Sumario

Balance de la ley chilena de arbitraje comercial internacional a una década de su instauración

Después de más de diez años de entrada en vigencia de la Ley de Arbitraje Comercial Internacional (LACI) en Chile, en este artículo se efectúa una completa revisión y análisis de las sentencias que se han dictado en esta última década, para concluir que los principios recogidos por la LACI han sido ampliamente aceptados por los fallos jurisprudenciales, en especial el principio competencia-competencia; la intervención mínima de los tribunales; y el reconocimiento del recurso de nulidad como única vía para impugnar el laudo arbitral.

Abstract

Balance of the Chilean law of international commercial arbitrament on a decade of his establishment

After more than 10 years of the entry of validity of the international commercial arbitrage law (LACI) in Chile, in this article it’s perform a complete revision and analysis of the statements than have been dictated in the last decade, for concluding than the principles set for the LACI have been widely accepted for the jurisprudential rulings, especially the principle kompetenz- kompetenz; the minimum intervention of the tribunals; and the recognition of the action of annulment as an only way for challenge the arbitration award.

Balance de la ley chilena de arbitraje comercial internacional a una década de su instauración (*)

Revista Nº 24 Ene.-Jun. 2016

Por María Fernanda Vásquez Palma 

1. Introducción

El 29 de septiembre del 2014 se cumplieron diez años desde que la Ley de Arbitraje Comercial Internacional (LACI) entró en vigencia en Chile. Transcurrido este período, resulta un paso obligado analizar las doctrinas que se han asentado sobre la materia, lo que se hará teniendo a la vista las líneas jurisprudenciales que se han construido sobre la normativa en cita(1).

Con este objetivo, en las siguientes páginas efectuaremos una completa revisión y análisis respecto de las sentencias que se han dictado en esta última década, centrándonos en el examen de los tópicos más relevantes de esta ley. Los fallos nos mostrarán que los principios recogidos por la LACI han sido ampliamente amparados por los fallos jurisprudenciales, lo que importa al reconocer un desarrollo relevante de Chile sobre la cultura arbitral, en general, y del arbitraje comercial internacional, en particular. Esperamos que este avance trascienda prontamente en la configuración de una nueva normativa relativa a la institución arbitral de Derecho interno, cuya reforma aún se encuentra rezagada a pesar de los esfuerzos que se han emprendido(2).

El trabajo se divide en diez apartados. El primero se refiere al contrato arbitral; el segundo, al rol de los tribunales estatales; el tercero, al ámbito de aplicación; el cuarto, a la remisión de las partes al arbitraje; el quinto, al principio competencia-competencia; continuaremos con la constitución del tribunal arbitral y la regulación del procedimiento; las medidas cautelares; la impugnación de laudo; y concluiremos con su reconocimiento y ejecución. Las sentencias serán analizadas con ocasión de cada uno de estos puntos, de manera que es posible que un mismo fallo sea revisado en más de uno de los aspectos presentados. Se acompañará, finalmente, un cuadro que resume estos fallos con fines didácticos.

Constataremos que los principios que recoge la LACI han sido ampliamente acogidos por los máximos tribunales del país, lo que provoca consecuencias relevantes en la madurez y entendimiento de la institución arbitral en Chile.

2. Contrato arbitral (LACI, arts. 7º y 8º)

El convenio arbitral es la piedra angular del instituto arbitral(3), como genuina manifestación de la autonomía de la voluntad y siempre dentro de los límites de su ejercicio, de manera tal que si no existe o es ineficaz el arbitraje no será válido. Se trata de un elemento esencial por constituir su fuente por excelencia(4). El acuerdo arbitral configura un contrato de carácter privado que tiene unos efectos de marcado carácter procesal, toda vez que su principal objeto es la creación de una competencia arbitral, renunciando de paso a la judicatura ordinaria o especial prevista en la ley(5).

De acuerdo con la LACI, el acuerdo de arbitraje es aquel “por el que las partes deciden someter a arbitraje todas las controversias o ciertas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto de una determinada relación jurídica contractual o no contractual. El acuerdo de arbitraje podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria incluida en un contrato o la forma de un acuerdo independiente” (art. 7º). Este deberá constar por escrito, contemplándose una variada formulación para lograr tal entendimiento(6). Puede referirse a todas las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre las partes respecto de una determinada relación jurídica o solo a alguna de estas.

En relación con la validez de fórmulas genéricas de atribución de competencia que no expresan detalladamente cada una de las materias que se someten a arbitraje(7), nuestra jurisprudencia las ha aceptado al reconocer y ejecutar laudos dictados por árbitros cuya competencia deriva de una cláusula arbitral amplia. Así ocurrió en el caso “Kreditanstalt fur Wiederaufbau”, Rol Nº 5228-2008, de fecha 15 de diciembre del 2009, oportunidad en que la excelentísima Corte Suprema (en adelante ECS o CS), ordenó la ejecución de un laudo que se refería a “todas las disputas derivadas de este contrato base o de cualquier contrato de préstamo individual, incluidas las disputas relativas a la validez de este contrato base o de cualquier contrato de préstamo individual”. Siguiendo este derrotero, los tribunales nacionales se han inclinado por una interpretación extensiva de la cláusula arbitral, en armonía con el régimen proarbitraje consagrado en el artículo II de la Convención de Nueva York(8).

En cuanto a la forma del acuerdo arbitral y en virtud de la mayoría de los fallos dictados por los tribunales chilenos en materia de arbitraje internacional, se colige que se han aceptado variadas posibilidades de redacción, tal como lo establece el artículo 7º numeral 2º de la ley que se refiere a los acuerdos incorporados por referencia. Ello se aprecia con claridad en el caso “Provimin Ltda. Con Danfoss Nesie Water Hydraulics Rol Nº 16361-200, 2 de noviembre de 2007, en el cual, el 21 Juzgado Civil de Santiago (JCS) dio ejecución a un acuerdo de arbitraje que no estaba contenido en el contrato suscrito por las partes, sino en un documento contractual separado; el que contenía ciertas condiciones generales e incluía un acuerdo de arbitraje, que se entendió incorporado al contrato mediante una cláusula genérica que aludía específicamente al arbitraje(9).

Un caso ligado a la extensión del acuerdo arbitral respecto de terceros(10) se puede apreciar en la decisión del presidente de la ICAS, de fecha 30 de diciembre del 2011, por la que validó dicha extensión por la vía de la estipulación a favor de otro (“Servicios Financieros Altis S.A. con Grupo Casa Saba S.A.B de C.V.”, Rol Nº 1886-2011). El árbitro había resuelto ser competente para conocer de la controversia entre una de las partes que suscribió el contrato que incorporaba tanto la cláusula arbitral como la estipulación a favor de otro y el tercero beneficiario de dicha estipulación. Para confirmar esta decisión, el presidente —a partir del recurso especial contemplado en el artículo 16 numeral 3º de la LACI—, consideró que “la aceptación de la estipulación (del tercero favorecido) es un acto jurídico que ha emergido o tenido lugar con motivo u ocasión de la existencia, validez, eficacia, interpretación, nulidad, cumplimiento o incumplimiento del contrato, o de otro hecho o circunstancia diversa, pues tales hipótesis no constituyen, como se ha visto, una enumeración taxativa. De esta manera, resolvió que aunque Servicios financieros Altis S.A. (tercero favorecido) no suscribió el contrato de marras, sí es una persona a la que alcanzan los efectos de ese contrato, quedando por tanto bajo la jurisdicción del árbitro en la materia que a aquélla compete.

La validez del acuerdo, si bien debe resolverse por el propio tribunal arbitral con base en el principio “competencia-competencia”, eventualmente los tribunales estatales tendrán esta misión, con ocasión de una acción de nulidad o una solicitud de reconocimiento y ejecución de un laudo arbitral internacional, toda vez que la nulidad de este contrato constituye una causal para anular el laudo o denegar su ejecución (LACI, arts. 34 y 36). En esta materia, los tribunales estatales, en reiteradas ocasiones, han resuelto acertadamente que los contratos en que las partes someten a un tribunal extranjero son válidas (arbitral o estatal). En esta línea, se ha descartado la aplicación del artículo 1462 del CC (caso “Marlex Limitada con European Industrial Engineering” Rol Nº 2026-2007, de la ECS, con fecha 28 de julio de 2008; caso “Mauricio Hochschild SAIC con Ferrostal AG”, Rol Nº 3247-2006, de la ECS, de 22 de enero del 2008); y se ha enaltecido el principio de fuerza obligatoria del contrato y el hecho que ninguna ley chilena le impide a las partes pactar en Chile o en el extranjero una cláusula de sumisión a favor de un tribunal arbitral extranjero (caso “Converse Inc.”, Rol 3225-2008, fallo de la ECS, de 8 de septiembre del 2009). Asimismo, la autonomía de la voluntad se ha reconocido como un cimiento en la materia, al desestimar la alegación de objeto ilícito en los acuerdos para someterse a un arbitraje en el extranjero, en virtud de lo dispuesto en el artículo 113 del Código de Comercio que prevalece por sobre el artículo 1462, debido a su especialidad (caso “Kreditanstalt fur Wiederaufbau”, Rol Nº 5228-2008, de fecha 15 de diciembre del 2009, fallo de la ECS). Por otra parte, se ha subrayado su reconocimiento previo en distintos cuerpos legales (ej.: art. 318 Código de Bustamante, D.L. 2349).

La ambigüedad de la cláusula arbitral también ha sido objeto de resolución. En el caso “Gold Nutrition Industria y comercio versus Laboratorios Garden House S.A.”, Rol Nº 6615-2007, la ECS, con fecha 15 de septiembre del 2008, declaró la validez de una cláusula arbitral respecto de la cual se alegaba su nulidad, concediendo el exequátur. La ejecutada esgrimió que la cláusula arbitral era ambigua al señalar “arbitraje de equidad y de derecho”, la Fiscalía señaló en su informe que “Las ambigüedades contenidas en una cláusula arbitral no acarrean la nulidad sino que obligan a su interpretación de acuerdo con los artículos 1560 y siguientes del CC”. La CS, desestimando la aludida alegación, señaló que para acoger la falta de validez de una cláusula compromisoria por su ambigüedad, falta de completitud e imprecisión, es necesario que exista una sentencia ejecutoriada que declare la nulidad de la misma” (considerado 6º).

