Auto 801-11759/2013-801-124 de agosto 20 de 2014

Superintendencia de Sociedades

Partes:

Beatriz Helena Obando Benjumea

contra

Oben Muebles S.A.

Asunto:

Artículo 24 del Código General del Proceso

Trámite:

Proceso verbal sumario

I. Antecedentes

1. El 9 de julio de 2014, Beatriz Helena Obando presentó ante este despacho una demanda en contra de Oben Muebles S.A.

2. En el escrito presentado, la demandante solicitó el decreto de medidas cautelares, con el fin de salvaguardar los derechos en litigio.

II. Consideraciones del despacho

Este despacho se ha pronunciado en múltiples oportunidades acerca de los presupuestos que deben acreditarse para establecer la procedencia de medidas cautelares en conflictos societarios(1). Tales presupuestos han sido derivados de lo previsto en el artículo 590 del Código General del Proceso, así como de la aplicación de esta norma en los diversos casos sometidos a consideración de esta delegatura. Es así como, para decretar medidas cautelares de la naturaleza solicitada, debe efectuarse un cuidadoso análisis de los elementos de juicio disponibles, a fin de analizar las probabilidades de éxito de la demanda y evaluar el interés económico del demandante, según se expresa a continuación.

1. Las probabilidades de éxito de las pretensiones formuladas en la demanda.

El primero de los presupuestos mencionados consiste en un examen preliminar de los diferentes elementos de juicio disponibles en esta etapa del proceso, para efectos de determinar, con alguna precisión, las probabilidades de éxito de las pretensiones formuladas por el demandante. Este presupuesto se deriva de la denominada apariencia de buen derecho a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso. Como lo ha explicado el despacho en varios pronunciamientos, este análisis preliminar no conlleva, en forma alguna, un prejuzgamiento que le impida al juez pronunciarse más adelante acerca del fondo del asunto(2). Al tratarse de una valoración previa de las pruebas disponibles cuando se solicita la medida cautelar, es perfectamente factible que, al momento de dictar sentencia, se llegue a una conclusión diferente de la expresada en el auto de medidas cautelares(3).

Formuladas las anteriores precisiones, se analizará ahora la solicitud presentada ante este despacho, a fin de estimar, de modo preliminar, si en la demanda se acreditó que las pretensiones tienen una probabilidad de éxito que justifique el decreto de una medida cautelar.

Las pretensiones de la demandante encuentran fundamento en la posible violación de las disposiciones contenidas en un acuerdo celebrado entre los accionistas de Oben Muebles S.A. En el aludido convenio parasocial, denominado Protocolo de familia, se han establecido algunas calificaciones profesionales que deben acreditar los sujetos que se proponen ocupar el cargo de representante legal de la compañía. Entre tales requisitos se encuentra el consignado en el parágrafo 1º del artículo 18, a cuyo tenor, “cualquier firmante accionista que desee ser gerente general debe poseer por lo menos un título profesional en el área de las ciencias administrativas” (vid. fl. 76). Según la demandante, la decisión de la junta directiva de Oben Muebles S.A. de designar a Maria del Socorro Obando como representante legal principal contravino la citada regla, puesto que la señora Obando no cumple con los requisitos profesionales determinados en el estudiado protocolo de familia.

Este despacho se ha pronunciado en varias oportunidades acerca de los mecanismos judiciales disponibles para remediar la transgresión de un acuerdo de accionistas. Así, por ejemplo, en la Sentencia 801-016 del 23 de abril de 2013 se explicó que “en nuestro régimen societario existen diversas maneras de hacer efectivo un acuerdo de voto celebrado por los accionistas de una sociedad anónima. Por una parte, el incumplimiento de un convenio de esa naturaleza puede dar lugar a la ejecución específica de las obligaciones correspondientes. Esta acción judicial, descrita en el parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 1258 de 2008, puede presentarse ante la Superintendencia de Sociedades en el caso de las sociedades anónimas, por disposición de los artículos 252 de la Ley 1450 de 2011 y 24 del Código General del Proceso. De otra parte, en los términos del artículo 70 de la Ley 222 de 1995, es factible controvertir los votos computados en contra de lo pactado en un acuerdo oponible a la sociedad, con el fin de impugnar la correspondiente determinación asamblearia”.

