Sentencia 2012-00183/52630 de diciembre 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente:

Dr. Guillermo Sánchez Luque

Rad.: 05001-23-31-000-2012-00183-00(52630)

Actor: J. A. P. V. y otros

Demandado: Nación-Fiscalía General de la Nación, Rama Judicial

Ref.: Acción de reparación directa

Bogotá D.C., diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

1. La jurisdicción administrativa, como guardián del orden jurídico, conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal según el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 73 de la Ley 270 de 1996(2).

Acción procedente

2. La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo(3), en este caso por hechos imputables a la administración de justicia (C.N. art. 90 y CCA art. 86).

Caducidad

3. El término para formular pretensiones, en procesos de reparación directa, de conformidad con el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo es de 2 años, que se cuentan a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente de inmueble por trabajo público o por cualquier otra causa.

En los eventos de privación injusta de la libertad, la Sección Tercera ha sostenido que el cómputo de la caducidad inicia a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia absolutoria, pues solo a partir de ese momento la víctima tiene conocimiento de la antijuricidad del daño(4).

La demanda se interpuso en tiempo —3 de febrero de 2012— porque el demandante tuvo conocimiento de la antijuricidad del daño reclamado desde el 9 de diciembre de 2009, fecha en la que quedó ejecutoriada la providencia que precluyó la investigación [hecho probado 8.7].

En efecto, el 2 de diciembre de 2011 se presentó solicitud de conciliación prejudicial y como se declaró fallida el 2 de febrero de 2012, el término de caducidad se reanudó al día siguiente, por los 7 días faltantes, que vencían el 9 de febrero siguiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001.

Legitimación en la causa

4. J. A. P. V., Y. J., J. C. y N. P. M.; L., A., M., M., N. J. y L. E. A. M.; M. L., L. A., B. L., L. O. y O. J. P. V. son las personas sobre las que recae el interés jurídico que se debate en el proceso, ya que el primero es el sujeto pasivo de la investigación penal y los demás conforman su núcleo familiar [hecho probado 8.9].

La Nación-Fiscalía General de la Nación-Rama Judicial está legitimada en la causa por pasiva, pues fueron las entidades que participaron en la formulación de cargos, imposición de la medida de aseguramiento, acusación y juzgamiento.

II. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la conducta de la víctima dio lugar a la privación de su libertad.

III. Análisis de la Sala

5. Como la sentencia fue recurrida por las partes, la Sala estudiará los argumentos expuestos sin limitaciones, de acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.

Hechos probados

6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta corporación, en fallo de unificación(5), consideró que tenían mérito probatorio.

7. La demanda aportó la declaración extra juicio de J. A. P. V. y L. J. M. M. (fl. 267 cdno. 1). Como las declaraciones provienen de los demandantes y no tuvieron como finalidad la confesión de conformidad con los artículos 194 y siguientes del CPC, no serán valoradas.

8. De conformidad con los medios probatorios allegados oportunamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:

8.1 El 26 de mayo de 2008, L. Y. M. M. denunció a J. A. P. V. por abuso sexual de sus hijas menores de edad, M. y N. J. A. M., según da cuenta copia auténtica del acta del escrito de acusación (fl. 54 a 56 cdno. 1).

8.2. El 18 de diciembre de 2008, el Juez Promiscuo Municipal de La Unión-Antioquia, con Función de Control de Garantías, celebró audiencia de imputación en contra de J. A. P. V. por el delito de acceso carnal abusivo agravado y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, según da cuenta copia auténtica del acta de la audiencia (fl. 41 y CD fl. 262 cdno. 1).

8.3. El 26 de diciembre de 2008, J. A. P. V. ingresó al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Medellín, según da cuenta certificación del director de la cárcel del 15 de noviembre de 2011 (fl. 268 cdno. 1).

8.4. El 3 de febrero de 2009, el Juez Penal del Circuito de La Ceja-Antioquia acusó a J. A. P. V. por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, según da cuenta copia auténtica del acta de la audiencia de acusación (fl. 60 y CD fl. 262 cdno. 1).

