Sentencia 1998-15344 de diciembre 19 de 2013

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-31-03-022-1998-15344-01

Magistrado Ponente:

Dr. Ariel Salazar Ramírez

Bogotá, D. C., diecinueve de diciembre de dos mil trece.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. En lo que concierne a la valoración probatoria que realizan los juzgadores de las instancias, la jurisprudencia de esta Sala ha reiterado, de manera constante e invariable, que mientras el argumento expresado por el fallador no se muestre abiertamente contraevidente, la exposición de puntos de vista antagónicos por parte del censor no puede considerarse como una demostración del error de hecho manifiesto, por faltar en ese caso el requisito exigido por el segundo inciso del artículo 374 de la ley procesal.

El error de hecho se demuestra mediante una labor de contraste entre lo que el medio de prueba dice en su materialidad y lo que el sentenciador extrajo de ella, de tal suerte que quede al descubierto la desfiguración de su contenido por adición (suposición) o por cercenamiento (preterición).

En materia de indicios, específicamente, el impugnante tiene la carga de demostrar que las inferencias elaboradas por el juzgador fueron manifiestamente erróneas, si es que la decisión se basó en ellas. En tal caso, solo cuando el razonamiento del juez resulta contraevidente, hay lugar a la configuración de un error de hecho ostensible que tenga la virtualidad de quebrar el argumento que haya constituido la base fundamental del fallo censurado.

En cambio, cuando —como ocurren en este caso— el fallador no cimenta su decisión en pruebas indirectas, entonces el cargo que se sustenta en una falta de apreciación del indicio, está abocado a demostrar que a partir de los hechos probados en el proceso y a la luz de los dictados de las máximas de la experiencia, se imponía al juez la obligación de elaborar unas hipótesis indiciarias que resultaban evidentes y que habrían variado sustancialmente el sentido del fallo, no obstante lo cual el funcionario judicial dejó de considerarlas al momento de dictar la sentencia.

“En la casación —tiene dicho esta Sala— el error de hecho por la no apreciación de los indicios se puede presentar porque el sentenciador ignore la presencia del hecho indiciario, siempre y cuando, claro está, la existencia de este se halle satisfactoriamente fijada o, al contrario, porque sin estarlo, lo suponga. O porque viéndolo, se abstenga de extraer de él la inferencia que lógicamente corresponde, o extraiga una que sea contraevidente. O, en fin, porque, no obstante ver los distintos indicios, cuando son contingentes, no los relacione o concatene a fin de apreciarlos en conjunto” (Sentencia 85 de 12 de marzo de 1992).

2. Tradicionalmente la doctrina y la jurisprudencia han admitido, en pacífica posición, que un indicio es “todo rastro, vestigio, huella, circunstancia, y, en general, todo hecho conocido, o mejor dicho, debidamente comprobado, susceptible de llevarnos, por vía de inferencia, al conocimiento de otro hecho desconocido” (Sentencia de casación civil de 12 de marzo de 1974, que toma el concepto de Antonio Dellepiane, en Nueva Teoría de la Prueba).

Esa definición ha sido reiterada por esta Sala, al precisar que la inferencia indiciaria es aquella mediante la cual “se logra, por inducción lógica, el resultado de dar por conocidos, con base en hechos firmemente acreditados en el plenario, otros que no lo están” (sentencia de casación civil de 21 de mayo de 1992. Exp. 3345).

En similar sentido, se señaló: “Respecto a la prueba de indicios, en donde, de conformidad con el artículo 248 del C. de P. C., el fallador debe hallar plenamente acreditado en el proceso el hecho del cual, por inferencia lógica, se deriva con mayor o menor fuerza otro hecho desconocido, juega un papel fundamental el análisis de cada hecho en particular y de todos ellos en conjunto, en donde el juez habrá de utilizar la lógica y su sentido común basado en las reglas de la experiencia, de todo lo cual dejará constancia, al exponer el poder persuasivo que le produce no solamente cada prueba sino todas ellas en su conjunto y que se concreta en el sentido de la decisión que adopta” (sentencia de casación civil de 8 de abril de 2002. Exp. 6791).

Y con idéntico significado, en tiempo más reciente se ha sostenido: “La apreciación de los indicios comprende una actividad múltiple, que consiste, por un lado, en el examen de los hechos indicadores que brotan de los medios de prueba, y, por el otro, en la deducción o inferencia que con base en ellos permite arribar a otros hechos indicados, como fruto de una operación mental lógica del juzgador de instancia, (…)” (sentencia de casación civil de 17 de julio de 2006, Exp. 1992-00315; reiterada en fallos de 5 de julio de 2007, Exp. 1997-13101 y de 4 de agosto de 2010, Exp. 2002-00623-01).

De tal definición se sigue que la prueba indiciaria está conformada por dos elementos esenciales: un hecho indicador debidamente acreditado dentro del proceso, y una inferencia lógica que permite asociar racionalmente ese evento con la situación desconocida que se pretende demostrar.

La corroboración material del hecho indicador es un requisito que establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor “para que un hecho pueda considerarse como indicio, deberá estar debidamente probado en el proceso”. Esa demostración se obtiene a través de cualquier medio de prueba conducente y legalmente eficaz, como pueden ser los testimonios, confesiones, documentos, inspecciones judiciales, o dictámenes periciales.

Claro está que cuando estos medios revelan directamente la existencia del hecho que comporta el objeto de la prueba, ellos constituyen una evidencia autónoma que no puede ser confundida con el indicio, pues este último siempre requiere de una labor intelectiva por parte del juez, mediada por las reglas de la experiencia o por los conocimientos especializados provenientes de la ciencia o la técnica.

Lo anterior no quiere decir que en la valoración de las pruebas directas no intervenga el raciocinio del sentenciador, sino, simplemente, que en ellas el hecho que se pretende probar queda en evidencia de manera inmediata gracias a lo que esos elementos materiales de convicción muestran por sí mismos. Se trata en estos casos, por ejemplo, del testigo que estuvo presente cuando ocurrió el suceso que se investiga y que por ello puede dar fe del mismo; o del documento en el que se consignó una declaración o representación que constituye un punto importante del litigio; o de la inspección judicial mediante la cual el juez verifica personalmente las circunstancias de tiempo, modo o lugar en que ocurrió un evento que resulta trascendental para dirimir el conflicto.

En el indicio, por el contrario, las pruebas directas solo dejan al descubierto la existencia del hecho indicador, el cual sirve de punto de partida al sentenciador para la elaboración de un razonamiento que le permitirá inferir, al momento de dictar el fallo, una conclusión que se enmarca siempre en el campo de la probabilidad, pero que a la luz de las reglas de la experiencia deviene altamente probable o convincente, al punto de no albergar ningún margen de duda razonable.

De ahí que a este tipo de prueba se le llame también circunstancial, pues no se tiene ningún contacto sensorial con el hecho desconocido, sino solo con situaciones que, una vez demostradas, el entendimiento humano puede ligar con el acontecimiento que finalmente se pretende establecer.

Cabe advertir, sin embargo, que aun cuando la inferencia racional es una condición de posibilidad para la elaboración de las hipótesis indiciarias, ello no asegura la verdad necesaria de sus proposiciones, como quiera que aquella está conformada por juicios derivados de la experiencia que, por muy convincentes que se nos muestren, albergan la posibilidad de ser falibles o contingentes.

El indicio presenta una estructura lógica que consiste en un razonamiento que parte de una premisa especial (el hecho probado), para arribar a una conclusión hipotética (el hecho desconocido), a la cual se llega gracias a una regla de la experiencia (altamente probable), que es la que le otorga un amplio margen de convicción, dentro de los parámetros de lo razonable y de lo que la cotidianidad nos revela.

El fundamento de las reglas de la experiencia está constituido por la constancia que se observa en una relación de causa a efecto, es decir por la costumbre que se tiene en una serie causal.

De ahí que el valor racional de la inferencia indiciaria es siempre de probabilidad, pues basta un solo hecho que refute o contradiga el enunciado que se cree verdadero, para que se vea mermado el grado de confianza que en él se tiene, a pesar de lo cual es posible concebir hipótesis indiciarias que suelen alcanzar el carácter de concluyentes el estar más allá de todo margen de duda razonable porque las máximas de la experiencia les otorgan un alto grado de convicción.

En nuestro Código de Procedimiento Civil, basta que se cumplan los requisitos que establecen los artículos 248 y 250 para que se tenga como legalmente eficaz una prueba indiciaria. El primero de ellos, como ya se dijo, exige la demostración del hecho indicador, mientras que el segundo señala las condiciones mínimas que debe reunir la inferencia racional que realiza el juzgador y su relación con los demás medios de prueba.

El primer requisito que contempla el artículo 250 consiste en que se atienda a su gravedad. Una inferencia indiciaria es grave, concluyente o altamente convincente cuando sus premisas se apoyan en reglas de la experiencia (la ciencia y la técnica hacen parte de estas) que dejan en evidencia relaciones de causalidad con un alto nivel de constancia o repetición.

