Auto 801-17616 de diciembre 13 de 2012

Superintendencia de Sociedades 

Partes

Proedinsa Calle & Cía. S. en C. contra Colegio Gimnasio Vermont Medellín S.A.

Asunto

Artículo 133 de la Ley 446 de 1998

Trámite

Proceso verbal sumario

Bogotá, D.C., diciembre trece de dos mil doce.

I. Antecedentes

1. Mediante Auto 801-015352 del 2 de noviembre de 2012,se admitió la demanda presentada por Proedinsa Calle & Cía. S. en C. en contra de Colegio Gimnasio Vermont Medellín S.A., orientada al reconocimiento de los presupuestos de ineficacia respecto de las decisiones que constan en el Acta 73 de la junta directiva.

2. El auto admisorio fue notificado personalmente a la demandada el 22 de noviembre de 2012.

3. El 27de noviembre de 2012, Colegio Gimnasio Vermont Medellín S.A. presentó recurso de reposición contra el auto admisorio. El término del traslado respecto del citado recurso venció el 5 de diciembre de 2012.

II. Consideraciones del despacho

El recurrente sostiene que a la demanda de impugnación se le ha dado un trámite que legalmente no le corresponde. En su criterio, de conformidad con el parágrafo 3º del artículo 24 del Código General del Proceso, la vía procesal adecuada es la del proceso abreviado.

Sobre el particular, debe señalarse que, de acuerdo con las pretensiones formuladas por el demandante (vid. fl. 8), el presente proceso alude al reconocimiento de presupuestos de ineficacia bajo lo previsto en el artículo 133 de la Ley 446 de 1998, en lugar de la acción de impugnación mencionada en los artículos 24 del Código General del Proceso y 137 de la Ley 446 de 1998. Así pues, el despacho deberá analizar cuál es la vía procesal correcta para darle trámite al reconocimiento de presupuestos de ineficacia, a partir de la expedición del Código General del Proceso.

A. Análisis acerca de las modificaciones introducidas por el Código General del Proceso

A partir de la promulgación del nuevo Código General del Proceso, publicado en el Diario Oficial el 2 de julio de 2012, se modificaron las reglas atinentes a los procesos de naturaleza societaria que conoce la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de facultades jurisdiccionales. Las disposiciones contenidas en el citado código aluden a algunas de las competencias atribuidas a esta entidad, así como a los procedimientos que han de seguirse para tramitar los asuntos allí mencionados. El Código General del Proceso también deroga ciertas reglas establecidas en normas anteriores, tales como algunos artículos de las leyes 446 de 1998 y 1258 de 2008.

La introducción de este nuevo régimen procesal hace necesario efectuar un análisis acerca del estado actual de las competencias y procedimientos en materia societaria a cargo de esta entidad. El citado análisis es particularmente relevante a la luz del régimen de transición establecido en el Código General del Proceso. En verdad, las disposiciones del código entran a regir en diferentes tiempos, los cuales se cuentan desde la promulgación del código hasta un término máximo que expira en el año 2017. La vigencia diferida de ciertas reglas, en particular las que regulan las competencias de la justicia ordinaria, genera importantes consecuencias respecto del régimen que le resulta aplicable a la Superintendencia de Sociedades. Así las cosas, a continuación se presenta un análisis del estado actual de la legislación colombiana en materia de conflictos societarios.

El artículo 1º del Código General del Proceso establece el ámbito de aplicación de las reglas procesales allí contenidas, en los siguientes términos: ‘[el código se le aplica] a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes’. Así, pues, si bien el código regula ciertos asuntos a cargo de esta y otras superintendencias, se deja abierta la posibilidad de que existan normas especiales que adicionen o modifiquen las competencias y procedimientos establecidos en ese estatuto(1).

En este sentido, debe señalarse que el código conservó ciertas reglas especiales respecto del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Sociedades. Es así como, por virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 626 del Código General del Proceso, se deroga el artículo 148 de la Ley 446 de 1998 y el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008. Estas derogatorias surtieron efecto a partir de la promulgación del código. De igual forma, en el literal c) del artículo 626, citado, se establece la derogatoria del artículo 137 de la Ley 446 de 1998 una vez el código entre en vigencia plena, en algún momento entre el primero de enero de 2014 y el mismo día de 2017.

