Auto 2011-00165 de diciembre 18 de 2012

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Ref.: Expediente 2011 00165 01

Magistrada Ponente:

Dra. María Elizabeth García González

Actora: Drummond Ltd.

Bogotá, D.C., dieciocho de diciembre de dos mil doce.

EXTRACTOS: «III. (Sic) Consideraciones de la Sala Unitaria

La presente controversia gira en torno a establecer si procede la vinculación de las sociedades C.I. Prodeco S.A., Colombian Natural Resources I SAS, Vale Coal Colombia Ltd. - sucursal Colombia y Palmagro S.A., en los términos planteados en la demanda.

La figura del litisconsorcio, consagrada en el artículo 52 del Código de Procedimiento Civil, se caracteriza fundamentalmente por la existencia de una relación jurídica sustancial única e indivisible, que integran un número plural de sujetos, respecto de los cuales no podría proferirse una decisión de fondo independiente o fragmentada, porque la sentencia respectiva los afectaría a todos.

El texto del citado artículo es del siguiente tenor:

“ART. 52.—Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial, a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, pero que pueda afectarse desfavorablemente si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante, de ella, mientras no se haya dictado sentencia de única o segunda instancia.

El coadyuvante podrá efectuar los actos procesales permitidos a la parte que ayuda, en cuanto no estén en oposición con los de esta y no impliquen disposición del derecho en litigio.

Podrán intervenir en un proceso como litis consortes de una parte y con las mismas facultades de esta, los terceros que sean titulares de una determinada relación sustancial a la cual se extiendan los efectos jurídicos de la sentencia, y que por ello estaban legitimados para demandar o ser demandados en el proceso.

La intervención adhesiva y litisconsorcial es procedente en los procesos de conocimiento, mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia, desde la admisión de la demanda. La solicitud de intervención deberá contener los hechos y los fundamentos de derecho en que se apoya, y a ella se acompañarán las pruebas pertinentes.

Cuando en el acto de su intervención el litisconsorte solicite pruebas, el juez las decretará si fueren procedentes y las considera necesarias.

Si estuviere vencido el término para practicarlas o lo que restare de este no fuere suficiente, otorgará uno adicional hasta de diez días.

Si el juez estima procedente la intervención, la aceptará de plano y considerará las peticiones que hubiere formulado el interviniente.

La intervención anterior a la notificación del demandado, se resolverá luego de efectuada esta. El auto que acepte o niegue la intervención es apelable” (destacado fuera del texto).

Por su parte, el artículo 83 del Código de Procedimiento Civil, que se refiere al litisconsorte necesario y la Integración del contradictorio, indica:

“ART. 83.—Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez en el auto que admite la demanda ordenará dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado.

En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados.

Si alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o señalará día y hora para audiencia, según el caso.

Cuando alguno de los litisconsortes necesarios del demandante no figure en la demanda, podrá pedirse su citación acompañando la prueba de dicho litisconsorcio, efectuada la cual, quedará vinculado al proceso” (destacado fuera de texto).

Los actos acusados resolvieron (fls. 1 a 117, cdno. 1):

“ARTÍCULO PRIMERO. Imponer a las empresas Drummond Ltd., C.I. Prodeco S.A., Compañías de Carbones del Cesar S.A., hoy Sociedad Colombian Natural Resources I SAS y Embarcon S.A. hoy Vale Coal Colombia Ltd. sucursal Colombia, la obligación de resultado de reasentar a las poblaciones actuales de Plan Bonito, en el término de un (1) año y las poblaciones de El Hatillo y Boquerón, en el término de dos (2) años siguientes a la ejecutoria del presente acto administrativo, conforme a la proporcionalidad y demás condiciones que se establecen a continuación.

ARTÍCULO SEGUNDO. (Modificado por la Res. 1525 de ago. 5/2010). Los costos del proceso de reasentamiento estarán a cargo de las empresas Drummond Ltd., C.I. Prodeco S.A., Compañía de Carbones del Cesar S.A., hoy Sociedad Colombian Natural Resources I SAS y Emcarbón S.A., hoy Vale Coal Colombia Ltd. sucursal Colombia, de acuerdo con la siguiente distribución porcentual por proyecto minero:

EmpresaMinaPlan bonito
(%)
Boquerón
(%)
El Hatillo
(%)
Drummond Ltd.Pribbenow
(La Loma)
39,1158,9439,30
Drummond Ltd.El Descanso8,049,4513,02
Prodeco S.A.Calenturitas
38,87
39,8122,638,65
Sociedad Colombian Natural Resources I SASLa Francia7,815,3427,81
Vale Coal Colombia Ltd. Sucursal ColombiaEl Hatillo5,163,6411,22
Total100100100

ARTÍCULO QUINTO. Hasta tanto sea ejecutado el reasentamiento de las poblaciones de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón, las empresas Drummond Ltd., C.I. Prodeco S.A., Compañía de Carbones del Cesar S.A., hoy Sociedad Colombian Natural Resources I SAS y Emcarbón S.A., hoy Vale Coal Colombia Ltd. Sucursal Colombia, en desarrollo de los planes de gestión social que hacen parte del instrumento de manejo ambiental establecido para el desarrollo de cada uno de los proyectos mineros a su cargo, deberán coordinar alianzas con las administraciones municipales para la ejecución de proyectos destinados al mejoramiento de la situación actual de dichas poblaciones, en aspectos tales como, cobertura y calidad de la prestación de servicios públicos domiciliarios, realización de brigadas de salud, mejoramiento del servicio de transporte escolar para los niños, niñas y jóvenes que estudian fuera de las poblaciones, mejoramiento de la infraestructura de servicios en las poblaciones (escuela, zonas recreativas, etc.) y mantenimiento de vías de acceso.