Esas máximas pragmáticas no son elaboradas por el juez, dado que este solo las toma de la realidad circundante o de las conclusiones de los expertos, según lo requiera la materia que se esté tratando. Ellas se extraen, de manera inductiva, a partir de las regularidades que se observan en los acontecimientos naturales y en los comportamientos humanos, y corresponden a lo que los filósofos denominan “preconcepción hermenéutica”, o lo que en términos cotidianos se llama “sentido común”. El apoyo en esas reglas impide que la inferencia indiciaria quede relegada al campo de la mera subjetividad o relativismo, y posibilita un análisis objetivo de su contenido de verdad dentro de un contexto de reconocimiento intersubjetivamente válido.

De ese modo, una inferencia indiciaria será más o menos convincente, según se sustente en una regla de experiencia de mayor o menor contenido de verdad. Así, por ejemplo, cuando alguien vende un bien y conserva para sí la posesión del mismo, o no recibe ningún precio a cambio, se está en presencia de un indicio de simulación porque es bastante común que en la práctica el simulador actúe de aquella manera.

Por el contrario, una conducta poco frecuente o un hecho de la naturaleza de inusual ocurrencia, darán origen a reglas de experiencia de menor aceptación debido a su bajo contenido de verdad material; y, por ello, la inferencia indiciaria que sobre estas se construya gozará de menor fuerza demostrativa.

De ahí que esta corporación haya precisado que “el mérito probatorio del indicio se encuentra íntimamente relacionado con la aptitud que tenga para llevar al juzgador a inferir lógicamente la existencia del hecho investigado, es decir, de la mayor o menor conexión lógica que encuentre entre el hecho indiciario y el hecho desconocido por probar, de acuerdo con las reglas de la experiencia o de la lógica, pues entre más ajustada a tales reglas resulte la inferencia, mayor será su significación probatoria” (Sentencia de casación civil de 25 de noviembre de 2002).

La gravedad de la prueba circunstancial se halla en estrecha relación con otra de las pautas que ofrece el mencionado artículo 250 de la ley procesal, y que consiste en la concordancia que deben tener los distintos indicios entre sí como partes integrantes de la situación indicada. Tal condición hace alusión a la relación material que conecta los antecedentes con su consecuencia, es decir al ‘hilo’ que une varios hechos y que la mente humana es capaz de reconocer aun cuando no siempre sea posible percibirlo de manera directa.

Una de las mejores explicaciones de este concepto es la que presenta Dellepiane, para quien la concurrencia se refiere a la conexión causal que existe entre los hechos indicadores entre sí como “partes circunstanciales de un suceso único”, o dicho de otro modo, como la serie de eslabones que conforman una cadena causal y que coordinados entre sí explican la unidad de tiempo, modo y lugar en que un hecho tuvo ocurrencia (ob. cit. pág. 94).

Bentham, por su parte, alude a esa situación de la siguiente manera: “Es, pues, esencial obligar a la parte que presenta los hechos circunstanciales a unir todos los eslabones de la cadena de tal manera que el primer eslabón se enlace al hecho principal y que el último se enlace al primero sin interrupción. (…) Los hechos circunstanciales no pueden sumarse entre ellos sino en tanto representan de alguna manera cantidades idénticas, es decir, cuando se agrupan directamente o por un encadenamiento no interrumpido alrededor del mismo hecho; cuando la mente puede seguir la causa que los encadena sin perderla de vista un solo instante; cuando concurren juntamente a establecer, no una opinión ni una conjetura, sino la existencia del hecho principal” (ob. cit. págs. 376 y 377).

Apuntando hacia la misma idea, esta Sala ha tenido la oportunidad de explicar: “La vinculación mutua de las circunstancias indicadoras ha de tener tal significación que, vistas todas ellas con sentido de unidad, constituyen los eslabones de una única cadena, dándose así una articulación en grado tan estrecho que, desaparecido uno o varios de esos eslabones, la cadena en cuestión queda rota y convertidos los ‘indicios’ en simples suposiciones, de suyo no idóneas para fundamentar las conclusiones que sobre ellas haya pretendido cimentar el juzgador (…)” (sentencia de 21 de mayo de 1992).

La tercera exigencia que estatuye la ley es la convergencia, que según fuera aclarado por esta corporación en la providencia que se acaba de citar, radica en que los hechos conocidos y catalogados como indicios guarden armonía con el hecho principal que se investiga.

Según Dellepiane, la diferencia entre la concordancia y la convergencia de indicios consiste en que la primera se refiere a la conexión de los hechos indicadores entre sí, mientras que la segunda alude a la concurrencia de todos estos “a un mismo punto, esto es, a una misma conclusión, por ejemplo: fulano es el autor” (ob. cit. pág. 93).

“Finalmente —reitera esta Corte—, el conjunto indiciario ha de salir indemne ante pruebas infirmantes o contraindicios capaces de eliminar esa concatenación general de que se viene haciendo mérito” (sentencia de 21 de mayo de 1992, Exp. 3345). Es decir que en el proceso de elaboración de las hipótesis indiciarias es preciso examinar las suposiciones invalidantes o situaciones que dejan en evidencia la posibilidad de arribar a una conclusión distinta de la que se pretende demostrar.

Todos estos patrones de validez formal y verdad material que le dan rigor o fuerza demostrativa al indicio, son observados, en la mayoría de los casos, de modo natural por el juez de genio aguzado, quien no necesita tener profundos conocimientos teóricos de tales asuntos para poder llegar a la correcta elaboración de tales inferencias, pues su ingenio y preparación jurídica le bastan para darse cuenta de si una conclusión de esa naturaleza es concluyente o, por el contrario, poco probable o contraevidente. Es por ello por lo que con razón se ha dicho de esa construcción racional que “el jurista versado la completa, sin excepción, tan rápido y tan alejado de toda reflexión que no le resulta consciente” (Arthur Kaufmann. Filosofía del derecho. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1999. Pág. 159).

3. No obstante, el entrenamiento práctico puede producir mejores resultados si va acompañado de un conocimiento formal de esos asuntos teóricos, sobre todo cuando estos últimos desempeñan la importante función de dejar en evidencia los eventos en los cuales una inferencia indiciaria no cumple con los requisitos que se acaban de exponer, tal como ocurre en el caso que se analiza, en el que se señalaron una serie de acontecimientos cuyas relaciones con la situación que se pretendió demostrar tienen tan escasa contundencia que no alcanzan a adquirir la categoría de indicios.

En efecto, con relación al mayor valor por el que fue asegurado el inmueble, tal conducta no constituye per se un indicio de mala fe en contra del tomador, toda vez que las consecuencias que señala el artículo 1091 del Código de Comercio presuponen que “de parte del asegurado haya habido intención manifiesta de defraudar al asegurador”. Es decir que la malicia debe ser demostrada por la aseguradora mediante pruebas distintas al sobreseguro, por lo que no es posible inferirla o suponerla de manera objetiva por el simple hecho de haber declarado un monto superior al valor real del interés asegurable.

De hecho, si el dolo en la sobrestimación del seguro comporta engaño y ocultación del verdadero valor del interés asegurado, entonces no puede decirse que el Tribunal erró al no hallar probada la intención fraudulenta, toda vez que fue la misma aseguradora quien inspeccionó el bien objeto del seguro y autorizó su valor antes de expedir la respectiva póliza. (fl. 304, cdn. 2). De ello se deduce que la estimación previa en dinero del interés asegurable fue aceptada por la propia demandada, lo que desvirtúa que el tomador actuó a sus espaldas o con el propósito de defraudarla, sobre todo si se tiene en cuenta que la parte experta en determinar el valor del bien a asegurar es la compañía de seguros y no el cliente.

La mala fe, de igual modo, fue desmentida por el representante legal de la demandada, quien manifestó que “en ningún momento la aseguradora ha encontrado ni ha visto algo en donde ‘Hacienda El Portal’ haya tratado de defraudar a la aseguradora”. Es decir que si la misma parte interesada negó la existencia del fraude, entonces carece de sentido tratar de inferir la intención dolosa por medio de indicios, sobre todo cuando el hecho indicador de esa circunstancia no está demostrado.

En todo caso, como en los seguros de daños la indemnización se concreta al importe del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o beneficiario, según lo ordena el artículo 1089 ejusdem, y esa cifra es verificada por la aseguradora, entonces el hecho de asegurar un bien por un valor superior a su precio real no tiene la idoneidad para constituir por sí mismo un indicio de la intención de defraudar, como quiera que, en últimas, el sobreseguro no incide en la cantidad que se debe pagar.

Nada hay, por tanto, que conduzca a pensar que la aludida circunstancia sea un indicador material de fraude y, por el contrario, existen razones que demuestran lo contrario, tal como se acaba de dejar explicado.

Respecto de la versión que rindió el ajustador Federico Rojas Melo, este fue enfático en concluir que “no fue posible establecer con certeza la posible causa del incendio”, es decir que lo único que aportó a la investigación fueron dudas y jamás un hecho concluyente que demostrara el verdadero origen del siniestro. En consecuencia, no es con más incógnitas con lo que se puede desvirtuar la decisión a la que llegó el sentenciador sobre este asunto.

