Concepto CP133-2016 de agosto 31 de 2016

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Rad.: 47328.

Magistrado Ponente:

Dr. Gustavo Enrique Malo Fernández

Aprobado acta 274.

Bogotá, D.C., treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis.

Nota: Legis considera conveniente que los nombres y apellidos de las partes y los terceros sean reemplazados por sus iniciales y los datos por xxx, con el fin de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia.

Vistos

Procede la Corte a emitir concepto sobre la solicitud de extradición de los ciudadanos colombianos J.J.P.J. y C. M. P. R., elevada por el Gobierno de la República Argentina, de conformidad con lo establecido en el artículo 501 de la Ley 906 de 2004, toda vez que venció el término de traslado a los intervinientes, para alegar, en desarrollo del cual se pronunciaron el Ministerio Público y el defensor de P. J.

Antecedentes

1. Mediante las notas verbales MRC Nº 223/15 del 29 de octubre de 2015 y MRC Nº237/15 del 18 de noviembre de 2015, la Embajada de la República Argentina en Colombia, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores de este país, la detención preventiva con fines de extradición de los ciudadanos colombianos J.J.P.J. y C. M. P. R., respectivamente, quienes son requeridos por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, en la causa Nº 7.650/2014, seguida en su contra por presuntamente hacer parte de una célula criminal que intentó exportar desde Argentina sustancias estupefacientes en varias oportunidades. Dentro de dicho asunto, el 17 de septiembre de 2015, se les dictó orden de detención con el fin de que asistieran a audiencia de indagatoria.

2. Con Resolución del 30 de octubre de 2015, el Fiscal General de la Nación ordenó, con fines de extradición, la captura de P. J., quien había sido aprehendido en el municipio de Buga (Valle del Cauca), el 25 de octubre de 2015, en virtud de la Circular Roja de Interpol Nº A-7753/9-2015.

De igual manera, con resolución del 20 de noviembre siguiente ordenó, para los fines indicados, la captura de P. R., quien había sido detenido en la ciudad de Cali (Valle del Cauca) el 14 de noviembre anterior, pues, en su contra regía Circular Roja de la Interpol Nº A-7738/92015, expedida con fundamento en lo dispuesto por el citado despacho judicial argentino.

3. Posteriormente, con la nota verbal MRC Nº 260/15 del 9 de diciembre de 2015, la citada representación diplomática formalizó la petición de extradición de P. J. y P. R., enviando al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, dirección de asuntos jurídicos internacionales, el cuaderno de extradición activa de los ciudadanos colombianos requeridos para que respondan por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes —en la modalidad de comercio— agravado por la intervención de más de tres personas y contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional, en los que intervinieran más de tres personas, en grado de tentativa, dentro de la causa penal Nº 7.650/2014 tramitada por la juez nacional en lo criminal y correccional federal Nº 12 de la ciudad autónoma de Buenos Aires (República de Argentina).

4. Al encontrar perfeccionado el expediente, la oficina de asuntos internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, lo remitió a esta Sala, incorporando el concepto emitido por su homólogo de relaciones exteriores relativo a que entre las repúblicas de Colombia y Argentina se encuentran vigentes: la “Convención de extradición” suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933, la “Convención de naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”, signada en Viena el 20 de diciembre de 1988, y la “Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptada en New York, el 27 de noviembre de 2000.

5. Recibida la actuación en la Corte el 16 de diciembre de 2015 y provistos los reclamados con la defensa adecuada, el 8 de febrero hogaño se ordenó correr traslado a los intervinientes para pedir pruebas, término dentro del cual los abogados defensores de los requeridos presentaron algunas solicitudes probatorias, las cuales fueron negadas mediante auto del 16 de marzo de 2016, por considerarse que resultaban improcedentes.

6. Contra aquella decisión, el defensor de J.J.P.J., presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante proveído del 27 de abril del año cursante, ordenando la práctica de las siguientes pruebas: i) oficiar a la Cancillería colombiana para que solicitara al gobierno argentino el envío de todos los datos y documentos que permitieran individualizar a P. J.; y ii) oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, para que certificara si al mencionado, se le había expedido pasaporte.

7. A través de oficio DIAJI Nº 1072 del 6 de mayo de 2016, la directora de la oficina de asuntos jurídicos internacionales del Ministerio de Justicia y del Derecho, adjuntó copia de la nota verbal MRC Nº 134/16 del 7 de junio de 2016 y sus anexos, mediante la cual la Embajada de la República Argentina en Colombia, remitió los datos y la documentación que permitían individualizar a P. J., entre ellos, la Nota Nº 6266 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto —Dirección de Asistencia Jurídica Internacional— de Argentina.

8. Mediante oficio DIAJI Nº 1113 del 16 de mayo de 2016, la misma funcionaria remitió la respuesta allegada por la coordinación del grupo interno de trabajo de pasaportes —Sede Norte— (Bogotá), con el oficio S-GPSN-16-045717 del 12 de mayo de 2016(1), en el que esta última informó que, efectivamente, a P. J. se le expidió el 6 de octubre de 2011 en la ciudad de Bogotá el pasaporte Nº AN305.036.

9. No embargante lo anterior, el apoderado de P. J. decidió presentar ante la Secretaría de esta Sala, memorial mediante el cual aportó: a) copia de derecho de petición que radicó ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual solicitó copia autentica de los documentos soporte del pasaporte Nº AN305.036; b) copia de la respuesta brindada por la coordinadora del grupo interno de trabajo pasaportes zona norte ante el requerimiento; c) copia de denuncia penal que instauró ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de Usurpación de identidad del señor J.J.P.J., y Falsedad en documento público; y d) copia del documento de identidad de su prohijado, así como fotografías del mismo.

10. Por auto del pasado 8 de junio, se corrió traslado a los intervinientes por el término de cinco (5) días, para que presentaran sus alegatos, lapso dentro del cual se pronunciaron las defensas de los requeridos y el agente del Ministerio Público.