8.5. El 13 de marzo de 2009, M. y N. J. A. M. se retractaron de las declaraciones rendidas sobre los hechos del litigio ante la Comisaría de Familia de La Unión-Antioquia, según da cuenta copia auténtica de las transcripciones de las entrevistas (fl. 164 a 171 cdno. 1).

8.6. El 17 de julio de 2009, el Juez Penal del Circuito de La Ceja-Antioquia condenó a J. A. P. V. por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, según da cuenta copia auténtica de la sentencia (fl. 177 a 198 cdno. 1).

8.7. El 7 de diciembre de 2009, el Tribunal Superior de Antioquia absolvió a J. A. P. V. y ordenó su libertad inmediata, según da cuenta copia auténtica de la sentencia (fl. 229 a 250, cdno. 1). La providencia quedó ejecutoriada en esa misma fecha, según da cuenta la copia auténtica de la constancia de ejecutoria expedida por el Secretario del Juzgado de primera instancia. (fl. 161, cdno. 1).

8.8. El 9 de diciembre de 2009, J. A. P. V. recuperó su libertad, según da cuenta certificación del director de la cárcel del 15 de noviembre de 2011 (fl. 268 cdno. 1).

8.9. J. A. P. V. es padre de J. C., Y. J. y N. P. M.; y hermano de L. O., M. L., L. A., O. J. y B. L. P. V., según da cuenta copia auténtica de los registros civiles de nacimiento aportados con la demanda (fl. 10 a 24 cdno. 1).

Hecho exclusivo y determinante de un tercero como eximente de responsabilidad en eventos de privación de la libertad

9. El daño está demostrado porque J. C. P. V. estuvo privado de su derecho fundamental a la libertad personal, desde el 18 de diciembre de 2008 hasta el 9 de diciembre de 2009 [hechos probados 8.2 y 8.8].

10. La privación injusta de la libertad como escenario de responsabilidad está regulada en la Ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, en el artículo 68 que establece que quien haya sido privado de la libertad podrá demandar al Estado en reparación de perjuicios.

La jurisprudencia(6) tiene determinado, a partir de una interpretación del artículo 90 de la Constitución Política, que cuando una persona privada de la libertad sea absuelta (i) porque el hecho no existió, (ii) el sindicado no lo cometió, o (iii) la conducta no constituía hecho punible, se configura un evento de detención injusta en virtud del título de imputación de daño especial, por el rompimiento del principio de igualdad frente a las cargas públicas. A estas hipótesis, la Sala agregó la aplicación del principio in dubio pro reo(7), con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado del artículo 90 C.N.(8).

La privación de la libertad en estos casos se da con pleno acatamiento de las exigencias legales, pero la expedición de una providencia absolutoria, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla.

Si el procesado es exonerado por cualquier causa distinta de las mencionadas, la reparación solo procederá cuando se acredite que existió una falla del servicio al momento de decretarse la medida de aseguramiento, es decir, que no se cumplían los requisitos legales para la restricción de la libertad(9).

11. El artículo 164 del Código Contencioso Administrativo autoriza al fallador a decidir cualquier hecho exceptivo propuesto o sobre cualquier otro que se encuentre probado, a pesar de que el inferior no se haya pronunciado y sin perjuicio de la non reformatio in peius.

La Sala ha sostenido que en todos los casos es posible que el Estado se exonere si se acredita que el daño provino de una causa extraña, esto es, que sea imputable al hecho determinante y exclusivo de un tercero o de la propia víctima(10). Estas circunstancias impiden la imputación, desde el punto de vista jurídico, a la entidad que obra como demandada y para que se acrediten deben concurrir tres elementos: (i) irresistibilidad, (ii) imprevisibilidad y (iii) exterioridad respecto del demandado.

Frente al hecho del tercero como eximente de responsabilidad, la Sección Tercera ha sostenido que debe estar demostrado que este participó y que fue causa eficiente en la producción del resultado o daño.