En lo que concierne a la afirmación del mismo experto en el sentido de que “no es normal que durante todo un mes no se efectúen compras de mercancías” dado que “es de esperar que esas compras se encuentren distribuidas a lo largo de todos los días del mes”; tales aseveraciones no pasan de ser la expresión de una subjetiva opinión del investigador respecto de un hecho que no le consta, pues carecen de sustento material al no partir de una comprobada realidad sobre los hábitos de compra de la empresa; al tiempo que exceden el objeto de su declaración, dado que la función de esta es servir como prueba del hecho indicador pero no realizar inferencias que son exclusiva labor del juez.

De hecho, el impugnante trató de relacionar esa afirmación con las dudas que existen sobre el manejo de la contabilidad de la demandante, lo que no está permitido en el proceso de elaboración de las hipótesis indiciarias, porque esas incógnitas no son hechos probados ni constituyen un signo indicador de la causa del incendio.

La falta de compra de mercaderías en el último mes no es un hecho indicador de mala fe ni de fraude, pues jamás se demostró cuál era la costumbre de la empresa en lo que concierne a la adquisición de sus existencias, ni hay certeza de que un establecimiento de sus características deba distribuir sus compras a lo largo de un determinado período.

Lo único a lo que ese dato podría apuntar sería, cuando mucho, a una ruptura inesperada en los hábitos comerciales del establecimiento de comercio. Sin embargo, para ello era necesario probar que en el último mes no se adquirieron mercaderías, y luego relacionar ese hecho con la regularidad con que la empresa solía aprovisionarse de los productos que negociaba.

Esto último, en cambio, jamás aconteció sino que se intentó cimentar la inferencia lógica sobre meras opiniones que no traspasaron el límite de la especulación, faltando al proceso racional la correspondencia material y la convergencia de un hecho probado con aquél que se pretendía tener por indicado; incumpliendo de esa forma las exigencias que señala el artículo 250 de la ley procesal.

Lo mismo cabe decir frente a las declaraciones de Rubén Darío Tamayo, quien manifestó que “nunca fue claro el origen del incendio”, de cuya aseveración no puede derivarse una hipótesis indiciaria porque únicamente expresa dudas.

Por lo demás, las alusiones de este investigador a hechos que el censor pretende relacionar con la posible causa del incendio, como que encontró camisetas que olían a gasolina y que halló dos puntos donde el índice de cenizas era mayor que el que se pudo observar en el resto de la bodega, no son hechos sobre los que se pueda construir una inferencia indiciaria grave, precisa y concordante, pues el mismo experto se encargó de descartarlos como origen probable del siniestro cuando concluyó que no se pudo establecer la causa de este. Luego, ante la ausencia de los hechos indicadores, tales datos mal podrían servir de base para la elaboración de inferencias indiciarias.

En todo caso, tampoco se especificaron las circunstancias en las que esas prendas se encontraron ni su relación con los posibles focos del incendio, como hubiese sido, por ejemplo, que los trapos no solo ‘olieran’ sino que estuvieran impregnados de combustible; que se hallaran en el punto en que comenzó la ignición; y que al menos una parte de la tela estuviera incinerada, como lo muestra la experiencia. En cambio, al no haberse probado que esos elementos tienen la calidad de hechos indicadores del origen del siniestro, resulta imposible extraer de ellos cualquier conclusión que no sea una mera conjetura.

Es más, la falta de relación de esos objetos con el foco del incendio, antes de apuntar a que fueron su causa, descartan esa conclusión por su distanciamiento causal con el hecho que se quiere demostrar.

En lo que atañe a los dos puntos de mayor concentración de ceniza, tal evento no es signo de que en ellos comenzó la combustión, porque bien pudo haber sido que allí hubo una mayor concentración de objetos inflamables, o que fueron los últimos lugares en ser apagados. Por lo demás, es natural que en todo incendio se encuentren uno o varios puntos con mayor concentración de ceniza, y su demostración puede conducir, a lo sumo, a probar el sitio exacto en el que comenzó la combustión, pero jamás su causa, por lo que tales datos carecen de la aptitud para ser considerados como hechos indicadores del origen del fuego.

Por otro lado, el hallazgo de camisetas con olor a gasolina y el informe de laboratorio que identificó “la presencia de hidrocarburos de alto peso molecular” (fl. 313), son hechos que podrían soportar un razonamiento indiciario si se hubiera demostrado su relación material y convergente con otros signos físicos como huellas, pistas o rastros de cualquier tipo, inequívocamente indicadoras de la causa del incendio, y no con simples afirmaciones conjeturales.

Con relación a las aseveraciones del representante legal de la demandada, lo único que puede concluirse de ellas es que “en ningún momento la aseguradora ha encontrado ni ha visto algo en donde ‘Hacienda El Portal’ haya tratado de defraudar a la aseguradora”; es decir que no hay prueba de la intención fraudulenta de la sociedad demandante o del señor Ramírez, por lo que no es cierto que el Tribunal les haya concedido una fuerza probatoria distinta a la que poseen.

No se ve, por tanto, de qué manera esa declaración hubiera podido cambiar la valoración de los hechos a la que llegó el ad quem, si de ella nada se extrae acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que tuvo ocurrencia el incendio. Nada hay, por tanto, en las afirmaciones del representante de la demandada que se pueda relacionar, por medio de una inferencia lógica, con la causa del siniestro.

La coexistencia de seguros en modo alguno puede ser considerada como indicio de la voluntad de defraudar, ni mucho menos de la causa del fuego que consumió la bodega, pues con esta última no tiene relación material de causalidad; y con la primera, hay que memorar que las consecuencias sancionatorias que prevé el artículo 1093 cuando un mismo asegurado toma varias pólizas con diversas aseguradoras para amparar el mismo riesgo e interés, no se imponen de manera objetiva sino que requieren de la prueba de la mala fe, la cual el Tribunal tuvo por no demostrada.

En cuanto al desconocimiento del contenido de la póliza por parte del representante legal de Hacienda el Portal, tal evento no constituye un indicio de malicia porque no hay nada de extraño en que el representante legal de la entidad beneficiaria desconozca las particularidades del contrato de seguro que se pactó entre la aseguradora y el tomador.

En todo caso, si, como lo afirma el impugnante, “ese hecho siembra un mar de dudas sobre la finalidad de la póliza y la intención de quien la tomó” (fl. 42), entonces tanto el casacionista como el Tribunal son del mismo parecer respecto de la ausencia de claridad de la intención dolosa del tomador, pues la existencia de dudas, precisamente, fue lo que impidió al ad quem declarar la prosperidad de las excepciones.

Por su parte, la suscripción de la póliza varios meses después de lo que se exigió en el contrato de arrendamiento, puede dar lugar a inferir el incumplimiento de este convenio, pero no el motivo del incendio ni la voluntad maliciosa del tomador, toda vez que no existe nexo de causalidad entre esos dos hechos. La eventual inobservancia del contrato se muestra, entonces, como un suceso aislado de la cadena causal que debe converger a la demostración del suceso que se investiga, y cualquier hipótesis que se quiera construir a partir del mismo no puede valorarse más que como una especulación poco probable.

De igual modo, el informe de los bomberos, según el cual el incendio se había extendido en su totalidad no más transcurridos cinco minutos desde cuando fueron llamados, no es un indicio concluyente del origen intencional de la conflagración, porque ese hecho puede ser explicado por muchas otras hipótesis, como por ejemplo descuido del personal de vigilancia, alta capacidad de ignición de los objetos almacenados en la bodega, o presencia accidental de sustancias combustibles; lo que deja en evidencia la naturaleza azarosa de esa conjetura.

Por lo demás, fue el mismo cuerpo de bomberos quien atribuyó la posible causa del incendio a un cortocircuito; lo que descarta que ese informe pueda servir como hecho indicador del hipotético origen no accidental del siniestro.

Una de las circunstancias más fortuitas frente a la generación del fuego fue la hora en que se inició, pues que haya sido de día o de noche no deja de ser, según lo muestra la experiencia, más que una simple casualidad de la que no puede derivarse siquiera una sospecha seria acerca del origen voluntario del siniestro.

Ahora bien, ni el estado de insolvencia económica de Jaime Ramírez Rodríguez ni el de su empresa fueron hechos probados en el proceso, como quiera que la forma en que se pagaron las pólizas anteriores (entre 1993 y 1995) nada dice respecto de su posible estado de liquidez al tiempo del incendio. Tampoco la existencia de un embargo es un hecho revelador de crisis financiera, pues la experiencia a menudo muestra que hasta las empresas más prósperas pueden llegar a ser demandadas en procesos ejecutivos. Esos hechos aislados no pueden ser tomados como supuestos para la corroboración del móvil fraudulento, porque no tienen ninguna relación de concordancia ni de convergencia con el siniestro.