Sin embargo, a través de providencia del 6 de julio de 2016, esta Sala decidió anular dicha decisión, pues, se observó que la Coordinación del grupo interno de trabajo de pasaportes —Sede Norte— de esta ciudad, no había allegado de manera completa la prueba solicitada y, en consecuencia, se seguía generando incertidumbre sobre la plena identidad del solicitado P. J., por lo que se requirió a la referida autoridad para que acatara en su integridad lo ordenado en auto del 27 de abril de 2016, especialmente, lo relacionado con los documentos que sirvieron de soporte para la expedición del pasaporte Nº 305036, tales como la copia de la cédula de ciudadanía, huellas dactilares, fotografías y demás que permitieran identificar plenamente a la persona que solicitó la credencial ante las autoridades consulares.

11. Con fundamento en lo anterior, mediante Oficio Nº S-GPSN-16-063913 del 11 de julio de 2016, la Jefe de Oficina de Pasaportes Sede Norte (Bogotá), allegó, entre otros, el documento de identidad que sirvió de soporte para la expedición del pasaporte AN305.036.

Sin embargo, en cuanto al requerimiento de las huellas dactilares, anexó copia de correo electrónico de funcionario de la dirección de gestión, información y tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que informa que no se encuentra registro de las mismas, toda vez que de manera fraudulenta fue creado un impedimento de captura de huellas.

Además, arrimó al plenario orden de policía judicial expedida por la Fiscalía 156 Seccional de la unidad cuarta de delitos contra el Patrimonio Económico de Bogotá, en la que se solicitó a esa oficina algunos pasaportes de lectura mecánica, entre ellos, el que le fue expedido a P. J., pues, adelanta una investigación por el delito de Falsedad en documento público.

12. En vista de esta situación, se hizo necesario decretar la práctica de nuevas pruebas, por lo que se profirió auto el 18 de julio de 2016, ordenando oficiar a la jefe de oficina de pasaportes Sede Norte de la ciudad de Bogotá, a efectos que informara en qué consistía el procedimiento de impedimento de captura de huellas mencionado en su respuesta e indicara si era posible realizar el levantamiento de la restricción para acceder a las improntas dactilares de la persona que solicitó el pasaporte.

Igualmente, se dispuso oficiar a la Fiscalía 156 Seccional de la Unidad Cuarta de delitos contra el Patrimonio Económico, para que diera cuenta de todas las gestiones investigativas adelantadas dentro del proceso penal con número de radicación 110016103694201200507, especialmente, con relación al pasaporte AN305036.

13. Con oficio Nº 02362 del 21 de julio de 2016, la fiscal requerida dio detalles de la investigación adelantada contra varios funcionarios de la oficina de pasaportes que se encargaban de expedir estos documentos sin la presencia de los solicitantes y aplicando el levantamiento de huella sin justificación alguna, por lo que se empezó a sospechar de la falsedad de los mismos, pues, muchas veces los datos suministrados no coincidían con los que aparecían en la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Entre los pasaportes involucrados en esta actividad ilícita, corrobora, se encontró el expedido a nombre de J.J.P.J.

Subsiguientemente, la coordinadora del grupo interno de trabajo pasaportes sede norte de Bogotá, con oficio SGPSN-16-067053 del 26 de julio de 2016, allegó memorando I-GSI-16-017963 del 25 de julio hogaño, en el que señaló que el levantamiento de captura de huella es un mecanismo por el cual, de manera excepcional, se suprime el requisito de imponer la huella dactilar al solicitante de pasaporte, cuando esté impedido por razones físicas para imponerla; por esa razón “no existe registro de huella en la solicitud del pasaporte al que se haya realizado levantamiento de huella y por consiguiente no se puede acceder a esta”.

Una vez allegadas en su integridad las pruebas ordenadas dentro del trámite, se dispuso correr traslado por el término de 5 días a los intervinientes para que presentaran sus alegatos, de conformidad con el inciso tercero del artículo 500 de la Ley 906 de 2004, lapso dentro del cual se pronunciaron la Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal y el defensor de P. J.

Alegatos de las partes

1. Ministerio Público.

Luego de sintetizar la actuación, relacionar los documentos aportados con las solicitudes de extradición, citar la normatividad aplicable y precisar cuáles son los fundamentos del concepto a cargo de la Corte, la Procuradora 3º Delegada para la Casación Penal expuso respecto de la solicitud de extradición de P. J. que:

i) La documentación aportada tiene total validez; toda vez que contiene la información legalmente requerida y se surtió el trámite inherente a su autenticidad.

ii) Con relación a la afirmación del defensor del requerido, consistente en que se trata de un caso de homonimia, pues, su prohijado nunca ha salido del país, ni tampoco ha solicitado la expedición de pasaporte, señaló que de acuerdo con la certificación que allegó la coordinación del grupo interno de pasaportes sede norte, se constató que efectivamente existe un documento de esta naturaleza a nombre de P. J. desde el 6 de octubre de 2011, y que el mismo no ha sido tachado de falsedad por lo que se presume autentico.

Concluyó que de los documentos aportados por el Gobierno Argentino, la Cancillería Colombiana, Migración Colombia, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Fiscalía General de la Nación, se puede establecer claramente la identificación del solicitado; no obstante, solicitó la práctica de la prueba de carta dental y confrontación decadactilar con el fin de descartar cualquier duda existente sobre la verdadera identidad del solicitado en extradición.

iii) Las conductas imputadas por el país requirente se encuentran adecuadas como el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes en el territorio colombiano; además, se satisface el límite punitivo mínimo exigido para la procedencia de la extradición.

iv) El pronunciamiento judicial remitido se asimila en Colombia a la resolución de acusación.

Con respecto a la solicitud de extradición de C. M. P. R., estima igualmente que: i) se cumple con la validez formal de la documentación aportada, pues se especifican las conductas que motivaron el pedido de extradición, al igual que su lugar y fecha de comisión. Además, esta fue certificada por el funcionario habilitante de la unidad de coordinación de legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores; ii) el gobierno argentino suministró todos los datos que permiten identificar plenamente al requerido, los cuales, en efecto, fueron incorporados a la resolución del 20 de noviembre, mediante la que se decretó la captura de P. R.; iii) las conductas atribuidas, encuentran asidero en la normatividad colombiana con el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes; y iv) la providencia dictada por la autoridades argentinas se asemeja a la acusación en Colombia.

