AVANCES RECIENTES EN EL ARBITRAJE Y EN EL DERECHO DE LA UE

 

Avances recientes en el arbitraje y en el derecho de la UE

Revista Nº 18 Ene.-Jun. 2013

por Georgios I. Zekos

En el pasado, el arbitraje era visto con desconfianza por las cortes, por ser considerado como un competidor de los juicios ordinarios(1). Hoy en día, los procedimientos judiciales y los de arbitraje coexisten, se complementan y compiten entre sí. Como consecuencia de esto, el arbitraje comercial ha adquirido relevancia dentro del contexto transfronterizo. Esto hace surgir la pregunta de cómo el arbitraje interactúa con el derecho de la Unión Europea cuando los Estados miembros se involucran en controversias transfronterizas. Este artícu­lo analiza la intersección entre el arbitraje y el derecho de la Unión Europea.

La exclusión del arbitraje en los tratados y en las disposiciones de la Unión Europea

Los tratados y las disposiciones de la Unión Europea no hacen referencia al arbitraje internacional(2), el cual es un sistema de solución de controversias auto suficiente. Uno de los primeros tratados de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea —TFUE—, enuncia las competencias de la Unión Europea. Sin embargo, el arbitraje no está dentro de las competencias exclusivas o dentro de las competencias compartidas de la Unión Europea.

Además, las leyes de la Unión Europea relacionadas con asuntos jurídicos en la propia Unión Europea, no mencionan el arbitraje o lo excluyen de manera específica. Estas leyes son conocidas en conjunto como el Régimen de Bruselas. Existen tres documentos: 1) la Convención de Bruselas sobre Jurisdicción y Observancia de los Juicios en asuntos Civiles y Comerciales; 2) la Convención de Lugano sobre la Jurisdicción y la Observancia de Juicios en Asuntos Civiles y Comerciales(3), y 3) el Reglamento de Bruselas I del 2002.

La Convención de Bruselas —1968— tenía varios objetivos: evitar las actuaciones jurídicas paralelas dentro de la comunidad, para simplificar el reconocimiento y la observancia de fallos, y fortalecer la protección jurídica dada a los ciudadanos de los Estados miembros. El artículo 1.º, párrafo segundo, subsección (4) de la Convención de Bruselas establece claramente que “se excluirá del ámbito de aplicación del presente convenio: el arbitraje”.

La Convención de Lugano —1988— amplió el campo de acción del régimen de Bruselas para “crear reglas comunes en relación con la jurisdicción y los fallos dentro de un espacio jurídico único compuesto por los Estados miembros... y los tres Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio de Islandia, Noruega y Suiza”. Esta convención expresamente reemplazó dos convenciones sobre la observancia de fallos y de laudos arbitrales. Por lo demás no contenía ninguna disposición concerniente al arbitraje.

El Reglamento de Bruselas I —2002— reemplazó la Convención de Bruselas. Este fue creado para contribuir al continuo desarrollo de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea y al “correcto funcionamiento del mercado interno”. Al igual que la Convención de Bruselas, esta excluye el arbitraje estableciendo en su artículo 1(2)(d), “que se excluirá del ámbito de aplicación del presente reglamento: el arbitraje”(4).

Una ley de la Unión Europea más reciente, conocida como Roma I —Disposición (EC) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, jun. 17/2008— sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, igualmente excluye el arbitraje(5). El artículo 1(2)(e) de Roma I determina que “Se excluirán del ámbito de aplicación del presente reglamento: los convenios de arbitraje y de elección del tribunal competente”.

La exclusión del arbitraje del alcance sustancial de la Convención de Bruselas y de manera subsecuente de la ley de la Unión Europea, parece haber sido motivada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Reconocimiento y la Observancia de los Laudos Arbitrales Extranjeros —conocida como la Convención de Nueva York— y la Convención Europea sobre Arbitraje Comercial Internacional, cuyos Estados miembros son signatarios. Como consecuencia, probablemente no se consideró necesario que las leyes de la Unión Europea se aplicaran a las actuaciones de las cortes estatales relacionadas con el arbitraje, a las actuaciones de la corte destinadas a reconocer o hacer cumplir laudos arbitrales extranjeros, o a las actuaciones para anular un laudo arbitral extranjero.

