Comité de Conciliación y Defensa Judicial

ACUERDO 1 DE 2017

(Noviembre 16)

“Por la cual se adopta la política de conciliación y defensa judicial y se establecen directrices para su aplicación a casos análogos”.

El Comité de Conciliación y Defensa Judicial,

en ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 2º del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 65B de la Ley 23 de 1991, adicionado por el artículo 75 de la Ley 446 de 1998, consagró que “Las entidades y organismos de derecho público del orden nacional, departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles deberán integrar un comité de conciliación conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen”.

Que, en cumplimiento de lo anterior, mediante la Resolución 2455 de 2000, se creó el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre la prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses de la entidad.

Que las actuaciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional están orientadas por los principios que rigen la función administrativa, consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política y 3º de la Ley 1437 de 2011, especialmente por los de legalidad, defensa, protección del patrimonio público y buena administración del Estado.

Que las actuaciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial deben procurar la efectividad y respeto de los derechos y garantías de las personas, empleando técnica, racional y eficientemente los diferentes mecanismos alternativos de solución de conflictos.

Que el numeral 5º del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 consagra que es función de los comités de conciliación “Determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación (…)”.

Que mediante la Sesión número 25 del 21 de abril de 2017, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, aprobó la iniciativa de elevar a rango normativo las políticas de no conciliación, a fin de unificar los criterios a tener en cuenta por los abogados que ejercen la defensa de esta entidad.

Que en sesión celebrada el día 8 de noviembre de 2017, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, aprobó las disposiciones contenidas en el presente acuerdo y ordenó su expedición, según consta en acta de la misma fecha.

Que en mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ART. 1º—Objeto de la política de conciliación. La presente política de conciliación tiene por objeto servir como directriz cuando el Ministerio de Educación Nacional esté convocado o constituido como parte en instancias de conciliación prejudicial, judicial y de procesos arbitrales, que tengan como origen controversias relacionadas con actos, hechos, omisiones, operaciones o contratos propios de Instituciones de Educación Superior, Instituciones Educativas, Entidades Descentralizadas y Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.

ART. 2º—Principios de la política de conciliación. La presente política de conciliación y demás mecanismos de arreglo directo que aplique el Ministerio de Educación Nacional, se orientan por los principios de la función pública, previstos en el artículo 209 de la Constitución Política, y en los artículos 3º de la Ley 489 de 1998 y 3º de la Ley 1437 de 2011.

ART. 3º—Directrices de conciliación. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional autoriza a los abogados que defiendan sus intereses para presentar en los respectivos mecanismos de arreglo directo del conflicto, judicial o extrajudicial, la siguiente postura institucional:

Los apoderados de la Nación - Ministerio de Educación Nacional asistirán con ánimo conciliatorio en los casos respecto de los que no se haya formulado política de no conciliación, sujeto a que el Comité de Conciliación y Defensa así lo determine, de conformidad con la ley.

Los apoderados de la Nación - Ministerio de Educación Nacional asistirán sin ánimo conciliatorio y por ende, no podrán conciliar judicial o extrajudicialmente en los siguientes casos:

1. En los casos de reparación directa y acciones de resarcimiento de perjuicios e indemnizaciones que se presenten dentro de los procesos administrativos o judiciales promovidos por acciones u omisiones de las instituciones de educación superior, fundamentado esto en que el Ministerio de Educación Nacional solo ejerce el mandato constitucional de inspección y vigilancia de la educación superior, observando el principio de la autonomía universitaria. Igualmente, deberá llamar en garantía a la universidad o institución de educación superior, si no fuere parte dentro del proceso.

2. En las acciones de nulidad, restablecimiento del derecho y demás acciones derivadas del ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior dentro de los procesos administrativos o judiciales que se promuevan con ocasión de las investigaciones adelantadas en contra de las instituciones de educación superior y del personal administrativo de las mencionadas instituciones, fundamentándose lo anterior en que este ministerio solo ejerce el mandato constitucional de inspección y vigilancia respecto a la calidad y cobertura de la educación. Igualmente, deberá llamar en garantía a la institución que originó el proceso, en caso que no sea parte dentro del mismo.

3. En procesos administrativos, judiciales o extrajudiciales donde se ventilen o controviertan asuntos relacionados con el personal directivo docente, docente, administrativo y alumnos de los establecimientos educativos, colegios nacionales y bienes muebles e inmuebles debidamente entregados a los entes territoriales certificados, atendiendo a que, en virtud de la Ley 715 de 2001, este ministerio no puede comprometer los recursos del Sistema General de Participaciones asignados a dichas entidades. De igual manera, si el departamento o municipio certificado no fuere parte de un proceso judicial, deberá ser llamado en garantía a fin de que responda por las pretensiones conforme a la competencia legal que le asista en cada caso.

4. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, no es competente para conciliar asuntos litigiosos relacionados con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) toda vez que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 91 de 1989, mediante Escritura Pública número 0083 del 21 de junio de 1990, el Ministerio de Educación Nacional suscribió un contrato de Fiducia Mercantil con Fiduprevisora S.A., para la administración del Fomag, determinándose contractualmente que la administración y representación judicial y extrajudicial del fondo, será asumida por esa fiduciaria.