La autonomía del acuerdo arbitral respecto del contrato en que se inserta, recogida en el artículo 16 numeral 1º de la LACI, fue admitida en el fallo pronunciado por la ICAS, con fecha 29 de abril del 2014, en la causa “Productos naturales de la Sabana S.A. con Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”, Rol Nº 6975-2012. Lo anterior ha sido reconocido sistemáticamente por nuestros tribunales de justicia, incluso en casos anteriores a la entrada en vigencia de la LACI(11).

Finalmente, también se han reconocido por vía jurisprudencial los efectos que conlleva el contrato arbitral, especialmente el negativo (incompetencia del tribunal estatal para conocer una materia que ha sido encomendada a un arbitraje). Así ocurrió, por ejemplo, en el caso “Marlex Limitada con European Industrial Engineering” Nº 2026-2007, la ECS, con fecha 28 de julio del 2008, en este se inició una demanda de cobro de pesos ante un tribunal ordinario de Antofagasta (Chile), frente a lo cual la parte contraria planteó un incidente de nulidad de todo lo obrado por incompetencia del tribunal, por haberse pactado una cláusula arbitral en el contrato respectivo. El contrato, que contenía una cláusula arbitral, se había celebrado entre una empresa chilena y una sociedad constituida de conformidad con las leyes de la República de Italia y con domicilio en la ciudad de Venecia. El tribunal acogió el incidente declarando su incompetencia. Esta sentencia fue confirmada por la CA, ante recurso de apelación que la impugnaba, fundándose en que “el objeto del compromiso es “derogar el orden normal de las jurisdicciones, substrayendo la decisión de ciertos asuntos a los tribunales que corresponda según la ley y defiriéndola a un tribunal arbitral que los propios interesados establecen”, lo que implica una “renuncia al conocimiento de las controversias por la autoridad judicial y crea una excepción impeditiva de inadmisibilidad de la justicia ordinaria”. Este último fallo fue objeto de una casación en el fondo ante la CS. El excelentísimo tribunal señaló que se acordó por las partes una cláusula compromisoria haciendo uso de la autonomía de la voluntad y libertad contractual y, tratándose de una materia en que el arbitraje no está prohibido por la ley, no puede sino determinarse que el tribunal estatal es incompetente para conocer del asunto, debiendo acogerse la nulidad solicitada, por no ser aplicable en la especie la norma del artículo 1462 del CC. Para ello, la CS recurre a los principios generales del Derecho Internacional Privado para determinar que “el ordenamiento nacional reconoce explícitamente la posibilidad que los particulares estipulen someter las controversias que de la aplicación de un contrato internacional pudieran derivarse, al conocimiento de tribunales extranjeros, sean ellos ordinarios o arbitrales. Por ende, ningún objeto ilícito hay en la cláusula del contrato suscrito entre las partes, en virtud de la cual acuerdan entregar el conocimiento de los eventuales litigios que de este se pudieran suscitar, a un tribunal italiano y, por lo mismo, no comete error de derecho la sentencia que declara la incompetencia del tribunal ante el cual se interpuso la demanda para conocer del litigio promovido”. De este modo, una vez comprobada la validez de la cláusula arbitral, remite a las partes al arbitraje confirmando el principio en cuestión(12).

3. Rol de los tribunales estatales: intervención mínima (LACI, arts. 5º y 6º)

Conforme al artículo 5º de la LACI, en los asuntos que se rijan por esta ley no intervendrán los tribunales ordinarios, salvo cuando la propia ley así lo disponga. El artículo siguiente expresa cuáles son dichos casos(13). En el seno de esta cuestión, subyace la convicción de que el arbitraje es una fórmula de solución de controversia independiente de la justicia estatal(14), de manera tal que estos no pueden intervenir en dicho conflicto, pues ello contravendría la competencia otorgada por las partes a los árbitros y se vulneraría la fuerza obligatoria del contrato arbitral junto a los efectos naturales que este conlleva (positivo y negativo)(15). A fin de resguardar tal principio, la LACI, al igual que la Ley Modelo Uncitral, consagran el denominado “principio de intervención mínima” que implica reconocer facultades específicas y temporales a los tribunales estatales, las que se traducen en apoyo y control del laudo a partir de vías concretas. Este principio pretende respetar la autonomía del instituto arbitral, reconociendo —de paso— que esta no es autónoma totalmente, sino que requiere de la colaboración de los tribunales estatales para el éxito y eficacia del arbitraje, pero las mismas no pueden extenderse más allá de ciertas actuaciones precisas que poseen una finalidad perfectamente definida y coherente con la arquitectura de la institución.

La jurisprudencia chilena se ha inclinado por reconocer claramente el principio de intervención, al abstenerse de conocer conflictos regulados por una cláusula arbitral. En esta línea, han declarado inadmisibles recursos distintos a la acción de nulidad en contra de los laudos arbitrales y se han ceñido a las causales estrictas y taxativas en los procedimientos de impugnación, reconocimiento y ejecución de laudos. Así, la ICAS, en el caso “Publics Groupe Holdings B.V. y Publicis Groupe Investements con árbitro Don Manuel José Vial Vial”, Rol Nº 9134-2007, ICAS, de fecha 4 de agosto del 2009, resolvió: “El objetivo de la Ley 19.971 fue regular en nuestro ordenamiento jurídico de manera específica el arbitraje comercial internacional procurando que la intervención de los tribunales fuera lo más limitada posible, interviniendo así solo en los casos establecidos por la ley”.

Por su parte, en el caso Rol Nº 4902-2012, la CAS, con fecha 24 de julio del 2012, resolviendo un recurso de queja interpuesto en el marco de un arbitraje internacional, lo declaró inadmisible en atención al hecho que contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse mediante una petición de nulidad (LACI, art. 34). De este modo, y advirtiendo que la resolución en contra de la cual se recurre de queja, admite recursos en su contra, el citado recurso no fue acogido a tramitación (arts. 545, 548 y 549 letra a) COT).

En un sentido similar, la ECS, en el caso Rol Nº 7701-2012, de fecha 29 de enero del 2012, resolviendo un recurso de queja interpuesto en contra de los miembros de la CAS (ministros Moya Cuadra, Melo Labra y el abogado integrante Guerrero Pavez), lo declaró inadmisible, en la medida que por su intermedio el recurrente insta ante la CS por un nuevo grado de conocimiento y fallo sobre el asunto ventilado ante la judicatura arbitral, revisión que el legislador ha descartado en la LACI. Se reitera lo señalado en el artículo 63 letras a) y c) COT que indica que tratándose de recursos extraordinarios dirigidos contra jueces árbitros y sus sentencias el legislador procesal solo contempla una única instancia a substanciarse en sede de CA. Se agrega, que del tenor del artículo 545 COT, la herramienta procesal en análisis se dirige a corregir faltas o abusos graves cometidos en la expedición de resoluciones de carácter jurisdiccional, allí reside su objetivo medular. Que en virtud de las categorías del artículo 158 CPC la sentencia pronunciada por los jueces recurridos, a propósito del recurso de nulidad contemplado en el artículo 34 LACI, no admite su clasificación entre las sentencias interlocutorias, como tampoco en las definitivas. La resolución que zanja un recurso de nulidad interpuesto contra el laudo del árbitro internacional no es de aquellas que fallan un incidente del juicio fijando derechos permanentes para las partes, ni resuelve sobre un trámite que debe servir de base en el pronunciamiento de una sentencia definitiva o interlocutoria, tampoco pone fin a la instancia resolviendo la cuestión o asunto que ha sido objeto del juicio.

En el mismo sentido, en el caso Rol Nº 7341-2013, “Río Bonito S.A. y otros con Mera Muñoz Juan Cristóbal y otros”, la ECS, con fecha 16 de diciembre del 2013, declaró inadmisible un recurso de queja interpuesto en contra de una sentencia que rechaza un recurso de nulidad deducido conforme a la Ley 19.971. Sostuvo que de acuerdo con el artículo 34 LACI el recurso de nulidad que fue deducido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que ha originado el pronunciamiento que motiva la queja, es el único medio de impugnación posible en contra del laudo arbitral. Además el artículo 63 letras a) y c) COT señala que tratándose de recursos extraordinarios contra jueces árbitros y sus sentencias, el legislador procesal ha estatuido la única instancia a substanciarse en sede de Corte de Apelaciones.

Cabe recordar que ya en el año 2006, en el caso “D’Arcy Masius Benton & Bowles Inc. Chile Ltda. Otero Lathrop Miguel”, Nº 865-2006, la CA, con fecha 25 de mayo del 2006, resolviendo un recurso de hecho que incidía en una resolución dictada por un árbitro de derecho, sobre la base que el contrato se había suscrito con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19.971 y, por ello, el procedimiento arbitral tenía que someterse a las normas que rigen el arbitraje chileno interno, decidió rechazar el citado recurso basándose en el artículo 5º de la Ley en referencia, que limita la participación de los tribunales ordinarios en el arbitraje internacional a los casos previstos en la ley. En su fallo, la Primera Sala de la Corte sostuvo que la Ley 19.971, de carácter procesal, rige desde el momento de su entrada en vigencia y las normas del Código de Procedimiento Civil y otras que regulaban estas materias al momento de celebrarse el contrato, no están comprendidas, en caso alguno, dentro de las que deben entenderse incorporadas a la fecha de su celebración. La Corte agrega que lo alegado por la recurrente en orden a que esas normas legales por ser su vigencia posterior a la fecha de celebración del contrato, no serían aplicables en la especie, carece de fundamento, dado lo preceptuado en los artículos 22 y 24 de la Ley de 7 de octubre de 1861, sobre efecto retroactivo de las leyes. Se concluye que de conformidad con lo establecido en el artículo 5º de la LACI, solo cabe resolver que la resolución en que incide el recurso de hecho no es susceptible de apelación, por lo cual deberá ser desestimado.