Mucho menos se entiende cuál pudo haber sido la concordancia del suceso que se investiga con el hecho de que en el contrato de arrendamiento se haya afirmado que la propietaria del inmueble arrendado era ‘Comercializadora Super Estrella Ltda.’ y no ‘Hacienda El Portal Ltda.’, pues claramente entre esos eventos no existe ninguna relación de causalidad que pueda fundamentar una hipótesis indiciaria.

La solicitud que Jaime Ramírez Rodríguez elevó en su demanda sin tener en cuenta las pretensiones esgrimidas por Hacienda El Portal, nada dice respecto del origen fraudulento del incendio, porque lo más normal es que quienes se crean amparados por una relación jurídico sustancial promuevan procesos judiciales a fin de obtener el reconocimiento del derecho que pretenden.

Es cierto que pueden existir indicios derivados del comportamiento de las partes en el proceso, como cuando tratan de impedir la práctica de pruebas, se muestran contumaces frente a un interrogatorio, dilatan injustificadamente una diligencia, mienten u ocultan información valiosa, etc.; pero no así el simple hecho de haber formulado una demanda, del cual no se puede inferir ningún indicio endoprocesal, pues entonces todo aquel que promueve un litigio tendría que ser considerado como actor de mala fe por el solo acto de reclamar el derecho que cree tener.

Que Jaime Ramírez Rodríguez fuera el tenedor de la póliza y no Hacienda El Portal, no es una circunstancia indicadora de la posible comisión de un delito, pues no hay nada de inusual en que el codeudor y representante legal de la sociedad tomadora del seguro (Distejer), fuera quien tuviera en su poder la póliza que suscribió en cumplimiento del contrato de arrendamiento.

Tal hecho, por lo tanto, no es más que una circunstancia que no tiene ninguna relación con el origen del siniestro, ni con el ánimo de defraudar, y, en cambio, solo evidencia una forzada apreciación de una situación que es producto del azar.

Finalmente, la fecha en que los demandantes elevaron la reclamación del pago del siniestro ante la aseguradora no tiene la virtualidad de erigirse en un signo de la intención de cometer fraude, pues la ley comercial otorga un plazo para realizar esa actuación y los beneficiarios pueden moverse dentro de ese tiempo como a bien lo tengan, sin que de esa conducta pueda derivarse ninguna señal de malicia.

Luego de aplicar a los hechos señalados por el censor las reglas formales y materiales que debe cumplir toda inferencia indiciaria para que sea válida, se logra constatar que ninguno de ellos alcanza la consistencia ni el grado de gravedad suficiente para ser considerados como indicios capaces de desvirtuar la conclusión a la que llegó el Tribunal, pues se trata de circunstancias que, en su mayoría, no parten de eventos empíricamente demostrados sino de simples conjeturas a las que se les agrega de antemano, sin ningún fundamento, una opinión sobre la mala fe que dio origen a esos actos, para, finalmente, concluir que los mismos son signos inequívocos de fraude.

Es decir que las situaciones que el casacionista pretende dejar de manifiesto (intención fraudulenta e incendio voluntario), corresponden a circunstancias que nada dicen por sí mismas, a menos que previamente se las valore como signos de una intención dolosa; lo que no es más que un círculo vicioso en la argumentación o una petición de principio.

Los hechos narrados por el impugnante no indican el origen del incendio ni individual ni conjuntamente considerados, pues se trata de situaciones aisladas y probablemente consecuencia del azar, que solo adquieren sentido cuando se las valora como el resultado de una voluntad maliciosa, producto de la subjetiva opinión de quien de esa manera las presenta, y no de rastros, huellas o signos que indiquen materialmente la existencia de un nexo causal que converja al resultado que se intenta demostrar.

Es en este punto donde cobra significado la explicación de los autores de derecho probatorio, quienes refieren que varios hechos que demuestran el mismo resultado a través de diferentes relaciones causales, no constituyen un indicio sino tantas situaciones aisladas como sea el número de aquellas suposiciones, cuya combinación apenas podría concebirse por maravillosa y extraordinaria coincidencia (López Moreno. Ob. cit. Pág. 208).

Los indicios deben ser concordantes, convergentes y graves, y por ello, es más valioso uno solo con estas características que un cúmulo de datos sin ninguna conexión. “Un solo indicio —explica Bonnier— puede ser decisivo; tres o aun cuatro indicios, pueden no tener fuerza alguna. El buen sentido quiere que, así como los testimonios, se pesen y no se cuenten”. (Tratado de las pruebas en derecho civil. Vol. 2. Madrid: Editorial Reus, 1929, p. 486)

De ahí que las legislaciones modernas no exijan un número determinado de indicios, pues contrario a lo que pensaban los antiguos autores —quienes creían que bastaban tres de ellos para arribar a una decisión concluyente—, en la actualidad la validez de la inferencia circunstancial se determina en cada caso concreto según las peculiaridades de los hechos indicadores y su fuerza demostrativa.

Por mucho que se quiera encadenar varios hechos productos del azar, no es posible obtener a partir de ellos un solo indicio sino un cúmulo de contingencias no aptas para ser consideradas como prueba.

Memórese —en los términos de esta Sala— que “las pruebas en general, y los indicios en particular, deben ser apreciados en conjunto, armonizando o entretejiendo unos con otros. Mas, en lo que a los indicios concierne, para que esta tarea pueda ser cumplida de manera correcta, la existencia del hecho indiciario no le debe ofrecer ningún género de dudas al fallador, condición que, exigida en el artículo 248 del C. de P. C., tiene una obvia razón de ser: La indiciaria es la prueba indirecta por excelencia, como que a partir de algo conocido y por virtud de una operación apoyada en las reglas de la lógica y en las máximas de la experiencia, se establece la existencia de una cosa desconocida.

Por eso, si del hecho no se tiene un convencimiento pleno, la deducción viene a ser contraevidente” (S. 85 de 12 de marzo de 1992).

En ese orden de ideas, hay que admitir que los indicios son concluyentes o no lo son; existe una relación material y manifiesta entre el hecho conocido y el desconocido o ese nexo es el producto de la especulación.

Respecto de esta prueba, en últimas, el juez debe hacerse una única pregunta, que contiene todo el resumen de sus deberes: ¿Existe una convicción más allá de toda duda razonable de que los hechos probados son indicios inequívocos del asunto que se quiere demostrar? Si la respuesta es afirmativa, se estará en presencia de hipótesis indiciarias verdaderas y válidas; en caso contrario, no se tendrán más que simples conjeturas que no poseen la fuerza de convicción suficiente para despejar en el sentenciador cualquier margen de duda razonable y, por lo mismo, carecen de la virtualidad para fundamentar una decisión en derecho.

Por tal razón, el gran número de incógnitas sobre las que el casacionista intentó soportar las inferencias indiciarias que elaboró como apoyo de su cargo, no resultan eficaces para refutar las conclusiones a las que arribó el fallador, sobre todo porque, precisamente, fue el amplio margen de duda que esos hechos revelan, lo que impidió declarar la prosperidad de las excepciones.

De ahí que se imponga el necesario fracaso del cargo que se viene analizando.

2. Segundo cargo.

Con apoyo en la causal primera de casación, se acusó la sentencia por violar en forma indirecta los artículos 1077 y 1080 del Código de Comercio, este último modificado por el art. 111 de la Ley 510 de 1999, como consecuencia de error de hecho, al dar por demostrada, sin estarlo, la cuantía del perjuicio sufrido por la sociedad Hacienda El Portal, para el momento en que se formuló la reclamación.

Según el recurrente, el Tribunal partió de la existencia de “los avalúos que probaban la cuantía de la pérdida”, y que fueron presentados por Hacienda ‘El Portal Ltda.’ a la aseguradora al momento de elevar la reclamación, de cuya prueba dedujo que el pago de los intereses “debió verificarse dentro de la oportunidad prevista en el artículo 1080 del Código de Comercio” (fl. 60).

No obstante —refirió el casacionista—, no es cierto que para ese momento (septiembre de 1996) existiera prueba del monto de la indemnización, pues, precisamente, debido a la falta de certeza de esa cantidad —dado el excesivo valor del interés asegurado—, hubo necesidad de practicar una prueba al interior del proceso que fue la que, finalmente, determinó la cuantía del perjuicio.

De ahí que solo a partir del momento en que se dictó la sentencia y no antes, se pudo establecer el importe que debía pagar la demandada, así como los intereses de mora a los que había lugar. Por lo tanto, la tasación de esos intereses desde una fecha anterior constituyó un error probatorio por parte del juzgador.

En consecuencia, solicitó casar la sentencia impugnada y, en sede de instancia, confirmar la del juez a quo, específicamente respecto de la negación de los intereses de mora, que solo deben causarse a partir de la ejecutoria del fallo.

