular del derecho patrimonial para oponerse al uso o explotación de la obra o reclamar el pago de las regalías correspondientes, respecto de una conducta concreta dentro del territorio nacional, o bien dentro de una jurisdicción voluntaria por la que simplemente se quiera conocer si están vigentes o no los derechos patrimoniales y por ende si la obra pertenece al dominio público.

Ahora bien, para los efectos anteriores considero que no resulta aplicable de manera retroactiva(27) lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor, ya que si bien beneficiaría a los herederos o titulares del autor con el cómputo actual de los 100 años, perjudicaría los intereses públicos de la colectividad de acceder a las obras y de utilizarlas en el ejercicio de la libre manifestación. Además, la aplicación retroactiva no puede tener efectos restitutorios con relación a las obras que ya ingresaron al dominio público conforme a las disposiciones legales anteriormente aplicables.

Es preciso comentar que no existe artículo transitorio alguno en la publicación del 24 de diciembre de 1996 ni en el decreto de reformas del 23 de julio de 2003 que prevea que los plazos o sus ampliaciones sean aplicables a aquellas obras que no hayan ingresado al dominio público en las fechas de su entrada en vigor.

Por la evolución legislativa del tema expuesto se deberán tomar en cuenta diversos elementos, tales como: i) observar las disposiciones legales aplicables, ya sea cuando la protección estaba sujeta al depósito o registro —C.C. de 1870, 1884 y 1928— o si quedó libre de formalidades, esto a partir de la Ley 1948(28); ii) en caso de registro o depósito, la constancia oficial, y en otros supuestos, la prueba de muerte del autor o del último colaborador; iii) requerir al Registro Público del Derecho de Autor las constancias del expediente en caso de que se haya inscrito la obra o promovido su registro con efectos restitutorios(29) y iv) realizar el cómputo conforme a las disposiciones legales aplicables, incluido el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas(30), tomando en cuenta la teoría de los componentes de la norma(31).

Esta teoría ha sido expuesta en la tesis jurisprudencial P./J. 123/2001, que en su parte conducente señala que “en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, esta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de esta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan”.

En virtud de lo anterior, las ampliaciones de los plazos de protección previstas por disposiciones posteriores, tal y como ocurrió con la evolución legislativa de las leyes de 1948 y 1956, y sus respectivas reformas de 1963, 1982 y 1991, son aplicables a los cómputos que deberá realizar la autoridad, sin que se consideren retroactivas, además de coordinarse con la autoridad administrativa encargada del Registro Público del Derecho de Autor, para el requerimiento de informes y datos con el fin de identificar las obras a efecto de saber si fueron registradas conforme a los códigos civiles de 1870, 1884 y 1928 o si se llevó a cabo algún tipo de promoción para restituir sus derechos de acuerdo con los transitorios de la Ley de 1948 y las reformas de 1963.

Para estos cómputos, la autoridad tendrá una tarea compleja e interesante, y en un caso de carácter internacional deberá analizar el asunto en el marco del Convenio de Berna y las leyes en la materia de diversos países, particularmente, la evolución legislativa del país que se considere como de origen.

Es por ello que, en un caso en el que haya el reclamo de derechos en México por parte de los herederos de un autor colombiano(32) cuya residencia habitual era Venezuela(33), y habiendo sido publicada por primera vez la obra en Argentina(34), se debe en primer lugar determinar la ley aplicable para el plazo de protección, de acuerdo con lo que dispone el artículo 7.º, numeral 8.º, del Convenio de Berna(35), ya que la Ley Federal del Derecho de Autor no contempla alguna disposición en la que determine que el plazo de protección sea tanto para obras nacionales como para extranjeras, por lo que habrá sujetarse al plazo fijado en el país de origen de la obra, conforme al llamado “cotejo de plazos”. En ese sentido, el Convenio de Berna, en su artículo 5.º, numeral 4.º, prevé lo que se debe considerar como país de origen(36) tomando en cuenta la primera publicación de la obra o la simultánea(37), y en los casos de obras no publicadas, se tomarán en cuenta las reglas de vinculación de la nacionalidad o la residencia habitual del autor(38) previstas por los artículos 3.º, 4.º y 5.º del Convenio de Berna.

