Sentencia 2017-00122 de diciembre 19 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 44001-23-40-000-2017-00122-01 - expedientes acumulados: 44001-23-40-000-2017-153-00/2017-00124-00/2017-00148-00/2017-00137-00/2017-00297-00/2017-00138-00/2017-00140-00/2017-00143-00/2017-00144-00/2017-00131-00/2017-00128-00/2017-00126-00/2017-00321-00/2017-00323-00/2017-00325-00.

Actor: SRG - Autoridad tradicional comunidad indígena Wayuu y otros

Demandado: Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y otros

Acción de tutela - fallo de segunda instancia

Consejero Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Bogotá D.C., diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.

Nota: Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales de nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política.

La Sala decide la impugnación presentada contra el fallo del 2 de octubre de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, por medio del cual se accedió al amparo de tutela solicitado por el señor SRG y otros.

I. Antecedentes

1. La solicitud y las pretensiones.

Los señores SRG, NI, LEG, IU, RPE, AJ, MME, TEU, VGU, TE, CC, DGI, VI, MJ, JMJ, VJEJ, PEU, CP, NUI, JMS, GGU, JFGJ, RAB y DU, actuando en calidad de autoridades tradicionales de las comunidades indígenas Wayuu Tomou, Namunacerrou, Kasischon, Patsujan, Cojomania, Lutai, Samutpanao, Macugandre, Patsuarain, Chuguatamana, Pajaca, Kurriya-amana, Kalouset, Flor de Siapau, Irruwain, Antia, Wusetan, Ishoshiwana, Jayapa, Waitta, Youretshi, Maschalerain, Suptalú y Palepalein de Uribia - La Guajira, respectivamente, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 86 de la Constitución Política solicitaron la protección de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, mínimo vital de agua potable, igualdad y diversidad étnica y cultural, que estimaron lesionados por la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo ESP de Uribia, el municipio de Uribia - La Guajira y la Administradora del Plan Departamental de Aguas de La Guajira.

En amparo de los derechos fundamentales invocados la parte actora solicitó:

“(…) 1. Con fundamento en los hechos expuestos, respetuosamente nos permitimos solicitar a los honorables magistrados que se TUTELEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA VIDA, LA DIGNIDAD HUMANA, MINIMO VITAL DE AGUA POTABLE, IGUALDAD, DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL, los cuales han sido vulnerados a mi comunidad indígena Wayuu (…) por parte del (1) MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO (2) EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ESP DE URIBIA - LA GUAJIRA.

1.1. Se ordene a la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO ESP DE URIBIA - LA GUAJIRA que garantice el suministro mínimo vital de agua potable salubre de manera continua, suficientes, fehaciente, integral, permanente e indefinidamente (…)”.

2. Los hechos y las consideraciones del accionante

La parte actora expuso como fundamento de su solicitud los hechos que se resumen a continuación(1):

Señalaron que es de público conocimiento que las comunidades indígenas del departamento de La Guajira atraviesan por una grave crisis humanitaria, debido a la falta de agua potable, la escasez de alimentos, el deficiente servicio de salud, la falta de atención integral a los niños, niñas y adolescentes, madres gestantes y lactantes, la ausencia de infraestructura en el sector educativo, la desviación de recursos de las comunidades étnicas y otros problemas de los que adolece el departamento.

Indicaron que en las comunidades indígenas Wayuu donde residen los accionantes(2), ubicadas en el municipio de Uribia - La Guajira existen precarias situaciones en las que conviven diariamente sus habitantes, por la falta de agua potable para su consumo y preparación de sus alimentos, lo cual agudiza la crisis humanitaria, pues ello conlleva un peligro para su salud y el riesgo que alguno de sus integrantes pueda fallecer a causa de la desnutrición y deshidratación a la que están sometidos.

Sostuvieron que a pesar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la Resolución 60/15 de 11 de diciembre de 2015, decretó a favor de sus comunidades una serie de medidas cautelares (providencia Nº 51/15) dirigidas a proteger y auxiliar a las madres gestantes y lactantes y garantizar el suministro de agua potable, ninguna ha sido ejecutada de manera eficaz.

Afirmaron que el agua es un servicio esencial para la subsistencia, higiene y salubridad en el diario vivir de cualquier comunidad; sin embargo, la Empresa Municipal de Acueductos, Alcantarillado y Aseo de Uribia no cumple con el suministro permanente de un mínimo vital para las poblaciones indígenas, por lo que han formulado algunas reclamaciones, pero la entidad los obliga a diligenciar unos formatos y a esperar, alegando imprevistos que les impiden cumplir con su obligación.

Aseveraron que los carros tanques otorgados por la Unidad Nacional de Riesgo y Desastres, no son utilizados para minimizar las necesidades básicas en el suministro de agua de las comunidades indígenas.

Manifestaron que las entidades accionadas vulneran sus derechos fundamentales, porque no cumple con los mandatos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con las políticas públicas previstas en el ordenamiento jurídico, para minimizar la crisis humanitaria existente en La Guajira.

3. Trámite procesal.

El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante auto de 21 de septiembre de 2017(3) admitió y acumuló las demandas interpuestas por los accionantes y ordenó la notificación a las autoridades accionadas, es decir, la Nación - Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo ESP de Uribia(4), y puso en conocimiento el escrito de tutela a los terceros interesados en las resultas del proceso, esto es, el municipio de Uribia - La Guajira y la Administradora del Plan Departamental de Aguas de La Guajira(5), para que hiciera las consideraciones que estimara pertinentes.