4. Ámbito de aplicación de la LACI (arts. 1º y 2º)

Este aspecto está regulado en los artículos 1º y 2º de la LACI. La primera norma señala que esta ley se aplica al “arbitraje comercial internacional” y describe los casos en que un arbitraje se entiende como internacional(16). Por su parte, la segunda disposición escribe lo que ha de entenderse por la expresión “comercial”(17). Al respecto, la ECS en el caso “Marlex Limitada con European Industrial Engineering”, ECS, Rol Nº 2026-2007, de fecha 28 de julio del 2008, estimó que, para que un caso tenga carácter internacional, debe contener un elemento extranjero relevante, pues “no todo elemento extranjero transforma el caso en internacional, sino que es menester que las consecuencias de los hechos demanden una reglamentación que corresponda a su carácter internacional. Por consiguiente, para que se trate de un auténtico caso de derecho internacional, ese elemento extranjero debe ser relevante, esto es, importante o significativo”. En otros casos, la ECS ha señalado que “resulta indispensable que sea posible la aplicación de distintos sistemas jurídicos, en especial por el desplazamiento de un Estado a otro para el cumplimiento de la prestación o que las partes se encuentren localizadas en el territorio de diferentes países. Se conjugan aspectos formales como materiales en la calificación de internacional de un negocio jurídico, siendo el de mayor importancia la concurrencia de distintos ordenamientos jurídicos en la regulación de sus elementos y la competencia de sus sistemas judiciales”(18).

En relación con el ámbito temporal, cabe recordar que en el caso “D´Arcy Masius Benton & Bowles Inc. Chile Ltda., con Otero Lathrop”, Rol Nº 865-2006, de 25 de mayo del 2006, sostuvo que la fecha de solicitud del arbitraje era determinante a la hora de establecer la aplicación de la LACI. Esta interpretación fue decisiva y ha prevalecido en la jurisprudencia, pues los tribunales nacionales han sido uniformes en aplicar la LACI a todos los arbitrajes comerciales internacionales iniciados con posterioridad a su entrada en vigencia, aun cuando la fecha en que se pactó la cláusula arbitral era anterior a ella(19).

5. Remisión de las partes al arbitraje (LACI, art. 8º)

Para analizar la competencia de los tribunales ordinarios en el arbitraje comercial internacional es propicio recordar que un acuerdo de arbitraje tiene un efecto positivo y otro negativo(20). El primero confiere jurisdicción al tribunal arbitral para resolver las disputas cubiertas por el acuerdo arbitral y obliga a las partes a someter tales disputas al arbitraje (CC, art. 1545); el segundo, en tanto, impide perseguir la resolución de sus controversias ante un tribunal ordinario y obliga a este último a abstenerse de conocer dichas controversias. Con base en ello, el tribunal al que se someta un litigio sobre un asunto que es objeto de un acuerdo de arbitraje, debe remitir a las partes al arbitraje si así lo solicita cualquiera de ellas, a menos que compruebe que dicho acuerdo es nulo, ineficaz o de ejecución imposible (LACI, art. 8º)(21). Este efecto ha sido reconocido sostenidamente por los tribunales nacionales, aun antes de la entrada en vigencia de la LACI, en virtud del artículo 1545 del Código Civil(22).

Como vimos atrás en el caso “Marlex Limitada con European Industrial Engineering”, el 4º Juzgado Civil de Antofagasta acogió un incidente de nulidad de todo lo obrado por incompetencia del tribunal estatal, fundado en la existencia de una cláusula arbitral. La ICA de Antofagasta confirmó la aludida sentencia tomando en consideración que el objeto del compromiso es derogar el orden normal de las jurisdicciones, substrayendo la decisión de ciertos asuntos a los tribunales que correspondan según la ley y difiriéndola a un tribunal arbitral que los propios interesados establecen, lo que implica una renuncia al conocimiento de las controversias por la autoridad judicial y la creación de una excepción impeditiva de inadmisibilidad a la jurisdicción ordinaria. La ECS, revisando un recurso de casación interpuesto en contra de esta sentencia, lo rechazó.

En el mismo sentido, en el caso “Metalnor S.A. con Importadora y Exportadora Dallas International Trade Limitada”, Rol Nº 595-2009, la ECS, con fecha 27 de mayo del 2010, sentenció que “desde el momento mismo del compromiso, las partes quedan sometidas a la competencia privativa de un árbitro con las facultades que ellas le han otorgado y, en su caso por aquél por ellas designado, situación que no es contradicha por la circunstancia de que la designación del árbitro no haya sido todavía efectuada o porque el compromisario no haya aceptado aún el encargo (…). Las normas sobre competencia absoluta constituyen disposiciones de orden público, siendo por tanto irrenunciables, por lo que la respectiva incompetencia puede y debe ser declarada de oficio por el tribunal por constituir uno de los presupuestos básicos en que descansa el pronunciamiento de la sentencia. De acuerdo con este razonamiento, las partes quedarán sometidas a la competencia del arbitraje a pesar de que este no se haya constituido(23).

6. Principio competencia-competencia (LACI, art. 16)

El tribunal arbitral está facultado para decidir acerca de su propia competencia, incluidas las excepciones relativas a la existencia o a la validez del acuerdo de arbitraje(24). Según la CNUDMI, la facultad de los tribunales arbitrales para decidir sobre este aspecto hace eco de las disposiciones que se encuentran virtualmente en todos los estatutos y reglas modernas de arbitraje comercial internacional, y refleja aquello que es ampliamente considerado como uno de los principios más básicos del arbitraje comercial internacional(25).

En Chile existen decisiones judiciales que reconocen este principio, incluso en materia de arbitraje doméstico. A modo de ejemplo, una sentencia de la ICAC en el caso “Badilla con Sociedad Inmobiliaria Puerto Sur S.A.” Rol Nº 431-2012, ICAC 24 de mayo del 2012, señaló expresamente que el principio Kompetenz-Kompetenz está recogido en forma indirecta por nuestra legislación(26). En el caso “Kreditanstalt fur Wiederaufbau”, Rol Nº 5228-2008, la ECS con fecha 15 de diciembre del 2009, acogió una solicitud de exequátur, rechazando una causal de denegación con base en este principio. Afirmó que el tribunal arbitral “Tenía facultad otorgada por el reglamento de arbitraje de la CCI de París para pronunciarse sobre su propia competencia y le era imposible hacerlo sin analizar el documento que según Inverraz (demandada) había extinguido todas las obligaciones pendientes con KFW (demandante). En esta misma línea, debe destacar el fallo pronunciado en el caso “Productos naturales de la Sabana S.A. con Corte Interamericana de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”, Rol Nº 6975-2012, ICA de fecha 29 de abril del 2014.

Un caso que parece apartarse de este lineamiento es “Fastpack S.A. con Bureau Veritas Chile S.A.” (Rol Nº 36.961-2009, 14º JCS, 6 de mayo del 2010). En este una empresa demandó ante tribunales ordinarios a otra con el fin de que se le indemnizaran los perjuicios derivados de incumplimientos contractuales y, además, solicitó que se declarara la nulidad de la cláusula arbitral contenida en el contrato(27). La demandada opuso la excepción de incompetencia del tribunal basada en la existencia de una cláusula arbitral. El 14º JCS acogió parcialmente dicha excepción solo respecto de la solicitud de indemnización de perjuicios fundado en que el incumplimiento contractual apunta al fondo del asunto y las cuestiones de esta naturaleza deben remitirse a arbitraje según lo ordena el artículo 8º de la LACI(28), pero rechazó la excepción de incompetencia respecto de la acción de nulidad, por no tratarse de una materia de fondo, invocando el artículo 16 Nº 1, primera parte de la LACI. Posteriormente, la ICAS revocó la sentencia del juzgado civil, rechazando la excepción de incompetencia en su totalidad, sin hacer referencia a la LACI y señalando que, por razones de debido proceso, las alegaciones sobre la inexistencia o nulidad del acuerdo de arbitraje pueden ser promovidas ante la justicia ordinaria, sin perjuicio de la facultad que también tienen los árbitros para conocer y resolver estas materias. En este caso se rechazó la solicitud de exequátur.

7. Constitución del tribunal arbitral (LACI, art. 11) y regulación del procedimiento (LACI, art. 19)

En la constitución del tribunal arbitral son las partes, quienes en virtud de la autonomía privada, eligen a los árbitros directamente o con posterioridad al surgimiento del conflicto. En el caso “Leslie Huber y Otro con Coderch Mitjans”, Rol Nº 963-2012, el presidente de la ICAS, con fecha 11 de junio del 2013, en el ejercicio de la facultad establecida en el artículo 11 de la LACI, designó un árbitro internacional. La contraparte solicitó que se declarara la nulidad de todo lo obrado, principalmente, por falta de notificación. El incidente de nulidad fue rechazado con costas, en atención a que a los demandados se les había citado a la designación de árbitro mediante una carta certificada, la que se entendió recibida por los destinatarios. En contra de esta resolución, los demandados interpusieron un recurso de queja ante la ECS, el que fue declarado inadmisible.

Frente a la designación del tribunal arbitral en un acto posterior, el caso “Ascot Corporate Name Limited y otros con Administradora de Naves Humboldt y Otros”, Rol Nº 8315-2012, 27 de enero del 2014, puso de relieve si la competencia de un tribunal arbitral podía extenderse a materias que no estaban expresamente previstas en el expediente sobre designación del árbitro o en el acta de bases de procedimiento, específicamente a demandas reconvencionales. La ECS resolvió que dicha extensión es posible, tomando en consideración la doctrina según la cual “la referencia que contempla el asunto objeto del arbitraje debe entenderse contemplada por las demás leyes de competencia, no quedando el árbitro forzado a conocer tan solo las cuestiones que estén expresamente señaladas en el título de su nombramiento, ni impedido rigurosamente de conocer de ninguna otra que no haya sido taxativamente prevista en él, sino que le deja margen para fallar todas las cuestiones que según la ley o la intención de las partes deben entenderse comprendidas entre las que el árbitro está facultado para decidir” y que “los árbitros gozan de una competencia natural para conocer de ciertas cuestiones aunque no existiere expresa mención de las partes”. (Considerando 6º).

Por su parte, el artículo 19 de la LACI consagra el principio de libertad de procedimiento, según el cual las partes son libres para convenir las normas procesales aplicables al arbitraje y, a falta de acuerdo, el tribunal arbitral podrá dirigir el proceso del modo que considere apropiado. Tal como advierte la CNUDMI, la autonomía de la voluntad en la determinación de las reglas de procedimiento reviste especial importancia en casos internacionales, toda vez que permite a las partes seleccionar o ajustar las reglas según sus deseos y necesidades específicas, sin estar limitadas por conceptos domésticos tradicionales y posiblemente conflictivos, obviando así el riesgo de frustración y sorpresa.