Bajo este contexto, para determinar el plazo aplicable en un asunto internacional, el criterio real de la primera publicación prevalece sobre los criterios personales de la nacionalidad y la residencia del autor, por lo que en el caso planteado anteriormente la obra ingresará al dominio público una vez que haya expirado el plazo de los 70 años de Argentina, y no el de los 100 años previsto en México.

6.1. Dominio público pagante

Es pertinente mencionar que en México existió la figura del “dominio público pagante”(39) a partir de la reforma sustancial de 1963, artículo 81(40). Esta fue derogada con fundamento en el artículo 9.º del decreto que reforma, adiciona y deroga disposiciones de diversas leyes relacionadas con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte(41). Al reformar dicho artículo 81 de la entonces Ley Federal de Derechos de Autor, el texto quedó de la siguiente manera: “Es libre la utilización de obras del dominio público, con la sola limitante de reconocer invariablemente los derechos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 2.º”.

Esta figura fue analizada por el Congreso de la Unión para reintegrarse a la Ley Federal del Derecho de Autor con las reformas de 2003. La comisiones unidas de Educación y Cultura, de Estudios Legislativos, Segunda y de Turismo de la Cámara de Senadores aprobaron el dictamen sobre la reforma, entre otros, del artículo 152(42). No obstante, en la sesión plenaria de la Cámara de Diputados del 29 de abril de 2003, se aprobó la supresión de la propuesta para que quedara el mismo texto actualmente vigente(43).

7. Conclusiones

Primera. El derecho de autor tiene una naturaleza distinta a la del derecho real de propiedad. Las principales diferencias recaen en la existencia de derecho moral del autor, la intangibilidad del bien objeto de protección y la temporalidad de los derechos de explotación. En este último caso, el autor tiene la facultad de decidir de qué manera se utiliza su obra, y en caso de fallecimiento, serán sus herederos o causahabientes quienes ejercerán los distintos derechos de explotación.

Segunda. El monopolio exclusivo de explotación sobre las obras del intelecto humano tuvo varias facetas: a) en la antigüedad, se equipara al derecho de propiedad de bienes corpóreos; b) en la época de los privilegios monárquicos, se otorgaba una explotación exclusiva temporal a una tercera persona, que comercializaba la obra; c) con el Estatuto de la Reina Ana se reconoce que el autor tiene un derecho exclusivo, con la característica de ser este cedible y temporal, y d) a partir de la Revolución Francesa, se considera que hay un derecho de autor para todos los géneros de obras.

Tercera. La duración de los derechos patrimoniales ha variado con el tiempo. La extinción de estos derechos tiene como consecuencia que la obra ingrese al régimen del dominio público para su uso libre y gratuito por parte de la colectividad. El dominio público garantiza los derechos de acceso a la cultura y a la información y de la libre expresión, frente al derecho subjetivo privado reconocido a favor de los autores al crear una obra artística o literaria.

Cuarta. La Ley Federal del Derecho de Autor establece las reglas para definir si una obra ya ingresó o no al dominio público, tomando en consideración la vida del autor y 100 años contados a partir de su muerte. En caso de conflictos de derecho internacional privado, el Convenio de Berna prevé los criterios para aplicar las normas del país de origen.

Quinta. El plazo post mórtem de los 100 años fue promovido por las sociedades de gestión colectiva. Entre los argumentos que dieron sustento a dicha propuesta estuvo el de que el “Catálogo de Oro” de la música mexicana estaba por ingresar al dominio público, lo que evitaría la competencia desleal por parte de los usuarios para no pagar regalías.

Sexta. Las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor no se aplican retroactivamente para definir si una obra ya ingresó o no al dominio público. En los casos de obras de autores fallecidos durante los siglos XIX y principios del XX, se requiere el criterio de interpretación bajo la teoría de los componentes de la norma en materia de retroactividad, y la identificación de cada uno de los elementos que deben tomarse en cuenta, tales como el tiempo de la obra creada, publicada o registrada; los plazos de duración de la protección jurídica para su explotación, la fecha de fallecimiento del autor y la entrada en vigor de los tratados y leyes en materia del derecho de autor, para determinar el ingreso o no de una obra al régimen del dominio público.