4. Informe de las entidades accionadas.

4.1. La Administradora temporal para el sector de agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira(6), solicitó que se niegue el amparo, con fundamento en lo siguiente:

Señaló que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha realizado algunas gestiones para garantizar la prestación del servicio de agua en La Guajira, pues ha diseñado algunos proyectos de abastecimiento en el marco de la Alianza por el Agua y la Vida en la Guajira, para solucionar la problemática de suministro del líquido en las zonas rurales de los municipios de la alta y mediana Guajira.

Adujo que en el programa elaborado por el Ministerio se busca la optimización o construcción de plantas de tratamiento, así como la edificación de pilas públicas, que permitan garantizar la disponibilidad del líquido.

Relató que los sitios donde se espera ejecutar el proyecto, fueron definidos y socializados con la mesa de concertación Wayuu, no obstante, el contratista debe verificar si existe una ubicación con mejores condiciones y socializarlas con la comunidad.

Explicó que con la entrada en operación del sistema compuesto de tratamiento y pilas públicas, se espera atender a 206 rancherías, lo que equivale a 12.935 personas aproximadamente, las cuales están plenamente identificadas y georreferenciadas, además que la ubicación de las pilas públicas está definida y socializada.

Expresó que dentro del marco del Plan Departamental del Agua (PDA) para La Guajira, establecido por el Gobierno Nacional para atenuar la grave situación que afronta el departamento, la entidad en ejercicio de sus funciones de apoyo técnico y financiero, en el último comité directivo Nº 38 celebrado el 31 de julio de 2017, aprobó un incremento del presupuesto para el periodo 2017-2019 con el propósito de fortalecer a los entes territoriales en el proceso de formulación y articulación de proyectos para la obtención de agua potable.

Sostuvo que atendiendo las medidas cautelares expedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mediante la Resolución 60 de 2015, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ha presentado los siguientes avances durante el periodo 2015-2017:

• Se ha adelantado 249 soluciones de agua, de las cuales 16 están en ejecución y 233 terminadas y operando, lo que incluye la construcción y/o rehabilitación de pozos, instalación de sistema de bombeo solar - fotovoltaico, rehabilitación de molinos, instalación de sistemas de tratamiento e instalación de sistemas de almacenamiento.

• Con las soluciones implementadas se han beneficiado 63.125 personas.

• Se han entregado 192.268.614 litros de agua en 12 municipios con carrotanques, plantas potabilizadoras y desalinizadoras.

Por lo anterior, señaló que la entidad ha cumplido sus funciones legales, proyectando un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, con el fin que en el mediano plazo se puedan consolidar soluciones definitivas para las comunidades indígenas de todo el departamento de La Guajira.

4.2. El Tribunal Administrativo de La Guajira en la sentencia impugnada cita algunos pronunciamientos por parte del Ministerio de Vivienda, ciudad y Territorio, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Uribia y el municipio de Uribia, argumentando que en otras acciones de tutela promovidas por las comunidades Wayuu de Uribia, por los mismos hechos y pretensiones, dichas entidades ya habían emitido pronunciamiento, por lo que decidió reseñarlos al fallo impugnado, sin embargo, revisado el expediente de tutela, no se observan los informes expedidos por las referidas instituciones, por lo que no se tendrán en cuenta en el presente trámite de impugnación.

5. La providencia impugnada.

El Tribunal Administrativo de La Guajira mediante sentencia de 2 de octubre de 2017(7) accedió al amparo de los derechos a la vida, dignidad humana, mínimo vital de agua potable, igualdad y diversidad étnica y cultural de los accionantes y le reiteró al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Administradora del Plan Departamental de Aguas de La Guajira, el municipio de Uribia y a la empresa de Acueducto , Alcantarillado y Aseo ESP de Uribia, que deben estarse a las órdenes judiciales dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 60 de 11 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y la Corte Suprema de Justicia los días 31 de mayo y 27 de julio de 2016.

Los argumentos expuestos por el tribunal para acceder al amparo de tutela se sustentan en lo siguiente:

Señaló que la Corte Constitucional en Sentencia T-256 de 2015 instó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Gobernación de La Guajira y otras entidades, para que formulen, adopten, direccionen, coordinen y ejecuten planes y proyectos en materia de prestación del servicio público de agua potable en el departamento de La Guajira, toda vez que “(…) la situación de abastecimiento de agua en esa región es crítica ya que no hay una garantía mínima por parte del Estado del derecho fundamental al agua, es decir, no hay políticas claras que den una verdadera solución al tema, generando un aumento en los índices de pobreza, desnutrición, enfermedades catastróficas, imposibilidad de desarrollo e insatisfacción de mínimas necesidades básicas (…)”.

Sostuvo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Resolución 60 de 11 de diciembre de 2015 decretó a favor de la comunidad indígena Wayuu de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao unas medidas cautelares encaminadas a preservar la vida e integridad personal de esta población, en los siguientes términos:

“(…) i) Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud en las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao, con un enfoque integral y culturalmente adecuado, con el fin de atender la desnutrición infantil y enfermedades prevenibles o evitables;

ii) Tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarías puedan tener, a la brevedad posible, acceso al agua potable y saludable, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de las niñas y niños:

iii) Tomar medidas inmediatas para que las niñas y niños puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias con pertinencia cultural, así como de establecer los mecanismos idóneos para la identificación de casos de desnutrición para una intervención inmediata”.