En esta materia, destaca el caso “Vergara Varas con Costa Ramírez”, Rol Nº 1971-2012, en el que la ICAS, el día 9 de septiembre del 2013, con ocasión de una petición de nulidad del laudo arbitral, determinó que “las leyes procesales locales no reciben aplicación alguna en procedimientos de esta naturaleza” (Considerando 16º). La LACI combina la libertad de las partes para elegir las normas aplicables al procedimiento arbitral, con un conjunto de reglas supletorias que no tienen carácter imperativo y que permiten a tribunal arbitral conducir al arbitraje con independencia de las reglas locales, que regulan el procedimiento en el arbitraje interno”. Con base en estas consideraciones, se rechazó la solicitud.

8. Medidas cautelares (LACI, arts. 9º y 17)

Las medidas cautelares(29) son las encargadas de evitar el fallo frustrado y los daños inminentes o ya iniciados durante el trámite del juicio(30), de manera que su adopción constituye un derecho fundamental del justiciable tanto en un proceso judicial como arbitral(31). El artículo 17 de la ley faculta al tribunal arbitral de manera expresa para que pueda ordenar medidas provisionales cautelares a petición de una de las partes y si lo estiman necesario, salvo acuerdo en contrario de aquellas. El tribunal arbitral podrá exigir de cualquiera de las partes una garantía apropiada en conexión con esas medidas, del mismo modo se aclara que no será incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte, ya sea con anterioridad a las actuaciones arbitrales o durante su transcurso, solicite de un tribunal la adopción de medidas cautelares provisionales ni que el tribunal conceda esas medidas (art. 9)(32).

En cuanto a la aplicación de esta norma, nuestros tribunales han resuelto su operatividad. Así, en el caso “Western Technology Services Internacional Inc. con Cauchos Industriales S.A.”, Rol Nº 5468-2009 de 11 de mayo del 2010, la ECS, desestimó una solicitud de exequátur proveniente de un tribunal arbitral internacional constituido en Dallas, tendiente a garantizar el efectivo cumplimiento de la obligación de no competir que recaía sobre la contraria. La Corte hizo hincapié en la normativa vigente en nuestro país, respecto del reconocimiento de sentencias dictadas por tribunales extranjeros, como las provenientes de laudos arbitrales, señaló que “no cabe duda alguna que la resolución de cuyo cumplimiento se trata, no constituye, decisión o fallo que resuelva la cuestión principal de la que conoce el tribunal que la dictó. Sin embargo, como también podría sostenerse que se trata de una sentencia interlocutoria de aquellas que fallan un incidente del juicio, sea estableciendo derechos permanentes a favor de las partes, sea que resuelva sobre algún trámite que deba servir de base en el pronunciamiento de sentencia definitiva, debe examinarse el contexto jurisdiccional. Con base en estas consideraciones, resuelve que una orden precautoria preliminar y prorrogable de acuerdo con el tribunal arbitral, no cumple con el estándar de solicitud de exequátur, de manera que ella debe presentarse directamente ante los tribunales ordinarios chilenos, según se desprende del artículo 9º de la LACI (considerando 5º).

9. Impugnación del laudo (LACI, art. 34)

El artículo 34 de la LACI establece la petición de nulidad como único recurso contra un laudo arbitral, cuyas causales se dividen en: a) las que requieren de alegación y prueba de parte y b) las que pueden ser declaradas de oficio por el tribunal. La nulidad se concibió como un recurso de carácter extraordinario y por esto contra la resolución que la resuelve no procede recurso alguno(33). De acuerdo con la norma en cita, la petición de nulidad puede solicitarse por las siguientes causales:

a) La parte que interpone la petición pruebe:

i) Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 7º estaba afectada por alguna incapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley de este Estado.

ii) Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos.

iii) Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, solo se podrán anular estas últimas.

iv) Que la composición del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta ley.

b) El tribunal compruebe:

i) Que, según la ley chilena, el objeto de la controversia no es susceptible de arbitraje.

ii) Que el laudo es contrario al orden público de Chile.

Hasta ahora se han rechazado diversas peticiones de nulidad presentadas en las Cortes de Apelaciones, por no entenderse configurados los presupuestos exigidos por el legislador para estos efectos. Así, en el caso “Productos Naturales de la Sabana S.A. con Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional”, Rol Nº 6975-2012, la ICAS, con fecha 29 de abril del 2014, rechazó un recurso de nulidad interpuesto en contra del laudo arbitral. El referido recurso invocaba el artículo 34 Nº 2 letras a) apartado tercero, al haberse impuesto al recurrente una prestación pecuniaria improcedente. Sustentaban la petición de nulidad en que los árbitros se habrían extralimitado en el desempeño de sus facultades puesto que en el acta de misión no se les otorgaba competencia para modificar el contrato. El recurrente cuestiona la condena en costas, por entender que se ha infringido la ley del contrato, al contener decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje, por tanto, se trataría de una controversia no prevista en dicho acuerdo. La Corte resolvió que el hecho de que la cláusula compromisoria no formara parte del objeto material del contrato no le afecta, en cuanto a limitación, por lo que estima que no se ha incurrido en ninguna infracción que autorice la nulidad. Aduce que el pago de las costas que la recurrente consideró improcedentes, se desprende de la observancia de lo establecido en la cláusula compromisoria. De lo expuesto concluye que el tribunal arbitral se encontraba facultado para pronunciarse respecto de este punto, de manera que no se incurrió en causal de nulidad alguna.

En el caso “Vergara Varas con Costa Ramírez”, Rol Nº 1971-2012, la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 09 de septiembre del 2013, también rechazó el recurso. El arbitraje cuyo laudo se impugnaba tenía su fundamento en el pacto de accionistas celebrado por las partes de este procedimiento, en el cual mediante la cláusula 23 establecían que toda controversia será sometida a arbitraje conforme las normas contempladas en la Ley 19.971. El recurrente argumentaba que, de conformidad con lo señalado en el artículo 34 número 2 letra a) apartados II y III, este acuerdo era contrario al orden público por apartarse de una serie de principios fundamentales tanto en la tramitación como en la decisión. Enumeró además, una serie de arbitrariedades de las cuales sería víctima (medida cautelar ruinosa sin previo traslado o análisis alguno; negación del derecho a ser actor relegando a mero demandante reconvencional; recibir la causa a prueba solo se consideraron los hechos señalados en la demanda; dilaciones innecesarias, vulnerándose así el derecho al debido proceso; a la igualdad ante la ley y a la bilateralidad de la audiencia). En tal entendido, se habría infringido el artículo 18 de la LACI que obliga al árbitro a dar trato equitativo a las partes. Con respecto al tercer apartado, señaló que no constan en autos los contratos de suscripción de acciones por lo que no hay certeza alguna de los pagos. Las cifras y números no están en el pacto, ni en la demanda, por tanto no pueden extraerse del expediente. A este respecto, la Corte estimó que se habían precisado completamente las normas en virtud de las cuales se debía regir el arbitraje, por lo que las partes pactaron adecuadamente la sustanciación del juicio. Agrega que en este tipo especial de arbitraje el árbitro goza de plena libertad para la tramitación del asunto sometido a su conocimiento, incluso tiene libertad para suplir la voluntad de las partes en todas aquellas materias de orden procesal, respecto de las cuales estas nada hayan dicho. El poder discrecional del árbitro incluye la facultad de determinar la admisibilidad, el valor probatorio y el peso y la producción de la prueba. La ley contiene una serie de reglas adjetivas supletorias del silencio de los litigantes que abarcan todo el espectro en el que se desenvuelve el procedimiento arbitral. La Corte es del parecer que ninguna de las causales de nulidad invocadas, tienen aplicación en este proceso arbitral, por lo que la rechaza de plano.

En esta misma línea, en el caso “Tomás Sánchez Arriagada y otros con Cavendish Square Holdings BV”, Rol Nº 7278-2012, la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha 28 de agosto del 2013, rechazó un recurso de nulidad basado en la vulneración del artículo 34, número 2, letra b), acápites i) y ii) de la LACI (contrariedad al orden público). La recurrente sostuvo que la controversia a que se refiere el laudo no es susceptible de arbitraje, pues el tribunal arbitral sería incompetente para conocer de un conflicto vinculado a una relación laboral. La Corte resolvió que la nulidad no podía prosperar dado que las argumentaciones corresponden a excepciones opuestas en la oportunidad correspondiente ante el juez árbitro y que este resolvió dicha solicitud, sin existir reparo por parte de la recurrente, lo que constituye un reconocimiento tácito. Se sostuvo que el recurso de nulidad solo permite examinar el cumplimiento de las formas y no constituye instancia que permita revisar los hechos, que es a lo que se refiere el recurso, al intentar las mismas alegaciones y defensas que hizo valer en el juicio arbitral. Agrega que los pactos de no competencia fueron suscritos por las partes con un alcance de orden civil, puesto que se pactaron obligaciones de no hacer, a cambio del pago de determinadas sumas de dinero y para regir por un tiempo determinado, incluso una vez terminadas sus respectivas relaciones laborales, de manera que no se trata de aquellos asuntos que, en razón de la materia, deberían ser conocidos por un juez laboral, siendo lícito y posible que con ocasión de un contrato de trabajo quienes concurren a él suscriban acuerdos de distinta naturaleza y también de no competencia para regir después del término de la relación laboral, como ocurrió en la especie.

En este orden de ideas, la ICAS, en el caso “Constructora EMEX limitada con Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio Sur ESO”, Rol Nº 9211-2012, de fecha 10 de abril del 2014, rechazó un recurso de nulidad interpuesto por una aparente contrariedad al orden público, al haberse infringido normas del debido proceso (negar prueba pericial solicitada y permitir a una de las partes litigar con abogados extranjeros). La Corte sostuvo que el informe pericial es un medio de prueba que será obligatorio cuando así lo determine la ley, de no ser así será facultad del tribunal ordenar su procedencia. En el caso en cuestión el tribunal estimó que tal informe no era necesario, de modo que no puede existir infracción al orden público cuando la propia ley entrega la facultad al tribunal de decidir si procede o no determinada diligencia. Con respecto a la participación de abogados extranjeros en representación de la demandada se debe tener presente que el presunto vicio sería en perjuicio de la ella, sin embargo, no realizó reclamo alguno y validó la actuación. El recurrente invoca una normativa aplicable a los tribunales ordinarios y no a los tribunales arbitrales. En todo caso la recurrente aceptó la actuación de dichos abogados durante todo el juicio, sin formular reparo alguno, razón por la que no resulta procedente que ahora pretenda la nulidad de la sentencia.