Bibliografía

Antequera Parilli, Ricardo. (1998) Derecho de autor. Tomos I y II. Caracas: Ed. Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual.

Baylos Corroza, Hermenegildo. (1993) Tratado de derecho industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia económica y disciplina de la competencia desleal. 2.ª edición actualizada. Madrid: Ed. Civitas.

Becerra Ramírez, Manuel (Comp.). (1998) Estudios de derecho intelectual en homenaje al Profesor David Rangel Medina. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Bercovitz, Germán. (1997) Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor. 1.ª edición. Madrid: Ed. Tecnos.

Claude, Colombet. (1997) Grandes principios del derecho de autor y los derechos conexos en el mundo. Estudio de derecho comparado. 3.ª edición. Madrid: Ed. Unesco/Cindoc.

Farell Cubillas, Arsenio. (1996) El sistema mexicano de derechos de autor (apuntes monográficos). México: Ed. Ignacio Vado.

Fernández-Arias Shelly, Carlos. (2003) Derecho sustantivo del autor. En las legislaciones de España e Iberoamérica. Madrid: Ed. Consejo General del Notariado.

Gaceta Parlamentaria. Año 2002, n.º 85. Senado de la República. Jueves 12 de diciembre.

Gaceta Parlamentaria. Año III. Segundo periodo. 28 y 29 de abril de 2003. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados.

Jessen, Henry. (1970) Derechos intelectuales. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile.

Lipszyc, Delia. (2001) Derecho de autor y derechos conexos. Reimpresión inalterada de la edición de 1993. Unesco, CERLALC, Víctor P. de Zavalía.

— (2004) Nuevos temas de derecho de autor y derechos conexos. 1.ª edición. Unesco, CERLALC, Víctor P. de Zavalía.

Loredo Hill, Adolfo. (1982) Derecho autoral mexicano. 1.ª edición. México: Porrúa.

— (2000) Nuevo derecho autoral mexicano. 1.ª edición. México: Fondo de Cultura Económica.

Ragel, Luis Felipe. (2005) La duración de la propiedad intelectual y las obras en dominio público. España: Ed. Reus.

Rangel Medina, David. (1998) Derecho intelectual. México: McGraw Hill.

Revista Mexicana del Derecho de Autor. Otero Muñoz, Ignacio (comp.). Año III, n.º 11. julio-diciembre. 1992. México. Dirección General del Derecho de Autor - SEP.

Rogel Vide, Carlos (coord.). (2006) Los límites del derecho de autor. España: Ed. Reus.

Sainz García, Concepción. (2000) Objeto y sujeto del derecho de autor. 1.ª edición. Valencia: Tirant Lo Blanch.

Satanowsky, Isidro. (1954) Derecho intelectual. Tomos I y II. Buenos Aires: Ed. Tipográfica.

Serrano Migallón, Fernando. (2000) México en el orden internacional de la propiedad intelectual. Tomos I y II. 1.ª edición. México: Porrúa.

Solorio Pérez, Óscar Javier (Coord.). (2007) Derechos de autor para universitarios. 1.ª edición. Colima: Ed. Universidad de Colima.

(1) Actualmente, en México, la norma vigente es la Ley Federal del Derecho de Autor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre de 1996 y vigente a partir del 24 de marzo de 1997. Ha sufrido dos reformas, publicadas el 19 de mayo de 1997 y el 23 de julio de 2003, mismas que entraron en vigor al día siguiente de su publicación.

(2) “En sentido objetivo, derecho de autor es la denominación que recibe la materia; en sentido subjetivo, alude a las facultades de que goza el autor en relación con la obra que tiene originalidad o individualidad suficiente y que se encuentra comprendida en el ámbito de la protección dispensada. En los países de tradición jurídica angloamericana —o de common law— el derecho de autor se denomina copyright —literalmente, derecho de copia—, expresión que alude a la actividad de explotación de la obra por medio de su reproducción”. Citado de Lipszyc, D. Derecho de autor y derechos conexos. Unesco, CERLALC, Zavalía, 1993, p. 18. “En los países de tradición jurídica latina [...] también se utilizan las denominaciones propiedad literaria y artística y propiedad intelectual”. Citado de Delia Lipszyc, óp. cit., p. 19.