Agregó que el Tribunal Superior de Riohacha - Sala Civil - Familia - Laboral mediante sentencia de 31 de mayo de 2016, dentro de la tutela con radicado 2016-0003-00, amparó los derechos fundamentales a la vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada y acceso al agua potable de los niños y niñas de la comunidad Wayuu asentada en los municipios de Maicao, Uribia, Riohacha y Manaure, y ordenó:

“Al señor Presidente de la Republica, doctor Juan Manuel Santos Calderón, (…) que, en el término de 48 horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, iniciar o continuar, según sea el caso, un plan de acción cuya elaboración, presupuestación (sic), contratación, y ejecución deberá adelantase de manera articulada y coordinada en el plano interinstitucional e intersectorial, nacional y regional, de manera que participen todas las entidades accionadas y las demás que tengan incidencia en la crisis de los derechos fundamentales de los niños y niñas Wayuu. Así mismo, deberá integrarse a esta gestión las autoridades indígenas de los pueblos destinatarios del amparo.

El plan a que se hace mención estará encaminado a

(…)

ii) Tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener a la brevedad posible, acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de los niños y niñas; (…)”. (Negrilla fuera de texto).

Expresó que es evidente que existe una crisis humanitaria en el departamento de La Guajira que afecta el derecho al agua potable de las comunidades indígenas Wayuu del municipio de Uribia, y que actualmente cuentan con un conjunto de medidas cautelares de protección, dirigidas a satisfacer el acceso a dicho servicio público de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de sus integrantes, sin embargo, aunque las entidades accionadas han diseñado y ejecutado algunos programas tendientes a solucionar el problema de abastecimiento de agua potable, lo cierto es que la población afectada no está recibiendo de manera suficiente, eficiente y continua el servicio, ocasionando que persista la vulneración de sus derechos, razón por la cual era pertinente acceder al amparo constitucional para ordenarle a las demandadas estarse a lo resuelto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Superior de Riohacha y la Corte Suprema de Justicia.

6. La impugnación.

La Administradora Temporal para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el departamento de La Guajira impugnó la sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira, solicitando su revocatoria, con fundamento en las siguientes razones(8):

Indicó que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta las actividades que ha venido realizando la entidad en el departamento de La Guajira con la población rural de Uribia a través de la construcción de reservorios de agua para las comunidades indígenas Wayuu.

Relató que el tribunal desconoció el informe de tutela en el que se hace un recorrido del marco legal de competencias de los responsables de la prestación del servicio público en cada municipio, destacando el papel del departamento de La Guajira en el suministro del agua potable en los municipios que lo integran. Así como tampoco valoró las acciones que han tomado el municipio de Uribia y la empresa de Acueducto y Alcantarillado y Aseo ESP de Uribia en la prestación del servicio.

Agregó que la entidad ha cumplido con sus funciones de articulación en lo que corresponde al Plan Departamental de Agua, pues ha promovido proyectos que se encuentran en ejecución, tendientes a la consolidación de soluciones definitivas a la crisis del agua que se presenta en las comunidades indígenas Wayuu, con el fin de atender las medidas de protección especial que recaen sobre estas comunidades.

Precisó que las medidas ordenadas en el fallo impugnado, en su parte deben ser adoptadas y asumidas por el municipio de Uribia, dado que el departamento de La Guajira no cuenta con respaldo normativo que permita suplir las funciones que tienen a su cargo el municipio a través de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, o que en su defecto le permita la prestación directa del servicio.

Añadió que el departamento de La Guajira no puede suplir funciones constitucionales que deben asumir los municipios o incluso el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, por lo que se debe resaltar las acciones ejecutadas por el departamento.

II. Consideraciones

1. Competencia.

La Sala es competente para conocer la impugnación interpuesta contra el fallo de primera instancia en virtud de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, el cual reglamenta la acción de tutela.

2. Generalidades de la acción de tutela.

Según lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona cuenta con la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que sean violados o amenazados por la acción o la omisión de las autoridades, o de particulares en los casos que señala la ley, y procede sólo cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de defensa, salvo que la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que son elementos esenciales de esta acción constitucional su carácter subsidiario y excepcional, lo que implica que ésta sólo pueda ser ejercida frente a la violación de un derecho fundamental cuando no se disponga de otro mecanismo de defensa judicial o, en el evento en que aun existiendo otro medio de protección ordinario, sea necesario decretar el amparo en forma transitoria para evitar que se produzca un perjuicio irremediable, el cual debe estar debidamente acreditado en el proceso respectivo.

3. Problema jurídico.

La Sala debe decidir si se confirma la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira que accedió al amparo de tutela, o si, como lo alega la Administradora Temporal para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el departamento de La Guajira, no existe vulneración de los derechos de la comunidad indígena Wayuu del municipio de Uribia, en el suministro de agua potable, por cuanto se han tomado las acciones para atender las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

4. La tutela como mecanismo idóneo para obtener el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En lo relacionado con el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH)(9), uno de los mayores obstáculos para su eficacia es la carencia de un instrumento consolidado para el cumplimiento de las decisiones emitidas por sus órganos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el marco de las instituciones regionales de protección de los derechos humanos, no existen mecanismos que coaccionen o sancionen a aquellos Estados que incumplen las medidas impuestas por los órganos interamericanos, situación que genera un problema de eficacia en las decisiones de la Comisión y de la Corte.