En un caso similar, “Ann Arbor Foods S.A. con Dominos Pizza Internacional Inc.”, Rol Nº 1420-2010, la CAS, con fecha 09 de octubre del 2012, rechazó recurso de nulidad interpuesto con base en infracciones formales y sustantivas al orden público chileno. La acción se fundó en el hecho de que durante el desarrollo del procedimiento arbitral el juez árbitro habría infringido el orden público chileno al haberse constituido en una sede distinta a la acordada; no haber notificado determinadas actuaciones que causaron la indefensión de la recurrente; haber dictado una sentencia con inhabilidad pendiente; vulnerar la debida imparcialidad y las garantías del artículo 19 Nº 3 CPR; fallar en ultra petita; omitir las leyes reguladoras de la prueba de Chile (asignadas en la cláusula compromisoria); omitir diligencias esenciales del procedimiento (recibir la causa a prueba, conciliación, citar a oír sentencia); no aplicar la cláusula contractual relativa a la prescripción especial extintiva de acciones y no respetar las normas del Código Civil relativas a la ley del contrato y buena fe. Frente a estas alegaciones la Corte decidió pasar los antecedentes a la vista del fiscal judicial, el cual informó que: i) se está frente a un procedimiento previsto en la Ley 19.971, que las actuaciones del árbitro se encuentran validadas; ii) que respecto de la ley procesal aplicable, la sede de arbitraje y las normas de conciliación obligatoria, las partes acordaron aplicar la ley procesal chilena, y que la sede sería Santiago de Chile, siendo que el árbitro se encontraba domiciliado en Ciudad de México y no se citó a los litigantes a una conciliación obligatoria. En relación a la sede, esta sería fijada por la Corte, salvo acuerdo en contrario de las partes sin perjuicio de que: “El tribunal arbitral podría deliberar en cualquier lugar que considere apropiado” (art. 14 Reglamento), acción que fue convalidada por las partes; iii) con respecto a la falta de notificación alegada, carece de pertinencia al efecto, toda vez que el estatuto legal aplicable es el reglamento de arbitraje (1º de enero de 1998); iv) respecto de la infracción al artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de Chile, señala que todo laudo debe ser sometido a aprobación por parte de la Corte, por tanto no se ha violado la garantía invocada y iv) De este modo, no se produce el vicio alegado de la omisión de la recepción de la causa a prueba, conciliación y citación a oír sentencia, por haberse efectuado una adecuada aplicación del reglamento de arbitraje. Con estos antecedentes, la Corte rechazó el recurso de nulidad por falta de fundamentos.

10. Reconocimiento y ejecución del laudo (LACI, art. 36)

El reconocimiento de las sentencias arbitrales internacionales es el proceso que vuelve a los laudos arbitrales parte del sistema legal nacional(34). La ejecución, por su parte, tiene por objeto perseguir el cumplimiento forzado de la obligación contenida en una sentencia arbitral. En el ámbito del arbitraje comercial internacional, la Corte Suprema ha tendido a reconocer los laudos extranjeros por medio del exequátur.

Así, por ejemplo, en el caso “Stemcor Uk Limited con Compañía Comercial Metalúrgica Limitada”, Rol 1724-2010, con fecha 21 de junio del 2010, la Corte Suprema acogió una solicitud de exequátur respecto de una sentencia dictada en un proceso arbitral administrado por la Corte de Arbitraje Internacional de Londres. En su fallo, la Corte dedica una especial atención a la determinación de la normativa aplicable al reconocimiento de las sentencias arbitrales extranjeras, señala que el sistema chileno sobre cumplimiento de los fallos extranjeros, tiene pilares asentados en los artículos 242 a 251 del Código de Procedimiento Civil; dentro de ese sistema denominado por la Corte “en cascada”, se aplica la reciprocidad creada por los tratados existentes, la reciprocidad legal o interpretativa y, en ausencia de esos antecedentes, pasa a regir el criterio de regularidad internacional (Considerando 3º). La Corte sostuvo que “ante los claros términos de la Ley 19.971, la regularidad de la sentencia cuya autorización para el cumplimiento en Chile se requiere, debe ser estudiada al tenor de la normativa, considerando especialmente los artículos 35 y 36, todo sin dejar de tener presente la Convención de Nueva York, puesto que fue este marco regulatorio el atendido y sobre la base de cuya aplicación se desarrolló el arbitraje. La parte requirente del exequátur sostenía que la sentencia arbitral reunía todas las condiciones legales para que este sea otorgado, y que la parte demandada no había formulado objeción alguna. El máximo tribunal corroboró la existencia de una cláusula arbitral incluida en los contratos objeto de la controversia y que la demandada “no se vio impedida de ejercer su derecho a la defensa sino que simplemente decidió, de forma voluntaria, mantenerse rebelde en aquél procedimiento, no obstante haber sido debidamente emplazada, actitud ésta que no puede, de manera alguna, identificarse con indefensión. Por las razones expuestas, la solicitud de exequátur fue acogida y el cumplimiento de la sentencia arbitral autorizado.

Asimismo, la ECS, en el caso “Maw Mauro Stubrin versus Sociedad Inversiones Morice”, Rol Nº 6600-2005, de fecha 11 de enero del 2007, acogió la solicitud de exequátur a consecuencia de una sentencia arbitral pronunciada en Argentina bajo las reglas de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial (CIAC). El demandado invocó la violación del orden público, consagrada en el artículo V.2 de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, como una causal para denegar el reconocimiento a un laudo arbitral extranjero. Alegaba que el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, que exige “el visto bueno u otro signo de aprobación emanado de un tribunal superior ordinario del país donde se haya dictado el fallo”, era una norma de orden público. En el caso en cuestión, no se había presentado ningún certificado del máximo tribunal de Argentina, sin embargo, el laudo fue confirmado por la excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial de la Capital Federal de dicho país y contaba con el certificado del secretario del tribunal arbitral de la CIAC. La CS de Chile sostuvo que esos certificados permitían “tener como apropiado signo de comprobación de la autenticidad y eficacia del laudo arbitral” y que encontrándose este ejecutoriado y cumpliéndose los requisitos establecidos en la Convención de Nueva York, el exequátur solicitado era procedente.

En el caso “Gold Nutrition Industria y Comercio con Laboratorios Garden House S.A.”, Rol Nº 6615-2007, la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 15 de septiembre del 2008, accedió a la solicitud de exequátur declarando que puede cumplirse en Chile la sentencia arbitral extranjera que se encuentra ejecutoriada desde el año 2007, pronunciada por el tribunal arbitral designado conforme a las normas de la Cámara de Mediación y Arbitraje de São Paulo y que condenó a Garden House S.A., al pago de una suma de dinero al demandado de dicha causa. El excelentísimo tribunal consideró que la solicitud debía ser resuelta a la luz de lo dispuesto en los artículos 242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y especialmente a lo estatuido en la Ley 19.971, sobre Arbitraje Comercial Internacional, sin perjuicio de las normas que establecen tanto la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las sentencias Arbitrales Extranjeras de Naciones Unidas de 1958, y la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975. Precisó que este procedimiento no constituye una instancia, por lo que no es dable promover ni resolver dentro de él materias propias a los hechos y el derecho relativos a la causa en que se dictó la sentencia extranjera, ni tampoco ser resueltas alegaciones que puedan constituir excepciones que deban ser opuestas en la ejecución correspondiente y ante el tribunal que conoce de ella. En definitiva correspondió a esa Corte, a la luz de los antecedentes allegados, examinar el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 36 de la Ley 19.971, y 242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, puesto que el demandado alegó que no se reunieron las condiciones copulativas que la ley establece. En relación a la oposición del nombramiento de los árbitros, por haber emanado de un ente privado, sostuvo que aquella carece de todo fundamento, en razón de que tuvo como origen una orden de un tribunal civil, 19º Juzgado Civil del Foro central de la circunscripción de São Paulo, integrado por tres miembros, dos de ellos designados por las partes y el tercero nombrado por los dos anteriores, lo que se encontraba en perfecta concordancia con lo establecido en el artículo 11 Nº 3 de la Ley 19.971, fundamento suficiente para desestimar la alegación del demandado. Enseguida y en relación con la falta de validez de la cláusula compromisoria por su ambigüedad, falta de completitud e imprecisión, cabe señalar que dichos argumentos fueron desestimados por el citado juzgado, sin que exista una sentencia ejecutoriada que declare la nulidad de la misma, argumento suficiente para desestimar dicha alegación. En cuanto al argumento de la infracción de las leyes de la República, específicamente el artículo 9º de la Ley 18.010, en lo relativo al pago de intereses, por cuanto a su juicio existió anatocismo, lo que se encuentra prohibido por la legislación nacional, la Corte expresó que dicha argumentación es de fondo, y escapa por ello al control del exequátur, por lo que no corresponde a este tribunal pronunciarse sobre la materia sino a aquel que conozca de la ejecución del fallo. De este modo, encontrándose ejecutoriada la sentencia y habiéndose dado cumplimiento a cada uno de los requisitos de la Ley 19.971 en relación con los artículos 242 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, se accedió a la petición de exequátur.

En el caso “Converse Inc. c/ American Telecommunication, Inc. Chile S.A.”, Rol Nº 3225-2008, la ECS, con fecha 8 de septiembre del 2009, se acogió una solicitud de exequátur respecto de una sentencia arbitral dictada en un procedimiento con sede en EE. UU. En su análisis, la CS partió de la premisa que la función del exequátur consiste en “verificar el cumplimiento de ciertos requisitos mínimos y no se encuentra destinado a analizar la justicia o injusticia intrínseca de la sentencia de modo que no constituye una instancia de revisión de lo allí resuelto”. Teniendo en consideración que la solicitud de concesión de exequátur está destinada solamente a habilitar la iniciación de un juicio ejecutivo dentro del cual podrá debatirse lo alegado, y que la excepción deducida corresponde claramente a aquella contemplada en el numeral 2º del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, resulta improcedente promoverla y resolverla en esta etapa. Adicionalmente, el máximo tribunal expresó que no puede dejar de hacerse presente que los fundamentos que sirven de sustento a esta excepción, de falta de legitimación en el demandante por no haber acreditado la existencia de la empresa ni la calidad de representante de quien demanda, correspondía que fuese reclamado en el juicio arbitral y no en esta oportunidad, cuestión que no consta que haya sucedido. Por lo demás, en el laudo arbitral se consignó particularmente que la sociedad actora es una empresa legalmente constituida y vigente.