(3) Satanowsky, I. Derecho intelectual. Ed. Tipográfica Editora Argentina, t. II, Buenos Aires: 1954, p. 107.

(4) Lipszyc, D., óp. cit., p. 250.

(5) Acosta Romero, M. El derecho intelectual y las partes que lo integran. En: Revista Mexicana del Derecho de Autor, año III, número 11, julio - diciembre, México, Dirección General del Derecho de Autor – SEP, 1992, p. 133.

(6) Jessen, H. Derechos intelectuales. Editorial Jurídica de Chile, Santiago de Chile: 1970, p. 71.

(7) En México, las personas que imprimieron con privilegio fueron, entre otros: Francisco de Rivera Calderón, José Bernardo de Hogal, Félipe de Zúñiga y Ontiveros y Pedro de la Rosa.

(8) Jessen, Henry, óp. cit., p. 67.

(9) Ibíd., p. 50.

(10) Ibíd., p. 77.

(11) “Yo lamentaría si supiera que mis obras deben morir conmigo; y no podrán continuar vivas si nos las alimentan sin cesar con actualidades, si no se las rejuvenezca a medida que haya cambios en la legislación y en el desarrollo de la doctrina y de la jurisprudencia, en perpetua transformación”. Reflexión de Eugene Poulliet, ibíd., p. 51.

(12) Ibíd., p. 68.

(13) “La posibilidad de utilizar la obra se independiza de la persona de su autor. Nace entonces la necesidad de regular el derecho de reproducción de las obras, aunque llevaría varios siglos más el delimitar los caracteres actuales. Primero apareció bajo la forma de privilegios [...], eran monopolio de explotación que el poder gubernativo otorgaba a los impresores y libreros, por un tiempo determinado...”. Lipszyc, Delia, óp. cit., p. 30.

(14) Estatuto de la Reina Ana —Inglaterra, 1710—, Real Orden de Carlos III —España, 1763—, Decretos de la Asamblea Constituyente —Francia, 1791 y 1793—.

(15) Entre los siglos XVI y XVIII los derechos de reproducción y distribución de obras literarias eran otorgados mediante privilegios concedidos por una autoridad. En los territorios americanos sujetos a la monarquía española eran aplicables como derecho supletorio las reales órdenes de 1763, 1764 y 1782 emitidas en materia del derecho de autor.

(16) El General José Mariano Salas —o De Salas— ocupó provisionalmente la presidencia de la República, y mediante Decreto de 22 de agosto de 1846 se restableció la Constitución Federal de 1824.

(17) Vigente a partir del 1.º de marzo de 1871.

(18) En otros documentos se señala que su promulgación fue el 21 de mayo de 1884 y estuvo vigente hasta 1932.

(19) La entrada en vigor de este código sería fijada por el Ejecutivo Federal, por lo que por decreto del 29 de agosto de 1932 se dispuso que entrara en vigor el 1.º de septiembre de ese mismo año.

(20) Todas las disposiciones contenidas en el título eran federal y reglamentarias de la parte relativa del artículo 28 de la Constitución Federal.

(21) Disposiciones acordes con la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas —Diario Oficial de la Federación de 24 de octubre de 1947—, la cual reemplazó a la Convención sobre Propiedad Literaria y Artística de Buenos Aires, Argentina —Diario Oficial de la Federación de 23 de abril de 1964— —Cuarta Conferencia Unión Panamericana, 1910—. Derogó el título octavo del libro segundo del Código Civil de 1928.

(22) En la exposición de motivos se lee: “[...] se ha creído conveniente fijar al derecho de autor la duración de la vida de éste más 20 años, con lo que se protege a sus herederos o causahabientes por una generación más después de su muerte [...]. En efecto, el derecho con duración por la vida del autor, más 50 años, preconizado por la Convención de Berna y adoptado por el mayor número de las legislaciones, parece excesivo, pues protege a la obra por un periodo equivalente a la vida hasta los biznietos del autor y por el otro extremo la duración de 30 años señalada como término general por la legislación mexicana, ha resultado prácticamente injusta, pues expone a los autores a que durante su vida se lucre con sus obras sin su consentimiento, y por otra disminuye, el interés de los editores y demás usuarios del derecho [...]. Por motivos de justicia, y apegándose a la experiencia, a la recomendación hecha por la Convención de Washington y a los beneficios logrados en Europa, el derecho de autor se concede a la obra desde el momento de su creación, independientemente de cualquier requisito formal [...]”. La fuente de la transcripción es: Farrel Cubillas, A. El sistema mexicano de derecho de autor. Ignacio Vado, México: 1996.

