Auto 2012-00032/59989 de diciembre 22 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 66001-23-33-000-2012-00032-02 (59.989)

Consejero Ponente:

Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera

Actor: Cubides & Muñoz Ltda. y otros

Demandado: Instituto Nacional de Vías —Invías—

Ref.: Controversias contractuales

Bogotá D.C., ocho de noviembre de dos mil diecisiete

Se deciden los recursos de apelación interpuestos por la llamada en garantía Restrepo y Uribe SAS y la parte demandante contra el auto del 27 de julio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la audiencia inicial prevista por el artículo 180 del CPACA, mediante el cual se decidieron unas excepciones.

I. Antecedentes

La demanda

El 17 de agosto de 2012, Cubides & Muñoz Ltda. y otros(1)presentaron demanda, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra el Instituto Nacional de Vías —Invías—, mediante la cual formularon las siguientes pretensiones:

“1. Que se declare que en la ejecución del Contrato 1589 de 2005, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías - Invias y el Consorcio Progreso Risaralda se presentó un rompimiento de la ecuación económica, por causas no imputables al contratista, que afectó sus legítimos intereses económicos, ocasionándole como consecuencia un detrimento patrimonial injustificado.

“2. Que se declare que el rompimiento de la ecuación económico ocurrido en desarrollo del Contrato 1589 de 2005, se presentó, en unos casos, cogió consecuencia de las acciones y omisiones de la entidad demandada durante la etapa previa a la adjudicación del contrato, al igual que durante su ejecución, y en otros casos, como consecuencia de hechos y circunstancias imprevistas e imprevisibles por lo mismo ajenas a la conducta contractual del contratista.

“3. Que se declare que el Instituto Nacional de Vías - Invias incumplió el Contrato 1589 de 2005, como resultado de sus acciones y omisiones en desarrollo del contrato, tal y como se indica en los hechos de la demanda.

“4. Que se declare la nulidad de las resoluciones 2967 de fecha 18 de mayo de 2009, ‘Por la cual se declara el incumplimiento parcial del Contrato 1589 de 2005, suscrito con el Consorcio Progreso Risaralda’ y se impuso a éste una multa por valor de $ 28.491.565, y 4944 de fecha 20 de agosto de 2009, ‘Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la resolución 02967 del 18 de mayo de 2009', proferidas por el Instituto Nacional de Vías - Invias, con fundamento en las razones de orden fáctico y jurídico que se exponen en la demanda.

“5. Que se declare la nulidad de las resoluciones 0592 de fecha 14 de febrero de 2011, expedida por el Instituto Nacional de Vías - Invias, 'Por la cual se declara ocurrido el siniestro de incumplimiento definitivo del Contrato de Obra 1589 de 2005, suscrito con el Consorcio Progreso Risaralda, se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria y se declara el siniestro de anticipo.' y 05210 de fecha 5 de octubre de 2011, 'Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 0592 de fecha 14 de febrero de 2011 que declaró el incumplimiento definitivo del Contrato de Obra 1589 de 2005, se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria y se declara el siniestro de anticipo'.

“6. Declarar que el Instituto Nacional de Vías - Invias es responsable de todos los sobrecostos, mayores valores, costos extras o adicionales, costos financieros, honorarios, incrementos en los precios, intereses, y en general de todos los daños y perjuicios causantes del desequilibrio económico ocurrido durante la ejecución del Contrato 1589 de 2005, cuyos valores tuvo que asumir el Consorcio Progreso Risaralda.

“7.Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare así mismo que el Instituto Nacional de Vías - Invias está obligado a pagar al Consorcio Progreso Risaralda, y a sus integrantes, la suma de diez mil ochocientos noventa y ocho millones novecientos veintiséis mil trescientos noventa y cuatro pesos con treinta y nueve ($ 10.898.926.394.39)...

“(…)

“8. Que como resultado de las declaraciones precedentes se ordene y practique por ese Despacho la liquidación del Contrato 1589 del 8 de Septiembre de 2005, celebrado entre el Instituto Nacional de Vías y el Consorcio Progreso Risaralda, incluyendo como saldo a pagar a favor del Consorcio Progreso Risaralda y sus integrantes, la suma de diez mil setenta y nueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos ($ 10.079.884.872) moneda corriente, a la que resulte probada en desarrollo del proceso.