Tratándose de un incumplimiento de contrato mercantil internacional en el que las partes se sometieron a un tribunal arbitral y a un derecho extranjero, resulta que en la presente gestión únicamente pueden revisarse las alegaciones que se sustenten en aquellas exigencias y excepciones señaladas en los artículos IV y V de la Convención de Nueva York, respectivamente, norma esta última que se encuentra reiterada por el artículo 36 de la Ley 19.971 —las que, por cierto, también pueden ser presentadas durante la ejecución por la parte contra la cual se invoca—. Sin embargo, los argumentos sobre los cuales la demandada construye la excepción referida no configuran ninguna de aquellas de las que trata el precepto mencionado, motivo por el cual no se justifica su análisis, el cual deberán las partes reservar para la oportunidad pertinente, por lo que la excepción entablada por la demandada será rechazada en este procedimiento de exequátur. La alegación de la demandada en el contrato mercantil internacional, se basó en la causal que permite denegar el reconocimiento y ejecución de la sentencia prevista tanto en el numeral 1º letra b) del artículo 5º de la Convención de Nueva York como en el número 1 letra a) ii) del artículo 36 de la Ley 19.971, esto es, por haberse vulnerado su derecho de defensa durante la substanciación del juicio que dio lugar a la sentencia cuya ejecución se pretende en Chile. Procede consignar que de los propios argumentos vertidos por dicha parte se desprende palmariamente que aquella no solo no se vio impedida de ejercer su derecho a la defensa sino que, según ella misma lo reconoce, compareció al juicio arbitral realizando alegaciones y defensas, opuso la excepción de contrato no cumplido; presentó demanda reconvencional, que fue acogida parcialmente y, en su oportunidad, presentó prueba documental y testimonial, lo que alcanzó para concluir que la demandada no se vio privada de la posibilidad de hacer valer sus medios de defensa, derecho salvaguardado constitucionalmente, constatándose en cambio que lo que realmente dicha parte atacó es el fondo de la decisión adoptada por los jueces extranjeros, así como la ponderación que hicieron de las pruebas allegadas a dicho procedimiento, cuestiones estas que en los términos que ya se han expuesto, no pueden ser revisadas dentro del procedimiento de exequátur. Es irrevisable en el procedimiento de exequátur de la sentencia arbitral recaída en el marco de un incumplimiento de contrato mercantil internacional, la alegación de supuesta falta de imparcialidad del tribunal arbitral reclamada por la oponente, pues se fundamentó en simples conjeturas, las cuales, a su vez, se construyeron sobre la base de una decisión que consideró injusta, pero que no fue probada por ningún medio, por lo que la oposición formulada por este motivo debe ser necesariamente desestimada. La Corte se apoyó en la Ley 19.971 y la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, acogiendo el exequátur solicitado y autorizando que se cumpla en Chile la sentencia arbitral dictada en otro país.

En el mismo sentido, en el caso “Kreditanstalt fura Wiederaufbau”, Rol Nº 5228-2008, la Excelentísima Corte Suprema, con fecha 15 de diciembre del 2009, rechazó una causal de denegación de exequátur fundándose en el principio Kompetenz-Kompetenz. La parte demandada argumentó que el fallo del tribunal arbitral contravino el artículo 36 Nº 1 letra a) sección iii) de la LACI, toda vez que se refirió a materias no previstas en los acuerdos de arbitraje; específicamente, a un contrato de transacción que no era materia de cláusula arbitral. Dicho contrato fue invocado por ella en el juicio arbitral para probar que se habían extinguido todas las obligaciones pendientes entre las partes, incluidas las cláusulas arbitrales, toda vez que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Así, según la parte ejecutada, las cláusulas arbitrales no estaban vigentes al momento de iniciarse el arbitraje y, por ende, el tribunal arbitral era incompetente para conocer de la controversia.

Por otra parte, se ha denegado esta solicitud en el caso “EDF Internacional Soc. Energética Francesa S.A.”, Caso Rol Nº 4390-2010. La solicitud de exequátur inicialmente no fue admitida a trámite, por cuanto las partes demandadas no tenían su domicilio en Chile. Sin embargo, la parte ejecutante pidió que se revocara dicha resolución, haciendo presente, entre otras consideraciones, que los tribunales chilenos sí tienen jurisdicción en la medida que la parte ejecutada posea bienes en Chile, y que de lo contrario se estaría creando una verdadera inmunidad de ejecución. La ECS acogió la solicitud de reposición y dio curso al exequátur. La ECS, con fecha 08 de septiembre del 2011, desestimó la solicitud de exequátur respeto del reconocimiento y orden de ejecución en Chile del laudo arbitral dictado en Buenos Aires, Argentina, por el tribunal arbitral, constituido conforme el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), integrado por los jueces árbitros Bera Udo, Illescas Ortiz y Henri Álvarez. Entre las partes surgió una controversia relacionada con la interpretación de las cartas de mención, al reclamar un reajuste del precio de venta de las acciones. En vista de esto se presentó demanda de arbitraje. El solicitante aseguró que el laudo arbitral cuyo exequátur se solicitó tiene carácter final, definitivo y vinculante, conforme a la cláusula arbitral contenida en el contrato y al reglamento de arbitraje de la CCI. Agregó que en razón de los caracteres de obligatoriedad e imperatividad de que aparece revestido, las partes se hallan en la necesidad de darle cumplimiento.

Conferido el traslado, la contraparte solicitó se rechazara íntegramente la solicitud de exequátur, denegando toda eficacia a la sentencia arbitral extranjera cuyo reconocimiento en Chile se pretendió obtener, dado que dicho fallo no existía jurídicamente, al ser anulado completamente por el tribunal argentino, sentencia que se encontraba ejecutoriada. Acompañaron documentación en la que se acreditó que el fallo arbitral fue invalidado por resolución firme del tribunal competente, circunstancia que configura, de acuerdo con los artículos 36 LACI, V Nº 1 letra e) Convención de Nueva York y artículo 5º Nº 1 letra e) Convención de Panamá, una causal que impide a la Corte Suprema conceder el reconocimiento y ejecución del laudo. Sostuvieron que la otra parte vulneró el principio de los actos propios ya que ella misma dedujo en su momento uno de los recursos de nulidad, no resultando inconsecuente que después pretendiera desconocer los efectos de esa conducta. En consecuencia, plantearon que la jurisdicción de la Corte Suprema para conocer del exequátur tenía una limitación territorial, desde que, tratándose de una sentencia dictada en el extranjero, debía existir vinculación entre las partes del exequátur que se trata de obtener y la jurisdicción de los tribunales nacionales, requisito que no se satisfizo en la especie, pues todas las partes involucradas tienen domicilio fuera de Chile, siendo el único supuesto de conexión que las demandadas tendrían bienes en Chile, circunstancia insuficiente para impetrar el exequátur. Finalmente, sostienen que no existe tribunal chileno competente para conocer la eventual ejecución de la sentencia arbitral, pues de acuerdo con las reglas de competencia territorial en materia civil contenciosa, es competente el juez del domicilio del demandado y en el caso en cuestión, ninguna de las partes (sociedades) tiene domicilio en Chile.

La Corte rechazó esta solicitud basándose, entre otras razones, en el informe de la Fiscal de la Corte, que emitió su opinión con fundamento en los siguientes argumentos: i) el documento acompañado por la solicitante como copia autorizada del laudo arbitral no reviste tal carácter, pues se trata de una copia simple, certificada en París, por el Consejo General de la Corte Internacional de Paris (ICC); ii) La CS carece de jurisdicción para conocer de la solicitud materia de autos; iii) la solicitud de autorización para cumplir una sentencia arbitral en materia comercial expedida en el extranjero debe resolverse dentro del marco establecido en el artículo 242 y siguientes CPC y por la normativa contenida en la LACI y la Convención de New York. En el presente caso se ha configurado la situación del artículo 36 Nº 1 letra a) acápite V Ley 19.971 que establece, como razón para negar el reconocimiento o la ejecución de un laudo arbitral extranjero, el hecho que la parte contra la cual se invoca pruebe ante el tribunal competente del país en que se pide el reconocimiento o la ejecución que el laudo no es aún obligatorio para las partes o ha sido anulado o suspendido por un tribunal del país conforme a cuyo derecho ha sido dictado. En el caso se ha acreditado que el laudo arbitral cuyo exequátur se impetra fue anulado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires.

11. Cuadro resumen sobre sentencias pronunciadas en materia de arbitraje comercial internacional (LACI)

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12. Conclusiones

Luego de esta completa revisión y análisis de las sentencias dictadas por los máximos tribunales del país, hemos constatado la total acogida de los principios arbitrales protegidos en la Ley de Arbitraje Comercial Internacional, lo que consideramos verdaderamente relevante en orden a participar de una cultura arbitral de carácter internacional.

En especial, vemos esta solidez en la afirmación del principio competencia-competencia; la intervención mínima de los tribunales; y el reconocimiento del recurso de nulidad como única vía para impugnar el laudo arbitral; toda vez que estos son precisamente los actuales problemas que plantea el arbitraje interno. A partir de ello, esperamos que este avance se extrapole prontamente al sistema arbitral de derecho interno que aún se mantiene en un compartimento estanco en muchos aspectos, por lo que requiere de una urgente reforma modernizadora.

El panorama es auspicioso y nos permite afirmar no solo una total incorporación de la LACI en la cultura del arbitraje comercial internacional, sino también que Chile se encuentra en un excelente sitial para convertirse en una importante sede de arbitraje.

Bibliografía

ARTUCH IRIBERRI, E. El convenio arbitral en el arbitraje comercial internacional. Madrid: Eurolex, 1997.

AYLWIN AZOCAR, PATRICIO. El juicio arbitral. Santiago de Chile: Ed. Jurídica, 5º edición, 2005.

