Administradora Colombiana de Pensiones — Colpensiones

CIRCULAR INTERNA 6 DE 2013

(Diciembre 18)

Asunto: Revisión Circular Interna 4 de 26 de julio de 2013.

En uso de las facultades legales consagradas en los artículos 4º y 6º de la Resolución 39 de 2012, el artículo 20 del Decreto 4936 de 2011 y considerando que de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Ley 4121 de 2011 la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, como empresa industrial y comercial del Estado organizada como entidad financiera de carácter especial, tiene por objeto la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida, las prestaciones especiales que las normas legales le asignen, y la administración del sistema de ahorro de beneficios económicos periódicos, es necesario precisar el ámbito de aplicación de lo dispuesto de la Circular 4 de 2013, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones, las cuales fueron analizadas y aprobadas por el comité de conciliación de la entidad, según consta en Acta 137 del 19 de diciembre de 2013:

1. La Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales como Ministerio Público ha solicitado a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones (sic) través de comunicaciones fechadas el 08 de agosto de 2013 y oficio DTS 011794 de 13 de noviembre de 2013 la revisión de la Circular 4 de 2013 emitida por la vicepresidencia jurídica y secretaría general de la entidad.

2. La Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones con ocasión del cumplimiento de lo dispuesto por la honorable Corte Constitucional por autos 110, 182, 202, 233 y 276 de 2013, ha implementado un plan de calidad que implica la revisión de los criterios jurídicos que actualmente se aplican así como de los procesos operativos para el cumplimiento de su labor misional.

3. Con el fin de atender los requerimientos elevados por la Procuraduría General de la Nación se procederá a modificar el criterio de aplicación de la Circular 4 de 2013 en una primera fase de revisión que se concreta con la expedición de esta circular.

4. De conformidad con lo previsto en los numerales anteriores, se considera pertinente la revisión de la Circular 4 de 2013 en relación con:

I. Efectos en el tiempo de las sentencias de constitucionalidad (artículo 45 de la Ley 270 de 1996):

Los fallos de la Corte Constitucional en materia de control abstracto de constitucionalidad tienen efectos hacia el futuro(1) y así ha sido establecido en el precedente judicial de dicha corporación(2), así como en la Ley 270 de 1996 — Ley Estatutaria de Administración de Justicia(3).

En consecuencia, los efectos de lo dispuesto por la Sentencia C-258 de 2013 y la Circular 4 de 2013 de Colpensiones deben respetar el debido proceso y los derechos adquiridos de situaciones amparadas por la presunción de legalidad de las normas y criterios jurídicos de decisión vigentes a la fecha de su comunicación y publicación.

II. Derechos adquiridos — causación de derecho:

El precedente jurisprudencial de la H. Corte Constitucional ha señalado que “(…) por derechos adquiridos se tienen aquellas situaciones individuales y subjetivas que se han creado y definido bajo el imperio de una ley, y que por lo mismo han crecido a favor de sus titulares un cierto derecho que debe ser respetado. Fundamento de la seguridad jurídica y del orden social en las relaciones de los asociados y de estos con el Estado, es que tales situaciones y derechos sean respetados íntegramente mediante la prohibición de que leyes posteriores pretendan regularlos nuevamente”(4).

Por esta razón se entiende que los derechos adquiridos en materia pensional implica la protección a quienes han cumplido requisitos o causado su derecho en relación con cualquier tipo de prestación prevista en la legislación anterior o criterio jurídico precedente.

En consecuencia, teniendo en cuenta lo previsto en los numerales I y II, los efectos en el tiempo de la Circular 4 de 2013 se regirán por las siguientes reglas:

i. Los derechos causados con anterioridad al 8 de mayo de 2013, esto es, que los requisitos de edad y tiempo de servicios / densidad cotizaciones se encuentren acreditados a 7 de mayo de 2013, de acuerdo con la norma que sea de aplicación al caso concreto, se resolverán de acuerdo al precedente judicial y normativo aplicable en su momento y que se adoptó por Colpensiones a través de la Circular 1 de 2012.

ii. Las solicitudes de pensión presentadas por afiliados cuya situación jurídica se consolidó con posterioridad al 8 de mayo de 2013, esto es, que el cumplimiento de los requisitos de edad y tiempo de servicios / densidad cotizaciones se acreditó después de esta fecha, se regirán por el precedente judicial y constitucional que se adopta por medio de la Circular 4 de 2013.

N. del D.: La presente circular interna va dirigida a vicepresidentes, directores nacionales de oficina, gerentes nacionales de oficina, gerentes regionales, funcionarios públicos.

(1) Decreto 2067 de 1991. Artículo 21. “Las sentencias que profiera la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares. Los fallos de la Corte solo tendrán efecto hacia el futuro, salvo para garantizar el principio de favorabilidad en materia penal, policiva y disciplinaria y en el caso previsto en el artículo 149 de la Constitución”.

(2) Jurisprudencia: “Generalmente, los efectos de las providencias de la Corte Constitucional son diversos en cada tipo de control constitucional. Usualmente, los efectos son erga omnes y profuturo cuando controla normas en abstracto (…)”. Tesis Sentencia C-018 de 1993 reiterada en sentencias SU-519 de 1997, T-409 de 1998, T-1179 de 2000 y C-739 de 2001 entre otras.

(3) L. 270/1996. Artículo 45. “Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario”.

(4) Corte Constitucional. Sentencia C-168/95. M. P. Carlos Gaviria Díaz. Santafé de Bogotá, D. C., abril veinte (20) de mil novecientos noventa y cinco (1995).