3. Tercer cargo.

Con fundamento en la causal primera establecida en el artículo 368 de la ley adjetiva, acusó al Tribunal de violar en forma directa el artículo 1080 del Código de Comercio, por errónea interpretación; y el artículo 1053, numeral 3 ejusdem, por falta de aplicación. (fl. 68)

En desarrollo de la acusación, expresó que el Tribunal otorgó al artículo 1080 del estatuto mercantil una interpretación ‘absoluta’, ‘objetiva’ o ‘germana’, según la cual es preciso aplicar a todos los casos, independientemente de sus particularidades, las consecuencias que esa disposición prevé, esto es el pago de intereses moratorios a partir del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, cuando el asegurador no haya efectuado el pago del siniestro dentro del referido mes.

Tal interpretación —afirmó— no es admisible en nuestro sistema de derecho civil, pues en este, desde sus mismos orígenes en el derecho romano, se ha considerado “la mora debitoria como una especie de omisión dolosa o culposa”, por lo que esta figura adquiere “un cariz esencialmente subjetivo” (fl 72).

“En armonía con tal concepción —prosiguió—, la mora debitoria se define como el ‘retardo culpable del deudor en el cumplimiento de la obligación’, porque (…) nuestro sistema ‘no acepta la mora objetiva’; porque en él sin culpa no hay ‘retardo injusto’, que al fin de cuentas es la estructura normativa de la mora”; a lo cual no es ajeno el Código de Comercio, pues en este la mora “se sigue gobernando por la misma concepción subjetiva que de ella consagra el Código Civil, como bien se colige del numeral 3 del art. 1053 del Código de Comercio, cuando condiciona la formación del mérito ejecutivo de la póliza a la circunstancia de que la aseguradora no haya formulado una objeción ‘seria y fundada’ de la reclamación”. (fl. 72)

Un criterio de interpretación sistemática —según el censor— permite concluir que cuando el asegurado o beneficiario no cumple con la carga probatoria que la ley le impone, o cuando la aseguradora formula una objeción seria y fundada, tales circunstancias impiden que se genere la mora.

Haber desconocido ese elemento subjetivo que el artículo 1080 del Código de Comercio contempla, significó interpretarlo de manera errónea; lo que el impugnante estima suficiente para que se case el fallo recurrido y, en consecuencia, se niegue la pretensión relacionada con los intereses de mora reclamados por la demandante.

Consideraciones (sic)

1. A pesar de haber sido planteados por vías diferentes, tanto el cargo segundo como el tercero persiguen el quiebre de la sentencia de segundo grado en cuanto condenó a pagar los intereses moratorios dentro del término de un mes señalado en el artículo 1080 del Código de Comercio; por lo que la estrecha relación que existe entre ambas acusaciones, justifica su examen y despacho conjunto.

En efecto, para arribar a aquella decisión, el Tribunal consideró que la aseguradora debía pagar intereses en la forma y oportunidad previstas en el artículo 1080 del Código de Comercio, de cuya interpretación dedujo que se debían esos rubros desde el momento en que se demostró que el asegurado o beneficiario cumplió la carga señalada en el artículo 1077 ejusdem, lo cual tuvo por acreditado con el documento en el que la compañía aseguradora reconoció que estaban reunidos esos requisitos.

2. Pues bien, es posible que el juzgador incurra en error sobre el contenido o significado de una norma jurídica; lo que ocurre en todos aquellos casos en los que se reconoce la existencia y validez del precepto sustancial que resulta apropiado para el caso pero se yerra al interpretarlo, es decir se le imprime un sentido que el mismo no tiene.

El error sobre el contenido o significado de una norma jurídica —tiene dicho la doctrina— “se verifica en todos aquellos casos en que el juez, aun reconociendo la existencia y la validez de la norma apropiada al caso, yerra al interpretarla (‘falsa interpretación de la ley’)” (P. Calamandrei. La casación civil, T. II., p. 290).

Esa labor de interpretación se encuentra presente siempre que el sentenciador aplica una norma para resolver un caso concreto, es decir, cada vez que se dicta sentencia; pues previamente a la escogencia de la premisa normativa que ha de conformar una parte del silogismo jurídico, resulta necesaria una labor de hermenéutica para averiguar el significado de la ley.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia coinciden en que los jueces interpretan cada vez que deciden, pues todo proceso de comprensión de un texto lleva implícita una labor de interpretación, tal como lo han demostrado las abundantes investigaciones realizadas por los estudiosos de la hermenéutica y la filosofía del derecho.

En nuestro sistema de derecho positivo, ese trabajo hermenéutico debe consultar los criterios establecidos por los artículos 26 y siguientes del Código Civil, entre los cuales se encuentran la interpretación exegética o gramatical, histórica, sistemática, contextual o extensiva; cuyo mayor o menor grado de libertad depende de qué tanto se ciña el entendimiento del juez al tenor literal del texto normativo.

La inobservancia de esos parámetros puede dar lugar a un desconocimiento de la voluntad del legislador objetivada en la norma, dando lugar a un error de juzgamiento por hacer decir a la ley algo que ella misma no contempla.

Con el fin de constatar si el Tribunal realizó una interpretación acertada o equivocada del artículo 1080 del Código de Comercio, es preciso detenerse en las siguientes reflexiones.

3. De conformidad con lo estipulado por el artículo 1080 del Código de Comercio, “el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera aumentado en la mitad”.

El artículo 1077, a su vez, señala: “Corresponderá al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso (…) El asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad” (se subraya).

Ambas disposiciones consagran algunas de las cargas u obligaciones que debe cumplir cada una de las partes del contrato de seguro una vez ocurrido el siniestro; y en ese sentido la ley impone al asegurado o su beneficiario la obligación de demostrar la ocurrencia del siniestro y la cuantía del perjuicio si es del caso, cuya contrapartida es la obligación que el asegurador tiene de efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario haya demostrado el cumplimiento de los requisitos que le impone el artículo 1077.

El mandato contenido en el artículo 1080 establece un régimen especial de la mora que se aparta del régimen general aplicable a otros deudores, lo cual se explica por razones históricas que el legislador tuvo en consideración para garantizar el pronto cumplimiento de la obligación por parte de la aseguradora.

En efecto, el artículo 25 de la Ley 105 de 1927 consagró la obligación a cargo de las aseguradoras de pagar el seguro contratado dentro de los 90 días siguientes a aquel en que el asegurado o el beneficiario hiciera la reclamación aparejada de los comprobantes que, según la póliza, eran indispensables. Vencido ese plazo, la compañía debía pagar al asegurado o beneficiario, además de la indemnización, un interés igual al corriente, más el 25% anual computado desde el vencimiento de los 90 días, sin perjuicio de la acción ejecutiva pertinente.

La anterior disposición fue la precursora del texto original del artículo 1080 del actual Código de Comercio (Decreto 410 de 1971), que redujo a 60 días el plazo dentro del cual el asegurador estaba obligado a efectuar el pago del siniestro, contados desde la fecha en que el asegurado o beneficiario acreditara, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador, de acuerdo con el artículo 1077. Vencido ese término, el asegurador debía pagar al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, intereses moratorios a la tasa de 18% anual.

Esta última sanción no estaba contemplada en el texto original del proyecto, y fue por sugerencia del doctor Efrén Ossa que se introdujo la misma, luego de considerar este que “no estaba muy clara la sanción para caso de incumplimiento por cuanto, pudiera entenderse derogada (…) la regla contenida en el artículo 25 de la Ley 105 de 1927”; tal como quedó consignado en el Acta 82 del Subcomité de Seguros (Acoldese. Antecedentes legislativos del derecho de seguros en Colombia. Bogotá, D. C., 2002. Pág. 184).

Posteriormente, la reforma introducida por la Ley 45 de 1990 redujo, una vez más, el plazo para que la compañía pagara la indemnización, el cual quedó en un mes contado desde la fecha en que el asegurado o beneficiario acreditara su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077. La aludida reforma, de igual modo, modificó la sanción que consistía en pagar un interés moratorio del 18% anual, por “la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que efectúe el pago”.

Según la exposición de motivos de la Ley 45 de 1990, tales innovaciones tuvieron “como propósito adecuar aquellos aspectos que resulten pertinentes en un sistema cuyo derrotero es la protección del asegurado y el sano desarrollo de la industria”, por cuya virtud el término de 60 días previsto para el pago del siniestro resultaba “excesivamente amplio”, y se vio la necesidad de reducirlo a un mes; así como de aumentar la sanción a la tasa máxima de interés moratorio vigente al momento de efectuar el pago (Ibíd. Pág. 297).

Tales antecedentes fácticos fueron explicados por la doctrina en los siguientes términos:

“Bástenos solamente señalar que la mencionada normatividad, quizá extrañamente acuñada en el derecho mercantil, emanó de la necesidad de proteger los derechos de los asegurados o beneficiarios contra la práctica de algunos aseguradores, que amparados en farragosas condiciones generales y estimulados por un desueto interés moratorio del 18% anual, aventuraban objeciones a las reclamaciones de sus asegurados, que conducían a demorados procesos cuyo desenlace, gracias a la bondad de la sanción, favorecía a tales aseguradores, práctica esta que condujo a una creciente incredibilidad en el contrato, lo que tanto daño ha hecho al mercado en general y, en particular, a aquellas compañías aseguradoras que sí entienden la importancia de actuar con acendrado espíritu profesional y vocación mercantil fundada en un estricto comportamiento ético.