En virtud de lo anterior, pidió a la Corte emitir concepto favorable a las extradiciones de P. J. y P. R., no sin antes pedir que se exhorte al Gobierno Nacional para que advierta al país reclamante, que además de respetarle a los extraditables sus derechos y garantizarles el cumplimiento de las normas pertinentes del bloque de constitucionalidad, no se les juzgue por hechos diferentes a los que motivaron los pedidos, ni se les someta a pena de muerte, desaparición forzada, tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las sanciones de destierro, prisión perpetua y confiscación.

2. La Defensa de J.J.P.J.

Solicitó se conceptuara desfavorablemente a la petición de extradición del gobierno de la República de Argentina, por cuanto, dentro del plenario se encuentra ampliamente demostrado que la identidad de su prohijado fue suplantada por una persona desconocida en complicidad con funcionarios de las autoridades consulares colombianas, tal como quedó evidenciado dentro de la causa penal identificada con radicado 110016103694201200507, que adelantó la Fiscalía Seccional 156 de Bogotá, en contra de E. O. M. y otros.

Concepto de la Corte

1. Aspectos generales.

De conformidad con el artículo 35 de la Constitución Política, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 1997, la extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con lo que señalen los tratados públicos o, en su defecto, con lo que establezca la ley.

Para este asunto, tal y como lo certificó el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre la República de Colombia y Argentina se encuentran vigentes: la i) “Convención sobre Extradición”, suscrita en Montevideo el 26 de diciembre de 1933; ii) La “Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas” suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988 y iii) la “Convención de las naciones unidas contra la delincuencia organizada transnacional”, adoptada en New York el 27 de noviembre del 2000.

Así, la competencia atribuida a la Corte por los referidos instrumentos internacionales, de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 502 de la Ley 906 de 2004, dentro del trámite de extradición se circunscribe a expresar un concepto sobre la procedencia de entregar o no a las personas solicitadas por el país extranjero, después de verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos: validez formal de la documentación presentada, el principio de la doble incriminación, la equivalencia de la resolución proferida en el país requirente y la demostración plena de la identidad del solicitado. Todo ello, en concordancia con lo dispuesto por los tratados públicos.

Queda así verificada, entonces, la vigencia de los tratados y convenios que regulan la materia, y la normatividad aplicable al presente asunto.

2. Requisitos formales

2.1. Validez de la documentación aportada.

El artículo 5º de la Convención sobre Extradición, suscrita en Montevideo, establece que la solicitud deberá hacerse por el respectivo representante diplomático y, a falta de éste, por agentes consulares o directamente de gobierno a gobierno, acompañada de los siguientes documentos: i) copia auténtica de la sentencia ejecutoriada si la persona requerida se encuentra condenada, ii) copia auténtica de la orden de detención si se trata de un acusado, con indicación de los hechos imputados y copia de las normas sustanciales aplicables al caso y de las que regulan la prescripción de la acción o de la pena, y iii) en cualquier caso, los datos que permitan la identificación de la persona solicitada.

En el sub examine esas exigencias se cumplieron a cabalidad, pues las solicitudes de extradición fueron presentadas por vía diplomática a través de las notas verbales MRC Nº 223/15 del 29 de octubre de 2015, MRC Nº 237/15 del 18 de noviembre del mismo año, y MRC Nº 260/15 del pasado 9 de diciembre. A las anteriores adjuntaron los siguientes documentos:

1. Solicitud del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12, del 17 de noviembre de 2015, elevada al director de asistencia jurídica internacional del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto de la Nación de Argentina, con el fin que éste último comunique al Fiscal General de la Nación colombiano que formalice la detención preventiva de C. M. P. R.

2. Vistas fotográficas de C. M. P. R.

3. Auto dictado por el juzgado referido anteriormente, el 17 de septiembre de 2015, ordenando, entre otras cosas, la detención de los requeridos para su asistencia a audiencia de indagatoria dentro de la causa penal Nº 7.650/2014.

4. Auto librando exhortos diplomáticos con el fin de obtener la extradición de C. M. P. R., del 17 de noviembre de 2015.

5. Auto librando exhortos diplomáticos, con el fin de obtener la extradición de J.J.P.J., del 27 de octubre de 2015.

6. Auto del 20 de octubre de 2015, dictado dentro de la causa Nº 7.650/2014, mediante el cual se decretó el procesamiento de otros involucrados en el delito objeto de actuación penal.

(sic) 6. Con relación a las disposiciones del Código Penal Argentino (arts. 5º, inc. C, 11, inc. “C”, de la L. 23.737; 863, 865 - inc. A, 866 —párrafo segundo— y 871 del Código Aduanero, y 55 del Código Penal de la Nación), aplicables a este asunto, en la solicitud enunciada en el numeral 1º, la juez realizó una transcripción de las mismas y además indicó que podían ser consultadas en la página web oficial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación de Argentina (http://www.infojus.gob.ar/)”(2).

Los documentos enunciados aparecen debidamente certificados por el Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Buenos Aires, y en ellos se encuentran especificados, entre otros aspectos, la presunta identidad de las personas reclamadas, los hechos y circunstancias que dieron origen a la acción penal, los elementos materiales probatorios que sustentan el caso, la descripción de los delitos cometidos, y las normas sustanciales que definen y sancionan penalmente las conductas.

Adicionalmente, aportaron constancia de apostilles expedidos por la Unidad de Coordinación de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina.

Atendiendo el requerimiento realizado por esta Sala, mediante nota verbal MRC Nº 134/16 del pasado 7 de junio, la Embajada de la República de Argentina en Colombia, remitió los documentos que contienen los datos que permiten individualizar a J.J.P.J., dentro de los cuales se encuentran, la nota Nº 6266/16 del 6 de junio de 2016, en la que el Ministerio de Relaciones y Culto —Dirección de Asistencia Jurídica Internacional— le envía a la Embajada de la República de Colombia, certificación de los datos y vistas fotográficas de J.J.P.J. y C. M. P. R.

Con fundamento en las anteriores premisas, se puede concluir que las exigencias del artículo 5º de la referida Convención sobre extradición, se cumplieron por el país requirente. En consecuencia, los documentos aportados son formalmente válidos, aptos y suficientes para ser considerados en el estudio a cargo de la corporación.

2.2. Principio de la doble incriminación.

La Corte tiene dicho que para establecer si la conducta que se le imputa al requerido en el país solicitante es considerada como delito en Colombia, debe hacerse una comparación entre las normas que sustentan la sindicación con las de orden interno, para establecer si éstas también recogen los comportamientos contenidos en cada uno de los cargos.