A esto hay que añadir que el sistema regional traslada la competencia de la ejecución de sus decisiones a los ordenamientos internos, desconociendo que la razón principal por la cual las víctimas acudieron a la protección internacional era, precisamente, la ineficacia de los mecanismos nacionales y el hecho de que el propio Estado fuera el causante de la amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que las medidas cautelares son actos jurídicos adoptados por un organismo internacional de naturaleza “cuasijurisdiccional”, mediante el cual se conmina al Estado a tomar, en el menor tiempo posible, las medidas necesarias para cesar la amenaza o vulneración de un derecho fundamental. Por ello, a pesar que ni la convención ni el reglamento de la comisión señalan cómo se incorporan estas recomendaciones al ordenamiento nacional, la Corte Constitucional en Sentencia T-976 de 2014 estimó que, en virtud de la buena fe y de las obligaciones internacionales adquiridas por el Estado como ratificador de la Convención Americana, “(…) las medidas cautelares adoptadas deben ser incorporadas al orden interno (…)”(10). Al respecto, la Corte señaló:

“(…) Desde los casos analizados por la Corte en su jurisprudencia, las autoridades competentes, según el caso, y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, deben ejecutar las actividades necesarias para evitar un daño irreparable a derechos como la vida e integridad personal. Del mismo modo, se ha formulado por esta corporación que el no cumplimiento de las medidas adoptadas por el organismo internacional puede vulnerar el derecho al debido proceso de los beneficiarios, en el sentido en que se emiten en el marco de un procedimiento internacional que se debe perfeccionar a nivel interno (…)”. [Negrillas fuera del original].

De este modo, la Corte Constitucional ha establecido que la acción de tutela puede convertirse en el mecanismo jurídico idóneo para obtener el efectivo cumplimiento de las medidas cautelares de los órganos supranacionales, en tanto ambos instrumentos buscan prevenir un perjuicio irremediable, en relación con la violación de algún derecho inherente al ser humano.

Ahora bien, cabe anotar que la Corte Constitucional ha establecido ciertas reglas jurisprudenciales para la ejecución interna de las medidas cautelares, priorizando su aplicación según la gravedad del asunto y para los siguientes casos: (i) ante la existencia de un riesgo inminente de vulneración de los derechos fundamentales a la vida, integridad, seguridad y libertad personal de los beneficiarios(11), (ii) cuando la persona que acude a la acción de tutela es el mismo beneficiario de las medidas cautelares adoptadas por la CIDH o un agente oficioso dadas las circunstancias de gravedad que imposibilitan al beneficiario acudir directamente (Sentencia T-786 de 2003), y, (iii) cuando se presentan elementos comunes en el contexto de los asuntos, como ausencia de medidas de protección a favor de las víctimas, retardo injustificado de investigaciones penales y desconfianza en las autoridades competentes, situaciones que ponen a los beneficiarios de las medidas en un estado de indefensión que los obliga a acudir a una instancia internacional, y luego a la acción de tutela para exigir el cumplimiento de las medidas adoptadas(12).

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que las medidas cautelares, en tanto mecanismos de protección de los derechos humanos por parte del Sistema Interamericano, tienen incidencia directa en el ordenamiento jurídico nacional. Sin embargo, no existe un instrumento específico para hacer efectiva su ejecución, por lo que para exigir su cumplimiento, el beneficiario puede acudir a la acción de tutela siempre que exista riesgo para su vida, integridad, seguridad y libertad personal, y la situación revista gravedad, urgencia e inminencia de producirse un daño irreparable.

5. El derecho fundamental al agua potable y la crisis humanitaria en La Guajira.

En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha sostenido que si bien es cierto el agua potable tiene connotación de servicio público, también tiene el carácter de derecho fundamental cuando: “(…) se utiliza para el consumo humano, ya que una falla en la prestación del mismo, se puede traducir en una afectación a derechos tan importantes como la vida, la salud y la dignidad humana entre otros (…)”(13).

Dicho carácter fundamental ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional en las sentencias T-578 de 1992, T-140 de 1994 y T-207 de 1995, en las que manifestó que: “(…) el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, salubridad pública o salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal debe ser objeto de protección a través de la acción de tutela (…)”(14).

La Corte Constitucional considera que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental autónomo de las personas “(…) sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente comprometidas (…)”(15). Esta característica le ha servido a la Corte para recordarle a las instituciones públicas su obligación de garantizar a las comunidades menos favorecidas un suministro mínimo de agua potable, pues entiende que no se trata de una cuestión sujeta a negocio, sino de un derecho fundamental inherente e inalienable de las personas. Al respecto se ha dicho:

“(…) La obligación de garantizar el acceso a una cantidad esencial mínima de agua suficiente para el uso personal y doméstico no es una cuestión que esté sujeta al debate público y la ejecución presupuestal, pues constituye un verdadero y autónomo derecho fundamental de las personas sin el cual la vida, la salud y la dignidad de éstas se ven completamente comprometidas. En consecuencia, las entidades deben adoptar todas las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar el componente mínimo del derecho al agua y, en cuanto al completo disfrute del mismo deben, por mandato constitucional avanzar constantemente mediante el diseño de políticas públicas eficientes en la materia, y usar todos los recursos posibles para mejorar el servicio de acueducto hasta el punto en que se logre cumplir de manera eficiente con todos los componentes del derecho (…)”(16).