Dicho lo anterior, debe advertirse ahora que las pruebas disponibles en esta temprana etapa del proceso parecen servirle de sustento a las pretensiones formuladas por la demandante. Ciertamente, en el acta correspondiente a la reunión de la junta directiva del 6 de junio de 2014 quedó constancia de la oposición de varios directores a la postulación de la señora Maria del Socorro Obando como representante legal principal de Oben Muebles S.A. Según aparece en el acta mencionada, los directores Beatriz Obando y Hugo Obando invocaron el protocolo de familia suscrito entre los accionistas de la compañía para controvertir la designación de la nueva representante legal (vid. fls. 17 y 18). A pesar de lo anterior, el nombramiento de María del Socorro Obando como representante legal de Oben Muebles S.A. fue aprobado por tres de los cinco directores presentes en la reunión del 6 de junio de 2014, vale decir, Francisco, María Victoria y José Gabriel Obando Benjumea.

En este punto debe decirse que aún no es claro si la nueva representante legal de Oben Muebles S.A. tiene las calificaciones profesionales exigidas en el protocolo de familia. Sin embargo, existen indicios de que la señora Maria del Socorro Obando no cuenta con un “título profesional en el área de las ciencias administrativas”. Por ejemplo, durante la reunión del 6 de junio, el director Francisco Obando parece haber desconocido el carácter vinculante del convenio parasocial analizado. Para el efecto, según consta en el acta de esa reunión, el señor Obando expresó que “corresponde a la junta directiva elegir a quien hará las veces de gerente; sobre el protocolo de familia es un acuerdo privado que en ningún caso puede contrariar la ley y menos los estatutos” (vid. fl. 17). Además, ante las preguntas acerca de las calificaciones profesionales de la señora María del Socorro Obando, el señor Francisco Obando manifestó que “es una persona de la casa, que tiene su talante […] Mariana tiene un perfil comercial dentro de la organización” (vid. fl. 19). Tanto el desconocimiento de los efectos vinculantes del protocolo de familia, como la renuencia a responder las preguntas formuladas acerca de las calificaciones profesionales de la señora Maria del Socorro Obando, apuntan a una posible violación del acuerdo de accionistas bajo estudio.

En este sentido, debe advertirse que es perfectamente factible, en criterio del despacho, que los accionistas de una sociedad anónima celebren acuerdos privados en los que se regule la designación de los administradores sociales(4). Tampoco puede perderse de vista lo expresado en la Sentencia 801-016 del 23 de abril de 2013, en la cual se censuró el incumplimiento de acuerdos de accionistas, en vista de la importante función económica que cumplen estos convenios, así como por la “necesidad de hacer efectivos los postulados que rigen la celebración y ejecución de contratos en Colombia”. De ahí que, por virtud de las pruebas disponibles en esta temprana etapa del proceso, el despacho considere necesario decretar una medida cautelar(5). Con todo, en lugar de suspender la decisión de designar a Maria del Socorro Obando como representante legal de Oben Muebles S.A., el despacho ordenará la inscripción de la correspondiente demanda en el registro mercantil. Además, se le ordenará a Maria del Socorro Obando que le informe al despacho si cumple con los requisitos profesionales establecidos en el protocolo de familia para ocupar el cargo de representante legal. Una vez el despacho reciba esta información, será posible establecer si debe ampliarse la medida cautelar decretada en este auto.

2. El interés económico de la demandante.

Tras una revisión del expediente, este despacho pudo constatar que la demandante cuenta con un interés económico legítimo en el presente proceso(6). En verdad, Beatriz Helena Obando Benjumea no solo detenta la calidad de accionista de Oben Muebles S.A. sino que, además, suscribió el protocolo de familia que es objeto de este proceso.