BARONA VILAR, SILVIA. Medidas cautelares en el arbitraje. Madrid: Civitas, 2006.

BERNARDO SAN JOSÉ, ALICIA. Arbitraje y jurisdicción. Incompatibilidad y vías de exclusión. Granada: Comares, 2002.

BORN, GARY, Internacional Commercial Arbitration. Estados Unidos de América: Transnacional Publishers-Kluwer Law Internacional, 2001.

CALVO CARAVACA, A. “Medidas cautelares y arbitraje privado internacional”, en Revista de Derecho de la Empresa, Nº 2. 2005, pp. 9-46.

CHILLÓN MEDINA, J. F. y Merino Marchant, J. M. Tratado de arbitraje privado interno e internacional. Madrid: Ed. Civitas, 1991.

FERNÁNDEZ DE BUJÁN, ANTONIO. Jurisdicción y arbitraje en Derecho romano. Madrid: Iustel, 2006.

FERNÁNDEZ DE LA GÁNDARA, LUIS. El arbitraje comercial internacional. Madrid: Ed. Tecnos, 1989.

FERNÁNDEZ ROZAS, JOSÉ CARLOS. Tratado del arbitraje comercial en América Latina. Madrid: Ed. Iustel, 2008.

GONZÁLEZ CAMPOS, “Sobre el convenio de arbitraje en el Derecho internacional privado”. En: ADI II, 1975.

GONZÁLEZ-MONTES SÁNCHEZ, JOSÉ LUIS. El control judicial del arbitraje. Madrid: Ed. La Ley, 2008.

GRIGERA NAÓN, HORACIO, Choice of law Problems in Internacional Commercial Arbitration. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1992.

JIMÉNEZ BLANCO, PILAR. “Los contratos a favor de tercero en el Derecho Europeo”. En: Derecho contractual comparado, una perspectiva europea y transnacional. Ed. Thomson Reuters, Civitas, Madrid, 2009.

JEQUIER LEHUEDÉ, EDUARDO. El arbitraje en el derecho chileno de sociedades: arbitrabilidad del conflicto societario mercantil. Ed. Thomson Reuters, Santiago de Chile, 2013.

JEQUIER LEHUEDÉ, EDUARDO, “El arbitraje forzoso en Chile”. En: Revista de Estudios Constitucionales, Nº 9, 2011, pp. 453-498.

OLIVENCIA RUIZ, M. Arbitraje: una justicia alternativa (una visión histórica de la nueva ley). Córdova-España: 2006.

OSSA, FELIPE., y ZAMORA, R., El arbitraje internacional en la jurisprudencia. Santiago de Chile, Ed. Thomson Reuters, 2014.

PETSCHE, MARKUS A. The growing autonomy of internacional commercial arbitration. München, Alemania: European Law publishers, 2005.

PICAND ALBÓNICO, EDUARDO. Arbitraje Comercial Internacional. Santiago de Chile: Ed. Jurídica, 2005.

ROMERO SEGUEL, ALEJANDRO y DÍAZ VILLALOBOS, JOSÉ IGNACIO. El arbitraje interno y comercial internacional. Santiago de Chile: Ed. Lexis Nexis, 2007.

TWEEDDALE, KEREN & TWEEDDALE, ANDREW. Arbitration Law. Estados Unidos/Gran Bretaña: Oxford University Press, 1999.

MEREMINISKAYA, E. Arbitraje comercial internacional en Chile. Ed. Thomson Reuters, Santiago de Chile, 2014.

REDFERN, A, HUNTER, M., BLACKABY, N., PARTASIDES, N. Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional. Navarra, 2006.

ROMERO SEGUEL, ALEJANDRO y DÍAZ VILLALOBOS, JOSÉ IGNACIO. El arbitraje interno y comercial internacional. Santiago de Chile: Ed. Lexis Nexis, 2007.

TWEEDDALE, K. & A. TWEEDDALE. Arbitration law. Oxford, 1999.

VÁSQUEZ PALMA, M. F. Arbitraje en Chile. Análisis crítico de su normativa y jurisprudencia, Santiago de Chile, Ed. Legal Publishing, 2011.

VÁSQUEZ PALMA, M. F., “Recepción del arbitraje comercial internacional en Chile desde una óptica jurisprudencial. Una revisión ineludible”. En: Revista Chilena de Derecho, Vol. Nº 38 Nº 2, mayo-agosto 2011, pp. 349-370.

VARIOS AUTORES. Estudios de arbitraje, libro homenaje a P. Aylwin Azocar, Santiago de Chile: (Coord. E. Picand), 2014.

YESILIRMAK. Provisional Measures in International Commercial Arbitration. The Hague: 2005.

(*) Este artículo forma parte del Proyecto de Investigación Conicyt-Anillo “Los métodos alternativos de solución de conflictos como herramientas de modernización de la justicia. Construcción Dogmática a partir de un análisis multidisciplinario”. SOC 1406.

Abreviaturas: CA: Corte de Apelaciones; ICA: Ilustrísima Corte de Apelaciones; CS: Corte Suprema; ECS: Excelentísima Corte Suprema; LACI: Ley de Arbitraje Comercial Internacional; Uncitral/Cnudmi: Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

(1) Que, como sabemos, se aparta del sistema normativo arbitral del Derecho interno. Véase: Vásquez Palma, M., “Recepción del arbitraje comercial internacional en Chile, una óptica jurisprudencial. Una revisión ineludible”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 38 Nº 2, mayo-agosto 2011, pp. 349-350.

(2) Cabe recordar que en el año 2013 el Ministerio de Justicia convocó a una comisión de expertos con el objeto de elaborar una nueva ley de arbitraje para la sede doméstica. Integraron esta comisión Alejandro Romero Seguel, Cristian Maturana, M. Fernanda Vásquez Palma, Andrés Jana L., Elina Mereminskaya I., y Jaime Irarrázabal C. Esta comisión realizó un anteproyecto de ley que se difundió ampliamente, sin embargo, no llegó a presentarse al Congreso Nacional.

(3) Véase, entre otros F. Cordón Moreno, El arbitraje en el Derecho español: interno e internacional, Pamplona, 1995, p. 57; S. Gaspar Lera, El ámbito de aplicación del arbitraje, Pamplona, 1998, pp. 52-53.

(4) La bibliografía existente del desarrollo del instituto es inabarcable, a modo referencial, véase: A. Fernández de Buján, Jurisdicción y arbitraje en Derecho romano, Madrid, 2006; M. Olivencia Ruiz, Arbitraje: una justicia alternativa (una visión histórica de la nueva ley), Córdova-España, 2006. J. F. Chillón Medina y J. M. Merino Merchán, Tratado de arbitraje privado interno e internacional, Madrid, 1991, pp. 33 y ss.; A. Redfern, M. Hunter, N. Blackaby; C. Partasides, Teoría y práctica del arbitraje comercial internacional, Navarra, 2006, pp. 61 y ss.; K. Tweeddale & A. Tweeddale, Arbitration law, Oxford, 1999; Fernández Rozas, José Carlos, Tratado del arbitraje comercial en América Latina, Ed. Iustel, Madrid, 2008. Para el caso chileno, puede consultarse P. Aylwin Azocar, El juicio arbitral, 5ª edición, Santiago de Chile, 2005, pp. 65-75; Varios autores, Estudios de arbitraje, Libro homenaje a P. Aylwin Azocar, Santiago de Chile, 2014; E. Mereminiskaya, Arbitraje comercial internacional en Chile, Ed. Thomson Reuters, 2014; Romero Seguel, Alejandro y Díaz Villalobos, José Ignacio, El arbitraje interno y comercial internacional, Ed. Lexis Nexis, Santiago de Chile, 2007; Picand Albónico, Eduardo. Arbitraje Comercial Internacional, Ed. Jurídica, Santiago de Chile, 2005; Ossa, F. y Zamora, R. El arbitraje internacional en la jurisprudencia, Ed. Thomson Reuters, 2014; M. Fernanda Vásquez Palma, Arbitraje en Chile. Análisis crítico de su normativa y jurisprudencia, Ed. Abeledo Perrot-Legal Publishing, 2011; Vásquez Palma, M., Revista Chilena de Derecho “Recepción del arbitraje comercial internacional en Chile, una óptica jurisprudencial. Una revisión ineludible”, Vol. 38 Nº 2; Jequier Lehuedé, Eduardo. El arbitraje en el derecho chileno de sociedades: arbitrabilidad del conflicto societario mercantil, Ed. Thomson Reuters, 2013; Jequier Lehuedé, Eduardo. “El arbitraje forzoso en Chile”, en: Revista de Estudios Constitucionales, Nº 9, 2011, pp. 453-498.

(5) Sobre esta materia en extenso: J. D. González Campos. “Sobre el convenio de arbitraje en el Derecho internacional privado español”, en: ADI II, 1975; E. Artuch Iriberri. El convenio arbitral en el arbitraje comercial internacional, Madrid: 1997, M. Fernanda Vásquez Palma, ob. cit., pp. 281 y ss.

(6) “Se entenderá que el acuerdo es escrito cuando esté consignado en un documento firmado por las partes o en un intercambio de cartas, télex, telegramas u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo, o en un intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia de un acuerdo sea afirmada por una parte sin ser negada por la otra. La referencia hecha en un contrato a un documento que contiene una cláusula compromisoria constituye un acuerdo de arbitraje siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato” (LACI, art. 7º).

(7) Un acuerdo de arbitraje puede versar sobre disputas de naturaleza contractual o no. Acerca de este punto los trabajos preliminares de la ley modelo, señalan que a la expresión “contractual o no” debe dársele una interpretación amplia, de manera que abarque todos los casos comerciales no contractuales que ocurren en la práctica (ej.: Interferencia de terceros en relaciones contractuales, infracción del derecho de marcas u otra forma de competencia injusta). CNUDMI A/CN.9/264, Comentario analítico del texto de la ley sobre arbitraje comercial internacional, bajo el artículo 7º, párrafo 4, 3 a 21 de junio de 1985. Disponible en http://www.unictral.org/uncitral/en/comission/sessions/18th.html. En compendio CNUDMI, p. 28, párrafo 12.