“Las nuevas disposiciones no solo tienden a la protección del extremo normalmente débil de este contrato, sino que, de contera, obligan a los asegurados o beneficiarios a presentar sus reclamaciones demostrando con ellas, tanto el acaecimiento del siniestro como la cuantía de la pérdida, exigencia que tiene el deber correlativo de parte del asegurador, de que la objeción que el reclamo le merezca, se encuentra apoyada en elementos suficientes de convicción basados en la estrictísima bona fidei que debe primar en los contratos de seguro” (Asociación Colombiana de Derecho de Seguros ‘Acoldese’. XVI Encuentro Nacional. Santa Marta, 1991. Pág. 159).

Finalmente, la Ley 510 de 1999 introdujo la última modificación a la referida sanción, cuyo actual texto ordena el pago de “un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad”.

El proyecto primigenio de esa Ley —tal como fue presentado por el Gobierno— no contemplaba ninguna reforma al artículo 1080 del Código de Comercio. Sin embargo, en el Senado de la República se incorporó la comentada modificación para establecer “el nivel de sanción y un interés moratorio básicamente con el objeto de que se sancionen las aseguradoras que no paguen los siniestros en un mes” (Gaceta del Congreso Nº 105 de 26 de junio de 1998).

La finalidad de este artículo no se reduce al simple resarcimiento al asegurado o beneficiario por el retardo en el pago de la indemnización, pues para ello al legislador le hubiera bastado con reconocer el pago de intereses moratorios comerciales. Por el contrario, al ordenar esa norma el pago de un interés moratorio igual al bancario corriente “aumentado en la mitad”, se impuso una sanción legal cuya finalidad es que el asegurador cumpla rápidamente con su obligación de pagar la indemnización, sin que le sea permitido esgrimir excusas injustificadas.

El tenor literal de la norma es claro y no debe dar lugar a disquisiciones de ninguna especie, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala en varios de sus pronunciamientos, entre los cuales se encuentra la sentencia de casación de 29 de noviembre de 2004, en la que se expresó:

“Satisfecha por el asegurado o el beneficiario la carga en comentario, el asegurador dispone de un plazo de un mes para ejecutar la prestación prometida. Si dicho término transcurre sin que se avenga al cumplimiento de ella, inmediatamente queda constituido en mora y obligado al pago, no solo de la prestación asegurada, sino de los intereses punitivos, a la tasa legalmente fijada, sobre el importe de aquella, o a la indemnización de los perjuicios causados por la mora en el pago de la misma, a elección de quien reclama, obligación con la cual se sanciona, siguiendo los principios que de manera general gobiernan el retardo en el cumplimiento de las obligaciones, su renuencia a la satisfacción del débito contractual” (Exp. 9730) (se subraya).

De igual modo, en providencia de 29 de abril 2005 se reiteró: “a la luz de los principios generales relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones, principios en los que claramente se sustenta el precepto contenido en el art. 1080 del C. de Co., desde el momento en que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que comienza la mora del asegurador, es decir desde el día en que la deuda a su cargo es líquida y exigible, o mejor, lo habría sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo legítimo la liquidación de la indemnización y el consiguiente pago, dicho asegurador, además de realizar la prestación asegurada, está obligado al resarcimiento de los daños (…)” (Exp. 037) (subrayas por fuera del texto).

Los precedentes que se acaban de reseñar dejan en evidencia que la aseguradora incurre en mora cuando injustificadamente no paga la indemnización dentro del mes siguiente a la fecha de la reclamación, si esta se ha hecho debidamente por el asegurado y con el cumplimiento de la carga probatoria sobre la existencia del siniestro y el valor del daño; por cuya razón está obligada a solventar la sanción tantas veces mencionada.

Ello significa que si el asegurado o beneficiario cumple los requisitos que le impone el artículo 1077 del Código de Comercio, desde ese momento surge para el asegurador la obligación de pagar, dentro del mes siguiente, el monto del siniestro. Si el deudor no realiza pronunciamiento alguno, se entiende que tal omisión comporta aceptación de la obligación y, por tanto, la póliza presta mérito ejecutivo en la forma y términos establecidos en el numeral 3 del artículo 1053 ibídem.

En caso de que el asegurador objete la reclamación y el asegurado o el beneficiario promuevan un proceso en su contra para obtener el pago del seguro, entonces la compañía aseguradora deberá acreditar a través de sus excepciones que aquella objeción era seria y fundada, en cumplimiento de la carga probatoria que le impone la parte final del artículo 1077, a cuyo tenor “el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes de su responsabilidad”; y solo en el evento de que sus defensas prosperen estará eximido del pago de la prestación.

Es decir que si el asegurador objeta la reclamación en forma y tiempo, notificándole al asegurado que le niega su derecho a ser indemnizado, “desde ese momento la obligación se habría tornado exigible frente a la eventualidad de que el asegurado inicie un juicio en contra del asegurador y obtenga una sentencia favorable a sus intereses. (…) El vencimiento del plazo dentro del cual la indemnización debida por el asegurador a su asegurado debe ser abonada, lo constituye a aquel en mora en forma automática determinando el momento a partir del cual comienza a correr el plazo de prescripción de las acciones emergentes del contrato de seguro (…) y también los intereses y eventuales daños y perjuicios (…)” (Domingo López Saavedra y Carlos Facal. Tratado de derecho comercial. Seguros. Buenos Aires: La Ley, 2010. Pág. 350).

En el mismo sentido, la doctrina española ha sostenido: “El presupuesto de la existencia de la obligación del asegurador al pago de la indemnización puede negarse por este tanto porque estime que no ha nacido tal obligación, porque el contrato de seguro no es válido, porque el siniestro esté fuera del ámbito de la cobertura del asegurador o bien porque se ha producido algún hecho impeditivo del nacimiento de la obligación (…) o un hecho extintivo de la obligación (…). Ahora bien, si con posterioridad el juez —frente a las razones alegadas por el asegurador— declara la existencia de esa obligación a su cargo, se aplicarán los efectos de la mora, salvo que se tratara del pago de una cantidad que no era líquida o que el juez por otra causa estime que la falta de satisfacción de la indemnización por el asegurador no se deba a su culpa, ya que ha estado ‘fundada en una causa justificada o que no le fuera imputable’” (Fernando Sánchez Calero. Ley de contrato de seguro. Pamplona: Edit. Aranzadi, 1999. pág. 314).

Tal sanción, sin embargo, no se impone de manera objetiva, pues para que haya lugar a ella es necesario que la falta de pago de la indemnización carezca de causa justificada o le sea imputable al asegurador, por lo que el juez deberá entrar a valorar en todos los casos el motivo del retraso en la liquidación.

Si la excusa de la aseguradora consiste en que no fue posible determinar el monto del daño, y logra probar ese hecho en el proceso, entonces no habrá lugar a imponerle sanción alguna, porque es claro que la falta de satisfacción oportuna de la obligación no se debió a su propia culpa, tal como ha sido explicado por esta Sala: “En consecuencia, el monto líquido de la prestación es presupuesto estructural de la obligación de pagar el capital asegurado y de la mora (in illiquidis mora non fit), razón por la cual, en ausencia de comprobación, no es exigible ni la indemnización ni la sanción moratoria” (sentencia de 27 de agosto de 2008. Exp. 1997-14171-01).

Por consiguiente, cuando el acreedor reclama su derecho judicialmente, será la sentencia definitiva la que decida si los motivos en que se soportó la objeción estuvieron o no fundamentados. Y si resulta que la aseguradora no tenía razón, entonces deberá pagar el monto de la indemnización y los intereses de que trata el artículo 1080 desde el mes siguiente al día en que el asegurado o beneficiario demostró los requisitos señalados en el artículo 1077.

No es cierto, por tanto, que la lectura que hizo el Tribunal del artículo 1080 obedeció a una interpretación ‘absoluta’, ‘objetiva’ o ‘germana’, como lo afirmó el censor; porque la objeción formulada por la aseguradora no consistió en una falta de certeza del monto del perjuicio, ni a ese hecho se refirió el proceso; tanto así que la propia compañía admitió que “con los documentos y los avalúos presentados por Hacienda El Portal Ltda. y usted, se considera que se halla completa toda la información solicitada y procede la etapa siguiente para el reconocimiento y pago del seguro (…)” (se subraya) (fl. 229, cdn. 10).

Por el contrario, la causa de la objeción fue un hipotético sobreseguro; en tanto que las excepciones se sustentaron en la “nulidad absoluta del contrato” por exceso de seguro sobre el valor asegurable; “carácter no fortuito del incendio”; “falta de interés asegurable”; “inexistencia del derecho a la indemnización por mala fe en la solicitud de pago”; “terminación del contrato de seguro” y “falta de legitimación en la causa por activa”, ninguna de las cuales prosperó en las instancias con relación a la demandante ‘Hacienda El Portal’.