En el año 2014 la Defensoría del Pueblo a través del informe “Crisis Humanitaria en La Guajira”(17), puso en conocimiento la grave crisis humanitaria que existe en el departamento de La Guajira producto de una falta sistemática de atención de necesidades básicas como alimentación, salud y agua potable, que afectaba especialmente a los menores de edad y las mujeres gestantes y lactantes, y que en relación con el agua potable, explicó que su abastecimiento era crítico, puesto que no se garantizaba a la población su accesibilidad, disponibilidad y calidad.

La crisis humanitaria de La Guajira ha sido objeto de pronunciamientos judiciales tanto en el ordenamiento interno como en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. De esta manera, la Corte Constitucional mediante Sentencia T-256 de 5 de mayo de 2015 se pronunció sobre la vulneración de los derechos fundamentales de los grupos étnicos de La Guajira y le pidió a las entidades gubernamentales que “(…) formulen, adopten, direccionen, coordinen y ejecuten planes y proyectos en materia de prestación del servicio público de agua potable en el departamento de La Guajira, en la medida y forma que así lo consideren (…)”.

Posteriormente, la Corte Constitucional en Sentencia T-466 de 30 de agosto de 2016 se pronunció sobre la problemática de alimentación de las comunidades indígenas Wayuu del departamento de La Guajira, en especial los problemas de desnutrición a los que están sometidos los niños y niñas de dicho grupo étnico, concluyendo “(…) que la vulneración de los derechos de los niños Wayuu obedecía a múltiples factores, atribuibles tanto a la imposibilidad de las familias extendidas de brindar lo necesario para asegurar el bienestar infantil, como también a deficiencias en la aplicación de políticas del Estado para la atención de las necesidades de los niños Wayuu (…)”, por lo que dispuso:

“(…) 3. TUTELAR los derechos de los niños del pueblo Wayuu, especialmente los relativos a la salud y alimentación adecuada.

4. ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como rector del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, así como al Ministerio de Salud y Protección Social como coordinador de las acciones en salud, que adopten en desarrollo de su deber de restablecer los derechos vulnerados de la niñez Wayuu, las medidas a su alcance para asegurar el disfrute de los derechos a la salud y la alimentación adecuada de los niños del pueblo Wayuu, en los términos descritos en la presente providencia. Igualmente, se ORDENA al Departamento Administrativo de la Presidencia de La República (DAPRE) que coordine la planeación, diseño e implementación de las medidas en cabeza de las autoridades competentes, necesarias para la atención de la situación de la niñez Wayuu, y para la reparación de las deficiencias estructurales a través de la formulación de políticas públicas de mediano y largo plazo, y brinde las asesorías necesarias para la eficacia de las mismas.

Como mecanismo adicional para garantizar el cumplimiento de la presente orden, EXHORTAR a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, para que en el marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañen el seguimiento y adopten las medidas pertinentes que permitan asegurar la eficacia de esta orden y prevenir cualquier tipo de acto contrario a derecho.

5. ORDENAR al Presidente la República, al gobernador de la Guajira y a los alcaldes de los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, El Molino, Fonseca Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva y del Distrito de Riohacha, adoptar por sí mismos o a través de las dependencias a su cargo, las medidas dentro de sus competencias, encaminadas a atender de manera urgente y prioritaria la crisis alimentaria y de salud que padecen en la actualidad los niños Wayuu, en los términos de la presente providencia.

Las medidas adoptadas deberán ejecutarse como máximo en el término de un año contado a partir de la publicación de la presente sentencia en la página web de la Corte Constitucional (…)”.

Por su parte, el 27 de julio de 2016, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia se manifestó sobre la falta de políticas públicas para frenar la vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas de la comunidad Wayuu asentada en algunos municipios de La Guajira, y exigió al Gobierno Nacional tomar medidas urgentes al respecto. Así mismo, la Sección Cuarta de esta corporación mediante sentencia de tutela de 18 de mayo de 2017 expresó su preocupación por la crisis humanitaria en La Guajira y consideró la necesidad de que el máximo tribunal constitucional declarase el estado de cosas inconstitucionales en ese departamento(18).

En el ámbito internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Resolución 60/2015 de 11 de diciembre de 2015, solicitó al Estado colombiano adoptar medidas cautelares urgentes a favor de los niños, niñas y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayuu, en el departamento de La Guajira, la cual fue ampliada a favor de las mujeres gestantes y lactantes por medio de la Resolución 3/2017 de 26 de enero de 2017, pero en relación con el agua potable, señaló que existía un alto riesgo por su carencia, por lo cual ordenó adoptar medidas inmediatas para garantizar acceso al agua potable.

Debido a los anteriores pronunciamientos judiciales y a la persistencia de la crisis humanitaria, el Consejo Nacional de Política Económica y Social, mediante documento CONPES 3883 de 21 de febrero de 2017(19), decidió asumir de manera temporal, la competencia para la prestación de los servicios de salud, educación, alimentación escolar, agua potable y saneamiento básico en el departamento de La Guajira, determinando un plan de acción para atenuar la situación en dicho territorio.