Al efecto, el artículo 1º, literal b), de la Convención sobre extradición suscrita en Montevideo, exige para la procedencia de la extradición que la conducta imputada a la persona reclamada se encuentre tipificada como delito en las legislaciones de los países requirente y requerido; y, que la conducta punible se sancione con pena mínima de un (1) año de privación de la libertad.

Además, de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambos países suscribieron el 20 de diciembre de 1988, la Convención de naciones unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuyo propósito “es promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional”(3).

Ahora bien, a los ciudadanos colombianos J.J.P.J. y C. M. P. R., se les requiere en extradición para ser juzgados por delitos de tráfico de estupefacientes, que en las normas penales argentinas se denominan “Tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de más de tres personas” y “Contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional, en los que intervinieran más de tres personas, en grado de tentativa”, tipificados en los artículos 5 —inciso c—, 11 —inciso c— de la Ley 23.737. Igualmente en los artículos 863, 865 —inciso A—; 866 —párrafo segundo—; 861 del Código Aduanero —Ley 22.415—; y 55 del Código Penal de la Nación.

En la documentación aportada, los hechos que sustentan la sindicación se reseñan de la siguiente manera:

Conforme surge de las constancias agregadas a la causa antes referida, se atribuye [a los nombrados] haber tomado parte en una compleja organización criminal conformada por una considerable cantidad de sujetos, en los que se encontrarían al menos (…), dedicada al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y al lavado de activos provenientes de esa actividad, para lograr así el financiamiento y la vigencia de la estructura delictiva con un alto grado de organización y división de roles.

Estas maniobras tendrían impacto tanto en el orden nacional como en terceros países, de ahí su carácter internacional y transnacional, develándose a través de la pesquisa distintas vinculaciones con otras células criminales asentada en otros Estados (Bolivia, Paraguay, Uruguay, España, Portugal, Guinea Bissau, entre otros), que tendrían los mismos objetivos y que también responderían a una sola organización central, de mayor envergadura, existente en la República de Colombia.

Como ya se anotó, en los autos dictados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Buenos Aires, que solicitan la extradición de P. J. y P. R., se encuadró típicamente los comportamientos en los delitos de “Tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de comercio agravado por la intervención de más de tres personas” y “Contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional, en los que intervinieran más de tres personas, en grado de tentativa”, regulados en los artículos 5 —inciso c— y 11 —inciso c— de la Ley 23.737. Igualmente en los artículos 864(4), 865 —inciso A—; 866 —párrafo segundo—; 861 del Código Aduanero —Ley 22.415—; en concordancia con el 55 del Código Penal de la Nación. Dichas disposiciones consagran:

El artículo 5º, inciso c, de la Ley 23.737 señala:

“Sera reprimido con reclusión o prisión de cuatro a quince años y multa de seis mil a quinientos mil australes el que sin autorización o con destino ilegitimo:

C) comercie con estupefacientes o materias primas para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización, o los distribuya, o de en pago o almacene o transporte”

A su turno el artículo 11, inciso c, ídem, preceptúa:

“Las penas previstas en los artículos precedentes serán aumentadas en un tercio del máximo a la mitad del mínimo, sin que las mismas puedan exceder el máximo legal de la especie de pena de que se trate:

c) Si en los hechos intervinieran tres o más personas organizadas para cometerlos”.

El artículo 864 del Código Aduanero Argentino, establece:

“Será reprimido con prisión de dos (2) a ocho (8) años el que:

a) Importare o exportare mercadería en horas o por lugares no habilitados al efecto, la desviare de las rutas señaladas para la importación o la exportación o de cualquier modo la sustrajere al control que corresponde ejercer al servicio aduanero sobre tales actos;

b) Realizare cualquier acción u omisión que impidiere o dificultare el control del servicio aduanero con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero o fiscal distinto al que correspondiere, a los fines de su importación o de su exportación;

c) Presentare ante el servicio aduanero una autorización especial, una licencia arancelaria o una certificación expedida contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regularen su otorgamiento, destinada a obtener, respecto de la mercadería que se importare o se exportare, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere;

d) Ocultare, disimulare, sustituyere o desviare, total o parcialmente, mercadería sometida o que debiere someterse a control aduanero, con motivo de su importación o de su exportación;

e) Simulare ante el servicio aduanero, total o parcialmente, una operación o una destinación aduanera de importación o de exportación, con la finalidad de obtener un beneficio económico”.

Por su parte, el artículo 865, inciso A, del mismo código, indica:

Se impondrá prisión de cuatro (4) a diez (10) años en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 863 y 864 cuando:

a) Intervinieren en el hecho tres (3) o más personas en calidad de autor, instigador o cómplice.

El párrafo segundo del artículo 866, Ídem, dispone:

Estas penas serán aumentadas en un tercio (1/3) del máximo y en la mitad (1/2) del mínimo cuando concurriere alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), d) y e) del artículo 865, o cuando se tratare de estupefacientes elaborados o semielaborados, que por su cantidad estuviesen inequívocamente destinados a ser comercializados dentro o fuera del teritorio nacional.

El artículo 871, Ibídem, instituye:

Incurre en tentativa de contrabando el que, con el fin de cometer el delito de contrabando, comienza su ejecución pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad.

Por último, el artículo 55 del Código Penal de la Nación, instaura:

Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo, el mínimo mayor y como máximo, la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos.

Sin embargo, esta suma no podrá exceder de (50) cincuenta años de reclusión o prisión.

En el ordenamiento penal colombiano, esos hechos encuadran en las conductas punibles de concierto para delinquir con fines de narcotráfico (art. 340-2 C.P) y de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado (arts. 376 del C.P). Obsérvese la descripción típica de estas conductas punibles en Colombia:

“Artículo 340.—Concierto para delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir.

Artículo 376.—Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El que sin permiso de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los cuadros uno, dos, tres y cuatro del convenio de las naciones unidas sobre sustancias sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En suma, la exigencia de la doble incriminación también se cumple, ya que sin lugar a dudas no solo se trata de conductas tipificadas en ambos ordenamientos, sino que también se colma con creces el requisito concerniente al monto punitivo mínimo.