ARTÍCULO SEXTO. Las empresas a que hace referencia el presente acto administrativo, deberán proceder a la conformación de un comité operativo, que tendrá la función de verificar la ejecución de las actividades del reasentamiento que realice la entidad contratada para su ejecución, el cual deberá estar integrado por: (...)”.

Por su parte, el demandante, en el libelo introductorio, puntualizó:

“Los actos acusados indican que el deber de reasentamiento es un deber ‘de resultado’, que pertenece en forma indivisible a las empresas mineras, sin que cualquiera de ella pueda excusarse de alcanzar ese ‘resultado’ por la resistencia de algunos de los habitantes, o por los incumplimientos de las otras. (...). Con base en el defectuoso modelo de los contratistas, aludido arriba, el MAVDT obligó a las empresas a repartirse entre ellas los costos del ‘reasentamiento’ sin tomar [en] cuenta que (...) el efecto de las actividades de cada empresa sobre la dispersión del ‘material particulado’ en las poblaciones aludidas, es bien distinto del que indica el estudio de los contratistas. Las omisiones que contiene (sic) ese estudio, afectan el reparto de los costos del reasentamiento que el MAVDT hizo entre Drummond y las demás empresas mineras” (fls. 4 y 5).

“Pretensiones.

c. Que previa la anulación pedida, y como restablecimiento parcial del derecho, se disponga que, en la medida en que Drummond y las demás empresas mineras deban asumir costos por el reasentamiento de poblaciones ubicadas por fuera de las áreas incluidas en sus ‘títulos mineros’, los costos respectivos deban dividirse en proporción a las pruebas que se acrediten en el proceso, respecto a la contribución de cada empresa a la dispersión de material particulado en la población de que se trate”.

Y en el recurso de apelación que ocupa la atención de la Sala Unitaria, señaló:

“Pero en este caso, Drummond no pretende solo la nulidad de las resoluciones que ordenaron el reasentamiento sino que, en forma subsidiaria, pretende que se determine qué sociedad minera —y en qué proporción— debe asumir el reasentamiento de las poblaciones. Si esta pretensión subsidiaria prospera, es obvio que los costos de los cuales se libere Drummond deben ser asumidos por otra de las tres empresas, de modo que es indispensable que ellas participen como partes en el proceso (fl. 137, cdno. 3).

De lo precedente, se colige que las resoluciones demandadas ordenaron a las sociedades Drummond LTD., Prodeco S.A., Colombian Natural Resources I SAS y Vale Coal Colombia Ltd., asumir el reasentamiento de unas poblaciones, en determinadas proporciones, las cuales son cuestionadas en la demanda, de manera que de concluirse que la orden de reasentamiento es válida, deberá la sentencia ocuparse de examinar la proporción asignada a la empresa demandante, lo que indudablemente incidirá en las obligaciones de las demás empresas que, necesariamente, deben ser vinculadas.

Así las cosas, encuentra la Sala Unitaria procedente la solicitud de vinculación de las empresas Prodeco S.A., Colombian Natural Resources I SAS y Vale Coal Colombia Ltd., sucursal Colombia, en calidad de litisconsortes, por lo cual, revocará parcialmente el auto impugnado, en ese sentido.

En relación con la vinculación de la sociedad Palmagro S.A., advierte el despacho que le asiste interés directo en las resultas del proceso, habida cuenta de que fue reconocida como tercera interviniente en la actuación administrativa y, por tanto, debe también notificársele el auto admisorio de la demanda(1), junto con las demás personas indicadas en el numeral tercero de la referida providencia, para los efectos previstos en el artículo 209, numeral 3º, del Código Contencioso Administrativo(2).

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en Sala Unitaria,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el numeral 1.2 del auto de 10 de mayo de 2012, proferido por la Sección Primera —Subsección A— del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual quedará así:

“Adiciónase el auto de 29 de marzo de 2012, en el sentido de aceptar la solicitud de vinculación al proceso de Prodeco S.A., Colombian Natural Resources I SAS y Vale Coal Colombia Ltd., en calidad de litisconsortes necesarios y de Palmagro S.A., como tercera con interés directo en las resultas del proceso”.

En firme la presente providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(1) 29 de marzo de 2012.

(2) La Resolución 1525 de 2010, demandada, indicó: “Teniendo en cuenta que mediante la Resolución 970 de 20 de mayo de 2010 se llevó a cabo la modificación de las licencias ambientales otorgadas a las empresas mineras, y habida cuenta que dicha resolución da inicio a tal actuación administrativa, se acepta la vinculación de la sociedad Palmagro S.A. como tercero interviniente, quien hasta este momento la solicita” (fl. 110 vto.).