“9. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene al Instituto Nacional de Vías - Invias a pagar a favor del Consorcio Progreso Risaralda y sus integrantes, una suma no inferior a diez mil setenta y nueve millones ochocientos ochenta y cuatro mil ochocientos setenta y dos pesos ($ 10.079.884.872) moneda corriente, por concepto de la liquidación total del Contrato 1589 de 2005.

“10. Ordenar la actualización de las cifras que se reconozcan en el fallo conforme a los Índices de Precios al Consumidor, o con base en el índice que el Despacho estime procedente.

“11. Condenar al Instituto Nacional de Vías, al pago de los intereses de mora sobre las sumas reconocidas en el fallo, a la tasa equivalente al ocho por ciento (8%) anual, sobre el valor histórico actualizado con base en el IPC certificado por el Dane, conforme a lo dispuesto en el parágrafo sexto de la cláusula séptima del Contrato 1589 de 2005, desde la fecha en que se produjo cada uno de los hechos constitutivos del desequilibrio económico y hasta cuando se produzca su pago efectivo.

“12. Condenar al Instituto Nacional de Vías, al pago total de las costas y gastos del proceso”(2).

Trámite en primera instancia y excepciones formuladas

Admitida la demanda(3)y notificada en debida forma, fue contestada por la entidad demandada, quien llamó en garantía a la Compañía Colombiana de Consultores SAS CCC SAS y a las integrantes del Consorcio Zona 2 Centro Occidente, es decir, Interventorías y Diseños S.A. —Interdiseños— y Restrepo y Uribe SAS. En esta misma oportunidad, Cóndor S.A. Compañía de Seguros Generales solicitó que se le reconociera como coadyuvante de la parte actora en el proceso de la referencia.

El Tribunal Administrativo de Risaralda, en providencia del 20 de mayo de 2013, admitió los llamamientos en garantía formulados por el Invías y negó la solicitud de coadyuvancia realizada por Cóndor S.A., razón por la cual esta última interpuso recurso de apelación contra dicho proveído, el cual fue decidido por esta Corporación, en providencia del 3 de diciembre de 2014, en el sentido de aceptar la coadyuvancia efectuada por la referida Compañía de Seguros.

Posteriormente, Restrepo y Uribe SAS e Interventorías y Diseños S.A. interpusieron sendos recursos de apelación contra la decisión del a quo de vincularlas a este asunto en calidad de llamadas en garantía.

Por lo anterior, el Tribunal, el 16 de septiembre de 2016, concedió los referidos recursos y, en virtud de lo establecido en el artículo 324 del CGP, ordenó a los apelantes suministrar, en el término de cinco (5) días, lo necesario para la reproducción de las piezas procesales que debían ser remitidas al Consejo de Estado para su decisión. Esta apelación fue resuelta el 27 de julio de 2017 por esta Corporación, como se verá luego.

De otra parte, el término de quince (15) días otorgado a las llamadas en garantía para intervenir en este proceso corrió del 20 de septiembre de 2016 al 10 de octubre de ese mismo año, oportunidad en la cual las tres sociedades vinculadas presentaron sendos escritos de contestación al llamamiento en garantía y a la demanda.

Restrepo y Uribe SAS, llamada en garantía, propuso, entre otras, la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”, al considerar que no debe ser declarada responsable en este asunto, porque: i) el llamado a responder por el presunto desequilibrio económico del contrato es el Invías, ya que, según se menciona, éste se ocasionó por una falta en el deber de planeación, específicamente, en la elaboración de los pliegos de condiciones y ii) la entidad contratante fue la que adelantó el proceso sancionatorio contra el contratista, el cual tuvo como resultado la expedición del acto administrativo mediante el cual se le impuso una multa.

Por su parte, la Compañía Colombiana de Consultores SAS, también llamada en garantía, formuló la excepción de “caducidad de la acción contractual en relación con la decisión de multa por incumplimiento parcial del Contrato”(4).