En consecuencia, como la obligación adquirida por el asegurador fue de resultado —pues ella consistía en el pago del siniestro—, su inejecución comportó culpa contractual porque no acreditó fuerza mayor o causa extraña para justificar su incumplimiento. De ahí que al no demostrar en el proceso que su objeción fue seria y fundada, el ad quem estaba compelido a declarar —como lo hizo— las consecuencias jurídicas de aquella culpa, lo que en modo alguno puede ser confundido con el tipo de responsabilidad objetiva al que hizo alusión el impugnante.

Tampoco puede afirmarse que la obligación surge a partir del momento en que el fallo de condena queda ejecutoriado, o que antes de esa fecha no existía la obligación, pues ese argumento solo sería de recibo para las sentencias constitutivas y no así para las declarativas de condena, dado que estas últimas, por referirse a momentos anteriores a aquel en que se pronuncian, tienen carácter retrospectivo, tal como lo han aclarado jurisprudencia y doctrina en unidad de criterio.

“Son entonces, las sentencias meramente declarativas y las constitutivas las que no admiten, en principio, el reconocimiento de perjuicios moratorios a partir de una fecha anterior a la que son proferidas. Las primeras por excluir cualquier tipo de condena, y las segundas por cuanto introducen una estructura nueva en la relación jurídica presente, de manera que únicamente a partir de ellas surge la obligación que se pretende y, por tanto, por regla general les es incompatible el concepto de la mora.

“Sobre ese respecto esta sala ha explicado que las sentencias de naturaleza constitutiva carecen de efectos retroactivos, mientras que estas consecuencias se predican, por línea de principio, respecto de las de índole declarativa de condena” (sentencia de casación civil de 23 de octubre de 2012. Exp. 2004-141-01; que reiteró el concepto expresado en el fallo de 14 de diciembre de 2011. Exp. 01489).

De manera que la sentencia de condena no tiene la virtualidad de variar el carácter de serio y fundado de una objeción, dado que simplemente reconoce o niega una situación que se configuró desde el momento en que la aseguradora negó el pago del seguro.

En atención a las anteriores consideraciones, llegar a una conclusión contraria supondría desconocer la claridad del sentido de la norma para permitir que las aseguradoras formulen su objeción con argumentos bien elaborados, pero sin ningún respaldo legal, para dilatar en el tiempo el cumplimiento de una obligación y luego sustraerse al pago de los intereses que la ley le impone.

En consecuencia, si al final del juicio se declara que la objeción carecía de fundamento, entonces se debe imponer al deudor la sanción que establece el artículo 1080 del Código de Comercio.

Esta última interpretación fue la que el Tribunal estimó acertada y, por ello, no tiene razón el recurrente cuando le enrostra a aquel un error en el entendimiento del contenido de la norma.

4. La acertada exégesis que realizó el ad quem lo condujo a concluir que “el reconocimiento de los intereses por la mora del asegurador no es (…) un asunto que haya quedado al arbitrio del juzgador”, por lo que “el pago debió verificarse dentro de la oportunidad prevista en el artículo 1080 del Código de Comercio” (228).

Por ello, tomó como prueba para la determinación de la fecha de causación de los intereses, lo expresado por la demandada en la comunicación de 3 de octubre de 1996, en la que puntualizó que “con los documentos y los avalúos presentados por Hacienda El Portal Ltda. y usted, se considera que se halla completa toda la información solicitada y procede la etapa siguiente para el reconocimiento y pago del seguro (…)” (fl. 229, cdn. 10).

Es decir que el medio de convicción que finalmente tuvo en cuenta el sentenciador para demostrar el momento a partir del cual surgió la obligación de pagar intereses, fue el documento en donde la aseguradora aceptó que la demandante había cumplido con su carga probatoria; mas no el avalúo presentado por Hacienda El Portal ni las pruebas practicadas dentro del proceso, lo que deja sin piso el argumento medular en el que se sustentó el segundo cargo.

Luego, como la compañía, dentro del plazo legal que tenía para formular su objeción de manera seria y fundada, no le notificó al asegurado o beneficiario su inconformidad frente al valor de la indemnización reclamada, y, por el contrario, se limitó a reconocer que esta última completó la información que se requería para demostrar el cumplimiento de las exigencias del artículo 1077, por lo que procedía la etapa siguiente para el pago del seguro; entonces debió ser, como lo fue, esta declaración y no el avalúo presentado con la reclamación, la prueba que demostrara el momento en que surgió la obligación de pagar intereses de mora.

5. De todo lo expuesto se concluye que tampoco se configuró el yerro de hecho que le imputa el censor al Tribunal en este cargo. En consecuencia, no prosperan los cargos segundo y tercero.

En tal virtud, se condenará a la parte vencida al pago de las costas del recurso extraordinario, y como quiera que hubo réplica frente al mismo, se tasarán las agencias en derecho en la suma de $6.000.000.

III. Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el diez de diciembre dos mil nueve por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en el proceso ordinario de la referencia.

Costas del recurso extraordinario a cargo del impugnante. Tásense por secretaría, incluyendo como agencias en derecho a favor de Hacienda El Portal Ltda. la suma de $6.000.000.

Cópiese, notifíquese y devuélvase».

SALVAMENTO DE VOTO

Con el mayor respeto manifestamos nuestro disentimiento respecto de la sentencia dictada en el asunto de la referencia, el cual se proyecta sobre la forma en que fueron despachados los tres (3) cargos de la demanda de casación.

1. Con respecto al cargo primero el tema relevante es el atinente a la forma en la cual han de ser valorados los indicios, en el específico tema que constituye el asunto por decidir.

Por vía general reconoce la doctrina que el incendio intencionalmente provocado por el asegurado es asunto cuya prueba resulta en extremo difícil.

Como circunstancias determinantes de la referida dificultad se destaca que virtualmente no existen restricciones en términos de acceso y tiempo para la preparación del hecho. Si se quiere, quien articula lo necesario para provocar la conflagración actúa en condiciones en las cuales su intimidad se encuentra protegida, por tener la guarda o al menos la tenencia del inmueble respectivo.

Por tal razón resulta altamente improbable que el interesado en probar la autoría o la intencionalidad del incendio pueda contar con una prueba directa o con un solo indicio necesario, de tal gravedad, que por sí mismo resulte suficiente para comprobar lo pretendido. Es lo usual entonces, que la carga probatoria solo pueda ser satisfecha recurriendo a un conjunto de indicios contingentes.

Si bien en la parte estrictamente teórica del estudio del cargo la sentencia presenta y desarrolla de manera adecuada los conceptos “concordancia” y “convergencia” establecidos por el artículo 250 del estatuto procesal civil como requisitos para la apreciación del indicio, que refuerzan la necesidad de analizar estos de forma conjunta, al descender al análisis particular de aquellos cuya consideración propone el cargo, termina por apartarse de los derroteros señalados por la teoría.

El hecho concreto que motiva el disenso respecto de la decisión mayoritaria es que en el caso sub examine los indicios se analizan cada uno por separado, y se desechan invariablemente por considerar que carecen de la contundencia necesaria para acreditar, por sí solos, los aspectos que el promotor del recurso extraordinario se propone establecer; esto es, el móvil defraudatorio de la contratación del seguro por un valor superior al verdadero interés asegurable, y el carácter provocado de la conflagración.

Nótese a este respecto que en la providencia, por ejemplo a folio 147, al pronunciarse sobre el indicio que el casacionista plantea por el hecho de haberse encontrado en el lugar del incendio camisetas que olían a gasolina y dos puntos donde el índice de cenizas era mayor que el observado en el resto de la bodega, se estima que las circunstancias planteadas “no son hechos sobre los que se pueda construir una inferencia indiciaria grave, precisa y concordante” para luego concluir que “al no haberse probado que esos elementos tienen la calidad de hechos indicadores del origen del siniestro resulta imposible extraer de ellos cualquier conclusión que no sea una mera conjetura”.

De igual forma a folio 151, al referirse al estado de insolvencia económica del demandante Jaime Rodríguez Ramírez y al de su empresa Distribuidora de textiles JR Ltda., señala la providencia que “(e)sos hechos aislados no pueden ser tomados como supuestos para la corroboración del móvil fraudulento porque no tienen ninguna relación de concordancia o convergencia con el siniestro” (subrayas fuera de texto).

Es de destacar que a pesar de haber sido desestimados por considerarlos impertinentes o fútiles, los indicios cuya consideración solicita el cargo tienen carácter “típico” por ser de aquellos que comúnmente resultan de recibo para los efectos de establecer el asunto que ocupa nuestra atención. Concretamente revelan tal carácter la difícil situación económica del asegurado o beneficiario (indicio movil); la hora de la conflagración (indicio tempus); el hallazgo de gasolina en distintos puntos (indicio vestigium); la iniciación del incendio cuando no habían ningún empleado en las instalaciones (indicio sigilum); la existencia de diversos lugares de acumulación de cenizas; el carácter excesivo de la suma asegurada (indicio previssio); el haber encontrado desperdicio amontonados, en este caso papel, recurriendo para los efectos de la clasificación antes expuesta a la recopilación efectuada por Luis Muñoz Sabaté(1).

