Ministerio de Justicia y del Derecho

 

Ministerio de Justicia y del Derecho

RESOLUCIÓN 574 DE 2013

(Agosto 14)

“Por la cual se decide la aplicación transitoria del Decreto 734 de 2012”.

La Ministra de Justicia y del Derecho,

en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley 489 de 1998, el Decreto-Ley 2897 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que el inciso segundo del artículo 209 de la Constitución Política establece que: ‘Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado.

Que en el Decreto-Ley 2897 de 2011 se determinaron los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Justicia y del Derecho y se integró el sector administrativo de justicia y del derecho, precisando las funciones que tiene a su cargo cada una de las dependencias de la entidad.

Que según el artículo 3º de la Ley 80 de 1993, uno de los fines de la contratación estatal es buscar el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Que corresponde a la Ministra de Justicia y del Derecho, como representante legal de la entidad, definir los aspectos relacionados con el cumplimento de las funciones misionales.

Que el 17 de julio de 2013, se expide el Decreto 1510, “por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”, norma que, de acuerdo con lo previsto en su artículo 161, empieza a regir a partir del 15 de agosto de 2013.

Que no obstante lo anterior, en virtud de lo previsto en el inciso segundo del numeral segundo del artículo 162 del Decreto 1510 de 2013, las entidades estatales deben expedir un acto administrativo de carácter general a más tardar el 15 de agosto de 2013, si deciden acudir a la opción de aplicar transitoriamente las disposiciones del Decreto 734 de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013.

Que la mencionada posibilidad debe fundarse, en los términos del artículo 162 del Decreto 734 de 2013, “en razones operativas derivadas de la necesidad de ajustar los procedimientos internos de contratación a la nueva reglamentación”.

Que se hace necesario que la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia compra eficiente— expida los manuales y guías para la identificación y cobertura del riesgo, la determinación de la capacidad residual para los contratos de obra pública, así como los pliegos de condiciones tipo para la contratación y las minutas tipo de contratos, todos los cuales resultan determinantes para ajustar los procedimientos internos de contratación del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Que adicionalmente, el cambio de reglamentación exige un proceso de apropiación de la información referida a las nuevas exigencias en materia de contratación estatal, así como a los ajustes que cada una de las áreas involucradas en el proceso contractual deben llevar a cabo en los análisis de oportunidad y conveniencia y en los documentos que los recogen.

Así, por ejemplo, el análisis de las condiciones del mercado, que en vigencia del Decreto 734 de 2012 podía llevarse a cabo con cierto margen de discrecionalidad, a partir del 15 de agosto de 2013, fecha en que entra a regir el Decreto 1510 de 2013, requiere un ejercicio pormenorizado del sector al que pertenece el bien o servicio requerido por la respectiva entidad pública, cuya observancia, necesariamente impactará la mecánica de operación de los procesos contractuales, cuyos requisitos y condiciones deberán establecerse consultando los resultados del estudio en cuestión.

Que, dada la complejidad del análisis exigido en la norma mencionada en el párrafo anterior, el Ministerio de Justicia y del Derecho formuló consulta a la Agencia Nacional de Contratación Pública —Colombia compra eficiente— sobre el alcance general de la misma y sobre el que tendría en relación con contratos celebrados al amparo de causales de contratación directa, principalmente, los de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

Que a la fecha, todavía la entidad no ha obtenido respuesta por parte de la Agencia Nacional de Contratación Pública, pero en todo caso, el Ministerio de Justicia y del Derecho considera que la exigencia reglamentaria genera un impacto operativo importante y exige ajustes en los procedimientos internos y en los respectivos manuales, para cuya elaboración definitiva se requiere de las directrices de la agencia.

Que, igualmente, el artículo 26 del Decreto 1510 de 2013, consagra reglas para la configuración de los pliegos de condiciones, dirigidas a garantizar la selección de la oferta más favorable para la respectiva entidad, que exigen la asignación de valores monetarios a las distintas condiciones técnicas y económicas adicionales, la cual, a juicio de esta entidad, debe obedecer a estudios serios y coherentes con los resultados del análisis del sector exigido en el artículo 15 del mencionado decreto, por lo cual, la estructuración de los documentos del proceso está también supeditada a la correcta comprensión del alcance de esta última norma y a la adopción de las medidas operativas necesarias para atenderla.

Que las situaciones antes descritas, evidencian que existen razones operativas que requieren la adopción de decisiones respecto de los procesos contractuales que adelanta y adelantará el Ministerio de Justicia y del Derecho hasta el 31 de diciembre de 2013; así como el ajuste de los documentos propios de dichos trámites y de los procesos, procedimientos y manuales de la entidad, por lo cual, se hace necesario que el Ministerio de Justicia y del Derecho, continúe aplicando las disposiciones del Decreto 734 de 2012, hasta el 31 de diciembre de 2013, con el fin de no entorpecer el normal desarrollo de las labores de carácter misional.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—El Ministerio de Justicia y del Derecho continuará aplicando las disposiciones del Decreto 734 de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2013, término dentro del cual deberá realizar los ajustes necesarios para la aplicación de la nueva reglamentación.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 14 de agosto de 2013.