Estas actuaciones no son regidas por el derecho de la Unión Europea sino por la Convención de Nueva York. El artículo IV establece lo que se debe disponer para su observancia y reconocimiento, y el artículo V hace un listado de las circunstancias bajo las cuales el reconocimiento y la observancia pueden ser rechazadas por la corte.

De manera semejante, el tema de la existencia de un acuerdo de arbitraje válido está regido por la Convención de Nueva York y no está sujeto a las leyes de la Unión Europea cuando se reúnan los requisitos del artículo II (3) de dicha convención. Bajo esta disposición, una corte nacional debe presentar el caso a arbitraje si: 1) el asunto objeto de la controversia es capaz de ser resuelto por un arbitraje; 2) el acuerdo de arbitraje satisface el requisito acordado por escrito, y 3) la corte no encuentra el acuerdo de arbitraje nulo, ineficaz, o inaplicable de ser ejecutado.

Teniendo en cuenta el reconocimiento de la Convención de Nueva York, y las leyes de arbitraje individuales de los Estados miembros, la exclusión del arbitraje del Régimen de Bruselas tiene muchísimo sentido. Sin embargo, el régimen de la Unión Europea sí repercute sobre el arbitraje, por medio de la autoridad de la Corte Europea de Justicia —ECJ, por sus siglas en inglés—, con sede en Luxemburgo, para proferir fallos preliminares de acuerdo con el artículo 272 del TFUE.

La Corte Europea de Justicia y los fallos preliminares

No existe un sistema jurídico en la Unión Europea. En vez de crear dicho sistema, la Unión Europea ha usado la Corte Europea de Justicia preexistente(6). El artículo 272 del TFUE le otorga a la Corte Europea de Justicia jurisdicción sobre un arbitraje solamente cuando la Unión Europea sea parte de un contrato que contenga una cláusula compromisoria, “ya sea que dicho contrato se encuentre regido por el derecho público o privado”. Así que ¿cómo la Corte Europea de Justicia desempeña un rol en el arbitraje privado internacional?

La respuesta se hace a través de su jurisdicción para proferir “fallos preliminares” en relación con la interpretación de los tratados y la validez e interpretación de las actuaciones de las instituciones de la Unión Europea, sus organismos, oficinas o agencias. Esta jurisdicción es conferida por el artículo 267, una de las disposiciones más interesantes relacionadas con la Corte Europea de Justicia.

La misma disposición también autoriza a las cortes o tribunales nacionales a buscar fallos preliminares de la Corte Europea de Justicia en relación con los temas mencionados si consideran que “una decisión sobre el asunto es necesaria para permitir un fallo”. Además, las cortes nacionales de la Unión Europea, deben solicitar fallos preliminares por parte de la Corte Europea de Justicia “cuando no exista un recurso judicial contra dicha decisión bajo una ley nacional”.

El efecto de los fallos preliminares de la Corte Europea de Justicia

Por consiguiente, el artículo 267 ha influenciado en gran parte el desarrollo de la ley de la Unión Europea. Por ejemplo, desarrolló los conceptos de “efecto directo”(7) y de “supremacía de la ley de la Unión Europea”. La Corte Europea de Justicia frecuentemente ha fallado no solamente sobre los sistemas jurídicos nacionales, sino también sobre los acuerdos bilaterales celebrados entre los Estados miembros de la Unión Europea(8). Los tratadistas han señalado que la relación entre la Corte EuropeGa de Justicia y las cortes nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea fue alguna vez horizontal pero se ha convertido mucho más jerárquica. Por lo tanto, los fallos preliminares de la Corte Europea de Justicia se afirma, tienen consecuencias de facto o de jure en todas las cortes nacionales de la Unión Europea, no solamente en la que solicitó un fallo preliminar(9).

