Auto AP7465-2017/47739 de noviembre 8 de 2017

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado ponente

Dr. Fernando León Bolaños Palacios

AP7465-2017

Rad.: 47739.

Acta 372.

Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil diecisiete.

VISTOS

De manera oficiosa, se ordena la suspensión del trámite de la acción de revisión promovido por un apoderado de G.D.J.T.M.

Antecedentes.

1. En sentencia de segunda instancia proferida el 13 de diciembre de 2006, la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó confirmó la decisión de condenar a G.D.J.T.M., como coautor de los delitos de rebelión, homicidio en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, destrucción de lugares de culto y destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario. Los hechos que fundaron la condena fueron los siguientes:

… desde el día 1 de mayo de 2002 a las 8:00 a.m., en Bellavista, cabecera municipal de Bojayá - Chocó, se suscitaron cruentos enfrentamientos entre miembros de las Auc, Bloque Elmer Cardenas y guerrilleros de las Farc, que estaban ubicados en el municipio antioqueño de Vigía del Fuerte, situado en frente de Bellavista, siendo separados por el río Atrato. El enfrentamiento continuó con material de guerra, condujo a los pobladores, hombres, ancianos, mujeres y niños, en compañía del sacerdote, a refugiarse en la iglesia, ubicada en el centro de la localidad. Al día siguiente una célula del bloque José María Córdoba de las Farc, cargando cilindros de gas, avanza y cruza el río Atrato y ya estando en Bellavista, lanza aproximadamente cuatro (4), los que impactan en viviendas cercanas y en el techo de la iglesia, generando su destrucción, al igual que la de los sistemas sanitarios artesanales y ocasionando la muerte de 119 personas y heridas a 114 más(1).

(…).

… establecido como se encuentra que G.D.J.T.M. es miembro del grupo insurgente de las Farc y que como comandante del frente 57, que hace parte del bloque José María Córdoba, participó en los hechos que dieron lugar a la masacre de Bojayá, acaecida el 2 de mayo de 2002, deberá responder penalmente por todas las conductas que le fueron atribuidas, habida cuenta que, como jurisprudencialmente se ha decantado, no resulta indispensable que el acusado haya participado de manera activa en el combate, ya que teniendo en cuenta la empresa criminal que se habían propuesto los insurgentes del Bloque José María Córdoba, consistente en tomarse la población de Bojayá - cabecera Bellavista en el Chocó, en la que se hallaban paramilitares, tarea en la que necesariamente se presenta la asignación y división de funciones, es innegable la participación del Comandante del mentado frente 57 para brindar todo el apoyo requerido en logística y armamento para el desplazamiento de sus hombres que acompañaron la operación…(2)

2. Mediante auto del 27 de junio de 2007, la Corte inadmitió la demanda de casación presentada por el defensor de G.D.J.T.M., en contra de la aludida sentencia de segunda instancia.

3. El 9 de marzo de 2016, un apoderado del condenado formuló demanda de revisión con base en la causal descrita en el numeral 3º del artículo 220 del C.P.P./2000, bajo la siguiente tesis básica:

En esta oportunidad se pone de presente a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los Hechos y Medios de Prueba Nuevos que surgieron con posterioridad a los fallos condenatorios (…).

Se debe empezar por señalar que en ese proceso penal siempre se sostuvo que el señor G.D.J.T.M. No era el sujeto “alias B.” a quien las autoridades atribuían los lamentables hechos ocurridos en Bojayá Chocó y por los cuales terminó sentenciado.(3)

En la sustentación de ese reparo, el apoderado del demandante manifestó, además, las siguientes inquietudes y reflexiones:

¿Qué pasará cuando las Farc en la mesa de negociación tengan el listado de todos los integrantes concentrados y desde allí sus voceros indiquen que el señor G.D.J.T.M. Nunca fue “alias B.” comandante del Frente 57 de las Farc y Nunca ha pertenecido como G.R. en las filas de ese grupo?

La respuesta en sano criterio, es que lo más justo y prudente para el País es que sea la Administración de Justicia radicada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por vía de esta acción de revisión penal, la que termine y subsane el error judicial que cometieron todos los que intervinieron en este caso dentro de su investigación e injusta condena.