En este orden, es evidente que el departamento de La Guajira atraviesa una grave crisis humanitaria en materia de disponibilidad, acceso, suficiencia y suministro de alimentos, agua potable y servicios sanitarios, la cual ha sido analizada por diferentes informes y pronunciamientos de autoridades nacionales e internacionales, los cuales han llegado a la conclusión de la necesidad de adoptar medidas urgentes para superar la gravísima situación que padece la población guajira.

6. Caso concreto.

Los señores SRG, NI, LEG, IU, RPE, AJ, MME, TEU, VGU, TE, CC, DGI, VI, MJ, JMJ, VJEJ, PEU, CP, NUI, JMS, GGU, JFGJ, RAB y DU, actuando en calidad de autoridades tradicionales de las comunidades indígenas Wayuu Tomou, Namunacerrou, Kasischon, Patsujan, Cojomania, Lutai, Samutpanao, Macugandre, Patsuarain, Chuguatamana, Pajaca, Kurriya-amana, Kalouset, Flor de Siapau, Irruwain, Antia, Wusetan, Ishoshiwana, Jayapa, Waitta, Youretshi, Maschalerain, Suptalú y Palepalein de Uribia - La Guajira, respectivamente, plantean la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, mínimo vital de agua potable, igualdad y diversidad étnica y cultural, porque consideran que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo ESP de Uribia, el municipio de Uribia - La Guajira y la Administradora del Plan Departamental de Aguas de La Guajira no han tomado las medidas necesarias para cumplir con los mandatos establecidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 60 de 2015, dirigidas a garantizar el suministro permanente de un mínimo vital de agua potable, para las comunidades indígenas de la región.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, la Sala debe precisar lo siguiente.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de las Resoluciones 60/2015 y 3/2017(20), decretó una serie de medidas cautelares tendientes a la protección y auxilio de los menores y las madres gestantes y lactantes de las comunidades indígenas Wayuu asentadas en los municipios de Uribia, Manaure y Riohacha - La Guajira. La decisión del referido organismo señaló:

(…) En vista de los antecedentes señalados, la CIDH considera que la presente solicitud de ampliación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 de su reglamento. En consecuencia, la comisión solicita al Gobierno de Colombia que:

a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de las mujeres gestantes y lactantes pertenecientes al pueblo indígena Wayuu en los municipios de Manaure, Riohacha y Uribia del departamento de la Guajira. En particular, dada la situación de emergencia, adoptar las siguientes medidas específicas:

I. Asegurar la disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud para las mujeres Wayuu en estado de gestación y lactantes, a fin de que tengan acceso a atención médica, con un enfoque integral y culturalmente adecuado;

II. Tomar medidas inmediatas para que las mujeres gestantes y lactantes puedan tener, a la brevedad posible, acceso a agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de las beneficiarias; y

III. Tomar medidas inmediatas para que las mujeres gestantes y lactantes puedan tener alimentos en calidad y cantidad suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias con pertinencia cultural, así como establecer los mecanismos idóneos para la identificación de casos para intervención inmediata.

b) Concierte (sic) las medidas a adoptarse con las beneficiarias y sus representantes (…)”.

El Tribunal Superior de Riohacha - Sala Civil - Familia - Laboral mediante sentencia de tutela de 31 de mayo de 2016, con radicado 44001-22-14-000-2016-00003-00, amparó los derechos a la vida, integridad física, salud, seguridad social, alimentación equilibrada y acceso agua potable de los niños y niñas pertenecientes a la comunidad Wayuu, y ordenó lo siguiente:

“Al señor Presidente de la Republica, doctor Juan Manuel Santos Calderón, (…) que, en el término de 48 horas contadas a parir de la notificación del presente fallo, iniciar o continuar, según sea el caso, un plan de acción cuya elaboración, presupuestación (sic), contratación, y ejecución deberá adelantase de manera articulada y coordinada en el plano interinstitucional e intersectorial, nacional y regional, de manera que participen todas las entidades accionadas y las demás que tengan incidencia en la crisis de los derechos fundamentales de los niños y niñas Wayuu. Así mismo, deberá integrarse a esta gestión las autoridades indígenas de los pueblos destinatarios del amparo.

El plan a que se hace mención estará encaminado a

(…)

ii) Tomar medidas inmediatas para que las comunidades beneficiarias puedan tener a la brevedad posible, acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de los niños y niñas; (…)” (Negrilla fuera de texto).

La anterior decisión fue objeto de impugnación ante la Corte Suprema de Justicia, que por sentencia de 27 de julio de 2016 la modificó de la siguiente manera:

“(…) PRIMERO: La orden dispuesta en el numeral segundo (2º) de la parte resolutiva, lo es con destino de la Presidencia de la Republica, que será la entidad encargada de coordinar las gestiones y esfuerzos que se requieran para solventar la crisis humanitaria acaecida en el departamento de La Guajira, misma que habrá de rendir mensualmente un reporte de las gestiones adelantadas a la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, sin perjuicio de los informes que se han de remitir a la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.

