Sentencia 2012-00469 de octubre 10 de 2012

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 50001 11 02 000 2012 00469 01

Magistrado ponente:

Dr. Pedro Alonso Sanabria Buitrago

Ref.: Tutela instaurada por Carlos Yesid Lopera López contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Distrito Militar 5 – Séptima zona de reclutamiento.

Aprobada según acta de Sala número 87 de la misma fecha.

Bogotá D.C., diez de octubre de dos mil doce.

Materia de debate

Se procede a resolver la impugnación presentada contra el fallo proferido el 7 de septiembre de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta(1), por el cual se decidió “negar por improcedente” la acción de tutela incoada por el señor Carlos Yesid Lopera López contra la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Distrito Militar 5 – Séptima zona de reclutamiento.

Hechos y pretensiones

El actor, interpuso acción de tutela con el fin de lograr la protección constitucional de los derechos fundamentales “a la educación, a ejercer una profesión, al trabajo, al debido proceso y a la libre locomoción”, los cuales considera le están siendo vulnerados por el Distrito Militar 5 del Ejército Nacional, en razón de los siguientes hechos:

Sostuvo el accionante, que en el año 2000, cuando se encontraba cursando bachillerato en el Colegio Francisco José de Caldas, fue inscrito para definir su situación militar, y que, por circunstancias ajenas a su voluntad, no se pudo presentar para los exámenes ni sorteos que se le hicieron, sin que nunca hubiera sido notificado o citado por el Ejército para presentarse a prestar el servicio Militar.

Afirmó el accionante, que al desconocer su situación, en el año 2005 se presentó a la Séptima Brigada, con miras a obtener la Libreta Militar, “siendo informado que figuraba como remiso desde el año 2001, y que tenía una sanción en suma bastante considerable, razón por la cual me abstuve de continuar con el trámite”.

A mediados del año 2012, nuevamente se acercó a realizar el trámite para obtener la Libreta Militar, y el resultado de ello fue la expedición del acto administrativo No. 636 de fecha 25 de junio de 2012, por el que se resolvió sancionarlo con multa de $5.667.000, sanción que consideró muy alta e imposible de cumplir debido a su precaria situación económica, por lo que interpuso recurso se(sic) reposición, sin embargo, por resolución 745 del 26 de julio de 2012, se mantuvo, sin que hubiera interpuesto recurso de apelación por considerar que “las instancias administrativas pueden durar varios días o meses y que no es un medio eficaz de protección para evitar la amenaza o vulneración” de sus derechos fundamentales, y por ello acude a la acción de tutela, “para reversar las consecuencias adversas” sobre sus derechos fundamentales.

Informó el accionante, que actualmente cuenta con 30 años de edad, labora en forma independiente como vendedor ambulante, con ingresos mensuales de $ 500.000, habita en el barrio La Ceiba de Villavicencio y paga $ 250.000 de arriendo, vive en unión libre y procreó un hijo que actualmente tiene 8 años de edad, y actualmente cursa 8º semestre en la Universidad de Los Llanos, en el programa de Administración de Empresas; y la falta de la Libreta Militar le impide acceder a un trabajo digno y estable, que le permita superar sus dificultades económicas.

Con fundamento en lo anterior, deprecó al Juez constitucional, disponer se ordene “revocar el acto administrativo sanción No. 636 del 26 de junio de 2012… y en su defecto liquidarme la cuota de compensación militar con base en mi precaria situación económica” (fls. 1 a 4, cdno. o.).

El accionante allegó con la demanda de tutela, fotocopia de los actos administrativos 636 y 745 del 25 de junio y 26 de julio de 2012, emitidos por el Distrito Militar 5 del Ejército Nacional, del registro civil de su hijo menor, de un certificado expedido por contador público que da cuenta de ingresos mensuales por $500.000, del contrato de arrendamiento del inmueble en que reside, y constancia de estudios en la Universidad de los Llanos (fls. 5 a 27, cdno. o.).