2.3. Naturaleza de la providencia extranjera.

El artículo 5º de la Convención sobre Extradición, exige que el país requirente aporte copia de la sentencia si la persona requerida se halla condenada o, de tratarse de un acusado, deberá allegar la orden de detención proferida por un juez competente, acompañada de una relación precisa de los hechos imputados y de las normas sustanciales aplicables al caso.

Para dar cumplimiento a esta exigencia, la Embajada de la República Argentina aportó copia autenticada del auto dictado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº12 de Buenos Aires, el 17 de septiembre de 2015, disponiendo que P. J., P. R. y otras personas, fueran oídas en audiencia de indagatoria y detenidas para ser conducidas a los estrados de ese tribunal.

En ese mismo proveído realiza un recuento detallado de los hechos por los cuales considera que existe motivo suficiente para sospechar que J.J.P.J. y C. M. P. R., han participado en la comisión de los delitos mencionados en el acápite anterior, de la siguiente manera:

“Las medidas concretadas hasta el momento han permitido conocer con mayor detalle el grupo criminal investigado en autos, caracterizado por un alto grado de organización y división de roles, como así también marcado verticalismo entre sus integrantes:

(…)

En el siguiente estrato, corresponde ubicar a quienes ocuparían el nivel medio de la célula criminal, pero sus funciones se vincularían estrechamente con la asistencia y realización de las directivas impartidas por quienes se encuentran por arriba de estos sujetos:

(…)

12. C. M. P. R. (alias “Primo”, titular del documento nacional de identidad Nº 94.758.336, pasaporte colombiano Nº AQ200.512, documento colombiano CC. 16.221.061): se encontraría directamente vinculado a su primo H. I. R. y a C. O. S. C. Su función tendría que ver con la detentación directa del material estupefaciente, aunque también coordinaría parte de las tratativas con quienes se hallan ubicados en los estratos inferiores de la banda.

De seguido, corresponde señalar que ocuparían un nivel más abajo distintos sujetos que estarían relacionados con las maniobras de tráfico directas, es decir, con el transporte, almacenamiento y acondicionamiento de la droga, casi todos ellos vinculados directamente con G. E. M. L.

Así, cabe mencionar en esta línea a:

(…)

28. J.J.P.J. (titular del pasaporte colombiano Nº AN305.036, documento colombiano nº CC xxx.xxx.xxx).

(…)

b. Posteriormente, encontrándose este tribunal en turno con las fuerzas de seguridad, se dio inicio a la causa Nº 385/2015 a partir de la actividad desplegada por personal de la Comisaria 25ª de la Policía Federal Argentina como consecuencia de la comunicación anónima recibida ante el sistema “911”, siendo alertados de la comisión de un presunto delito contra la propiedad en el inmueble ubicado en la calle Niceto Vega 5.035 de esta ciudad.

Una vez en el lugar, tras ingresas al domicilio que presentaba su ingreso forzado y son (sic) ocupantes, hallaron en su interior setenta y nueve (79) envoltorios compactados en forma de “ladrillos” o “panes”, conteniendo sustancia estupefaciente elaborada a base de cocaína, y distintas bolsas con la misma droga, todo ello con un peso total estimado de 84.955 gramos.

Así mismo, se secuestraron diversos elementos en principio vinculados con su acondicionamiento, tales como bolsas tipo “Ziploc”, bicarbonato de sodio, amoniaco, gran cantidad de globos tipo “piñata”, guantes de látex, rollos de papel film transparente y cintas adhesivas de embalar.

El devenir de la investigación permitió identificar que allí residían por entonces (…) y J.J.P.J., sujetos respecto de quienes se determinó con posterioridad estarían íntimamente relacionados con C. O. S. C., G. E. M. L. y E. V. F. (fojas 1264/1269 y 1449/1453).

Incluso, se registraron conversaciones en las que Edilberto Vargas Fernández le refiere a C. M. P. R. que “no se acerque a la vieja del arrendamiento”, en alusión a la persona identificada en esta causa como “Gladis García” (responsable de la inmobiliaria que les alquilara el inmueble), porque “estalló la bomba”, agregando que “perdieron” y demostrando preocupación porque “fue un par de veces ahí” y “tiene miedo de que haya quedado alguna fotico”, que por esa razón tenía al “negro” guardado, en referencia al automotor Volkswagen Vento, domino xxx-xxx, de ese color que registra a su nombre V. F.

De igual manera, en los autos mediante los cuales el juzgado en cuestión libra exhortos y solicita la extradición de los requeridos en esta causa, se detallan los delitos por los que están siendo solicitados para asistir a audiencia de indagatoria, con transcripción de las normas sustanciales aplicables al caso.

Por lo anterior, este requerimiento también se cumple a cabalidad.

2.4. Causales de improcedencia de la extradición.

El artículo 3º de la Convención sobre extradición suscrita en Montevideo, establece que el Estado requerido no está obligado a conceder la extradición cuando (i) la acción penal o la pena hubiesen prescrito, según las leyes de ambos países; (ii) la persona solicitada haya purgado la pena o haya sido indultada o amnistiada en el país donde cometió el delito; (iii) haya sido o esté siendo juzgada por los mismos hechos en el Estado requerido; (iv) deba comparecer ante un tribunal o un juzgado de excepción del Estado requirente; y, (v) se trate de delitos políticos, puramente militares o contra la religión.

Por su parte, el artículo 35 de la Constitución Política de Colombia prohíbe la extradición por delitos políticos y por hechos cometidos con anterioridad al 17 de diciembre de 1997.

Ninguno de estos motivos concurre en el caso en estudio. En efecto, los delitos atribuidos no son de naturaleza política, militar ni religiosa. Tampoco se tiene conocimiento de que las personas reclamadas estén siendo juzgadas en Colombia por los mismos hechos, ni que hayan sido procesadas y dejadas en libertad por pena cumplida; beneficiadas con amnistía o indulto en el país requirente; ni que deban comparecer ante un tribunal de excepción en el país solicitante.