El arbitraje y los fallos preliminares que involucran a la Ley de la Unión Europea

Existen varios temas que involucran al Derecho de la Unión Europea y al arbitraje, los cuales pueden presentarse ante la Corte Europea de Justicia a través del procedimiento de fallos preliminares contenido en el artículo 267. Uno de los temas radica en si un organismo es “una corte o un tribunal” para los fines del artículo 267(10). En el caso Nordsee, la Corte Europea de Justicia sostuvo que no podía considerar una remisión proveniente del panel de arbitraje debido a que no era “una corte o tribunal de un Estado miembro” dentro del entendido del artículo 234 del Tratado de la Comunidad Europea(11).

Otro tema es la conveniencia de una parte que busca un amparo contra litigios extranjeros, bajo el derecho de la Unión Europea. Este amparo busca evitar a una contraparte el iniciar o continuar una acción jurídica en otro foro que le proporcione una decisión más favorable(12). En el marco de la Unión Europea, los amparos contra litigios extranjeros están regulados por el Régimen de Bruselas debido a que están relacionados a la jurisdicción que busca el cumplimiento de fallos de naturaleza civil o comercial de los residentes de un Estado miembro.

La Corte Europea de Justicia también puede regir sobre los siguientes temas: la forma en que la excepción del arbitraje deba ser interpretada(13); si un laudo arbitral debe ser anulado por una corte nacional de acuerdo con una disposición de la ley de la Unión Europea; y si la designación de árbitros y el otorgamiento de medidas cautelares en relación con una controversia son asuntos dentro del alcance del Reglamento de Bruselas I(14).

La Corte Europea de Justicia ha proferido dos decisiones con carácter autoritario en relación con el alcance de la excepción de arbitraje en el Reglamento de Bruselas I, pero estas no son claras del todo. Una es el caso Marc Rich, el cual involucraba una solicitud a una corte holandesa para la designación de un árbitro, y el otro es el caso Van Uden Maritime, el cual implicaba una solicitud ante una corte nacional de medidas cautelares como apoyo de un arbitraje.

La Corte Europea de Justicia en el caso Marc Rich concluyó:

Si por virtud de su asunto-objeto, una controversia recae por fuera del alcance de la convención —Bruselas I—, la existencia de un asunto preliminar sobre el cual la corte deba resolver para determinar la controversia, no puede justificar la aplicación de la Convención Bruselas I. El artículo 1(4) de la convención debe ser interpretado bajo el entendimiento que la exclusión proporcionada se extiende a litigios que estén pendientes ante una corte nacional en relación con la designación de un árbitro, incluso si la existencia o validez de un acuerdo arbitral es un tema preliminar(15).

En el caso Van Uden Maritime(16), la Corte Europea de Justicia tuvo en cuenta los argumentos de cada parte. Los argumentos a favor de la jurisdicción de la corte holandesa bajo los lineamientos de la convención fueron los siguientes: 1) la existencia de una cláusula de arbitraje no conlleva a excluir una solicitud de medidas cautelares a partir del alcance de la convención, y 2) el asunto objeto de la controversia subyacente al procedimiento provisional es decisivo; ese asunto implica el ejercicio de una obligación contractual —un asunto dentro del ámbito de la convención; el argumento en contra de la jurisdicción de la corte holandesa se basó en el acuerdo de arbitraje de las partes— y en el hecho de que las medidas cautelares buscadas “son estrechamente vinculadas con el asunto-objeto de un procedimiento arbitral”. La Corte Europea de Justicia también señaló que el Gobierno del Reino Unido ve las medidas cautelares perseguidas en este caso, “como complementarias al procedimiento arbitral” y así excluidas del ámbito de la convención.

La Corte Europea de Justicia se centró en la importancia de la cláusula arbitral, encontrando que cuando las partes celebran un acuerdo arbitral, “no hay cortes en ningún Estado que tengan jurisdicción en relación con la sustancia del caso, para los fines de la convención. Consecuentemente, una parte de dicho contrato no está en posición de hacer una solicitud de medidas provisionales o de protección a una corte que tenga jurisdicción bajo la convención en relación con la sustancia del caso”.

Sin embargo, la Corte Europea de Justicia sugirió que el artículo 24 podría facultar a una corte a ordenar medidas provisionales o de protección(17). También citó el caso Marc Rich para la propuesta de que la cláusula arbitral demuestra el intento de las partes de “excluir el arbitraje por completo, incluyendo las actuaciones presentadas ante las cortes nacionales”.