En otras palabras, y en un hipotético caso, si no lo declara inocente la justicia con todas estas pruebas y, de paso, no lo reconoce las Farc como su integrante; ¿Cuál es el mecanismo legal o la instancia para este fin?(4)

4. La demanda de revisión fue admitida el 7 de abril de 2016. En el trámite consecuente, el 13 de junio siguiente, se dio traslado a los intervinientes para que solicitaran pruebas, a lo cual procedió el defensor. Su petición fue resuelta mediante auto del 23 de noviembre siguiente, en el que, además, se decretaron algunas pruebas de oficio.

5. El 14 de septiembre de 2017, estando en curso la práctica de pruebas, el magistrado sustanciador consideró necesario oficiar a algunas autoridades públicas y al apoderado de G.D.J.T.M. con el objeto de que informaran si este último había sido beneficiado con la libertad condicionada o con cualquiera otra de las prerrogativas contempladas en la Ley 1820/16 y, de ser ello así, establecer las consecuencias que tal situación aparejaría para el presente trámite.

6. Las respuestas suministradas por los requeridos fueron las siguientes:

6.1. El apoderado del accionante informó: (i) que éste fue beneficiado con libertad condicionada por el Juzgado 6º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja el 26 de mayo de 2017; (ii) que, además, aparece registrado en la lista de desmovilizados condenados entregada por los dirigentes de las Farc; y, (iii) que, no obstante lo anterior, se encuentra detenido por cuenta del Juzgado Penal del Circuito de Yarumal, por un proceso que se encuentra en etapa de juicio.

6.2. El Secretario Ejecutivo de la JEP informó que “… el día 20 de abril de 2017 fue levantada el acta de compromiso de señor G.D.J.T.M., en una visita que realizó la Secretaría Ejecutiva al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Combita (…). Dicha acta formal de compromiso se identifica con el número consecutivo 101646 (…)”.

6.3. El Juzgado 6º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja, informó que, mediante Auto del 23 de mayo de 2017 —del cual aportó copia—, de una parte, se abstuvo de favorecer a G.D.J.T.M. con la amnistía de iure, pero, de la otra, sí le concedió la libertad condicionada, todo ello en el proceso de cumplimiento de la pena que le fue impuesta por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Chocó y confirmada por el Tribunal Superior de Quibdó, por los hechos ocurridos en Bojayá desde el 1 de mayo de 2002.

6.4. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz, mediante oficio 17-00120519/JMSC 112000, informó que este funcionario “…, aceptó mediante la Resolución 3 del 18 de abril de 2017 a G.D.J.T.M., identificado con cédula de ciudadanía 3.506.632, como miembro integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército Popular (Farc-Ep)”, luego de advertir que, conforme al Acuerdo para la Terminación del Conflicto, dicha acreditación la realiza el Gobierno Nacional “sobre la base del listado entregado por las Farc-Ep…”.

6.5. El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Quibdó —que dictó la sentencia de primera instancia—, comunicó que al aquí accionante no le ha concedido beneficios previstos por las normas legales que han implementado la JEP.

Consideraciones.

7. Revisión de sentencias en la JEP.

El Acto Legislativo 1º del 4 de abril de 2017, en cumplimiento del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, introdujo en la Constitución Política un título de disposiciones transitorias, cuyo capítulo III dispone la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) con las características fundamentales descritas en el artículo transitorio 5º, cuales son:

(i) Autonomía administrativa, presupuestal y técnica,

(ii) Prevalencia sobre las demás jurisdicciones(5), y

(iii) Especialización en el juzgamiento de “las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos”.

Uno de los mecanismos procesales especiales creados en el marco de la JEP, es el establecido en el artículo transitorio 10, cuyo tenor es el siguiente:

A petición del condenado la JEP podrá revisar las decisiones sancionatorias de la Procuraduría General de la Nación o de la Contraloría General de la República y las sentencias proferidas por otra jurisdicción por: variación de la calificación jurídica conforme al artículo transitorio 5º y al inciso primero del artículo transitorio 22; por aparición de nuevos hechos que no pudieron ser tenidos en cuenta con anterioridad; o cuando surjan pruebas no conocidas o sobrevinientes no conocidas al tiempo de la condena, todo lo anterior por conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto, o con la protesta social, siempre que se cumplan las condiciones del Sistema.

(…).