Auto apelado

En la audiencia inicial, celebrada el 27 de julio de 2017, el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró probada parcialmente la excepción caducidad propuesta por la Compañía Colombiana de Consultores SAS.

Como sustento de esta decisión manifestó (se transcribe como obra en el expediente):

“En el presente proceso se pretende, por una parte, la nulidad de la actuación administrativa contenida en las resoluciones 2967 del 18 de mayo de 2009 y 4944 del 20 de agosto de 2009, por los cuales se declara el 'incumplimiento parcial' del contrato y se impone una multa; y, por otra parte, la nulidad de las resoluciones 0592 del 14 de febrero de 2011, por la cual se declara ocurrido el siniestro definitivo del Contrato de Obra 1589 de 2005 y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria y se declara el siniestro de anticipo, y 5210 de 5 de octubre de 2011, confirmatoria de la anterior (fls. 337 y 350, cdno. 1-1).

“(…)

“En consecuencia, se aplica la regla deneral en cuanto al término de caducidad del medio de control de controversias contractuales es de dos (2) años. Así, considerando que la fecha en la cual concluyó la actuación administrativa sobre la cual versan las pretensiones anulatorias referentes a las resoluciones 2967 del 18 de mayo de 2009 y 4944 del 20 de agosto de 2009, por las cuales se declaró el 'incumplimiento parcial' del contrato y se impuso una multa, es esta última fecha el punto de partida del término de caducidad frente a dicha actuación, por lo que contaba entonces el Consorcio Progreso Risaralda con el término de dos años a partir de dicha calenda para ejercer frente a estos actos el medio de control de controversias contractuales, el cual vencía el día 20 de agosto de 2011.

“Ahora, el día 15 de enero de 2010 se solicitó audiencia de conciliación prejudicial sobre tales pretensiones, cuya acta señala que el término de caducidad se reanudó a partir del 16 de abril de 2010, cuando la parte demandante contaba con 1 año, 7 meses y 15 días para interponer la respectiva demanda, ello considerando la suspensión del término de caducidad en razón de la solicitud de conciliación, previsto en el artículo 21 de la Ley 640 de 2001, por lo que dicho término expiraba el 30 de noviembre de 2011; y comoquiera que la presentación de la demanda tuvo lugar el día 17 de agosto de 2012 (fI. 49, cdno. 1-1), se concluye que para este momento ya había fenecido el término legal para el ejercicio del medio de control frente a las pretensiones de nulidad de las resoluciones 2967 del 18 de mayo de 2009 y 4944 del 20 de agosto de 2009.

“Lo anterior impone declarar probada parcialmente la excepción de caducidad respecto de las pretensiones anulatorias de las mencionadas resoluciones 2967 del 18 de mayo de 2009 y 4944 del 20 de agosto de 2009, por los cuales se declara el 'incumplimiento parcial' del contrato y se impone una multa; y, por otra parte, se declara no probada la excepción de caducidad en relación con las pretensiones de nulidad de las resoluciones 0592 del 14 de febrero de 2011, por la cual se declara ocurrido el siniestro definitivo del Contrato de Obra 1589 de 2005 y se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria y se declara el siniestro de anticipo, y 5210 de 5 de octubre de 2011, confirmatoria de la anterior, teniendo en cuenta que entre esta fecha y la presentación de la demanda el 17 de agosto de 2012, no transcurrió más del lapso de 2 años a que se ha venido haciendo referencia como término legal para ejercer el medio de control de controversia contractual”(5).

En el curso de la misma audiencia, el a quo declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva formulada por Restrepo y Uribe SAS, toda vez que, adujo, su comparecencia al proceso se fundamenta en la relación legal o contractual que tiene con el Invías (entidad demandada), la cual ya fue estudiada en providencia del 20 de mayo de 2013, con independencia de la condena que se pueda llegar a imponer o no a cargo de la demandada.