La Corte Europea de Justicia enumeró un listado de actuaciones y órdenes de las cortes relacionados con el arbitraje, que están por fuera del ámbito de la convención, entre ellos los “fallos que determinan si un acuerdo arbitral es válido o no”, fallos que ordenan a las partes de un acuerdo inválido no continuar con los procedimientos arbitrales, los procedimientos y decisiones relacionados con solicitudes para la revocación, reformas, reconocimientos y cumplimiento de laudos arbitrales, y “las actuaciones complementarias a las actuaciones arbitrales”.

De una manera sorprendente, diferenció las medidas provisionales de las actuaciones complementarias:

Las medidas cautelares “no son en principio, complementarias a los procedimientos de arbitraje”, sino que son ordenadas paralelamente a aquellas actuaciones y están intencionadas como medidas complementarias. Ellas se refieren no solamente al arbitraje como tal sino a la protección de una amplia variedad de derechos. Su ubicación en el ámbito de la convención es así determinada no solamente por su propia naturaleza, sino por la naturaleza de los derechos que buscan proteger.

De igual manera, la Corte Europea de Justicia concluyó: “Cuando el asunto objeto de una solicitud de medidas provisionales se refiere a un asunto que recae dentro del ámbito de la ratione materiae de la convención, la convención es aplicable y el artículo 24 de la misma por lo tanto puede otorgar jurisdicción en la audiencia de la corte de esa solicitud incluso cuando las actuaciones ya se hayan realizado, o pueden, iniciarse sobre el objeto del caso e incluso cuando esas actuaciones se deban realizar ante los árbitros”. Por consiguiente, la Corte Europea de Justicia encontró que el Reglamento de Bruselas I se puede emplear cuando una medida provisional se refiera al funcionamiento de una obligación contractual y no a actuaciones arbitrales. De igual forma, las actuaciones de las cortes que sean paralelas al arbitraje recaen dentro del ámbito del Reglamento de Bruselas I. Pero no queda completamente clara la diferencia que existe entre las actuaciones complementarias y las actuaciones paralelas.

En el caso West Tankers de 2007, la Cámara de los Lores(18) solicitó a la Corte Europea de Justicia el proferir un fallo preliminar sobre si una corte del Reino Unido podría proferir un amparo contra litigios extranjeros para proteger las actuaciones arbitrales en Londres contra las actuaciones paralelas de la corte iniciadas en otro Estado miembro de la Unión Europea —Italia—. Habitualmente, las cortes inglesas han otorgado amparos contra litigios extranjeros cuando las actuaciones son iniciadas en una jurisdicción extranjera en violación de un acuerdo de arbitraje existente(19). Pero en el año 2004, en el caso Turner(20), la Corte Europea de Justicia falló que los amparos contra litigios extranjeros para restringir las actuaciones extranjeras de las cortes en la Comunidad Europea eran incompatibles con el Reglamento de Bruselas I; a pesar de ello las cortes inglesas continuaron profiriendo dichos amparos.

En el caso West Tankers, el abogado general Kokott, afirmó que la corte inglesa no tenía la autoridad para fallar sobre el amparo contra litigios extranjeros por la razón que violaba la autonomía de las cortes italianas. La Corte Europea de Justicia aceptó este razonamiento(21). Falló que la práctica en proferir amparos contra litigios extranjeros relacionados con el arbitraje violaban el Reglamento de Bruselas I(22), el cual excluye el arbitraje de su alcance. “Las actuaciones... que conllevan a la adopción de un amparo contra litigios extranjeros” afirmó la Corte Europea de Justicia, “no puede por lo tanto, estar dentro del ámbito del Reglamento n.º 44/2001”. Pero entonces la Corte Europea de Justicia encontró una razón de por qué las actuaciones arbitrales podrían ser tenidas en cuenta. Dispuso:

“Sin embargo, aunque las actuaciones no están dentro del ámbito del Reglamento n.º 44/2001, ellas pueden tener consecuencias que imposibiliten su efectividad, fundamentalmente evitando la consecución de los objetivos de unificación de los reglamentos de conflicto de jurisdicción en asuntos civiles y comerciales y la libre circulación de las decisiones en esos asuntos. Esto es así, inter alia, cuando dichas actuaciones eviten que una corte de otro Estado miembro ejerza la jurisdicción conferida por el Reglamento n.º 44/2001”.