Se contempla así una acción de revisión que, faltando aun el correspondiente desarrollo legal, presenta las siguientes características:

(i) Procede contra sentencias dictadas en procesos penales, disciplinarios y fiscales. En tratándose de los primeros, deben entenderse incorporadas, por integración de la regulación ordinaria de la acción de revisión (artículos 220, último inciso, del CPP/2000(6) y 192, parágrafo, del CPP/2004(7)) y frente a las causales que sean procedentes, las providencias judiciales que son equivalentes a las sentencias porque, igualmente, deciden el asunto con fuerza de cosa juzgada, como son la preclusión y —en la Ley 600/00— la cesación de procedimiento.

(ii) Su ámbito material se limita a sentencias —o sus equivalentes— proferidas por “conductas cometidas por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto, o con la protesta social”; y

(iii) El catálogo de causales de procedencia difiere del consagrado en el artículo 220 del código procesal de 2000 —192 del expedido en 2004—, por 2 razones: es más reducido porque sólo contempla 3 causales, y una de éstas es exclusiva de la justicia transicional —variación de la calificación jurídica conforme al artículo transitorio 5º y al inciso primero del artículo transitorio 22—.

La competencia para conocer de la acción especial de revisión se asignó, obviamente, a uno de los órganos de la JEP: la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz; sin embargo, como excepción a esa regla, se reservó a la Corte la atribución de revisar sus propias sentencias cuando éstas se hayan proferido contra quienes no ostenten la condición de “combatientes”. Así lo estableció el inciso 3º del precitado artículo transitorio 10: “La Corte Suprema de Justicia será la competente para la revisión de las sentencias que haya proferido. Únicamente para quienes hubieran sido condenados teniendo en cuenta su condición de combatientes podrá solicitarse la revisión de las anteriores sentencias ante la Sección de Revisión de la JEP”.

Ahora bien, en la misma norma se define que, para los solos efectos de la revisión de las sentencias, “se entenderá por combatiente a todos los miembros de la Fuerza Pública y los miembros de las Farc-Ep conforme a los listados entregados por dicho grupo y verificados según lo establecido en el Acuerdo Final o a quien haya sido señalado como tal en una sentencia en firme”. En suma, las reglas de competencia para la revisión de las sentencias proferidas por conductas relacionadas con el conflicto armado ocurridas antes del 1 de diciembre de 2016, son las siguientes:

a) La Sección de Revisión del Tribunal para la Paz conocerá de la revisión de las siguientes sentencias —o sus equivalentes—: (i) de las dictadas en procesos disciplinarios y fiscales; (ii) de las de carácter penal que recaigan sobre un “combatiente”, conforme a la definición legal de esta categoría; y, (iii) de las penales emitidas por autoridades judiciales distintas a la Corte Suprema de Justicia, en procesos seguidos contra personas que no reúnan las condiciones para ser consideradas “combatientes”.

b) La Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Penal, conocerá de la revisión contemplada en el artículo 10 del Acto Legislativo 1/17, cuando ésta se dirija contra una sentencia —o su equivalente— que esa misma Corporación haya dictado en única o en segunda instancia, o en casación(8), siempre y cuando no se trate de un miembro de la Fuerza Pública o de las Farc-Ep en las condiciones anotadas.

Siendo así, a esta Corte corresponderá resolver la petición de revisión prevista en el marco jurídico de la JEP, respecto de las sentencias que haya proferido por virtud del ejercicio de las siguientes competencias funcionales:

(i) Sentencias de única instancia contra los aforados señalados en los artículos 174 y 235, num. 2 y 4, de la Constitución Política (Presidente de la República, Magistrados de Altas Cortes y Fiscal General de la Nación, Ministros, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo, Contralor General de la República, entre otros), excepto cuando el peticionario sea un general o almirante de la Fuerza Pública, caso en el cual, por su categorización como “combatientes”, conocerá la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.

También, las sentencias de única instancia dictadas contra los funcionarios públicos relacionados en los artículos 75 de la Ley 600/00 y 32 de la Ley 906/04, numerales 7 y 9 (Senadores y Representantes a la Cámara, viceprocurador, vicefiscal, entre otros).