12. Los niños son sujetos especiales de protección por parte de su familia, la sociedad y el Estado. Así se desprende de lo dispuesto por el artículo 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incorporado al derecho interno mediante la Ley 74 de 1976, y en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por la Ley 16 de 1972. Como también de lo ordenado por el artículo 44 de la Constitución Política que garantiza los derechos fundamentales de los menores de forma prevalente.

13. Al descender estas consideraciones al caso, se advierte que la conducta de la denunciante y el relato de las víctimas menores fue determinante y exclusiva para que se ordenara la captura y se impusiera medida de aseguramiento.

En efecto, el Juzgado Penal del Circuito de La Ceja, Antioquia condenó a J. A. P. V. por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, con fundamento en la denuncia de la madre de las menores, testimonios y declaraciones. Frente a la actitud defensiva de las víctimas y declaraciones de retractación se apoyó en las pruebas obrantes y en los análisis psicológicos de un experto de Medicina Legal. Así lo puso de presente la providencia al indicar:

(…) Nótese que fue la misma madre de las pequeñas la que se presentó a las autoridades de policía a denunciar los hechos el día 25 de mayo de 2008, y dijo que desde el 24 de abril de ese mismo año, o sea un mes antes se había enterado que J. A. Pavas, había abusado de las menores antes nombradas que eran sus hijastras, y cuando ella le hizo el reclamo tomó su ropa y abandonó el hogar y que esos hechos ya los había puesto en conocimiento de las autoridades.

La Fiscalía inició la correspondiente indagación preliminar y comisionó a la comisaría de familia de La Unión para que entrevistara a las menores y establecer el daño psicológico causado, y efectivamente la psicóloga adscrita a esa entidad realizó sendas entrevistas a las niñas M. y N. J. A., donde ellas le comentaron los abusos sexuales que cometió con ellas su padrastro, pues mientras M. relató que el sujeto le tocaba (…), N. J. habló inclusive de acceso carnal. Pero posteriormente las menores cambiaron su versión hasta el punto de que la Fiscalía las remitió al psicólogo de Medicina Legal para establecer la credibilidad de su versión inicial o de la retractación.

(…) La regla de la experiencia indica que rara vez los menores mienten cuando se trata de asuntos sexuales, y las pequeñas N. J. y M. en una conversación desprevenida con su tía D. L. le contaron que J. A. había sido el primer hombre en sus vidas, porque había sostenido trato íntimo con ellas. Cuando la madre de las menores se enteró de estos hechos, su primera reacción fue de indignación y acudió de inmediato a las autoridades de policía a colocar la denuncia.

(…) Aunque se insiste, las menores se mostraron parcas, reactivas, y hasta obrando a la defensiva durante sus intervenciones en el proceso, esa actitud, aunada a las demás actuaciones que obran en el expediente, como fueron la versión de los hechos que dieron a su tía D. L., al legista que les hizo el dictamen sexológico, las entrevistas rendidas a la psicóloga de la comisaría de La Unión, donde expusieron claramente los abusos realizados por su padrastro, y el dictamen rendido por el psicólogo adscrito a Medicina Legal, donde explica el porqué de la retractación, dan a entender que las conductas abusivas denunciadas si ocurrieron (…) (fl. 189 a 195 cdno. 1).

Ahora, el Tribunal Superior de Antioquia absolvió a J. A. P. V. por in dubio pro reo, pues no se probó más allá de toda duda la existencia del delito y su responsabilidad, resaltó que la denuncia y los análisis psicológicos practicados originaron la investigación penal, que era necesaria para respetar el ámbito de especial protección que gozan los menores de edad:

(…) Para la Sala no aparece como extraño o inusual que los menores, especialmente en delitos sexuales, terminen por negar sus acusaciones, no sólo porque se sienten intimidados y avergonzados en un escenario tan "pesado" como lo es un estrado judicial, sino porque como lo dijera el perito Javier Villa Machado, el cambio en la dinámica de las relaciones y economía familiar (…) hace que sean los propios parientes de los pequeños quienes mayor presión ejerzan para que se produzca el arrepentimiento.