Además, los hechos en que se fundamentan los pedidos de extradición sucedieron desde el 2 de marzo de 2011, cuando la organización criminal de la que se dice son integrantes los requeridos, intentó exportar sustancias estupefacientes, circunstancia que permite descartar la posibilidad de que la acción se encuentre prescrita, teniendo en cuenta el contenido de los artículos 83 del Código Penal colombiano, de conformidad con el cual la acción penal prescribe en un tiempo igual al de la pena fijada en la ley para la conducta punible, y el 62-2 del Código Penal argentino, a cuyo tenor “La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación (…) 2º. Después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada por el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de prescripción exceder de doce años ni bajar de dos años (…)”.

2.5. Plena identidad de las personas requeridas en extradición.

Esta exigencia se orienta a establecer si el país requirente suministró información que permita individualizar e identificar a la persona reclamada, de suerte que cuando se produzca su captura no exista duda sobre tales aspectos.

Respecto de la identidad de C. M. P. R., de conformidad con las notas verbales MRC Nº 237/15 del 18 de noviembre de 2015, MRC Nº160/15 del 9 de diciembre siguiente y sus anexos, éste es titular del documento de identidad argentino DNI Nº 94.758.336, del pasaporte colombiano Nº AQ200.512 y de la cédula de ciudadanía colombiana Nº 16.221.061.

Por su parte, la persona capturada se identificó con el mismo nombre y documento de identidad colombiano, tal y como quedó registrado en la notificación de la resolución que ordenó su aprehensión, la respectiva acta de derechos y la constancia de buen trato. Igual lo hizo el requerido, cuando en el trámite surtido ante esta corporación se surtieron las notificaciones.

Finalmente, la identidad entre la persona requerida y la capturada fue establecida mediante el respectivo informe pericial(5), en el que luego de realizada la confrontación dactiloscópica de las impresiones dactilares reseñadas al capturado, con las obrantes en el dactilograma del informe de consulta web de la Registraduría Nacional del Estado Civil que obra a su nombre, se determinó que coincidían morfológica, topográfica y numéricamente.

En relación con la identidad de J.J.P.J., es necesario precisar cómo el Gobierno requirente, a través de la nota verbal MRC Nº 223/15 del 29 de octubre de 2015 y la MRC Nº260/15 del 9 de diciembre del mismo año, indica que aquel es ciudadano colombiano nacido el 13 de julio de 1968, que es titular del pasaporte colombiano Nº AN 305.036 y de la cédula de ciudadanía Nº xxx.xxx.xxx. Información que fue ratificada a través de nota Nº MRC 134/16 del 7 de junio de 2016 y sus anexos(6).

Si bien, en un principio no existieron dudas respecto de la plena identidad del requerido, por cuanto el gobierno solicitante había suministrado algunos datos que permitían su identificación (nombre completo, número de cédula de ciudadanía y de pasaporte colombiano) y según el dictamen del técnico profesional en dactiloscopia, Sijin - Valle del Cauca(7), la persona aprehendida por las autoridades se trataba de J.J.P.J. identificado con cédula de ciudadanía Nº xxx.xxx.xxx, lo cierto es que allegadas en su integridad las pruebas decretadas dentro del presente trámite, se genera gran incertidumbre sobre este aspecto.

Precisamente, en atención a las inconsistencias que parecían existir respecto del solicitado, en primer lugar, esta Sala a través de auto del 27 de abril de 2016, ordenó oficiar a la Cancillería Colombiana para que solicitará al gobierno argentino el envío de todos los datos y documentos que permitieran individualizar a J.J.P.J., toda vez que su defensor manifestó insistentemente que su prohijado no era la persona requerida por el Estado argentino, pues, este nunca ha solicitado la expedición de pasaporte, tampoco ha salido del país y sus rasgos morfológicos no coinciden con los reportados en el documento (AN 305.036) al cual hacen referencia las autoridades argentinas en su solicitud de extradición.

En el mismo proveído, también se ordenó oficiar al Ministerio de Relaciones Exteriores a efectos de que certificara si había expedido pasaporte a nombre de J.J.P.J. y en caso positivo que allegara la documentación pertinente.

En efecto, la coordinadora del grupo interno de trabajo pasaportes sede norte (Bogotá), certificó a través de oficio Nº S-GPSN-16-04-5717 del 12 de mayo de 2016(8), que al ciudadano J.J.P.J., se le expidió el 6 de octubre de 2011, en esta ciudad, el pasaporte Nº AN305036; posteriormente, por requerimiento efectuado por esta Sala, por oficio Nº SGPSN-16-063913 del 11 de julio de 2016(9), la misma funcionaria envió los documentos de identidad presentados por el solicitante del pasaporte referido anteriormente.

Dentro de los documentos mencionados anexó: 1. Copia de la cédula xxx.xxx.xxx; 2. Copia del pasaporte AS305.036; 3. Correo electrónico en el que el asesor de la dirección de gestión de información y tecnología del Ministerio de Relaciones Exteriores informa que no se encontraron huellas del solicitante del pasaporte, debido a que fue creado un impedimento de captura de las mismas; 4. copia del oficio Nº 0084 DIRAN-AREIN-29 del 22 de febrero de 2013, mediante el cual la Dirección Antinarcóticos en cumplimiento de la orden de la Fiscalía 156 Seccional adscrita a la unidad cuarta de delitos contra el Patrimonio Económico, solicitó los pasaportes de lectura mecánica elaborados por el señor E. O. M., en la investigación adelantada por el delito de falsedad en documento público; entre los documentos solicitados se halla el AS305.036, a nombre de J.J.P.J.

Llamó poderosamente la atención de la Sala, el último oficio anexado, pues, se encontró en el mismo que se siguió una investigación penal por la falsificación de algunos pasaportes expedidos por funcionarios de la Oficina de Pasaportes Sede Norte (Bogotá), por lo que se procedió a oficiar a la Fiscalía 156 Seccional adscrita a la unidad cuarta de delitos contra el patrimonio económico, para que diera cuenta de los hechos que habían dado origen a la referida indagación y de las actuaciones surtidas dentro del proceso penal.

Como respuesta a ello, la funcionaria rindió un informe detallado de la investigación que siguió en contra de E. O. M. y otros sujetos, por los delitos de Falsedad material en documento público y Concierto para delinquir, a través del oficio Nº 02362 del 21 de julio de 2016(10), en el que indicó que la investigación inició en la causa penal Nº 11016000017201203890, en la cual se indagó el hurto calificado y agravado denunciado por el señor M. E. O., debido a que la empresa Aerocapital S.A., reportó que había salido del país con destino a Honduras la aeronave HK 4406 y que en los documentos de migración aparecía que pilotearon la nave el denunciante y el señor A. A. L. R., sin que esa información fuera cierta.