La Corte Europea de Justicia entonces señaló que las actuaciones en Italia estaban dentro del ámbito de Bruselas I, y que “el uso del amparo contra litigios extranjeros para evitar que una corte de un Estado miembro, que normalmente tiene jurisdicción para solucionar una controversia bajo el artículo 5(3) del Reglamento 44/2001, fallara... sobre la aplicabilidad del reglamento a la controversia presentada significa necesariamente el quitarle a esa corte el poder de fallar sobre su propia jurisdicción”, bajo Bruselas I.

La Corte Europea de Justicia también se basó en la doctrina de la confianza mutua, afirmando, “Dicho amparo contra litigios extranjeros va en contra de la confianza que los Estados miembros otorgan a los sistemas jurídicos de uno y otro, y a las instituciones judiciales sobre las que el sistema de jurisdicción bajo el Reglamento 44/2001 se basa...”. Consecuentemente, una actuación de amparo contra litigios extranjeros en una corte londinense no es compatible con el Reglamento de Bruselas I.

La jurisprudencia ha apoyado la doctrina de la confianza mutua para armonizar todas las cortes europeas. Sin embargo, existe una preocupación en que los West Tankers impulsen la presentación de acciones de mala fe(23). Se podría argumentar que la prohibición en contra de una corte de la Unión Europea que tenga en cuenta una solicitud de un amparo contra litigios extranjeros que afecte una actuación en la corte de otro Estado miembro, podría conllevar a las partes a buscar un arbitraje en países por fuera de la Unión Europea.

El futuro de la excepción del arbitraje

El fallo Turner ha expuesto las ambigüedades de la excepción del arbitraje en el Reglamento de Bruselas I. El informe Heidelberg del 2007(24), el cual es un resultado de una investigación empírica sobre la aplicación de Bruselas I en 24 Estados miembros, señaló que los Estados miembros parecen querer cambiar la excepción de arbitraje —ellos “muestran una tendencia a no extender la regulación de fallos al arbitraje”—. Sin embargo, el informe concluyó que existen dificultades prácticas en relación con la exclusión, las cuales deben abordarse: “Tal como se ha demostrado, la situación actual no es aceptable y los puntos de contacto entre la regulación de fallos y el arbitraje deben abordarse de una manera más sofisticada que mediante la exclusión global del arbitraje...”. El informe abogó por dos caminos, uno de los cuales eliminaría la excepción y el otro se referiría al punto de contacto entre Bruselas I y el arbitraje de una manera positiva.

En el mes de septiembre del 2010, el Parlamento europeo, en una resolución sobre la implementación y revisión del Reglamento de Bruselas I(25), sin titubear rechazó una eliminación parcial en cuanto a excluir el arbitraje. Señaló en su parágrafo I: “El arbitraje se trata adecuadamente mediante la Convención de Nueva York de 1958 y mediante la Convención de Ginebra de 1961 sobre Arbitraje Comercial Internacional, del cual todos los Estados miembros son parte, y la exclusión del arbitraje del alcance de las disposiciones debe continuar”.

Solo unos meses después, en diciembre del 2010, la Comisión Europea presentó su propuesta final para reformar el Reglamento de Bruselas I(26). Este documento propuso un mecanismo especial lis pendens en el artícu­lo 29(4) C.P. para abordar el evento en el cual una actuación interpuesta ante una corte, es iniciada en un Estado miembro de la Unión Europea, la cual se encuentra relacionada con una actuación arbitral con sede en otro Estado miembro.

Bajo el artículo 29(4), una vez que un tribunal arbitral o una corte estatal en su sede están a cargo de las actuaciones para determinar la validez de un acuerdo arbitral, ya sea “como su objetivo principal o como una cuestión incidental”, las cortes de cualquier otro Estado miembro, cuya jurisdicción sea recusada sobre la base de este acuerdo arbitral, deberán suspender los procedimientos o, si su legislación nacional así lo determina, declinar a su jurisdicción.