SEGUNDO: El lapso otorgado para acatar las precisas disposiciones aquí impuestas, esto es, que se efectúe por parte de la Presidencia de la República un organigrama con tiempos razonables y reales, dando una fijación de plazos claros y detallados para la materialización de cada uno de los instalamentos que corresponda adoptar en torno a la satisfacción de las principales áreas de cobertura que son menester, o sea, desnutrición, salud y falta de acceso al agua potable y salubre de los niños y niñas Wayuu, será de quince (15) días computados a partir de la data de su notificación, según aquí se consideró.

TERCERO: En lo demás, el fallo impugnado permanece incólume (…)”

De acuerdo con lo anterior, es evidente que las comunidades indígenas Wayuu del departamento de La Guajira cuentan con una medida cautelar de protección adoptada por la CIDH, la cual se dirige a satisfacer el acceso al servicio público de agua potable, de forma continua para todas sus poblaciones.

Adicionalmente se observa que las autoridades judiciales nacionales mediante sentencias de tutela han amparado los derechos fundamentales de los grupos étnicos de La Guajira y le han ordenado a los organismos gubernamentales del orden nacional y territorial tomar medidas urgentes, para que las comunidades indígenas Wayuu del departamento de La Guajira puedan tener acceso al agua potable y salubre, de manera sostenible y suficiente para la subsistencia de los niños y demás integrantes.

En el presente asunto, los accionantes afirman que en la actualidad el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo ESP de Uribia, el municipio de Uribia - La Guajira y la Administradora del Plan Departamental de Aguas de La Guajira no han tomado las medidas necesarias para garantizar el suministro permanente de un mínimo vital de agua potable, para las comunidades indígenas de la región, por lo que persiste la vulneración de sus derechos fundamentales.

La Administradora Temporal para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el departamento de La Guajira, en el presente trámite de tutela manifestó que la entidad en conjunto con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio han diseñado proyectos y suscrito algunos convenios para la construcción de plantas de tratamiento de agua potable, que permitan resolver de forma definitiva la problemática de agua en la región de La Guajira.

También señaló que se han construido y/o rehabilitado algunos pozos de agua, para garantizar el suministro del líquido a un gran número de personas que habitan el territorio.

Para la Sala, si bien las afirmaciones de la Administradora Temporal para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en el departamento de La Guajira se dirigen a poner en conocimiento las medidas adoptadas para cumplir con las decisiones de las autoridades nacionales e internacionales relacionadas con la problemática de agua en el departamento de La Guajira, también es cierto que al expediente de tutela no se allegó prueba, que permita verificar esa situación, por lo que no se puede tener certeza de la existencia de una medida real y efectiva a favor de las comunidades indígenas de La Guajira en materia de agua potable.

Adicionalmente, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Uribia, que por mandato constitucional(21) y legal(22) tiene la obligación de prestar el servicio público de agua potable, tampoco acreditó en esta acción constitucional, cuáles han sido las acciones adoptadas para proveer el servicio de agua a las comunidades indígenas de Uribia.

Bajo estas condiciones, para la Sala es claro que existe una continua vulneración de los derechos fundamentales de los accionantes, debido a la desatención que las entidades accionadas han hecho de la órdenes adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la autoridades judiciales nacionales en sede de tutela, pues no se observa una acción concreta, urgente e inmediata dirigida a garantizar el suministro eficiente, suficiente y continuo de agua potable para las comunidades indígenas accionantes.

Por otro lado, la Administradora Temporal para el Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico de la Guajira en el escrito de impugnación solicitó que se modifique la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira, pues considera que la entidad no debe asumir las competencias que constitucionalmente le vienen adjudicadas al municipio de Uribia.

En aras de determinar el alcance de las órdenes emitidas por el Tribunal Administrativo de La Guajira respecto de la entidad impugnante, la Sala considera necesario analizar la parte resolutiva del fallo del 2 de octubre de 2017, en el que el juez de tutela de primera instancia señaló lo siguiente:

“(…) 1. TUTELAR los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, mínimo vital de agua potable, igualdad y diversidad étnica y cultural de los accionantes y miembros de las comunidades indígenas Wayuu TOMOU, NAMUNACERROU, KASISCHON, PATSUJAN, COJOMANIA, LUTAI, SAMUTPANAO, MACUGRANDE, PATSUARAIN, CHUGUATAMANA, PAJACA, KURRIYA-AMANA, KALOUSET, FLOR DE SIAPAU, URRUWAIN, ANTIA, WUSETAN, ISHOSHIWANA, JAYAPA, WAITTA, YOURETSHI, MASHALERAIN, SUPTALU Y PALEPALEIN del municipio de Uribia - La Guajira respectivamente, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

2. En consecuencia de lo anterior, se reitera al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Administradora del Plan Departamental de Aguas de la Guajira, municipio de Uribia - La Guajira y a la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP de dicha municipalidad que deben estarse a las órdenes judiciales dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Resolución 60 de diciembre de 2015, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha y la Corte Suprema de Justicia los días 31 de mayo de 2016 y 27 de julio de 2016 respectivamente, de conformidad con las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

3. NOTIFICAR la presente providencia, conforme lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

(…)(23). (Negrillas fuera de texto).