(23) Gaceta Parlamentaria, año 2002, n.º 85, Senado de la República, jueves 12 de diciembre: “Es oportuno considerar que el llamado ‘Catálogo de Oro’ de la música mexicana, está a punto de pasar al régimen del dominio público. Esto implica en consecuencia, que los autores que deseen transmitir, difundir o comercializar obras, interpretaciones y fonogramas con fines de lucro, recurrirán a dicho catálogo que ya no está en el dominio privado de sus legítimos titulares, hecho que sin duda, genera una clara desigualdad con el Catálogo actual. Tal situación está motivando, aun más, la falta de producciones que estimulen el surgimiento de nuevos talentos creativos y artísticos; producciones que, de por sí, ya están gravemente afectadas por el fenómeno de la piratería musical [...]”.

(24) “Esto, debido a que el Catálogo que se encuentra en tal situación legal, por ese motivo ha perdido todo valor en cuanto a derechos de autor. Igual fenómeno se presenta, por ejemplo, en los campos editoriales y la dramaturgia, en donde los empresarios recurren a obras del dominio público para evadir, consecuentemente, el pago de regalías en perjuicio de los autores que tienen obras vigentes” —Gaceta Parlamentaria—.

(25) Gaceta Parlamentaria, año III, segundo periodo, 29 de abril de 2003, Diario de Debates de la Cámara de Diputados.

(26) Decreto por el que se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de julio de 2003, y que entró en vigor al día siguiente. En la publicación, al parecer, hubo una omisión accidental, sin embargo, de acuerdo con el dictamen y con el diario de debates, la intención del legislador fue sólo ampliar el plazo de protección de 75 a 100 años, y no que quedaran derogados tácitamente los incisos a) y b) de la fracción II, y los penúltimo y último párrafos del artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

(27) El primer párrafo del artículo 14 de la norma fundamental establece lo siguiente: “14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”.

(28) Véanse los artículos cuarto transitorio de la ley de 1948 y tercero transitorio de la Ley de 1956.

(29) Véanse los artículos tercero transitorio de la ley de 1948 y sexto transitorio de las reformas de 1963.

(30) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero de 1975. Establece en su artículo 7.º que la protección se extenderá durante la vida del autor y cincuenta años después de su muerte.

(31) Retroactividad de las leyes. Su determinación conforme a la teoría de los componentes de la norma. Novena época. Instancia: pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIV, octubre de 2001. Tesis: P./J. 123/2001, p. 16.

(32) Actualmente, la vida del autor más 80 contados a partir de su muerte.

(33) Actualmente, la vida del autor más 60 contados a partir de su muerte.

(34) Actualmente, la vida del autor más 70 contados a partir de su muerte.

(35) “ART. 7.º—(8) En todos los casos, el plazo de protección será el establecido por la ley del país en el que la protección se reclame; sin embargo, a menos que la legislación de este país no disponga otra cosa, la duración no excederá del plazo fijado en el país de origen de la obra”.

(36) “ART. 5º—(4) Se considera país de origen: a) para las obras publicadas por primera vez en alguno de los países de la Unión, este país; sin embargo, cuando se trate de obras publicadas simultáneamente en varios países de la Unión que admitan términos de protección diferentes, aquel de entre ellos que conceda el término de protección más corto; b) para las obras no publicadas o para las obras publicadas por primera vez en un país que no pertenezca a la Unión, sin publicación simultánea en un país de la Unión, el país de la Unión a que pertenezca el autor; sin embargo, i) si se trata de obras cinematográficas cuyo productor tenga su sede o su residencia habitual en un país de la Unión, este será el país de origen, y ii) si se trata de obras arquitectónicas edificadas en un país de la Unión o de obras de artes gráficas y plásticas incorporadas a un inmueble sito en un país de la Unión, este será el país de origen”.