(ii) Sentencias de segunda instancia, en los procesos cuya primera correspondió a los tribunales superiores de distrito judicial (arts. 75-3 y 76-2, L. 600/00, y 32-3 y 33-2, L. 906/04). Y,

(iii) Sentencias de casación (arts. 235 Const. Pol.; 75-1, L. 600/00, y 32-1, L. 906/04).

En síntesis, la revisión especial de las sentencias que se acaban de enunciar corresponde a la Corte Suprema de Justicia, salvo que la misma haya recaído sobre una persona teniendo en cuenta su condición de miembro de la Fuerza Pública o de las Farc-Ep —sea porque haya sido incluido en los listados entregados por ese grupo o porque haya sido condenado como tal—. De esa manera, si uno de los funcionarios públicos condenados por la Corte Suprema de Justicia, un Ministro o un Congresista p. ej., cumple los requisitos para someterse a la JEP y pretende la revisión especial de su sentencia, será la propia Corte la competente para resolver lo que corresponda.

8. Premisas fácticas demostradas.

Conforme a la información obrante en la actuación, respecto de G.D.J.T.M. se pudo establecer que:

8.1. Promovió acción de revisión contra una sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Quibdó, debidamente ejecutoriada, que lo condenó por su condición de comandante del frente 57 de las Farc-Ep (rebelión) y por delitos cometidos antes del 1 de diciembre de 2016 en el marco del conflicto armado interno, como son todos aquellos que ofenden a las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario(9).

8.2. Con la demanda de revisión persigue que se declare sin valor la sentencia condenatoria porque existirían pruebas y/o hechos nuevos que establecerían su inocencia y, en consecuencia, que se ordene la reposición del proceso desde el momento en que la Corte lo indique.

8.3. Fue incluido en las listas entregadas por los dirigentes de las Farc-Ep como uno de los miembros —condenados— de esta organización, motivo por el cual la Oficina del Alto Comisionado para la Paz de la Presidencia de la República, lo admitió como tal.

8.4. Suscribió acta ante el Secretario Ejecutivo de la JEP, en la que manifiesta su acogimiento a esta jurisdicción especial. Y,

8.5. Se le concedió el beneficio de la libertad condicionada, en el proceso de ejecución de la pena que le fuera impuesta en la sentencia contra la cual ejerce la presente acción de revisión.

9. Consecuencia jurídica.

Los supuestos fácticos demostrados generan la suspensión del presente trámite de revisión, por las razones que a continuación se exponen:

9.1. Esta actuación carece de eficacia por cuanto, aun cuando se declare fundada la causal de revisión invocada, no puede lograr su finalidad última, cual es la reposición del proceso y la emisión del fallo rescisorio que corrija el eventual error judicial. Recuérdese que, por virtud de la norma rectora prevista en el artículo 9º del CPP/2000, toda actuación procesal debe desarrollarse teniendo en cuenta “la necesidad de lograr la eficacia de la administración de justicia…”.

La demostración de la causal de revisión invocada por el demandante, determinaría la adopción de un fallo rescindente en el que, en primer lugar, se declara sin valor la sentencia motivo de la acción removiendo así los efectos de la cosa juzgada (art. 227-1, C.P.P./2000) y, en segundo lugar, como consecuencia de la naturaleza de la causal de “pruebas y/o hechos nuevos”, se ordena el reenvío de la actuación a un juzgado de la misma categoría del que dictó aquélla, pero diferente a éste, para que la reponga (art. 227-3, ibídem).

Como se observa, la decisión que accede a la pretensión revisionista, salvo que se trate de las causales de extinción de la acción penal o de cambio favorable del criterio jurídico de sentencia emanada de la Corte, eventos en los cuales el tribunal de revisión emite, de manera inmediata, la providencia que corresponda (art. 227-1, CPP/2000); implica la reconstrucción parcial del proceso y la emisión de una nueva sentencia que finalice las instancias con efecto de cosa juzgada, en una fase que se denomina juicio rescisorio.

En el caso bajo examen, el proceso de ejecución de la pena impuesta a G.D.J.T.M. en la sentencia demandada, se encuentra suspendido dado que en éste le fue concedida la libertad condicionada, la que, por virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 277/17, genera esa consecuencia jurídica. Así lo dispone dicho precepto:

Todos los procesos en los cuales se haya otorgado la libertad condicionada o decidido el traslado a las ZVTN, de que trata la Ley 1820 de 2016 y el presente decreto, quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz, momento en el cual las personas sometidas a libertad condicionada por aplicación de este Decreto quedarán a disposición de dicha Jurisdicción.

