Procuraduría General de la Nación

RESOLUCIÓN 445 DE 2012 

(Diciembre 20)

“Por medio de la cual se deja sin efectos el auto del 13 de junio de 2007, que dispuso el ejercicio del poder disciplinario preferente en todas las investigaciones por conductas relacionadas con el abuso sexual y el maltrato a menores por parte de los docentes”.

El Procurador General de la Nación,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, especialmente las conferidas en el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución Política, los numerales 2º y 7º del artículo 7º del Decreto-Ley 262 de 2000 y los artículos 3º y 69 de la Ley 734 de 2002, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo con el numeral 6º del artículo 277 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación tiene la función de ejercer el poder disciplinario preferente, en cuyo mérito está investido de la competencia para desplazar del conocimiento de los asuntos disciplinarios a los órganos de control disciplinario interno.

Que el ejercicio del poder disciplinario preferente fue regulado de manera especial por el legislador en los artículos 3º y 69 de la Ley 734 de 2002, de conformidad con los cuales la Procuraduría General de la Nación es su titular, en cuyo desarrollo podrá iniciar, proseguir o remitir cualquier investigación disciplinaria.

Que el Procurador General de la Nación, con la Resolución 346 del 3 de octubre 2002, modificada con la Resolución 187 del 4 de mayo de 2010, reguló las competencias y trámites para el ejercicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación, habiendo establecido en el artículo sexto (6º) los criterios que determinan su ejercicio.

Que con Auto del 13 de junio de 2007 el despacho del Procurador General de la Nación dispuso ejercer el poder preferente en todas las investigaciones que se encontraran en curso o que debieran iniciarse por conductas relacionadas con el abuso sexual y el maltrato a menores por parte de los docentes, asignando su conocimiento a las procuradurías regionales en primera instancia, y en segunda a las procuradurías delegadas, según las funciones correspondientes, conforme al numeral 4º del artículo 25 del Decreto-Ley 262 de 2000.

Que en atención a lo previsto en los artículos 1º y 2º de la Ley 734 de 2002, el titular de la potestad disciplinaria y de la acción disciplinaria es el Estado, a través de los órganos y autoridades establecidos en el ordenamiento jurídico, específicamente la Procuraduría General de la Nación y las personerías distritales y municipales y las oficinas de control disciplinario interno. En tal sentido, el ejercicio del control disciplinario corresponde primariamente a estas últimas, a menos que se ejerza por parte de aquellas el poder preferente.

Al respecto, la Corte Constitucional en la Sentencia C-026 de 2009, señaló:

«Lo que distingue al poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación es que a través de él la Procuraduría puede decidir con base en criterios objetivos y razonables, qué investigaciones, quejas o procesos disciplinarios reclama para sí, con el objeto de conocer y pronunciarse directamente sobre los mismos. Y en el caso de que la Procuraduría solicite un proceso, desplaza en la labor disciplinaria a la oficina de control interno de la dependencia oficial donde estaba radicado el asunto. Así pues, la potestad de la Procuraduría para ejercer el poder disciplinario sobre cualquier empleado estatal, cualquiera que sea su vinculación, tiene el carácter de prevalente o preferente y en consecuencia, dicho organismo está autorizado para desplazar al funcionario público que esté adelantando la investigación, quien deberá suspenderla en el estado en que se encuentre y entregar el expediente a la Procuraduría, y como resulta obvio, si la Procuraduría decide no intervenir en el proceso disciplinario interno que adelanta la entidad a la que presta sus servicios el investigado, será esta última la que tramite y decida el proceso correspondiente».

Es por ello que, en el inciso final del artículo 1º de la Resolución 346 de 2002, se lee lo siguiente: “Si asumido el conocimiento por parte de la Procuraduría General de la Nación se estableciere que el proceso no amerita el ejercicio del poder preferente el funcionario competente podrá enviar el asunto al órgano de control interno respectivo mediante decisión motivada”.

Que si bien el ejercicio del poder preferente en las investigaciones por conductas relacionadas con el abuso sexual y el maltrato a menores por parte de los docentes, dispuesto en el auto del 13 de junio de 2007, se funda en razones de trascendencia y de afectación del bien social, es necesario que en cada caso particular se evalúe por parte de los funcionarios competentes la existencia de los elementos objetivos, conforme a la Resolución 346 de 2002, que hagan necesario dicho ejercicio. Por consiguiente, en relación con cada queja o denuncia recepcionada en la Procuraduría General de la Nación conforme a la ley, se deberá evaluar si amerita ser tramitada por este órgano de control o si por el contrario se trata de un caso que bien puede ser de conocimiento de las respetivas oficinas de control disciplinario interno.

Por las consideraciones que anteceden, se dispondrá entonces dejar sin efecto a partir de la fecha de comunicación de la presente resolución el auto del 13 de junio de 2007, por lo que los funcionaros competentes para conocer de las investigaciones disciplinaria por conductas relacionadas con el abuso sexual y el maltrato a menores por parte de los docentes deberán ejercer el poder disciplinario preferente en los términos de la Resolución 346 de 2002.

En consecuencia,

RESUELVE:

1. Dejar sin efecto el auto del 13 de junio de 2007, por medio del cual se dispuso ejercer el poder preferente en todas las investigaciones que se encontraran en curso o que debieran iniciarse por conductas relacionadas con el abuso sexual y el maltrato a menores por parte de los docentes, conforme a la parte motiva de este acto.

2. Ordenar que el poder disciplinario preferente, respecto de las investigaciones que se encuentren en curso o que deban iniciarse por las conductas señaladas en el ordinal anterior, se ejerza en delante de acuerdo con las reglas establecidas en la Resolución 346 del 3 de octubre 2002, modificada parcialmente por la Resolución 187 del 4 de mayo de 2010.

En consecuencia, se autoriza la remisión a las procuradurías provinciales, personerías municipales o distritales u oficinas de control disciplinario interno, de los procesos que por tales conductas cursaren en las procuradurías regionales, siempre que los hechos objeto de investigación no hubieren ocurrido hace más de dos (2) años y que no exista razonadamente la necesidad de que la procuraduría regional continúe su conocimiento de acuerdo con los criterios señalados en la Resolución 346 de 2002. En tal caso, los procesos que se trasladen no podrán ser nuevamente remitidos por la autoridad destinataria, sin perjuicio de los conflictos de competencia a que hubiere lugar. No obstante, según las circunstancias de cada investigación, la Procuraduría General de la Nación podrá reasumir los procesos en ejercicio del poder preferente.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 20 de diciembre de 2012.