(37) “ART. 3.º—(3) Se entiende por ‘obras publicadas’, las que han sido editadas con el consentimiento de sus autores, cualquiera sea el modo de fabricación de los ejemplares, siempre que la cantidad de estos puesta a disposición del público satisfaga razonablemente sus necesidades, estimadas de acuerdo con la índole de la obra. No constituyen publicación la representación de una obra dramática, dramático-musical o cinematográfica, la ejecución de una obra musical, la recitación pública de una obra literaria, la transmisión o radiodifusión de las obras literarias o artísticas, la exposición de una obra de arte ni la construcción de una obra arquitectónica. (4) Será considerada como publicada simultáneamente en varios países toda obra aparecida en dos o más de ellos dentro de los treinta días siguientes a su primera publicación”.

(38) “ART. 3.1. Estarán protegidos en virtud del presente convenio: a) los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras, publicadas o no; b) los autores que no sean nacionales de alguno de los países de la Unión, por las obras que hayan publicado por primera vez en alguno de estos países o, simultáneamente, en un país que no pertenezca a la Unión y en un país de la Unión. (2) Los autores no nacionales de alguno de los países de la Unión, pero que tengan su residencia habitual en alguno de ellos están asimilados a los nacionales de dicho país en lo que se refiere a la aplicación del presente Convenio”.

(39) A esta denominación, sin que estuviera de manera expresa en la ley, también se le conoce como “dominio público oneroso”, “dominio público remunerado” o “dominio público pagado”.

(40) Decreto que reforma y adiciona la Ley Federal de Derechos de Autor publicado en el Diario Oficial de la Federación el sábado 21 de diciembre de 1963, y que entró en vigor al día siguiente. El artículo 81 disponía a la letra: “Del ingreso total que produzca la explotación de obras del dominio público, se entregará un dos por ciento a la Secretaría de Educación Pública, para los fines a que se refiere la fracción III del artículo 118 de la ley”, la cual consistía en la atribución en cabeza de la entonces Dirección General del Derecho de Autor para fomentar las instituciones que beneficien a los autores, tales como cooperativas, mutualistas y otras similares.

(41) Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993 y vigente a partir del 1.º de enero de 1994.

(42) Propuesta: “ART. 152.—Las obras del dominio público pueden ser libremente utilizadas por cualquier persona, siempre y cuando no se persigan fines de lucro directo o indirecto y que se sujete a lo siguiente: (I). Se deberán respetar los derechos morales de los respectivos autores y titulares de derechos conexos; (II). Los derechos de uso y explotación de las obras, se causarán cuando se realice la comunicación pública de la obra mediante su ejecución, representación o proyección, o el arrendamiento de los ejemplares o copias de los mismos en términos de la fracción II del artículo 27 de esta ley; (III). Estos derechos se cuantificarán en igual proporción a las tarifas aplicables por las sociedades de gestión colectiva debidamente constituidas en cada rama, considerando los medios y formas de explotación; (IV). Las sociedades de gestión colectiva de cada rama efectuarán la recaudación de las cantidades que se originen por dichos conceptos, reteniendo a su favor, el cincuenta por ciento de lo recaudado, cuyos importes serán destinados a programas de seguridad social que beneficien a sus miembros y apoyar actividades de promoción de sus repertorios, debiendo entregar trimestralmente al Instituto el cincuenta por ciento restante, para los fines a que se refieren las fracciones I y II del artículo 209 de esta Ley; (V). No se causarán los derechos de uso y explotación a que se refiere este artículo por la reproducción, publicación, edición o fijación material de una obra en copias o ejemplares, en términos de la fracción I del artículo 27 de esta ley, que realicen los editores de libros, de periódicos y de revistas, así como los productores de fonogramas, ni por la distribución de los ejemplares por venta en términos de la fracción III del mismo precepto legal; (VI). El Instituto está facultado a determinar los casos de excepción a fin de fomentar actividades encaminadas a la difusión de la cultura en general”.

(43) Se emitieron 355 votos en pro, 15 en contra y 15 abstenciones con relación a las modificaciones propuestas por el diputado Eduardo Andrade, y aceptadas por la asamblea, de los artículos 26 bis, 117 bis, 152 y 4.º transitorio del proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal del Derecho de Autor.