3. La caución.

Antes de que se decrete la medida cautelar solicitada, deberá prestarse una caución, en los términos previstos en el Código de Procedimiento Civil y el Código General del Proceso. Si bien en el artículo 590 del Código General del Proceso se establece que la caución debe ser “equivalente al 20% de las pretensiones estimadas en la demanda”, la demandante no le ha asignado un valor económico a sus pretensiones. No obstante, el mismo artículo 590 dispone también que “el juez, de oficio o a petición de parte, podrá aumentar o disminuir el monto de la caución cuando lo considere razonable”. Este despacho cuenta entonces con alguna discreción para fijar de la cuantía correspondiente a la caución.

En vista de que se ha ordenado apenas la inscripción de la demanda en el registro mercantil, el despacho considera que esta medida cautelar no tiene la virtualidad de generarle mayores perjuicios a Oben Muebles S.A. De ahí que una caución de $1.000.000 sea suficiente para cumplir con la exigencia del artículo 590 del Código General del Proceso.

En mérito de lo expuesto, el superintendente delegado para procedimientos mercantiles,

RESUELVE

1. Fijar una caución por la suma de $1.000.000, la cual deberá ser prestada por la demandante bajo cualquiera de las modalidades previstas en la ley para el efecto, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del presente auto. El decreto y práctica de la medida cautelar aquí descrita estará sujeto a la condición de que la demandante preste la caución a que se ha hecho referencia.

2. Una vez prestada la caución en forma debida, ordenar la inscripción de la demanda en el registro mercantil que lleva la Cámara de Comercio de Cali.

3. Una vez prestada la caución en forma debida, informarle al representante legal de Oben Muebles S.A., por el medio más expedito, acerca de la medida cautelar ordenada por este despacho.

4. Ordenarle a Maria del Socorro Obando que, dentro del término de cinco días, le informe al despacho si cuenta con un título profesional en el área de las ciencias administrativas, en los términos del parágrafo 1º del artículo 18 del protocolo de familia de Oben Muebles S.A.

Notifíquese y cúmplase.

José Miguel Mendoza, superintendente delegado para procedimientos mercantiles.

1 Cfr. autos 801-002289 del 20 febrero 2013 y 800-016014 del 19 noviembre 2012. Las providencias mencionadas pueden consultarse en la sección de jurisprudencia de la página de la Superintendencia de Sociedades, disponible en la siguiente dirección: www.supersociedades.gov.co/pmercantiles.html

2 Cfr. Auto 801-3311 del 8 de marzo de 2013.

3 En efecto, durante el curso del proceso pueden surgir elementos de juicio que le resten fuerza a los argumentos empleados por el juez para aceptar o rechazar la cautela. Cfr. Auto 801-3311 del 8 de marzo de 2013.

4 Cfr., por ejemplo, el Auto 801-12735 del 18 de junio de 2013. Sin embargo, la regla del protocolo de familia que gobierna la designación de representantes legales por parte de la junta directiva de Oben Muebles S.A. no parecería encajar dentro de los requisitos que contempla el artículo 70 de la Ley 222 de 1995 para la celebración de convenios que le sean oponibles a una sociedad. En todo caso, como se afirmó en la Sentencia 801-16 del 23 de abril de 2013, “la ejecución específica de un acuerdo de voto no presupone su oponibilidad ante la sociedad. Ciertamente, un accionista podría solicitar que se le impartan órdenes a la parte infractora […] sin impugnar directamente las decisiones adoptadas […]”.

5 Por supuesto que la determinación final sobre los asuntos debatidos en el presente litigio solo se producirá al momento de dictar sentencia, una vez el despacho cuente con la totalidad de los elementos probatorios pertinentes. En todo caso, para los efectos de este auto, debe considerarse cumplido uno de los presupuestos principales requeridos para decretar una medida cautelar, es decir, la apariencia de buen derecho a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso.

6 Según lo expresado en el Auto 800-4336 del 22 de marzo de 2013, el denominado “interés económico del demandante” conjuga varios de los elementos a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso, incluidos el interés para obrar y la necesidad de la medida cautelar solicitada.