Actuaciones procesales e intervenciones

1. El a quo en auto de fecha 24 de agosto de 2012 admitió el trámite de la acción, y en consecuencia ordenó la notificación a la entidad accionada a fin de que se pronunciara sobre los hechos de la demanda, e igualmente se dispuso informar al accionante sobre su admisión (fl. 30, cdno. o.).

Sin embargo, pese a que se notificó al Comandante del Distrito Militar 5 del Ejército Nacional, y al Ministerio de Defensa Nacional, tal como consta a folios 32 y 33 de la encuadernación, no se recibió pronunciamiento alguno.

Providencia impugnada

El a quo en providencia del 7 de septiembre de 2012, decidió “negar por improcedente” la acción de tutela, al considerar que sólo procede contra actuaciones administrativas que carezcan de fundamento objetivo o decisión producto de una actitud arbitraria y caprichosa, situación que no se presentaba en el presente asunto, pues constitucionalmente el servicio militar es obligatorio, y conforme la Ley 48 de 1993 se reglamentó, siendo obligatorio de todo varón colombiano, definir su situación.

Además, la misma ley contempló las infracciones a tal deber, entre ellas la de declaración de remiso, como ocurrió con el accionante, de tal manera que la sanción fue impuesta con sujeción al procedimiento establecido para el efecto, pues habiendo sido citado para la concentración el día 23 de enero de 2001, no se hizo presente, como el mismo accionante lo aceptó en su demanda de tutela.

Por lo demás consideró el a quo, en el sub examine tampoco se cumple con el requisito de inmediatez, pues el mismo accionante indicó que en el año 2005 constató que se encontraba en situación de remiso, y debía pagar una multa, la cual se abstuvo de cancelar, y siete años después vino a incoar la presente acción, lo que desvirtúa la existencia de un perjuicio irremediable.

Finalmente indicó que el accionante no podía alegar vulneración al derecho al trabajo, cuando era su propia conducta o descuido lo que lo condujo a la declaratoria de remiso (fls. 35 a 41, cdno. o.).

Impugnación

El actor impugnó la decisión de instancia reiterando los argumentos plasmados en su demanda de tutela, esto es, que se encuentra en precaria situación económica y por no estar en capacidad de cancelar una multa tan alta como la impuesta; y que el Ejército nunca le notificó cuándo debía presentarse a prestar el Servicio Militar una vez culminó su bachillerato en el año 2000.

Además, no era cierto que se hubiera presentado en forma inoportuna la acción de tutela, pues cuando se presentó en el Ejército en el año 2005, no le fue expedido ningún recibo para el pago de la multa, como ahora sí le fue entregada, luego, lo cierto es que la vulneración a sus derechos es actual, en la medida que si la Libreta Militar, no puede acceder a un empleo digno, ni puede culminar sus estudios superiores, ni transitar libremente por el territorio colombiano, pues teme ser requerido en cualquier momento por las autoridades militares (fls. 45 a 49. cdno. o.).

Consideraciones

Competencia: En virtud de lo dispuesto en los artículos 86 y 116 de la Constitución Política, y 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra los fallos de tutela proferidos por las Salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura.

Siendo así, esta superioridad es competente para resolver la impugnación formulada contra el fallo de tutela proferido por la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura del Meta.

El carácter residual de la acción de tutela: Una de las características de la medida de amparo constitucional es que ésta tiene un carácter residual, esto es que procede en tanto el accionante no disponga de otros medios de defensa judicial para lograr la protección de sus derechos, de esta forma el inciso tercero del artículo 86 de la Carta Política prescribe:

“Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”.

En igual sentido fue reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el numeral 1º del artículo 6º dispone:

“ART. 6º—Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquellos se utilicen como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que solo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”.

Así, cabe reiterar, siguiendo para ello la jurisprudencia constitucional, que la acción de tutela sólo resulta procedente ante la ausencia de un mecanismo alternativo de defensa judicial, que debe ser idóneo y eficaz para la protección del derecho, o que existiendo e incoe a fin de evitar un perjuicio irremediable.

