Auto AP7400-2015/47247 de diciembre 16 de 2015

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

Dr. José Leonidas Bustos Martínez

AP7400-2015

Rad.: 47247

(Aprobado Acta 446)

Bogotá D.C. dieciséis de diciembre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Se considera

La Sala inadmitirá la demanda de casación que se estudia por no cumplir las exigencias mínimas de orden formal requeridas para su estudio de fondo, ni satisfacer los presupuestos básicos de idoneidad sustancial necesarios para la realización de los fines del recurso.

Ante todo debe precisarse es que la admisión a trámite de la demanda cuando se acude a la vía de la casación discrecional, por no cumplirse los presupuestos requeridos para acceder a la casación común, como ocurre en este caso, exige el cumplimiento de dos condiciones, (i) que el casacionista demuestre que la intervención de la Corte es necesaria para el desarrollo de la jurisprudencia o la protección de garantías fundamentales, y (ii) que el escrito cumpla las exigencias formales mínimas previstas en el artículo 212 de la Ley 600 de 2000.

Estos requerimientos no se encuentran satisfechos en el caso en estudio, pues el recurrente no menciona el fin que específicamente se propone con la interposición del recurso, si el desarrollo de la jurisprudencia o la salvaguarda de una garantía fundamental, o de ambos, y la demanda tampoco cumple las exigencias mínimas requeridas para erigirse en un escrito formalmente apto para la realización de los fines de la impugnación.

Por el contenido del cargo podría razonablemente entenderse que lo pretendido por el impugnante es que la Sala intervenga en aras de proteger la garantía fundamental del debido proceso, quebrantado por haberse adelantado el juicio y proferido las sentencias hallándose la acción penal prescrita, pero para que un ataque de esta naturaleza sea sustancialmente idóneo y abra paso a la casación discrecional, es necesario acreditar la consolidación del acontecer prescriptivo, a través de una exposición motivada que permita conocer con claridad los fundamentos fácticos y jurídicos de la tesis propuesta, derroteros que no son los que sirven de guía a la demanda.

Al pretender dar cumplimiento a las exigencias de fundamentación del cargo, el casacionista incurre en una serie de desatinos de orden fáctico y jurídico, producto, al parecer, de una confusión en la selección de la normatividad que regula la prescripción de la acción penal en los dos estatutos procesales actualmente vigentes (L. 600/2000 y L. 906/2004), y en la comprensión de su sentido y alcance, que impiden conocer con claridad cuál es la verdadera razón de ser de la censura.

En el marco de este estado de desorientación plantea varias hipótesis prescriptivas, carentes por completo de respaldo fáctico procesal, entre ellas, una prescripción ordinaria de 8 años contados a partir de la comisión del hecho; otra de cinco (5) años especial, por virtud, según sus cálculos, de la reducción del término prescriptivo, contados también a partir de la ocurrencia del hecho, cuya razón de ser no explica; y una tercera, igualmente de cinco (5) años, contados a partir de la resolución de acusación.

Además de estas inconsistencias argumentativas, que contradicen las exigencias de claridad, concreción y debida fundamentación de la demanda, el cargo, a la luz de lo dispuesto en los artículos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000(5), que son las normas aplicables al caso en virtud de la fecha y el Distrito Judicial en que ocurrieron los hechos, resulta totalmente infundado, como pasa a verse.

La prescripción de la acción penal, de acuerdo con el citado artículo 83, opera en un tiempo igual al máximo de la pena privativa de la libertad prevista para el delito por el que se procede, contados a partir de su consumación, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco (5) años, ni superior a veinte (20), salvo las excepciones que la misma norma prevé.

El artículo 86 ejusdem establece, por su parte, que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la resolución de acusación o su equivalente debidamente ejecutoriada, y que consolidada la interrupción del término prescriptivo, debe comenzar a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado en el artículo 83, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco (5) años ni superior a diez (10).

En el asunto que ocupa la atención de la Sala, O… L… fue juzgada y condenada por el delito de lesiones personales seguidas de perturbación funcional permanente de un órgano o miembro, conducta que el artículo 114 inciso segundo del Código Penal sanciona con pena privativa de la libertad de tres (3) a ocho (8) años de prisión y multa de veintiséis (26) a treinta y seis (36) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Esto significa que el término de prescripción en la fase de la instrucción es de ocho (8) años, contados a partir de la consumación del hecho, por ser el máximo de la pena prevista para el delito, y en el juicio de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, pues aunque la mitad de 8 años es 4 años, este término, por mandato legal, no puede ser inferior a cinco (5) años, como ya se dejó visto.

La resolución de acusación en este asunto causó ejecutoria el 15 de marzo de 2011, fecha en la cual la Fiscalía Quinta Delegada ante el Tribunal Superior de Santa Marta confirmó la proferida por la Fiscalía Séptima Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de la misma ciudad el 3 de febrero de 2009.

Los hechos investigados ocurrieron el 18 de julio de 2007. Contado el tiempo transcurrido desde entonces hasta la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación (mar. 15/2011), cuando operó la interrupción del término de prescripción, se establece que solo corrieron tres (3) años y ocho (8) meses, término que resulta muy inferior al de ocho (8) años requeridos para la consolidación del fenómeno prescriptivo.

Igual acontece con el término de prescripción en el juicio, pues si se cuenta el tiempo transcurrido desde la ejecutoria de la resolución de acusación (mar. 15/2011) hasta hoy día, se establece que es inferior a cinco (5) años, que es el exigido para que opere el fenómeno prescriptivo de la acción, y que éste solo se consolidaría el 15 de marzo del 2016.

Sostener, por tanto, como lo hace el casacionista, que la prescripción de la acción penal operó doblemente porque entre la fecha de los hechos y la sentencia de segunda instancia transcurrieron más de ocho años, y porque entre la acusación y el fallo de segunda instancia transcurrieron más de cinco (5) años, carece de sentido, porque omite tener en cuenta que el término de prescripción se interrumpe con la resolución de acusación ejecutoriada, y que en el juicio el tiempo se cuenta a partir de este momento, es decir, de la firmeza de la acusación, no de la fecha de su proferimiento.

Visto, entonces, que el casacionista no acredita que se esté frente a una situación que requiera la intervención de la Sala para proteger garantías fundamentales o desarrollar la jurisprudencia, se inadmitirá la demanda y se ordenará devolver el proceso a la oficina de origen, no advirtiendo violaciones a garantías fundamentales que la Corte esté en el deber de proteger de manera oficiosa.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE:

INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de O… L...

Contra esta decisión no proceden recursos.

Notifíquese y cúmplase».

(5) El artículo 86 fue modificado por el 6º de la Ley 890 de 2004.