Sumado a lo anterior, la precitada Ley 91 de 1989, estableció que el Fomag goza de autonomía en el manejo de sus recursos, cuyo origen y fuentes están determinados expresamente en el artículo 8º de dicha ley y, por ende, son independientes de los recursos del Ministerio de Educación Nacional. Por lo anteriormente expuesto, en audiencias de conciliación judicial o extrajudicial en donde se convoque a la Nación - Ministerio de Educación Nacional y en donde se determine la relación con afiliados o beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los apoderados de este Ministerio no podrán conciliar, en los siguientes casos:

— Reconocimiento y pago de prestaciones sociales, sanción moratoria por no pago oportuno de cesantías y las demás reclamaciones que puedan derivarse de dichos reconocimientos y pagos, en cuyo caso el apoderado deberá llamar en garantía a la entidad territorial que expidió el acto administrativo objeto de reclamación, así como a la Fiduciaria la Previsora S. A., en su calidad de vocera, administradora y pagadora de los recursos del patrimonio autónomo, para que sean dichas entidades quienes coordinadamente estudien y determinen si es viable o no la conciliación respecto de las pretensiones reclamadas por el demandante o solicitante en cada caso, de conformidad con el artículo 56 de la ley 962 de 2005, reglamentado mediante los artículos 2 4.4.2.3.1.1 al 2 4.4.2.3.4.1 del Decreto 1075 de 2015 Único Reglamentario Sector Educación.

— En lo relacionado con el régimen excepcional de salud del magisterio, fallas en la prestación del servicio médico y demás temas relacionados con la prestación de los servicios médico-asistenciales, así como respecto de la suscripción de contratos con las entidades prestadoras de salud, toda vez que este ministerio no fue parte de la contratación de la prestación de servicios médico-asistenciales, celebrado entre las Uniones Temporales de Prestación de Servicios Médicos y la Fiduciaria la Previsora S.A.

5. En aquellos procesos administrativos, judiciales o extrajudiciales donde se ventilen o controviertan asuntos relacionados con prima de servicios, bien sea fundamentada en el Decreto 1042 de 1978 o en la Ley 91 de 1989, ya que el ministerio no resuelve las peticiones de los docentes en materia laboral, sino que son las entidades territoriales las competentes legalmente para responder a las solicitudes de los docentes, por ser estos los administradores del sector educativo en virtud de los artículos 6º, 7º y 8º de la Ley 715 de 2001.

No obstante, al ser el Ministerio de Educación Nacional la entidad encargada de distribuir los recursos del Sistema General de Participaciones, se encuentra facultado para ejercer las medidas necesarias en protección de dichos recursos. En este sentido, en las audiencias de conciliación en las que este ministerio sea convocado y demandado, deberá exponerse por quien ejerce la representación judicial de la entidad las consideraciones recogidas en la Circular 07 del 20 de febrero de 2013 emitida por esta entidad, así como los diferentes conceptos que se han emitido sobre la prima de servicios, que resultaron validados en la Sentencia de Unificación del 14 de abril de 2016 proferida por el Consejo de Estado.

6. En los asuntos relacionados con conflictos de carácter tributario, los cuales no son conciliables de conformidad con lo dispuesto en la Ley 446 de 1998.

7. Cuando se configure caducidad, transacción, cosa juzgada, conciliación, falta de legitimación en la causa, y prescripción extintiva, de conformidad con el numeral 6º del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011.

8. Cuando se configure causal de falta de jurisdicción o de competencia de la autoridad judicial; agotamiento de jurisdicción; el hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima; la fuerza mayor, o la cosa juzgada.

9. Cuando desde el punto de vista técnico y jurídico, esté demostrada la existencia de hecho superado o cuando se determine que no existe vulneración del derecho colectivo invocado.

10. Cuando el Ministerio de Educación Nacional concurra al proceso como la autoridad encargada de la protección del respectivo derecho o interés colectivo y no sea la que por acción u omisión está generando la vulneración o amenaza del derecho o interés colectivo.

ART. 4º—Casos ya analizados en sede prejudicial. Cuando el Comité de Conciliación y Defensa Judicial haya analizado asuntos para diligencias de conciliación en sede prejudicial, que por alguna razón vuelven para análisis en sede judicial, el abogado de la Oficina Asesora Jurídica asignado para el estudio pertinente deberá informar por escrito al secretario técnico, si existen nuevos elementos tácticos y/o jurídicos que tengan la vocación de cambiar la decisión del comité. En caso de no existir nuevos fundamentos de hecho o de derecho, podrá certificarse la posición asumida para la diligencia prejudicial sin tener que volver a reunir al comité.

ART. 5º—Pacto de cumplimiento. Cuando se vincule al Ministerio de Educación Nacional en una acción popular por actuaciones, hechos u omisiones no imputables directamente a este, se procederá de la siguiente forma:

1. El Comité de Conciliación definirá su postura.

2. El apoderado judicial del Ministerio de Educación Nacional deberá formular las excepciones que correspondan entre ellas la de falta de legitimización en la causa, y de ser procedente, solicitar la vinculación de la entidad, ya no en calidad de demandada, sino como autoridad encargada de proteger el derecho o interés colectivo.

3. La Oficina Asesora Jurídica y el área técnica respectiva harán una valoración integral del asunto y, de ser procedente, construirán una fórmula de pacto de cumplimiento que haga cesar la vulneración o amenaza del derecho o interés colectivo, para ser sugerida al juez durante la audiencia.

ART. 6º—Compromiso y amigable composición. Cuando el Ministerio de Educación Nacional requiera pactar en el respectivo negocio jurídico una cláusula compromisoria o acudir a la amigable composición para la solución de controversias contractuales, deberá durante la construcción de los estudios previos presentar al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, un análisis de procedencia de dichos mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el que sustente, desde la prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses públicos, las razones del por qué es procedente acudir a dicha figura. Lo anterior en armonía con lo dispuesto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1563 de 2012.

ART. 7º—Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D. C., a 16 de noviembre de 2017.