Según lo expuesto, debe entenderse que, durante el periodo de transición fijado para que se produzca la vigencia plena del Código General del Proceso, siguen en pie las reglas especiales que no fueron derogadas por el código. En verdad, esta parece ser la única manera razonable de interpretar la intención del legislador colombiano, en vista de que se derogaron tan solo un par de artículos de las leyes 446 de 1998 y 1258 de 2008, pero se conservaron diversos otros artículos contenidos en tales leyes, que establecen competencias y procedimientos especiales a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Así, no tendría sentido que se hubiera determinado derogar de modo expreso el artículo 148 de la Ley 446 de 1998 y el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008, para luego entender que, en forma implícita, se derogaron los artículos 137 de la Ley 446 de 1998 y 24 (par. 2º), 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008.

La interpretación presentada en el párrafo anterior adquiere aún más fuerza si se tiene en cuenta que el Código General del Proceso deroga el artículo 137 de la Ley 446 de 1998, pero solo una vez finalice el periodo de transición antes indicado, en algún momento entre los años 2014 y 2017.También es indispensable poner de presente que un análisis sistemático del Código General del Proceso, en concordancia con las reglas especiales anteriores a su promulgación, arroja una conclusión similar a la expresada. Ciertamente, debe entenderse que las competencias y procedimientos establecidos en las leyes especiales anteriores al Código General del Proceso siguen vigentes, por lo menos hasta que se termine el periodo de transición establecido en el código.

A la luz de lo expresado antes, es necesario concluir que las siguientes disposiciones societarias especiales se encuentran actualmente vigentes:

1) Artículo 233 de la Ley 222 de 1995.

2) Artículos 133, 136 y 137 de la Ley 446 de 1998.

3) Artículos 24, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008.

4) Artículos 28, 29 y 43 de la Ley 1429 de 2010.

5) Artículo 252 de la Ley 1450 de 2011.

Así las cosas, la vigencia de las disposiciones citadas hace necesario consultar, en primer término, las reglas especiales de competencia y procedimiento allí establecidas. En segundo lugar, en caso de no existir una norma especial vigente que regule tales asuntos, deberán seguirse las reglas contenidas en el Código General del Proceso respecto del ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Sociedades. Por lo demás, es claro que, si se llegase a presentar un conflicto entre las disposiciones del Código General del Proceso y aquellas contenidas en normas especiales anteriores, será preciso hacer uso de las reglas de interpretación de la ley a fin de conjurar el conflicto identificado.

Ahora bien, en el numeral 5º del artículo 24 del Código General del Proceso se establecen cinco competencias específicas a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Cuatro de estas competencias aluden a figuras contempladas en normas anteriores, es decir, a los artículos 137 de la Ley 446 de 1998 (impugnación) y 24 (acuerdos de accionistas), 42 (responsabilidad solidaria de accionistas y administradores, nulidad de actos defraudatorios e indemnización de perjuicios en hipótesis de desestimación de la personalidad jurídica) y 43 (abuso del derecho) de la Ley 1258 de 2008. La quinta competencia atribuida a esta entidad se refiere, de modo general, a la resolución de conflictos societarios entre la compañía, los accionistas y los administradores sociales. Se trata de una competencia similar a la que le había sido atribuida a la Superintendencia en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008, el cual fue derogado tras la promulgación del Código General del Proceso.

Adicionalmente, la superintendencia conserva las competencias reguladas en los artículos 133 (reconocimiento de presupuestos de ineficacia) y 136 (designación de peritos en hipótesis de discrepancia sobre el precio de alícuotas) de la Ley 446 de 1998, 28 (responsabilidad de socios y liquidadores), 29 (oposición judicial en casos de reactivación) y 43 (reconocimiento de presupuestos de ineficacia en sociedades sometidas a control) de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 252 (competencias de la L. 1258/2008 respecto de tipos societarios diferentes de la SAS) de la Ley 1450 de 2011.