La Comisión Europea presentó su reforma del Reglamento de Bruselas I con el fin de evitar conflictos jurisdiccionales. La propuesta de la Comisión Europea resolvería algunos de estos problemas en la medida en que involucran a las cortes de los Estados miembros de la Unión Europea, pero no influiría en el problema de las actuaciones paralelas entre un tribunal arbitral y una corte debido a la doctrina Kompetenz-Kompetenz.

Conclusión

Se espera que los árbitros apliquen la ley de la Unión Europea al fondo de una controversia, sin embargo a ellos no le es permitido solicitar a la Corte Europea de Justicia que profiera fallos preliminares interpretando la ley de la Unión Europea debido a que la Corte Europea de Justicia ha fallado que un tribunal arbitral no es “una corte o tribunal de un Estado miembro” bajo el artículo 267 del TFEU(27). Este fallo dispone que la Corte Europea de Justicia no debe tener en cuenta el arbitraje contractual como un método alternativo de resolución de controversias, a pesar del hecho de que el arbitraje es reconocido como un medio para solucionar controversias que nazcan de un contrato en el que la Unión Europea sea parte.

Esta situación prolonga la situación de evitar tanto el arbitraje como los acuerdos de elección de foro, incrementando por lo tanto el riesgo de actuaciones paralelas. En resumen, reduce la calidad de la justicia.

El Informe Heidelberg es acertado al sugerir la eliminación de la excepción arbitral. Pero esto no es suficiente. La Corte Europea de Justicia debería otorgar a los tribunales arbitrales el mismo estatus que tienen las cortes, tratándolos como cortes o tribunales de los Estados miembros. La situación actual perjudica tanto al arbitraje como a las cortes y genera un daño a la comunidad comercial.

1 G. Zekos. International Commercial and Marine Arbitration —Rout-ledge-Cavendish 2008—.

2 Pekka Pohjankoski. “Can International Arbitration Remain Unaffected by EU Law? Anti-Suit Injunctions and the Scope of the Arbitration Exception”. 2010(2) Helsinki, L. Rev. pp. 81-115.

3 Esta convención reemplazó un número de tratados bilaterales y multilaterales entre los países europeos en relación con la ejecución de fallos sobre asuntos civiles —y algunas veces sobre laudos arbitrales—. El preámbulo señala que al extender los principios de la Convención de Bruselas a los Estados que son parte de este instrumento, la cooperación jurídica y económica en Europa se fortalecerá.

4 Reglamento del Consejo —EC— n.º 44/2001 sobre la jurisdicción, el reconocimiento y la ejecución de fallos en asuntos civiles y comerciales. OJ, n.º L. 12/1, 16.1, 2001.

5 OJ, L. 177, 4.7, 2008, pp. 6-16.

6 La CEJ antecedió la formación de la UE.

7 La CEJ afirmó en NV Algemene Transporten Expeditie Onderneming van Gend. En Loos v. Nederlandse Administratie der Belastingen, caso 26/62 —feb. 5/1963—, que la ley europea no solamente genera obligaciones para los Estados miembros, sino también derechos para los individuos. Uno de estos derechos es la habilidad de los ciudadanos de los países de la UE en la búsqueda del cumplimiento de los tratados, las regulaciones, las directivas y las decisiones de las instituciones de la UE, en sus cortes nacionales.

8 Paul P. Craig y Gráinne de Búrca. EU Law, Text, Cases and Materials —4th ed. Oxford Univ. Press, 2008—. Ver la Decisión de la CEJ, Simmenthal SpA v. Commission of the European Communities, Caso C-106/77 —mar. 9/78— ¶ 17; Decisión de la CEJ, Exportur SA v. LOR SA, and Confiserie du Tech SA, caso C-3/91 —nov. 10/92] en ¶ 8. Ver Dariusz Kloza, “E-commerce and the Recognition and Enforcement of Judgments in the Latest EU Developments” 21(4), Masaryk Univ. J. L. & Tech. —2010—.