Es por ello que esta Sala ha prestado especial atención a los trámites en los que los niños son las víctimas del delito. No sólo porque así debe ser en cualquier proceso que se ponga a disposición, sino además porque es la misma Constitución la que les entrega a estas personitas un ámbito especial de protección (fl. 236 a 249 cdno. 1).

En consecuencia, se acreditó el hecho de un tercero como causa del daño, pues las decisiones que restringieron la libertad del demandado fueron producto de la denuncia de la madre de las menores, los relatos de las niñas, los dictámenes que no descartaron actos sexuales con los menores, las entrevistas llevadas a cabo por varios psicólogos a las dos hermanas y, con ocasión de una duda probatoria, se absolvió al procesado.

El comportamiento de la denunciante y las entrevistas de las menores, en este caso, constituyeron un hecho externo, imprevisible e irresistible para la entidad demandada, pues dado que, por la forma en que ocurrió el delito, las víctimas del mismo eran las únicas que podían identificar a su autor y, además, estas eran menores de edad, cuyos derechos prevalecen sobre los derechos de los demás(11) y son sujetos de especial protección por parte de las autoridades, quienes están obligados a dictar medidas preventivas para protegerlos de una eventual agresión. Por ello, no era previsible ni podían impedir las entidades demandadas que, posteriormente a la denuncia, las declaraciones de las menores, la gravedad del delito y el concepto de los médicos, las pruebas no fueran suficientes para acreditar más allá de toda duda la existencia del delito y la responsabilidad penal.

Esta circunstancia implicó que el ente investigativo y el juez competente procedieran, con base en la información suministrada por las víctimas, a solicitar e imponer la medida restrictiva de la libertad, pues no otra conducta podía exigirse ante la gravedad de la denuncia de la madre de las niñas y de los relatos de las menores.

Bajo esta perspectiva, la Sala declarará la configuración de una causa extraña que impide que el daño antijurídico sea imputado a la demandada.

15. Finalmente, de conformidad con el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, no habrá lugar a condenar en costas, porque no se evidencia que la parte haya actuado con temeridad o mala fe.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVÓCASE la sentencia del 30 de julio de 2014 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia y, en su lugar, se dispone:

1. DECLÁRASE probada la excepción de hecho exclusivo y determinante de un tercero y, en consecuencia, NIÉGANSE las pretensiones.

2. Sin costas.

3. En firme esta providencia, por Secretaría, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 El consejero ponente de esta decisión, aunque no lo comparte, sigue el criterio jurisprudencial de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo contenido en el auto del 9 de septiembre de 2008, rad. 34.985 [fundamento jurídico 3], con arreglo al cual conforme al artículo 73 de la Ley 270 de 1996 esta corporación conoce siempre en segunda instancia de estos procesos, sin consideración a la cuantía de las pretensiones. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, rad. 36.146 [fundamento jurídico 1].

3 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 1993, rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].

4 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 2 de febrero de 1996, rad. 11.425.

5 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25.022. El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los argumentos de la inconformidad se encuentran consignados en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, rad. 26.984.

6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, rad. 15.463 [fundamento jurídico 2.2.2].

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 diciembre de 2006, rad. 13.168 [fundamento jurídico 5] y sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013, rad. 23.354 [fundamento jurídico 2.3.2].

8 El magistrado ponente no comparte este criterio jurisprudencial, sin embargo lo respeta y acoge. Los motivos de la disidencia están contenidos en la aclaración de voto a la sentencia del 22 de octubre de 2015, rad. 36.146 [fundamento jurídico 3].

9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2010, rad. 18.960 [fundamento jurídico 3.3].

10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 24 de agosto de 1989, rad. 5.693.

11 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2016, rad. 42.867 [fundamento jurídico 11].