De otra parte, en el parágrafo 3º del artículo 24 del Código General del Proceso se establece una regla general de procedimiento para el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de las diferentes superintendencias, a cuyo tenor, ‘las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces’. De conformidad con lo expresado antes, esta disposición debe aplicarse en todos aquellos casos en los que no exista un procedimiento especial para el ejercicio de alguna de las competencias atribuidas a la Superintendencia de Sociedades. Por consiguiente, esta superintendencia deberá ejercer las competencias descritas a continuación mediante el procedimiento señalado en las normas societarias especiales vigentes, es decir, el proceso verbal sumario:

1. Impugnación de decisiones de asamblea de accionistas o junta de socios y de juntas directivas de sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades (competencia general atribuida en el lit. c) del num. 5º del art. 24 del CGP; proceso especial incluido en el art. 137 de la L. 446/98)(2).

2. Ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos de accionistas (competencia general atribuida en el lit. a) del num. 5º del art. 24 del CGP; proceso especial incluido en el par. 2º del art. 24 de la L. 1258/2008.

3. Responsabilidad solidaria de accionistas y administradores, nulidad de actos defraudatorios e indemnización de perjuicios en hipótesis de desestimación de la personalidad jurídica (competencia general atribuida en el lit. d) del num. 5º del art. 24 del CGP; proceso especial incluido en el art. 42 de la L. 1258/2008).

4. Nulidad absoluta de decisiones e indemnización de perjuicios en hipótesis de abuso del derecho de voto (competencia general atribuida en el lit. e) del num. 5º del art. 24 del CGP; proceso especial incluido en el art. 43 de la L. 1258/2008).

5. Responsabilidad de socios y liquidadores en hipótesis de liquidación voluntaria (competencia y proceso especial incluidos en el art. 28 de la L. 1429/2010).

6. Acción de oposición judicial en hipótesis de reactivación de sociedades y sucursales en liquidación (competencia y proceso especial incluidos en el art. 29 de la L. 1429/2010).

7. Reconocimiento de presupuestos de ineficacia respecto de ciertos actos celebrados por sociedades sometidas al grado de fiscalización denominado ‘control’ (competencia y proceso especial incluidos en el art. 43 de la L. 1429/2010).

Debe reiterarse que, en aquellos casos en los que no exista un procedimiento especial para el ejercicio de facultades jurisdiccionales a cargo de esta superintendencia, será preciso seguir la citada regla del parágrafo 3º del artículo 24 del Código General del Proceso. En vista de que esta regla alude a las ‘vías procesales previstas en la ley para los jueces’, es pertinente analizar cuáles son los procedimientos establecidos para el ejercicio, por parte de la justicia ordinaria, de las competencias a cargo de la Superintendencia de Sociedades.

En el numeral 5º del artículo 20 del Código General del Proceso se le atribuye la competencia a los jueces civiles de circuito para conocer, en primera instancia, acerca ‘de todas las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad’. Esta parecería ser la ‘vía procesal prevista en la ley para los jueces’ a que se hizo referencia antes. Sin embargo, en vista de que el artículo 20 del Código General del Proceso solo entra en vigencia una vez culmine el periodo de transición a que se ha hecho referencia en este documento, deberán consultarse las normas vigentes en la actualidad. En este sentido, el Código de Procedimiento Civil alude expresamente al proceso verbal como la ‘vía procesal’ para que la justicia ordinaria conozca acerca de dos asuntos específicos, a saber:

1. Impugnación de decisiones sociales (competencia general respecto de sociedades no vigiladas por esta superintendencia atribuida en el lit. c) del num. 5º del art. 24 del CGP; vía procesal prevista para los jueces incluida en los arts. 421 del CPC y 42 de la L. 1395/2010).

2. Resolución de controversias respecto del acaecimiento de causales de disolución (competencia general atribuida en el art. 138 de la L. 446/98; vía procesal prevista para los jueces incluida en los arts. 627 y 630 del CPC)(3).