En opinión de los suscritos, el carácter concordante y convergente de los indicios referidos, así como el número de los mismos, permiten tener por establecido lo que el cargo pretende probar.

Lo importante a los efectos de valorar la fuerza probatoria de los indicios no es establecer, como hizo la sentencia, la probabilidad de que cada uno determine por sí solo lo que se pretende acreditar, tomando en consideración la también posible ocurrencia de posibilidades alternativas diferentes de la intención defraudadora o la provocación del incendio, sino, bien por el contrario, apreciar la probabilidad de que todos ellos concurran al mismo tiempo respecto de una misma situación.

La apreciación conjunta de los indicios viene destacada invariablemente por la doctrina y se desprende también de los desarrollos de la jurisprudencia patria, incluso de la que viene transcrita en la sentencia.

Nicola Framario dei Malatesta, señala al respecto que “lo extraordinario, precisamente por serlo, es raro; y en nuestro caso, a medida que crece el número de indicios concordantes, para rechazarlos y no creer en ellos, hay que admitir un número mayor de casos extraordinarios ocurridos violentando cada vez más nuestra conciencia experimental”(2).

Por su parte Dellepiane señala “que la (sic) azar o una mano oculta reúnan dos o tres hechos indicadores que señalen a alguien como autor de un delito, no es, en rigor, difícil de ocurrir; pero que combinen los hechos indicadores en una forma perfecta, con un ajuste completo, es ya muy improbable, es casi inverosímil que suceda”(3).

La sentencia plantea, en aserto del cual nos apartamos, que los indicios para ser admitidos, deben llevar al fallador más allá de toda duda razonable.

Dicha consideración sin embargo es propia del derecho penal, toda vez que, es un desprendimiento necesario de la presunción de inocencia, por lo cual resulta extraña al derecho privado donde la carga probatoria se asigna por consideraciones diferentes.

Señala la doctrina que en la apreciación de los indicios resulta suficiente que estos determinen una evidencia preponderante, sin que sea requerido el grado de convencimiento exigido en la sentencia.

Dado el entorno en que se mueve la prueba del incendio provocado, exigir que el fallador sea convencido más allá de toda duda razonable es tanto como hacer imposible acreditar judicialmente este tipo de hechos.

Se destaca igualmente que para predicar la necesidad de llevar el convencimiento del fallador hasta los límites señalados en el fallo, parte este de una cita jurisprudencial (Sentencia 85 de 12 de marzo de 1992, fl. 155), que señala que en lo que a indicios concierne “la existencia del hecho indiciario no le debe ofrecer ningún género de dudas al fallador”.

Dicha cita, sin embargo, lo que establece es la necesidad de aportar un convencimiento pleno sobre el hecho conocido, pero no se colige de allí, que la deducción o inferencia que se elabore a partir del mismo deba ser necesaria o imposible de controvertir en el plano lógico, incluso mediante el expediente de sugerir la posibilidad alternativa de un hecho extraordinario o inusual.

De otra parte, en la apreciación concreta y particular de los indicios, la decisión mayoritaria realiza aseveraciones que igualmente no se comparten. En punto al valor exagerado de la suma asegurada la sentencia atribuye al contrato de seguro celebrado entre las partes el carácter de incorporar un valor admitido, por el solo hecho de haber efectuado la compañía aseguradora una inspección del inmueble antes de expedir la póliza respectiva, lo cual resulta contrario a la previsión del artículo 1089 inc. 2 del Código de Comercio; toda vez que de la sola inspección no puede desprenderse la existencia de un pacto expreso a tal respecto.

En lo atinente a la oportunidad en la cual se efectuaron compras por parte de la sociedad arrendataria del inmueble, la sentencia se enfoca en desestimar la importancia del hecho conforme al cual esta se abstuvo de efectuar adquisiciones por un determinado periodo; y omitió considerar, que es la parte pertinente, que el indicio hacia relación a la concentración de compras en los 10 días precedentes al siniestro, circunstancia esta que puede ser estimada como una especie de <puesta en escena> para dar la impresión de la existencia de un negocio en marcha (fl. 145, cdn. Corte).

A consecuencia de todo lo anotado y habida consideración del entorno factico que suele rodear los hechos sub examine es dable concluir que los indicio (sic) planteados en la demanda de casación, atendiendo el apreciable número de los mismo (sic) y su carácter concordante y convergente, permitirían tener por establecido el sobreseguro malicioso y la ausencia de carácter fortuito en el hecho del cual se pretende cimentar la pretensión indemnizatoria.

Pertinente resulta aclarar que la postura de los suscritos no pretende alentar una especie de inclinación a tener por probado el carácter fraudulento de todo incendio, sino propiciar en la apreciación del material probatorio que es recabado para tal efecto, un espíritu abierto guiado por la intensión de procurar un adecuado balance entre la presunción de buena fe y el sentido común.

2. Por su parte tampoco compartimos la forma en la cual fueron decididos los cargos segundo y tercero, atinentes a la causación de los intereses moratorios respecto de la condena.

La decisión de desestimar los cargos aludidos se funda en dos planteamientos de los cuales, también con infinito respeto, nos apartamos.

La sentencia al interpretar el alcance del artículo 1080 del estatuto mercantil según el texto dispuesto por la modificación que le introdujo la Ley 510 de 1999, le atribuye un carácter especial respecto del tratamiento ordinario que la legislación mercantil predica para las situaciones de mora en obligaciones dinerarias, a consecuencia de lo cual dedujo una especie de interés de punición agravada que condiciona finalmente la interpretación del caso.

Resulta sin embargo que el propósito de la Ley 510 de 1999, bien por el contrario, fue el de unificar el cómputo de los intereses moratorios en materia mercantil, para superar la dualidad de límites que había introducido el artículo 235 del Código Penal.

Lo dispuesto por el artículo 1080 del estatuto mercantil es precisamente lo mismo que por vía general señala el artículo 884 ídem, toda vez que resultan equivalentes las expresiones “un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Financiera aumentado en la mitad” y “una vez y media el bancario corriente”, que son las utilizadas por los preceptos que se comparan.

De otra parte la sentencia atribuye a la comunicación dirigida al señor Jaime Rodríguez Ramírez el 3 de octubre de 1996 una connotación que no se comparte.

En la referida misiva la aseguradora precisó que:

“con los documentos y los avalúos presentados por Hacienda el Portal Ltda. y usted, se considera que se haya completa toda la información solicitada y procede la etapa siguiente para el reconocimiento y pago del seguro, y sobre el particular le comunicamos que la aseguradora Colseguros S.A., formula objeción total a la reclamación de siniestro presentado por usted” invocando la nulidad del contrato por sobreseguro malicioso con fundamento en el artículo 1091 del Código del Comercio.

Señala la misma comunicación que “de acuerdo con las evaluaciones realizadas con ocasión del incendio acaecido en el inmueble ubicado en la calle 12ª Nº 28-03/15/17/21/33, se estableció que el valor asegurado de dicho inmueble excede por lo menos en seiscientos cuarenta millones de pesos ($640.000.000.oo) su valor real” (subrayas fuera de texto).

En ese contexto no parece indicado concluir de la referida misiva que la compañía aseguradora hubiere aceptado el valor de la reclamación formulada por la parte demandante y tenido por establecida la cuantía de la pérdida.

Se destaca a este respecto que el planteamiento de la aseguradora demandada resultó confirmado dentro del proceso mediante prueba pericial, razón por la cual el sustrato fáctico de la objeción salió, en lo esencial, avante dentro del proceso.

Comoquiera que el artículo 1080 del estatuto mercantil condiciona la iniciación del cómputo del interés moratorio al cumplimiento de las exigencias establecidas por el artículo 1077 ídem en punto a la carga de la prueba del asegurado, y habida consideración de que no fue extrajudicialmente comprobada la cuantía de la pérdida con los anexos de la reclamación o con cualquier otro documento presentados por los demandantes, que hubiere determinado una reconsideración de la indemnización pretendida, no concurren en el caso sub examine las condiciones legalmente establecida (sic) para la causación de los interés moratorios.

La cuantía de la pérdida fue asunto debatido con éxito por la aseguradora dentro del proceso y al venir a quedar definitivamente establecida solo con la ejecutoria de la sentencia condenatoria no vemos fundamento para predicar el pago retroactivo de intereses moratorios.

De esta forma dejamos sentado nuestro salvamento de voto frente a la sentencia de fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil trece (2013).

Fecha ut supra.

Jesús Vall De Rutén Ruiz—Margarita Cabello Blanco. 

(1) Summa de probática civil (Cómo probar los hechos en el proceso civil), págs. 588 y ss.

(2) Lógica de las pruebas en materia criminal, Ed. Temis, Bogotá, 1978, Vol. I, pág. 281.

(3) Nueva teoría de la prueba, Ed. Temis, Bogotá, 1972, pág. 91.