Recursos de apelación

Inconformes con lo resuelto en la audiencia inicial, i) Restrepo y Uribe SAS presentó recurso de apelación contra la decisión de declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y ii) la parte demandante formuló recurso de alzada contra la decisión de declarar probada la excepción parcial de caducidad.

Restrepo y Uribe SAS manifestó que no comparte la decisión emitida por el a quo, toda vez que el Consorcio del cual hace parte no tenía la competencia para proferir las decisiones debatidas en este proceso, ni tenía injerencia en su expedición, ya que actuaba como consultor del Invías en la ejecución del programa infraestructura plan 2500, el cual comprendía, además del contrato quedio origen a este litigio, otros proyectos que se desarrollaban en distintos lugares del país.

Por lo anterior, afirma que, como no tenía capacidad para tomar las decisiones en virtud de las cuales se formularon las pretensiones de este asunto, no está llamada a responder si se acceden a las mismas.

Por su parte, la actora indica que no es procedente la declaratoria de caducidad parcial en el sub examine, toda vez que la demanda se interpuso dentro del término de dos años que establecía el Código Contencioso Administrativo, dado que el contrato que dio origen a este litigio estuvo vigente hasta el 20 de agosto de 2011 y los actos administrativos demandados fueron expedidos con ocasión de la ejecución de dicho negocio jurídico.

II. Consideraciones

Legislación aplicable al presente asunto

Como la demanda se presentó el 17 de agosto de 2012, a este asunto le resulta aplicable el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —Ley 1437 de 2011—, en virtud de lo establecido en el artículo 308 del mismo.

Competencia

El recurso de apelación resulta procedente, comoquiera que fue interpuesto oportunamente y busca controvertir una providencia apelable, en los términos del numeral 6º del artículo 180 del CPACA(6).

Caso concreto

1. Restrepo y Uribe SAS e Interventorías y Diseños S.A. interpusieron sendos recursos de apelación contra la decisión del 20 de mayo de 2013, mediante la cual el a quo las vinculó a este asunto; posteriormente, esta Corporación, en providencia del 27 de julio de esta anualidad(7), revocó el referido proveído, en lo que se refiere, únicamente, a la vinculación al proceso de Interventorías y Diseños Ltda. —Interdiseños Ltda.— (hoy Interventorías y Diseños S.A.) y Restrepo y Uribe SAS, en calidad de llamadas en garantía.

En este orden de ideas, se colige que Restrepo y Uribe SAS perdió el interés jurídico que tenía en recurrir la decisión a través de la cual se declaró no probada su falta de legitimación en la causa por pasiva, ya que, como se acaba de observar, ésta fue desvinculada del asunto de la referencia; por ende, no se resolverá de fondo el recurso de apelación que ésta presentó, sino que será declarado desierto.

1. Precisado lo anterior, se debe verificar si le asistió razón al Tribunal de primera instancia al declarar probada de forma parcial la excepción de caducidad de la acción, formulada por la Compañía Colombiana de Consultores SAS.

Esta Corporación ha señalado que, para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerzan en un término específico. En este sentido, los interesados tienen la carga procesal de poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado dentro del plazo fijado por la ley o, de no hacerlo en tiempo, no podrán obtener la satisfacción del derecho reclamado por la vía jurisdiccional.

Las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que ciertas situaciones jurídicas permanezcan indefinidas en el tiempo. En otros términos, el legislador establece unos plazos razonables para que las personas, en ejercicio del derecho de acción, acudan a la jurisdicción con el fin de satisfacer sus pretensiones.

En el sub examine, la parte actora formuló varias pretensiones a través de las cuales busca que se le indemnicen los perjuicios que le fueron ocasionados con la ejecución del Contrato 1589 de 2005, celebrado entre el Consorcio Progreso Risaralda y el Invías; en efecto, solicitó, entre otras cosas, 1) la declaratoria de nulidad de las resoluciones 2967 del 18 de mayo de 2009 (mediante la cual se declaró el incumplimiento parcial del referido contrato y se le impuso al contratista una multa de $ 28.491.565) y 4944 del 20 de agosto de 2009 (confirmatoria de la Resolución 2967 de 2009), 2) que se decrete la nulidad de las resoluciones 0592 de 2011 (a través de la cual se declaró el siniestro de incumplimiento definitivo del Contrato 1589 de 2005) y 5210 de 2011 (mediante la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 0592 de 2011), 3) que se declare que durante la ejecución del Contrato 1589 de 2005 se rompió el equilibrio económico de éste y 4) que se liquide judicialmente el mencionado contrato.