Por aquella situación, en el desarrollo de la investigación y como producto de la búsqueda selectiva en bases de datos, se obtuvo que respecto de los pasaportes de O. y L. R., se habían presentado varias irregularidades al momento de la expedición, por parte del funcionario E. O. M., pues, se hicieron con cédulas de ciudadanía escaneadas, se registraron impedimentos de captura de las huellas de los solicitantes, sin justificación, y las fotografías no eran nítidas. Más adelante, tuvo conocimiento que dichos pasaportes con contenido espurio fueron utilizados por los señores J. D. E. C. y G. R. P.

Con fundamento en lo anterior, se formuló imputación contra E. O. M., por falsedad material en documento público y Concierto para delinquir, respecto de los pasaportes de las personas antes mencionadas, allanándose al cargo de falsedad, pero no al concierto.

Posteriormente, por denuncia presentada por el Coordinador de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores (Zona Norte - Bogotá), se continuó la investigación, encontrando también inconsistencias en la expedición de otros pasaportes a cargo de O. M., dentro de los cuales se encuentra el de J.J.P.J. En relación con este documento indicó:

De acuerdo a las foto cédulas allegadas por la Dijin, consultadas en la Registraduría Nacional del Estado Civil, se compararon las fotografías de las mismas con las fotografías de los pasaportes expedidos, encontrando las siguientes inconsistencia en 26 documentos, es decir, las personas fotografiadas para el pasaporte no son las mismas fotografiadas en la reseña de la registraduría pero si coinciden los datos biográficos.

(…)

Que el referido pasaporte se encontró falso encuentro (sic) la fotografía usada en el mismo no concuerda con la de la foto cédula expedida por la Registraduría Nacional del estado Civil, y se encuentra con los procedimiento de trámite irregulares en cuanto a (sic) no se hizo con la presencia del solicitante y tiene levantamiento de huella sin ninguna justificación, la firma de la solicitud no coincide con la del pasaporte y tampoco con la del poder para reclamarlo.

No se corroboró dentro de esta investigación la posible participación o uso de documento de J. J. P. J. en los hechos(11).

Informa la Fiscal 156 que por los anteriores hechos fueron investigados y condenados en virtud de preacuerdos, los señores E. O., F. B. H., D. J. H., E. A. S. C., F. A. M. O., J. O. R. N., R. R. B. y D. R. S. M., pues, hacían parte de una red dedicada a falsificar documentos para miembros de organizaciones dedicadas al narcotráfico.

Así resumido lo que de acopio probatorio se allegó para determinar la plena identidad de quién es solicitado en extradición por el gobierno argentino, debe señalar la Corte su completa perplejidad respecto del cumplimiento del requisito, pues, de ninguna manera es posible afirmar de manera cierta e incontrastable que la persona a quien se sigue el proceso penal por el delito de narcotráfico en ese país, sea la misma que aquí fue capturada y se identifica como J. J. P. J.

Mírese, al respecto, cómo las autoridades del país requirente no cuentan con datos precisos acerca de la persona que supuestamente ejecutó, junto con otras, el delito, pues, de todo lo que se allegó se tiene claro que la vinculación penal seguida en contra de quien se nominó J. J. P. J., reposa apenas en que al parecer se encarga de custodiar o guardar droga en inmuebles, lo que se extracta del allanamiento realizado a una residencia en la ciudad de Buenos Aires, hallándose droga allí y después verificándose que el contrato de arrendamiento lo realizó alguien llamado J. J. P. J.

Es claro, así, que los datos obtenidos de quien se hizo en arrendamiento al inmueble, se basan exclusivamente en los documentos presentados para cumplir las formalidades legales, sin que se reporte algún otro tipo de prueba que verifique su identidad.

En contraste, entonces, se tiene que en Colombia pudo demostrarse que el pasaporte expedido a nombre de J. J. P. J., es falso, pues, no se presentó huella, su fotografía es completamente diferente y la firma no se compadece con la plasmada en la cédula de ciudadanía original.

Incluso, se tiene noticia cierta de que el funcionario encargado del trámite fue condenado por ocuparse en expedir pasaportes falsos para miembros de carteles de droga, incluyéndose el registrado a nombre de J. J. P. J., como uno de los documentos objeto de alteración.

En confrontación los datos que se poseen en el país solicitante, con lo que en Colombia pudo demostrarse, evidente se hace la imposibilidad de registrar que efectivamente la persona capturada aquí, sea la misma a quien se sigue la causa criminal en la Argentina.

En este sentido, la Corte debe precisar que, si bien, en la generalidad de los casos la verificación que realiza de cara a emitir su concepto, es meramente formal, ello no significa que una vez puesta en tela de juicio la verdadera identidad de quién es solicitado en extradición, o mejor, existiendo dudas objetivas y fundadas acerca de que el capturado se corresponda con la persona requerida para responder penalmente, deba guardar silencio o asumir el criterio, como lo postula la señora representante del Ministerio Público, de que solo con decisión judicial ejecutoriada puede controvertirse la idoneidad del pasaporte.

Mucho menos, es preciso destacar, cuando ya efectivamente la justicia penal, como lo certifica la información enviada a la Corte por la Fiscalía, ha podido demostrar que el dicho pasaporte fue objeto de expedición espuria, al punto que varios de los involucrados en el reato aceptaron cargos por la ilicitud.

Huelga anotar que la investigación adelantada en el país requirente, que remite a la existencia de una banda criminal organizada dedicada al tráfico de narcóticos, se compadece con la que en Colombia se sigue contra los funcionarios encargados de emitir pasaportes falsos —se escanean cédulas de ciudadanía y con ellas son emitidos pasaporte en favor de personas distintas, de quienes se estampa su fotografía y se elude consignar huella dactilar, para evitar la confrontación con las reales— en favor de miembros de grupos criminales

Desde luego, tampoco es posible atender a la solicitud de la representación del Ministerio Público atinente a que se haga confrontación de carta dental y decadactilar, precisamente porque no se cuenta con los elementos para la contrastación, dado que en la República Argentina, como se anotó, al parecer solo se poseen los documentos presentados para el arrendamiento del inmueble, y el pasaporte expedido en Colombia ni siquiera consigna la huella del solicitante.