Problema jurídico: Consiste en determinar, si con ocasión de la expedición del acto administrativo No. 636 de fecha 25 de junio de 2012, el cual fue confirmado por vía de reposición a través de la Resolución 745 del 26 de julio del mismo año, expedido por el Distrito Militar No 5 del Ejército Nacional, a través del cual se sancionó al accionante Carlos Yesid Lopera López, con multa de $ 5.667.000, de acuerdo al literal E del artículo 42 de la Ley 48 de 1993, se le vulneró algún derecho fundamental al accionante, ello frente a los hechos relatados en la presente acción tutelar.

Pues bien, de entrada es necesario indicar, que la presente acción de tutela es improcedente, —lo cual releva al Juez constitucional de estudiar de fondo el tema propuesto por el accionante—, por cuanto a través de este excepcional mecanismo, no es factible solventar la incuria en que ha venido incurriendo el accionante a fin de definir su situación militar, tal como enseguida pasa a explicarse:

En primer lugar, conforme lo dispone el artículo 48 de la Ley 48 de 1993, “Todo varón colombiano tiene la obligación de inscribirse para definir su situación militar dentro del lapso del año anterior en que cumpla la mayoría de edad, requisito sin el cual no podrá formular solicitudes de excepción o aplazamiento. Cuando se llegue a la mayoría de edad sin haber dado cumplimiento a esta obligación, la autoridad podrá compelerlo sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que se establezcan en la presente ley”.

Entonces, conforme al precepto legal antes mencionado, es obligación de los varones colombianos que estén ad portas de cumplir la mayoría de edad, de inscribirse en el distrito militar a fin de definir la situación militar. Ahora bien, en el parágrafo del citado artículo 48, se establece que “los alumnos de último año de estudios secundarios, sin importar la edad, deberán inscribirse durante el transcurso del año lectivo por intermedio del respectivo plantel educativo, en coordinación con la dirección de reclutamiento y control de reservas del ejército”.

Según lo aceptó el mismo accionante, en el año 2000, cuando se encontraba estudiando el último año de secundaria, fue inscrito en el Ejército Nacional a efectos de definir su situación militar, y aunque afirmó que por “circunstancias ajenas a su voluntad” no se presentó a las citaciones que se le hicieron, ello no era óbice para que tan pronto superara las dificultades que le impidieron cumplir con tal obligación, lo hubiera hecho.

Pero es más, también el accionante confesó en su demanda de tutela, que en año 2005, es decir cinco años después de haber sido citado por el Ejército, se dirigió “al Batallón de la Séptima Brigada Distrito Militar 5 con miras a obtener mi libreta militar, siendo informado que figuraba como remiso desde el año 2001, y que tenía una sanción en suma bastante considerable, razón por la cual me abstuve de continuar con el trámite”.

Luego, no es, como lo afirmó en el escrito de impugnación, que en el año 2005 el Ejército no le haya expedido el recibo para cancelar la multa por remiso, sin que una vez informado de su monto, se abstuvo en forma voluntaria de continuar con el trámite, y ahora, siete años después, lógicamente su valor debió incrementarse por lo menos en un tanto más, pues en esa data sólo llevaba cinco años de estar incumpliendo con deber de definir su situación militar, mientras que ahora han transcurrido casi 12 años.

Lo dicho anteriormente, no significa que esta Sala está avalando el acto administrativo cuestionado, ni tampoco lo cuestiona, pues simplemente se está es observando que el accionante ha sido incurioso en la definición de su situación militar, sin que ahora, pasados casi 12 años desde cuando debió hacerlo, pueda pretender por la excepcional vía de la acción de tutela, remediar la situación en la que voluntariamente se ha puesto.

Ahora bien, revisado el acto administrativo 636 del 25 de junio de 2012, en su parte final se indicó que en contra del mismo procedía el recurso de reposición, del cual efectivamente hizo uso el accionante, y por ello se expidió la Resolución 745 del 26 de julio de 2012, a través de la cual no se accedió a revocarlo, y se le indicó que contra esta última procedía el recurso de apelación.