El artículo trascrito consagra una norma jurídica con estructura de regla, así: una condición que abarca “todos los procesos en los cuales se haya otorgado libertad condicionada…, de que trata la Ley 1820 de 2016” y una consecuencia jurídica consistente en que aquéllos “quedarán suspendidos hasta que entre en funcionamiento la Jurisdicción Especial para la Paz,…”. Por ende, siempre que se realice el supuesto de hecho sobrevendrá, de pleno derecho, el efecto antes indicado.

Entonces, un fallo de revisión como el que pretende el actor sería ineficaz, sencillamente, porque no sería posible la reposición de un proceso que, por mandato legal, se encuentra suspendido. En otras palabras, existe imposibilidad jurídica de cumplir los efectos rescisorios de una decisión de fondo en la acción de revisión impulsada por el apoderado de G.D.J.T.M., situación que, valga advertir, obedece a la voluntad de éste último que decidió, mediante la petición de libertad condicionada, activar el supuesto de hecho de la suspensión procesal.

9.2 La continuación del trámite de la acción ordinaria de revisión de la sentencia dictada en un proceso suspendido, por virtud del artículo 22 del Decreto 277/17, usurparía el ámbito de la Jurisdicción Especial para la Paz que prevé un mecanismo procesal especial con idéntico objeto y, en concreto, la competencia de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz.

Según la información allegada, recuérdese que G.D.J.T.M. se encuentra sometido a la JEP, no solo por haber sido condenado como miembro de las Farc-Ep y por delitos cometidos con ocasión del conflicto armado interno, o por haber sido incluido como miembro de esa organización en los listados que entregaron sus dirigentes, o por haber sido reconocido como tal por el Gobierno Nacional; sino porque de manera voluntaria suscribió el “compromiso de sometimiento y puesta a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz” (art. 36, L. 1820/16(10)), y, de esa misma forma, activó la concesión del beneficio de libertad condicionada y, por esa vía, la suspensión del proceso en que resultó condenado.

Así las cosas, es la decisión de G.D.J.T.M., obviamente avalada por el Secretario Ejecutivo de la JEP ante el cual suscribió la respectiva acta de compromiso y por el Juzgado de Ejecución de Penas que le concedió la libertad condicionada, la que ocasiona la renuncia a la competencia de la jurisdicción penal ordinaria, que se concreta en la sustracción del proceso referido para que sea conocido por la jurisdicción especial para la paz, de ahí que dicha actuación haya quedado en suspenso hasta que el Tribunal para la Paz empiece a funcionar.

A más de lo anterior, como ya se advirtió, en la JEP se concibió un mecanismo especial de revisión de las sentencias, el cual opera, entre otras causales, por aquélla que el demandante ventila en el presente trámite, esto es, por la aparición de hechos o pruebas con posterioridad al tiempo de la condena, tal y como lo preceptúa el artículo transitorio 10 del Acto Legislativo 1 de 2017. Entonces, siendo común el objeto (revisión de la sentencia), la causa (hechos o pruebas nuevos) y el sujeto de la decisión (el aquí accionante), el ámbito de la decisión en el presente trámite sería idéntico al que deberá abordar la JEP.

Ahora, no sobra advertir que la competencia de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz para estudiar la pretensión revisionista que dio inicio al presente trámite es indiscutible, pues se dirige contra una sentencia que declaró como miembro de las Farc-Ep a G.D.J.T.M., quien además fue incluido en los listados que entregó esa organización al Gobierno Nacional y éste lo reconoció como tal, razones todas éstas que permiten catalogarlo como “combatiente” de acuerdo a lo previsto en el artículo transitorio 10 del Acto Legislativo 1º de 2017. Por si fuera poco, la sentencia que se demanda en revisión fue proferida por el Tribunal Superior de Quibdó y no por la Corte Suprema de Justicia.