Por lo anterior, se llega a la conclusión que no se cumple con el requisito de la plena identidad del requerido en extradición J. J. P. J.

3. Concepto.

Habiéndose verificado el cumplimiento de todos los requisitos señalados en la Convención sobre Extradición suscrita en Montevideo y en el Código de Procedimiento Penal, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conceptúa favorablemente al pedido de extradición del ciudadano colombiano C. M. P. R., formulado por el Gobierno de la República Argentina a través de su Embajada en Colombia, a través de las notas verbales Nº MRC Nº237/15 del 18 de noviembre de 2015 y MRC Nº 260/15 del 9 de diciembre de 2015, respectivamente, con el fin de que sea procesado en razón del requerimiento del Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes – en la modalidad de comercio- agravado por la intervención de más de tres personas y contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional, en los que intervinieran más de tres personas, en grado de tentativa.

Ahora bien, ante la eventual determinación positiva del Gobierno Nacional, en todo caso, respetando la órbita de su competencia como supremo director de las relaciones internacionales, la Corte considera pertinente recordar que debe someter la extradición a los siguientes condicionamientos al país requirente:

El Gobierno Nacional está en la obligación de condicionar la entrega de la persona solicitada, en el evento de acceder a ella, a que no pueda ser en ningún caso juzgada por hechos anteriores ni distintos a los que la motivan, a que se tenga como parte de la pena que pueda llegar a imponérsele en el país requirente, el tiempo que ha permanecido en detención con motivo del presente trámite y a que se le conmute la pena de muerte, como también a que no sea sometida a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, destierro, prisión perpetua o confiscación.

Del mismo modo, le corresponde condicionar la entrega del solicitado a que se le respeten todas las garantías debidas en razón de su condición de nacional colombiano(12), en concreto, tener un proceso público sin dilaciones injustificadas; se le respete la presunción de inocencia; garantizársele la asistencia de un defensor designado por él o por el Estado; que se le concedan el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa; que pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra; asimismo, que la privación de la libertad se desarrolle en condiciones dignas; y, que la pena privativa de la libertad a la que eventualmente se le someta, tenga la finalidad esencial de reforma y readaptación social.

El Gobierno Nacional también deberá imponer al Estado requirente, en orden a salvaguardar los derechos fundamentales del reclamado, la obligación de facilitar los medios necesarios para garantizar su repatriación en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, en caso de llegar a ser sobreseído o absuelto, o su situación jurídica resuelta definitivamente de manera semejante en el país solicitante, incluso, con posterioridad a su liberación una vez cumpla la pena allí impuesta por sentencia condenatoria originada en la imputación por la cual procede la presente extradición.

Asimismo, deberá condicionar la entrega a que el país requirente, de acuerdo con sus políticas internas sobre la materia, ofrezca posibilidades racionales y reales para que el solicitado pueda tener contacto regular con sus familiares más cercanos, considerando que el artículo 42 de la Constitución Política de 1991 califica a la familia como núcleo esencial de la sociedad, garantiza su protección y reconoce su honra, dignidad e intimidad, la cual a su vez es protegida por la Convención americana de derechos humanos y el Pacto internacional de derechos civiles y políticos en sus artículos 17 y 23, respectivamente.

Por último, el Gobierno Nacional está en el deber de disponer lo necesario para que el servicio exterior de la República realice un detallado seguimiento a los condicionamientos referidos y a que advierta al Estado requirente que la persona solicitada en extradición ha permanecido privada de libertad por virtud de este trámite.

Sin embargo, toda vez que no se cumple con el requisito de la plena identificación del requerido en extradición, de acuerdo con lo expuesto en acápites anteriores, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia conceptúa desfavorablemente a la extradición del ciudadano colombiano J.J.P.J., identificado con cédula de ciudadanía xxx.xxx.xxx, formalizada por el gobierno de la República de Argentina, a través de la Nota Verbal MRC Nº 260/15 del 9 de diciembre de 2015, fundamentada en el requerimiento del Juez Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la ciudad autónoma de Buenos Aires, por los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes —en la modalidad de comercio— agravado por la intervención de más de tres personas y contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes destinados a ser comercializados fuera del territorio nacional, en los que intervinieran más de tres personas, en grado de tentativa.

La Secretaría de la Sala comunicará este concepto a los solicitados C. M. P. R., J.J.P.J. y demás intervinientes en el trámite de extradición.

Devuélvase el expediente al Ministerio de Justicia y del Derecho para lo de su competencia.

Magistrados: Gustavo Enrique Malo Fernández— José Francisco Acuña Vizcaya— José Luis Barceló Camacho— Fernando Alberto Castro Caballero— Eugenio Fernández Carlier— Luis Antonio Hernández Barbosa— Eyder Patiño Cabrera— Patricia Salazar Cuéllar— Luis Guillermo Salazar Otero.

Nubia Yolanda Nova García, Secretaria.

1 Cfr. Fl. 160. Cuaderno Corte Suprema de Justicia.

2 Ver folio 60. Cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.

3 Artículo 2º de la convención.

4 En los autos proferidos por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Buenos Aires, en los que solicita las extradiciones de los requeridos, por un error mecanográfico se indicó que las conductas se tipificaban en el artículo 383, pero realizó la transcripción de la norma del 864 del Código Aduanero.

5 Cfr. Fl. 43 a 45. Cuaderno del Ministerio de Justicia y del Derecho.

6 Cfr. Fl. 188 a 202.Cuarderno Corte.

7 Cfr. Fl. 9. Cuaderno Ministerio de Justicia y del Derecho.

8 Cfr. Fl. 160. Ídem.

9 Cfr. Fl. 260 Ibídem.

10 Cfr. Fl 276 al 281. Cuaderno Corte Suprema de Justicia.

11 Cfr. Fl. 280 y 281. Ídem.

12 Según el criterio de la Corte Suprema de Justicia, expuesto, entre otras, en la providencia CSJ Código Penal, 5 Sep. 2006, Rad. 25625, a pesar de que se produzca la entrega del ciudadano colombiano, Este conserva los derechos inherentes a su nacionalidad consagrados en la Constitución Política y en los tratados sobre derechos humanos suscritos por el país.