Consejo Nacional de Estupefacientes

RESOLUCIÓN 4 DE 2017

(Octubre 3)

“Por medio de la cual se determinen las entidades responsables del proceso de consulta previa ordenado en la Sentencia T-236 de 2017 de la honorable Corte Constitucional”.

El Consejo Nacional de Estupefacientes,

en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 91 de la Ley 30 de 1986, en el Decreto 2159 de 1992, en el numeral 18 del artículo 6º y en el numeral 9º del artículo 22 del Decreto 1427 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el literal c) del artículo 91 de la Ley 30 de 1986 establece que es función del Consejo Nacional de Estupefacientes “Dictar las normas necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y proponer al gobierno la expedición de las que fueren de competencia de este”.

Que el artículo 35 del Decreto 2159 de 1992 determina que el Consejo Nacional de Estupefacientes está conformado por: “1) El Ministro de Justicia o su delegado, quien lo presidirá. 2) El Ministro de Defensa Nacional o su delegado, 3) El Ministro de Educación Nacional o su delegado, 4) El Ministro de Salud Pública o su delegado, 5) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado, 6) El Procurador General de la Nación o su delegado, 7) El Director General de la Policía Nacional o su delegado, 8) El Fiscal General de la Nación o su delegado, y 9) Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

Que el numeral 18 del artículo 6º del Decreto 1427 del 29 de agosto de 2017, por el cual se modifica la estructura orgánica y se determinan las funciones de las dependencias del Ministerio de Justicia y del Derecho”, recoge la disposición previamente citada, disponiendo que el Ministro de Justicia y del Derecho preside el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Que el numeral 9º del artículo 22 ibídem precisa que la dirección de política de drogas y actividades relacionadas ejerce de manera permanente la secretaría técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes.

Que la honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017, expediente T-4-245.959; proferida el 21 de abril de 2017; en sede de revisión, dentro de la acción de tutela instaurada por la Defensoría del Pueblo de Nóvita (Chocó) contra la Presidencia de la República y otros, dispuso en el numeral segundo de la parte resolutiva, lo siguiente “(…) ORDENAR al Gobierno nacional que por medio de las entidades que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, adelante un proceso de consulta con las comunidades étnicas de Nóvita, Chocó, mediante un procedimiento apropiado, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el apartado 4.7 de la parte motiva de estas sentencia…”.

Que de acuerdo con el mandato del juez constitucional, el proceso de consulta con las comunidades étnicas de Nóvita, Chocó, a cargo de las entidades a determinar como se señaló, estará orientado a establecer el grado, de afectación que el programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato PECIG, mientras estuvo vigente, eventualmente produjo, en la integridad física, cultural, social y económica de dichas comunidades.

Que frente al cumplimiento de ese mandato judicial, la secretaría técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes convocó de acuerdo con su reglamento a todos sus integrantes a sesión virtual el 11 de septiembre de 2017, con el propósito de adelantar el proceso decisorio correspondiente.

Que en dicha sesión todos los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes se pronunciaron determinando las entidades del Gobierno Nacional que deberán adelantar el proceso de consulta en los términos referidos, resultando conforme al esquema de votación obtenido las siguientes: i) Ministerio del Interior; ii) Ministerio de Justicia y del Derecho; iii) Ministerio de Salud y Protección Social; y iv) Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según la tabla de consolidación de votación obtenida que hace parte integral de la presente resolución como anexo.

Que atendiendo a lo decidido por el Consejo Nacional de Estupefacientes en la citada sesión, las demás entidades que fueron relacionadas en el formato de voto correspondiente y que no se determinaron como responsables de la consulta, deberán prestar dentro de sus competencias el apoyo que se requiera por parte de estas con el fin de dar cabal cumplimiento a la orden constitucional impartida.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

1. Determinar como entidades del Gobierno Nacional responsables del proceso de consulta con las comunidades étnicas de Nóvita (Chocó), con el fin de cumplir lo dispuesto en el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la Sentencia T-236 de 2017, de la Corte Constitucional, las siguientes:

Ministerio del Interior

Ministerio de Justicia y del Derecho

Ministerio de Salud y Protección Social

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

PAR.—Las entidades señaladas en este artículo podrán solicitar en los términos de la parte considerativa de la presente resolución el apoyo de las siguientes entidades y organizaciones para el cumplimiento de lo previsto en ella: Ministerio de Cultura; Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural; Ministerio de Defensa Nacional; Policía Nacional - Diran; Departamento Nacional de Planeación; Defensoría del Pueblo; Instituto Colombiano Agropecuario; Instituto Geográfico Agustín Codazzi; Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; Codechocó; autoridades locales, Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones académicas y líderes comunales.

2. Comuníquese la presente resolución a los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes, a la Corte Constitucional, Ministerio del Interior, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Cultura, Departamento Nacional de Planeación, Defensoría del Pueblo, Instituto Nacional de Salud, Instituto Colombiano Agropecuario, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y Autoridad Nacional de Licencias Ambientales; al igual que a las demás autoridades y organizaciones relacionadas en el parágrafo el artículo primero de la presente resolución.

3. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 3 de octubre de 2017.