Entonces, como quiera que el sometimiento de G.D.J.T.M. a la JEP en lo que atañe al proceso en el cual resultó condenado, implica que la justicia de esta decisión va a ser examinada por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, y que ese examen puede comprender la determinación de si existen hechos y/o pruebas nuevas que establezcan la inocencia de aquél; la continuidad del presente trámite conllevaría la usurpación de las funciones de la jurisdicción especial, lo que es más grave aún porque el pluricitado acto legislativo (arts. trans. 5(11) y 6(12)) dispone, en favor de la última, el principio de la competencia prevalente. Además, con ello se desconocería el principio de eficacia de la administración de justicia porque se adelantaría por duplicado una misma actuación y, también, la seguridad jurídica porque podrían producirse decisiones contradictorias.

Por último, se debe resaltar que el mismo apoderado de G.D.J.T.M. reconoció en la demanda que acudía a la acción ordinaria de revisión ante la eventualidad de que éste no fuera reconocido como integrante de las Farc-Ep y, por ende, no contara con otro mecanismo legal para obtener la reparación del error judicial que alega. Sin embargo, la inclusión del nombre de aquél en el listado de miembros de dicha organización, reconocida por el Gobierno Nacional, y, sobre todo, su decisión de someterse a la JEP que determinó que fuera beneficiado con la libertad condicionada; habilitaron para él una acción especial en la jurisdicción que se dedicará de manera exclusiva y preferente, entre otras, a revisar las condenas proferidas por conductas cometidas “por causa, con ocasión o en relación… con el conflicto”, como es la que pesa en su contra.

9.3. Conforme a las anteriores consideraciones, se ordenará la suspensión del trámite de la demanda de revisión formulada por un apoderado de G.D.J.T.M. y, también, su remisión a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz, una vez ésta empiece a funcionar.

En mérito a lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,

RESUELVE

1. SUSPENDER el trámite de la acción de revisión promovida por un apoderado de G.D.J.T.M.

2. REMITIR dicho trámite a la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz (JEP), una vez éste comience a funcionar.

Contra esta decisión procede el recurso de reposición.

Cópiese, comuníquese y cúmplase.

Magistrados: —Eugenio Fernández Carlier—José Francisco Acuña Vizcaya—José Luis Barceló Camacho—Fernando León Bolaños Palacios—Fernando Alberto Castro Caballero—Luis Antonio Hernández Barbosa—Eyder Patiño Cabrera—Patricia Salazar Cuéllar—Luis Guillermo Salazar Otero.

Secretaria: Nubia Yolanda Nova García

1. Página 2 de la Sentencia de segunda instancia.

2. Páginas 13 y 14 ibídem.

3. Folios 4 y 5 de la demanda

4. Folio 26 ibídem.

5. El artículo transitorio 6º del mismo Acto Legislativo desarrolla la “competencia prevalente”, en los siguientes términos: “El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas. (…)”.

6. “Lo dispuesto en los numerales 4º y 5º se aplicará también en los casos de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria”. Ver también la sentencia C-04 del 20 de enero de 2003 que permitió demandar la revisión de preclusiones de investigación, cesaciones de procedimiento y sentencias absolutorias en el evento en que luego, en la Ley 906 de 2004, pasaría a configurar la causal de revisión descrita en el numeral 4 del artículo 192.

7. “Lo dispuesto en los numerales 5º y 6º se aplicará también en los casos de preclusión y sentencia absolutoria”.

8. Conforme al artículo 169 del C.P.P./2000 —y lo reitera el 161 de la Ley 906/04—, las sentencias son las providencias judiciales que “deciden sobre el objeto del proceso, bien en primera o segunda instancia, en virtud de la casación o de la acción de revisión”.

9. Recuérdese que al accionante se le condenó, también, como coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, lesiones personales en persona protegida, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, actos de terrorismo, destrucción de lugares de culto y destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario.

10. “El Acta de Compromiso que suscribirán las personas beneficiadas con las libertades previstas en este Capítulo, contendrá el compromiso de sometimiento y puesta a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz…”.

11. “La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)… conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva de las conductas cometidas con anterioridad al 1º de diciembre de 2016, por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, por quienes participaron en el mismo, en especial respecto a conductas consideradas graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario o graves violaciones de los Derechos Humanos. (…)”.

12. “El componente de justicia del SIVJRNR, conforme a lo establecido en el Acuerdo Final, prevalecerá sobre las actuaciones penales, disciplinarias o administrativas por conductas cometidas con ocasión, por causa o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, al absorber la competencia exclusiva sobre dichas conductas”.