De igual forma, en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995 se establece una regla general para el trámite de procesos societarios por parte de la justicia ordinaria, a cuyo tenor, ‘los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige [...] se someterán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario’(4). Es así como los asuntos respecto de los cuales no se haya determinado un proceso específico, deberán tramitarse bajo la vía procesal establecida en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995, es decir, el proceso verbal sumario. En criterio del despacho, esta regla de interpretación les resulta aplicable a los siguientes asuntos:

1. La resolución de conflictos societarios, así como las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre los accionistas y los administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral (competencia general atribuida en el literal b) del num. 5º del art. 24 del CGP; vía procesal prevista para los jueces incluida en el art. 233 de la L. 222/95)

2. Efectos derivados de la desestimación de la personalidad jurídica que sean diferentes de la declaratoria de nulidad de actos defraudatorios y la indemnización de perjuicios (competencia general atribuida en el lit. d) del num. 5º del art. 24 del CGP; vía procesal prevista para los jueces incluida en el art. 233 de la L. 222/95)

3. Reconocimiento de los presupuestos de ineficacia previstos en el Libro Segundo del código de Comercio (competencia general atribuida en el art. 133 de la L. 446/98; vía procesal prevista para los jueces incluida en el art. 233 de la L. 222/95).

4. Designación de peritos para dirimir controversias sobre el precio de alícuotas (competencia general atribuida en el art. 136 de la L. 446/98; vía procesal prevista para los jueces incluida en el art. 233 de la L. 222/95).

5. Incumplimiento de acuerdos de accionistas (competencia general atribuida en el literal a) del num. 5º del art. 24 del CGP; vía procesal prevista para los jueces incluida en el art. 233 de la L. 222/95).

B. Análisis del caso sometido a consideración del despacho

A la luz de lo expresado antes, el Código General del Proceso conservó la competencia que le fue asignada a la Superintendencia de Sociedades en el artículo 133 de la Ley 446 de 1998, respecto del reconocimiento de los presupuestos de ineficacia del libro segundo del Código de Comercio. No ocurrió lo mismo con la vía procesal establecida para tramitar la acción correspondiente, puesto que el Código General del Proceso derogó el artículo 148 de la Ley 446. En este orden de ideas, debe recordarse que, en aquellos casos en los que no exista un procedimiento especial para el ejercicio de facultades jurisdiccionales a cargo de esta superintendencia, deberá seguirse la regla del parágrafo 3º del artículo 24 del Código General del Proceso, por cuya virtud ‘las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces’. Así pues, el artículo 233 de la Ley 222 de 1995 establece una regla general para el trámite de procesos societarios por parte de la justicia ordinaria, a cuyo tenor, ‘los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige (...) se someterán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario’. Es así como, cuando no se haya determinado un proceso específico para tramitar los asuntos societarios a cargo de esta superintendencia por vía jurisdiccional, se deberá acudir al proceso verbal sumario, en los términos del parágrafo 3º del artículo 24 del Código General del Proceso y el artículo 233 de la Ley 222 de 1995. Por consiguiente, este despacho confirmará el Auto 801-015352 del 2 de noviembre de 2012, comoquiera que la presente acción de reconocimiento de presupuestos de ineficacia fue admitida bajo el trámite que legalmente le corresponde.

En mérito de lo expuesto, el superintendente delegado para procedimientos mercantiles,

RESUELVE:

Confirmar, en su totalidad, el Auto 801-015352 del 2 de noviembre de 2012.

Notifíquese y cúmplase.

(1) También es relevante señalar que en el parágrafo 6º del artículo 24 del Código General del Proceso también se contempla la posibilidad de que existan competencias adicionales a las allí previstas.

(2) En vista de que el Código General del Proceso amplió el ámbito de competencia de esta superintendencia en materia de impugnación de decisiones sociales, debe entenderse que la respectiva acción procede respecto de todas las sociedades ‘sometidas a su supervisión’. Sin embargo, la vigencia del artículo 137 de la Ley 446 de 1998 durante el periodo de transición contemplado en el Código General del Proceso hace necesario concluir que se conservó un proceso especial (v. gr. el verbal sumario) para todas aquellas sociedades sometidas al grado de fiscalización denominado ‘vigilancia’.

(3) El Código General del Proceso derogó el artículo 148 de la Ley 446 de 1998, en el cual se establecía un trámite especial para las competencias jurisdiccionales atribuidas a las diferentes superintendencias por la citada Ley 446.

(4) En la exposición de motivos del proyecto de ley 119 de 1993, el cual antecedió a la Ley 222 de 1995, se alude a la regla del artículo 233, citado, en los siguientes términos: ‘se establece un procedimiento judicial ágil, cuando se opte por él, que se adecúe a la rapidez con que deben realizarse las operaciones comerciales.