9 Craig y De Búrca, supra nota 8.

10 Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH v. Reederei Mond Hochseefischerei Nordstern AG & Co. KG and Reederei Friedrich Busse Hochseefischerei Nordstern AG & Co., caso 102/81, KG —1982— ECR 01095 —mar. 23/82—. El fallo de la CEJ en el caso Denuit and Cordenier —C-125/04— del 27 de enero del 2005, está de acuerdo con la jurisprudencia de la CEJ bajo la cual las cortes de arbitraje no podrán acudir a la CEJ para una decisión prejudicial.

11 Nordsee supra nota 10. Allianz SpA v. West Tankers Inc., caso C-185/07, Allianz SpA v. West Tankers Inc., 3 W.L.R. 696 —2009—. H. Seriki, “Anti-Suit Injunctions and Arbitration: A Final Nail in the Coffin”, 23(1) J. Int’l Arb. 25 —2006—.

12 Adrian Briggs, Agreements on Jurisdiction and Choice of Law 504–11 —Oxford Univ. Press, 2008—.

13 Eco Swiss China Time Ltd v. Benetton International NV, caso C-126/97 [1999] ECR I-03055; G. Zekos, Eco Swiss v Benetton: Court’s Intervention in Arbitration, 17 J. Int’l Arb. 91 —2000—.

14 March Rich & Co. AG v. Societá Italiana Impianti PA, caso C-190/89 —25.7.1991—, puntos 8-11; Accentuate Ltd.v. Asigra Inc. —2009— EWHC 2655 —QB—, sostuvo que una cláusula de arbitraje y jurisdicción canadiense no era ejecu­table debido a que dicha cláusula conllevaría a que las regulaciones de la UE no fueran tenidas en cuenta.

15 Van Uden Maritime BV v. Komand itgesellschaft. En: Firma Deco Line and Another, —17.11.1998—, punto 18.

16 Id. en ¶ 24.

17 Id. en ¶ 25.

18 West Tankers v. RAS Riunione Adriatica di Sicurta SpA y otros —2007— UKHL 4.

19 Audley Sheppard. “Anti-Suit Injunctions in Support of Arbitration” —2005— 8(2) Int’l Arb. L. Rev., 20-212 —2005—.

20 Gregory Paul Turner v. Felix Fareed Ismail Grovit, Harada Ltd. and Change - point SA, caso C-159/02 —2004— ECR I-03565; Through Transport Mutual Ins. Ass’n —Eurasia— Ltd v. New India Assurance Co. Ltd. —2004—, EWCA Civ 1598.

21 West Tankers, 3 W.L.R. at 715. “Una pretensión de indemnización, esas actuaciones están dentro del alcance de la Regulación 44/2001, un tema preliminar y en relación con la aplicabilidad de un acuerdo arbitral, incluyendo en particu­lar su validez, la cual también está dentro de su alcance de aplicación”. La corte se basó en Turner v. Grovit, caso C-159/02, 3 W.L.R. 1193 —2005— (confirmando la regulación, en cuanto al incumplimiento de una cláusula exclusiva de jurisdicción, a pesar de que el primer conjunto de actuaciones fue presentado por una parte de mala fe).

22 Allianz SpA and Generali Assicur - azioni Generali SpA v. West Tankers Inc., caso C-185/07 —2009—.

23 Erich Gasser GmbH v. MISAT Srl., caso C-116/02, 2003, E.C.R. I-14693, Gregory Paul Turner, supra nota 20. Pierre Véron, ECJ Restores Torpedo Power, 35 Int’l Rev. Intell. Prop. & Competition L. 638 —2004—.

24 B. Hess et ál. Report on the Application of Regulation Brussels I in the Member States, ¶¶ 115, 131 —Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, 2007—.

25 Resolución del Parlamento Europeo del 7 de septiembre de 2010, sobre la implementación y revisión de la Regulación del Consejo —EC— 44/2001 en relación con la jurisdicción y la ejecución de fallos en asuntos civiles y comerciales —2009/2140(INI)— ¶ 8, disponible en www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-0304.

26 COM —2010—, 748 final.

27 Ver Zekos, supra nota 1.