Por su parte, el a quo declaró que operó la caducidad de la acción de forma parcial, ya que, afirmó, la actora tenía hasta el 30 de noviembre de 2011 para demandar las resoluciones 2967 de 2009 y 4944 de ese mismo año y ello ocurrió el 17 de agosto de 2012, es decir, de forma extemporánea.

Sobre el particular, esta Corporación ha sostenido que el plazo para presentar las demandas que se refieren a las diferencias que surgen con ocasión de los contratos estatales se debe contabilizar desde la terminación del contrato por cumplimiento del objeto, si éste es de ejecución instantánea o no requiere de liquidación, o desde cuando se produzca la liquidación en los contratos de ejecución sucesiva, sin importar que se estén alegando motivos de hecho o de derecho ocurridos previo a la liquidación del mismo, toda vez que la relación que nace entre las partes contratantes es una sola y es en el momento de la liquidación del negocio jurídico cuando las partes pueden tener realmente definida la situación financiera de éste; al respecto, se ha dicho lo siguiente (se transcribe literal):

“La Sala se aparta de la tesis que llevó al tribunal a declarar la Caducidad parcial de la acción, por cuanto la relación negocial entre las partes fue una sola, iniciada con la suscripción del contrato y definitivamente terminada, con la liquidación final lograda de mutuo acuerdo. Es apenas en el momento de realizarse éste último acto, ya sea de mutuo acuerdo o unilateralmente en caso de no lograrse el concurso, cuando las partes saben en que estado financiero quedaron, si están o no conformes con las cuentas liquidadas. Para el contratista este momento es particularmente importante, dado que es la oportunidad en la cual conoce con certeza cuánto se le va a pagar y que reconocimientos económicos le hará la administración.

“Pretender que el término de caducidad corra en forma independiente para cada pago que se haga en la ejecución del contrato, afectaría la relación entre los contratantes, dado que atenta la confianza que debe existir entre ellos para que pueda lograrse la satisfactoria ejecución del contrato. Esta finalidad no se lograría si el contratista, inclusive durante la ejecución misma del contrato se ve obligado a estar demandando a la administración contratante por cada pago que reciba y con el cual no está de acuerdo.

“En la ejecución de los contratos estatales debe darse especial importancia a la confiabilidad que los contratantes se ofrecen y que les permite conciliar, en el momento de la liquidación final, los conflictos que entre ellos se presenten. Es apenas razonable que el contratista, a quien le interesa mantener una buena relación con la contratante, espere a terminar la relación contractual, para decidir si demanda o no, a la administración”(8) (se resalta).

Así las cosas, tratándose de contratos que deban liquidarse(9), el plazo para formular la demanda se cuenta a partir de la realización de la liquidación de mutuo acuerdo o desde la fecha en que quedó o debió quedar en firme el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato.

En el presente asunto, se observa que en el Contrato 1589 de 2005, suscrito entre el Consorcio Progreso Risaralda y el Invías se prorrogó el plazo de ejecución contractual hasta el 20 de agosto de 2010(10) y que en el mismo se pactó que la liquidación bilateral procedería “de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993. El término para la liquidación del contrato empezará a contabilizarse a partir del acta de recibo definitivo o final de la obra, que se suscribirá máximo dentro de los 45 días calendario siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del contrato”(11).