(8) Un caso que parece apartarse de este lineamiento es “Fastpack S.A. con Bureau Veritas Chile S.A.” Rol Nº 2592, 10 mayo del 2011. En él, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago (ICAS) sostuvo que “la estipulación contractual [con] base [en] la cual la demandada se ha excepcionado (cl[á]usula arbitral), no puede ser interpretada extensivamente, en los términos que aquella lo pretende, por ser el arbitraje en nuestro orden jurídico un sistema de resolución de controversias excepcional” (Considerando 12), sin embargo, no resulta del todo claro si este fallo aplica el estatuto arbitral internacional, toda vez que la Corte tomó especial consideración que la controversia tuvo lugar entre dos empresas constituidas en Chile, regidas por ley chilena, que celebraron un contrato en Chile y que al menos en parte debía cumplirse en Chile. No mencionó la LACI como normativa aplicable.

(9) Véase: Ossa, F., y Zamora, R, ob. cit., p. 26.

(10) Sobre este tema, véase: Jiménez Blanco, Pilar. “Los contratos a favor de tercero en el Derecho Europeo”, en: Derecho contractual comparado, una perspectiva europea y transnacional, Ed. Thomson Reuters, Civitas, 2009.

(11) Pueden consultarse los casos: “Badilla con Sociedad Inmobiliaria Puerto Sur S.A.”, Rol Nº 431-2012, I. Corte de Apelaciones de Concepción, 24 de mayo del 2012; “Andrade Zúñiga con Comercial e Inversiones Atlántida S.A.”, Rol Nº 8694-2010, Corte Suprema 25 de octubre del 2011; “Sucesión Roehrs Bello con Aetna Chile Seguros de Vida S.A.”, Rol Nº 2395-199, Corte Suprema, 13 de junio del 2001; “Orient International Shangai Garments Import & Export”, CAS, 16 de abril del 2001; “Complejo manufacturero de equipos telefónicos SACI con Distribuidora Chilectra Metropolitana S.A.”, Rol Nº 4334-1993, 14 de octubre de 1993. Asimismo, en varios de estos casos se han declarado incompetentes para conocer de la nulidad del contrato principal en que se encuentra inserta la cláusula arbitral.

(12) Esta sentencia fue acordada con el voto en contra del ministro Sr. Muñoz quien estuvo por acoger el recurso de casación.

(13) El artículo 6º dispone: “Las funciones a que se refieren los artículos 11, numerales 3º y 4º; 13, numeral 3º; 14 y 16, numeral 3º, serán ejercidas por el presidente de la Corte de Apelaciones del lugar donde debe seguirse o se sigue el arbitraje y la del (ar)tículo 34, numeral 2º, será desempeñada por la respectiva corte de apelaciones”.

(14) Petsche, Markus A. The growing autonomy of internacional commercial arbitration, European Law publishers, München, Alemania, 2005.

(15) Sobre esta materia, puede consultarse, entre otros: Vásquez Palma, Arbitraje en Chile…, ob. cit., pp. 370 y ss.; Abeliuk, René. “El arbitraje y las obligaciones de las partes y del árbitro”, en: Estudios de arbitraje, Libro homenaje a P. Aylwin Azocar, Ed. Jurídica de Chile, 2011, pp. 41-53; Bernardo San José, Alicia. Arbitraje y jurisdicción. Incompatibilidad y vías de exclusión. Granada: Comares, 2002.

(16) En el mensaje del Presidente de la República se observa una preocupación en orden a advertir que el “reconocimiento a la autonomía de la voluntad en la LACI tiene límites en cuanto no podría declararse internacional una controversia que no tenga efectivamente algún elemento extranjero de cierta relevancia o contravenga normas de orden público, como por ejemplo, las relativas a la protección del consumidor.

(17) En la historia de la ley se aprecia que esta expresión dista de la contenida en el artículo 3º del Código de Comercio y debe entenderse en términos más amplios.

(18) Caso “Stemcor UK Limited”, Rol Nº 1724-2010, 21 de junio del 2010 (considerando 6º); Caso “Kreditanstalt fur Wiederaufbau”, Rol Nº 5228-2008; 15 de diciembre del 2009 (considerando 12); Caso “Converse Inc.”, Rol Nº 3225-2008, de 8 de septiembre del 2009 (considerando 12). Véase: Ossa, F y Zamora, R., ob. cit., pp. 18-19.

(19) Véase casos “Ann Arbor Foods con Domino´s Pizza Internacional”, Rol Nº 1420-2010, CAS, 9 de octubre del 2010; “EDF Internacional Soc., Energética Francesa S.A.”, Rol Nº 4390-2010, ECS, 8 de septiembre del 2011; “Kreditanstalt fur Wiederaufbau” Rol Nº 5228-2008, ECS, 15 de diciembre del 2009; “Converse Inc.”, Rol Nº 3225-2008, ECS, 8 de septiembre del 2009; “Publicis Groupe Holdings BV y Publicis Groupe Investments con árbitro Don Manuel José Vial Vial”, Rol Nº 9134-2007, CAS, 4 de agosto del 2009; “Gold Nutrition Industria e Comercio Ltda.”, Rol Nº 6615-2007, ECS, 15 de diciembre del 2008.

(20) Sobre el tema en extenso, Vásquez Palma, M. Fernanda, Arbitraje en Chile…ob. cit., pp. 369 y ss.

(21) En la misma línea, véase artículo II Nº 3 de la Convención de Nueva York.

(22) Véase, entre otros, casos “Andrade Zúñiga con Comercial Inversiones Atlántida S.A.”, Rol Nº 8694-2010, fallo pronunciado por la excma. Corte Suprema con fecha 25 de octubre del 2011; “Benavente Larraín con Isapre Colmena Golden Cross S.A.”, Rol Nº 8952-2009, fallo de la ECS de 31 de enero del 2011. Véase: Ossa y Zamora, ob. cit., pp. 38-39.

(23) Esta misma línea argumentativa fue otorgada en los casos: “Provimin Ltda. con Danfoss Nessie Water Hydraulics”, en que el 21 Juzgado Civil de Santiago acogió una excepción dilatoria de incompetencia del tribunal fundada en la existencia de una cláusula arbitral incorporada al contrato principal por referencia; “Servicios financieros Altis S.A. con Grupo Casa Saba SAB de CV”, Rol 1886-2011, de fecha 30 de diciembre de 2011; “Meza Swett, Soc. de Inversión San Juan con Promal Young Rubicam S.A., Inversiones CI S.A.”, Rol Nº 17.277-2011, 24 Juzgado civil de Santiago, 7 de mayo del 2012).

(24) El artículo 16 Nº 1 primera parte de la LACI lo consagra.

(25) Compendio CNUDMI, p. 76, párrafo 3. Sobre el tema en extenso en Vásquez, M. “Recepción del arbitraje comercial internacional en Chile, una óptica jurisprudencial. Una revisión ineludible”. Revista Chilena de Derecho, Vol. 38 Nº 2.

(26) Por otra parte, es posible encontrar varios fallos en que los tribunales chilenos se han declarado incompetentes para conocer acerca de la validez de la cláusula arbitral o sobre la competencia del tribunal arbitral incluso con anterioridad a la entrada en vigencia de la LACI. Véase casos: “Casanueva Reyes Lizado del C. con Gavilán Villarroel”, Rol Nº 236-2012, Corte de Apelaciones de Chillán, 17 de agosto del 2012; “Minera Quadra Chile Limitada con Kazazian Bagdasarian y otros”, Rol Nº 2239-2010, I. Corte de Apelaciones de Santiago, de 3 de agosto del 2011; “Aetna Chile Seguros con Leasing del Progreso S.A.”, Rol Nº 5114-2005, Excelentísima Corte Suprema, 24 de abril del 2007.

(27) La demanda de nulidad de la cláusula arbitral se fundó en ausencia de voluntad, en que lo pactado en ellas adolecía de objeto ilícito y, en que tales estipulaciones tenían causa ilícita.

(28) “Que, de la interpretación del artículo citado precedentemente [artículo 8º de la LACI] se puede deducir que este juez, mientras exista una cláusula de arbitraje que no haya sido declarada nula, ineficaz o de ejecución imposible, no sería competente para conocer respecto de la solicitud principal de autos, teniendo en cuenta que la indemnización de perjuicios con motivo de un incumplimiento contractual apunta al fondo del asunto, cuestión que a todas luces, debe someterse a una tramitación arbitral, como acordaron las partes” (considerando 4).

(29) Sobre el tema, Vásquez P. M. Arbitraje en Chile. Análisis crítico de su normativa y jurisprudencia, Ed. Abeledo Perrot-Legal Publishing, 2011, pp. 281 y ss.

(30) Sobre la importancia de estas medidas, véase: Calvo Caravaca. “Medidas cautelares y arbitraje privado internacional”, en: Revista de Derecho de la Empresa, 2005, Nº 2, pp. 9-46.

(31) Sobre su entendimiento en Derecho comparado, véase: S. Barona Vilar. Medidas cautelares en el arbitraje, Madrid, 2006, ob. cit., p. 63.

(32) Respecto de las medidas provisionales en el arbitraje comercial internacional, Véase: A. Yesilirmak, Provisional Measures in Internacional Commercial Arbitration, The Hague, 2005.

(33) De acuerdo con el numeral 3º del artículo 34 de la LACI, La petición de nulidad no podrá formularse después de transcurridos tres meses contados desde la fecha de la recepción del laudo o, si la petición se ha hecho con arreglo al artículo 33, desde la fecha en que esa petición haya sido resuelta por el tribunal arbitral. El tribunal, cuando se le solicite la anulación de un laudo, podrá suspender las actuaciones de nulidad, cuando corresponda y cuando así lo solicite una de las partes, por un plazo que determine a fin de dar al tribunal arbitral la oportunidad de reanudar las actuaciones arbitrales o de adoptar cualquier otra medida que a juicio del tribunal arbitral elimine los motivos para la petición de nulidad. Las cortes de apelaciones colocarán las peticiones de nulidad de inmediato en tabla y gozarán de preferencia para su vista y fallo.

(34) Guía ICCA, pág. 9. Una eventual discusión que aún no se ha suscitado en nuestro país es si los laudos arbitrales internacionales pronunciados en Chile requieren ser homologados. La LACI señala que el artículo 35 se aplica a todos los laudos, independientemente de su sede, mientras que la convención de Nueva York regula tanto los laudos emitidos en un Estado distinto de aquel en que se pide su reconocimiento y ejecución como aquellos que no sean considerados como nacionales del mismo.