Sin embargo, el accionante, no hizo uso de este recurso, pues tal como lo afirmó en su demanda de tutela, “desistí de acudir al recurso de apelación y acudo a este mecanismo para reversar las consecuencias adversas”, luego, nuevamente fue incurioso, pues teniendo un mecanismo establecido en la ley para cuestionar el acto administrativo por el cual se le impuso la sanción pecuniaria por su situación de remiso, voluntariamente se abstuvo de ejercerlo.

Lo anterior conlleva a que la acción de amparo invocada sea improcedente, en tanto conforme se estableció al principio de las consideraciones de este fallo, existe una excepción para poder intentarse la tutela aún cuando existan otros mecanismos judiciales a los cuales se pueda acudir para hacer valer los derechos supuestamente vulnerados, esta es, cuando la acción se propone como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, caso en el cual, el actor debe explicar siquiera sumariamente en qué consiste dicho perjuicio y las circunstancias que lo enfrentan al mismo, la situación de indefensión en que se encuentra y por qué considera insuficientes los medios de defensa judicial estatuidos por el ordenamiento jurídico para cuestionar la legitimidad de los actos administrativos.

Pero en el sub examine, el accionante solamente precisó que se encontraba en precariedad económica, sin indicar las razones por las cuales consideraba insuficientes los medios de defensa estatuidos para cuestionar la legitimidad del acto administrativo por el cual se le impuso la sanción económica por remiso, y si bien afirmó que le parecía no eran eficaces, no presentó ningún argumento para sustentar tal dicho, luego se entiende que simplemente a priori así lo consideró.

Finalmente, tampoco encuentra esta Sala que el accionante esté avocado a un perjuicio irremediable, que haga procedente el estudio de fondo de los hechos puestos a consideración, pues independientemente que el accionante afirme estar en una situación precaria, tal precariedad recae solamente en lo económico, y la verdad es que miles de colombianos se encuentran en la misma situación, es decir sus ingresos escasos no les permiten mantener una vida digna, sin que por ello pueda acudirse a la acción de amparo para solventar situaciones de tal índole, máxime como en el presente caso, en el que el accionante voluntariamente se ha puesto en tal situación, al no cumplir con su obligación durante 12 años de presentarse a solucionar su situación militar.

Ahora bien, si como es lógico, la libreta militar la requiere para efectos de poder acceder a la vida laboral en empleos formales, o culminar estudios superiores, simplemente debe cumplir con la obligación legal de definir su situación militar, sin que pueda alegar en su favor su propia culpa, para pretender por esta vía se ordene dejar sin efectos actos administrativos de los cuales se presume su legalidad, ni mucho menos interferir en la administración para “liquidar” una cuota de compensación menor, pues ello le está vedado al Juez Constitucional.

En conclusión, el fallo impugnado habrá de modificarse, para en lugar de “negar por improcedente” la acción, declarar que la misma es improcedente, por las razones antes expuestas, esto es, por la incuria del accionante en definir su situación militar durante aproximadamente 12 años, lo cual lo ha puesto en condición de remiso, con la consecuencias económicas de rigor, y por cuanto, para atacar el acto administrativo que le impuso la sanción pecuniaria, contaba con el recurso de apelación, del cual se abstuvo voluntariamente de hacer uso.

En mérito de lo anteriormente expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. MODIFICAR el fallo dictado el día 7 de septiembre de 2012 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta, que “negó por improcedente” la tutela impetrada por el señor Carlos Yesid Lopera López contra la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional – Distrito Militar 5 – Séptima zona de reclutamiento, para en su lugar DECLARARLA IMPROCEDENTE, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.

2. REMITIR las presentes diligencias a la Corte Constitucional, a efecto de tramitarse su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Magistrados: Angelino Lizcano Rivera, Presidente—José Ovidio Claros Polanco, vicepresidente—Julia Emma Garzón de Gómez—María Mercedes López Mora—Pedro Alonso Sanabria Buitrago—Henry Villarraga Oliveros.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

(1) Conformaron la Sala los magistrados María de Jesús Muñoz Villaquirán (ponente) y Humberto Aranzales.