En este orden de ideas, como el Contrato 1589 de 2005 no fue objeto de liquidación por mutuo acuerdo ni unilateral por parte de la administración, el término de caducidad de 2 años que tenía la parte demandante para presentar la demanda, de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del artículo 136 del CCA(12), debe contabilizarse, una vez hayan transcurrido los cuatro (4) meses que tenían las partes para la realización de la liquidación de mutuo acuerdo, contados a partir del día siguiente a la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de obra, lo cual ocurrió el 22 de septiembre de 2010 (es decir, dicho término iba hasta el 23 de enero de 2011), más los dos (2) meses que tenía la entidad para hacer la liquidación unilateralmente (o sea, hasta el 23 de marzo de 2011); en consecuencia, el término para demandar corrió del 24 de marzo de 2011 al 24 de marzo de 2013.

Así las cosas y dado que la demanda se presentó el 17 de agosto de 2012 y que, asimismo, la parte actora presentó solicitud de conciliación extrajudicial el 14 de febrero de 2012(13), resulta evidente que la demanda fue presentada de forma oportuna, razón por la cual se revocará la decisión del a quo, en virtud de la cual declaró que operó la caducidad parcial en este asunto.

En mérito de lo expuesto, se

III. Resuelve:

1. Revócase el auto del 27 de julio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, pero en lo que se refiere, únicamente, a la decisión de declarar probada parcialmente la excepción de caducidad, de conformidad con lo expuesto en esta providencia.

2. Declárase desierto el recurso de apelación formulado por Restrepo y Uribe SAS contra el auto del 27 de julio de 2017, proferido por el Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante el cual se tuvo como no probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que ésta propuso.

3. En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, para que continúe con el trámite correspondiente.

Notifíquese y cúmplase

Consejero: Carlos Alberto Zambrano Barrera. 

(1) El extremo actor está conformado por Cubides & Muñoz Ltda., Lavicon Ltda. y Edgar Alonso Castro Lizarralde, los cuales integran el Consorcio Progreso Risaralda.

(2) Folios 4 a 6 del cuaderno 3.

(3) El Tribunal Administrativo de Risaralda admitió la demanda el 18 de septiembre de 2012.

(4) Se resalta que en el acápite denominado “Capítulo Cuarto - Excepciones” de la contestación a la demanda realizada por la Compañía Colombiana de Consultores SAS, no se especificaron las razones por las cuales considera que se configura esta excepción.

(5) Folios 1718 a 1720 del cuaderno principal.

(6) “ART. 180.—Audiencia Inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el Juez o Magistrado Ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas:

“(…)

6. Decisión de excepciones previas. El Juez o Magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

“Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.

“Si alguna de ellas prospera, el Juez o Magistrado Ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

“El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso”.

(7) Ver auto del 27 de julio de 2017, Radicación 66001-23-33-002-2012-00032-01 (58.170), C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 22 de junio de 1995, Expediente 9.965, C.P. Daniel Suárez Hernández.

(9) “ART. 60 de la Ley 80 de 1993. De la ocurrencia y contenido de la liquidación. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación...”.

(10) El Contrato 1589 de 2005, suscrito el 8 de septiembre de 2005, tenía un plazo inicial de 24 meses, el cual fue ampliado varias veces, la última de ellas, a través del Adicional número doce (12), hasta el 20 de agosto de 2010.

(11) Folio 60 del cuaderno 3.

(12) “ART. 136.—Caducidad de las acciones.

“(…)

“10. En las relativas a contratos, el término de caducidad será de dos (2) años que se contará a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o de derecho que les sirvan de fundamento.

En los siguientes contratos, el término de caducidad se contará así:

“c) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada de común acuerdo por las partes, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la firma del acta;

“d) En los que requieran de liquidación y ésta sea efectuada unilateralmente por la administración, a más tardar dentro de los dos (2) años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe. Si la administración no lo liquidare durante los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido por las partes o, en su defecto del establecido por la ley, el interesado podrá acudir a la jurisdicción para obtener la liquidación en sede judicial a más tardar dentro de los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar...”.

Se resalta que si bien a este asunto le resulta aplicable el CPACA, toda vez que la demanda se formuló el 17 de agosto de 2012, se aplica el término de caducidad establecido en el CCA, ya que éste empezó a correr en vigencia del CCA. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que determina lo siguiente:

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación” (el resaltado no hace parte del texto original).

(13) Folios 359 y 360 del cuaderno 4.