De acuerdo con la anterior es evidente que el Tribunal Administrativo de la Guajira no emitió ninguna orden que desbordara las competencias de la Administradora Temporal para el Sector del Agua Potable y Saneamiento Básico de La Guajira, pues, contrario a lo afirmado por ella, no se le exigió el cumplimiento de alguna actuación que le supusiera “transgredir las funciones del municipio”, sino que dispuso órdenes consecuentes con las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH y la Corte Suprema de Justicia, que les impone obligaciones acordes con sus actividades a las entidades accionadas.

En efecto, lejos de imponer una orden que excediera las funciones de la entidad impugnante, el Tribunal Administrativo de La Guajira atendió la solicitud de tutela en virtud de la jurisprudencia constitucional que admite el amparo como mecanismo idóneo para el cumplimiento de las medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH, lo cual, es admisible cuando, se está frente a la amenaza de derechos fundamentales como la vida y la dignidad humana.

Para la Sala no es de recibo que la demandada pretenda a través de esta impugnación desconocer las órdenes emitidas por las autoridades judiciales nacionales como supranacionales en relación con el suministro de agua potable para las comunidades indígenas Wayuu del municipio de Uribia, pues con ello lo que se busca es garantizar los derechos fundamentales de un grupo étnico.

III. Decisión

En atención a las consideraciones anteriormente expuestas, la Sala confirmará la sentencia de 2 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió al amparo de los derechos invocados por las comunidades indígenas Wayuu Tomou, Namunacerrou, Kasischon, Patsujan, Cojomania, Lutai, Samutpanao, Macugandre, Patsuarain, Chuguatamana, Pajaca, Kurriya-amana, Kalouset, Flor de Siapau, Irruwain, Antia, Wusetan, Ishoshiwana, Jayapa, Waitta, Youretshi, Maschalerain, Suptalú y Palepalein del municipio de Uribia - La Guajira contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP de Uribia y la Administradora del Plan Departamental de Aguas de La Guajira.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la sentencia de 2 de octubre de 2017 proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, que accedió al amparo de los derechos invocados por las comunidades indígenas Wayuu Tomou, Namunacerrou, Kasischon, Patsujan, Cojomania, Lutai, Samutpanao, Macugandre, Patsuarain, Chuguatamana, Pajaca, Kurriya-amana, Kalouset, Flor de Siapau, Irruwain, Antia, Wusetan, Ishoshiwana, Jayapa, Waitta, Youretshi, Maschalerain, Suptalú y Palepalein del municipio de Uribia - La Guajira contra el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP de Uribia y la Administradora del Plan Departamental de Aguas de La Guajira, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, comuníquese, notifíquese y cúmplase.

Remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Envíese copia de esta providencia al despacho de origen.

Esta providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Consejeros: César Palomino Cortés—Sandra Lisset Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter. 

1 Folios 1-6.

2 Comunidades Indígenas Wayuu Tomou, Namunacerrou, Kasischon, Patsujan, Cojomania, Lutai, Samutpanao, Macugandre, Patsuarain, Chuguatamana, Pajaca, Kurriya-amana, Kalouset, Flor de Siapau, Irruwain, Antia, Wusetan, Ishoshiwana, Jayapa, Waitta, Youretshi, Maschalerain, Suptalú y Palepalein de Uribia.

3 Folios 18-19.

4 Folio 20.

5 Folio 20.

6 Folios 73-76.

7 Folios 69 - 72.

8 Folios 43-45.

9 El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional constituido por los países que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya principal función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el continente.

10 Corte Constitucional, Sentencia T-976 de18 de diciembre de 2014. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

11 En término generales, las temáticas estudiadas por la Corte para declarar la procedencia de la acción de tutela para solicitar el cumplimiento de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana son de desapariciones forzadas, hostigamientos y persecución de miembros de la Fuerza Pública, condiciones inhumanas en centro carcelario y detenciones arbitrarias.

12 “No obstante, la práctica de la CIDH muestra que, un número importante de éstas guardan relación con dos aspectos concretos: la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal de un grupo determinado de individuos y la realización de una investigación seria, imparcial e inmediata de los hechos referenciados por el peticionario, es decir, en términos de la doctrina americana, la eficacia de los derechos a la verdad (right to know), a la justicia (right to justice) y a una reparación integral (right to reparation). De allí que sea usual que en la ejecución internas de cumplimiento de medidas cautelares decretadas por la CIDH estén llamadas a intervenir no sólo autoridades administrativas sino judiciales y disciplinarias”. Sentencia T-558 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

13 Corte Constitucional. Sentencia T-279 de 2011. Reiterada en la Sentencia T-645 de 2015. M.P. Alberto Rojas Ríos.

14 Negrillas fuera del original.

15 Corte Constitucional, sentencias T-541 de 2013; T-028 de 2014 y T-645 de 2015.

16 Corte Constitucional, Sentencia T-028 de 2014.

17 Informe analizado por el Tribunal Administrativo de La Guajira en la providencia impugnada de 2 de octubre de 2017.

18 Consejo de Estado. Sección Cuarta. M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto. Radicado 44001-23-33-000-2016-01352-01.

19 www.dnp.gov.co/CONPES-colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3883.pdf

20 Información tomada de la página web de la Organización de Estados Americanos - OEA, www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2017/3-17MC51-15-CO.pdf

21 “ART. 367.—La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos.
Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación.
La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas”.

22 Ley 142 de 1994.

23 Reverso del folio 39 del expediente de tutela.