Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

RESOLUCIÓN 556 DE 2018

(Agosto 1º)

“Por la cual se crea, organiza y conforma el equipo técnico asesor para la transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales de los extintos ICT e Inurbe y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

El Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política, artículos 6º y 8º de la Ley 87 de 1993, el literal g) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 y los numerales 16 y 17 del artículo 6º del Decreto-Ley 3571 de 2011, y

CONSIDERANDO:

Que los artículos 209 y 269 de la Constitución Política establecen respectivamente, que: “(...) La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”, y “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley (...)”.

Que la Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, aplicable a todos los organismos y entidades de las ramas del poder público en sus diferentes órdenes y niveles, define en el artículo 1º el control interno como: “(...) el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”.

Que la Ley 87 de 1993 establece en sus artículos 6º y 8º, respectivamente que: “El establecimiento y desarrollo del sistema de control interno en los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos” y “Como parte de la aplicación de un apropiado sistema de control interno el representante legal en cada organización deberá velar por el establecimiento formal de un sistema de evaluación y control de gestión, según las características propias de la entidad y de acuerdo con lo establecido en el artículo 343 de la Constitución Nacional y demás disposiciones legales vigentes”.

Que el artículo 12 de la Ley 87 de 1993, establece como funciones del asesor, coordinador, auditor interno o similar, entre otras, las de “c) Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables de su ejecución (...); d) Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; e) Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios”.

Que el artículo 17 del Decreto 648 de 2017 que modificó el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, establece que la oficina de control interno desarrolla su labor a través de los siguientes roles: “liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control”.

Que el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, integró en un solo sistema de gestión los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad, previstos en las leyes 489 de 1998 y 872 de 2003, respectivamente, el cual deberá articularse con el sistema de control interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998.

Que mediante Decreto 648 de 2017, “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” en su artículo 8º modificó el artículo 2.2.21.3.1 del Decreto 1083 de 2015, estableciendo que: “El sistema institucional de control interno estará integrado por el esquema de controles de la organización, la gestión de riesgos, la administración de la información y de los recursos y por el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos, y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas, resultados u objetivos de la entidad”.

Que mediante Decreto 1499 de 2017 se modifica el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con el sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015, reglamentando el alcance del sistema de gestión y su articulación con el sistema de control interno, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de gestión y control al interior de los organismos y entidades del Estado.

Que el artículo 2.2.22.1.1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 1º del Decreto 1499 de 2017, define el sistema de gestión, que integra los sistemas de desarrollo administrativo y de gestión de la calidad como “el conjunto de entidades y organismos del Estado, políticas, normas, recursos e información, cuyo objeto es dirigir la gestión pública al mejor desempeño institucional y a la consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce efectivo de los derechos de los ciudadanos, en el marco de la legalidad y la integridad”.

Que el artículo 2.2.22.2.1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 1º del Decreto 1499 de 2017, señala que: “las políticas de desarrollo administrativo de que trata la Ley 489 de 1998, formuladas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y los demás líderes, se denominarán políticas de gestión y desempeño institucional”, comprenderán, entre otras: “15. Control interno” y “16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional”, y establece que: “Las políticas de gestión y desempeño institucional se regirán por las normas que las regulan o reglamentan y se implementarán a través de planes, programas, proyectos, metodologías y estrategias”.

Que el artículo 2.2.23.1 del Decreto 1083 de 2015, sustituido por el artículo 2º del Decreto 1499 de 2017, señala que: “El sistema de control interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, se articulará al sistema de gestión en el marco del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el logro de resultados de las entidades.

El control interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a través del modelo estándar de control interno (MECI)”.

Que mediante Resolución 953 del 22 de diciembre de 2017 se actualiza el modelo integrado de planeación y gestión del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y en consecuencia se adopta el sistema de gestión, conformado por el sistema de desarrollo administrativo y de gestión de calidad, los cuales se articulan con el sistema de control interno, teniendo como marco de referencia el nuevo modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) expedido en virtud del Decreto 1499 de 2017.

Que mediante Decreto 554 de 2003 se ordenó la supresión y liquidación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), estableciendo como plazo para la liquidación dos (2) años, contados a partir de la fecha de su expedición, siendo prorrogado en dos oportunidades mediante decretos 600 de 2005 y 597 de 2007, dando como plazo definitivo para la terminación de la liquidación el 31 de diciembre de 2007.

Que de conformidad con el artículo 11 del Decreto 554 de 2003, concluido el plazo de la liquidación los bienes, derechos y obligaciones pasarán a la Nación-Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Que el artículo 10 del Decreto 554 de 2003 estableció que: “Los bienes y derechos cuyo titular sea el Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe), en Liquidación y de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora del Instituto de Crédito Territorial (ICT), harán parte de la liquidación, salvo los que por compromisos derivados del Instituto de Crédito Territorial deban ser transferidos a personas que hayan acreditado estar al día en sus obligaciones con esa entidad, los que podrán ser trasferidos a favor de estas personas mediante resolución. En igual forma se procederá con la transferencia de los bienes a los beneficiarios del subsidio familiar de vivienda en especie y complementarios asignados en desarrollo de la Ley 708 de 2001 hasta la fecha de entrada en vigencia del presente decreto. Esta operación se hará mediante resolución en los términos de la citada ley y el Decreto 933 de 2002”.

Que mediante la Ley 1001 de 2005, se adoptan medidas respecto a la cartera del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (Inurbe) en Liquidación, estableciendo facultades especiales al liquidador en materia de: (i) Reliquidación de créditos insolutos de los adjudicatarios del extinto ICT; (ii) Cesión gratuita de bienes fiscales que hayan sido ocupados ilegalmente para vivienda de interés social con anterioridad al 30 de noviembre de 2001; (iii) Enajenación de viviendas de interés social ocupadas ilegalmente de propiedad de los extintos ICT, UAE Liquidadora de los asuntos del ICT, Inurbe e Inurbe en Liquidación; (iv) Enajenación de inmuebles ocupados por instituciones religiosas e iglesias reconocidas por el Estado, sobre las cuales se hayan (sic) construido templos o lugares propios para el cumplimiento de su misión pastoral o social; (v) Cesión gratuita de inmuebles no aptos para vivienda para fines institucionales o sociales; (vi) Cesión gratuita a municipios y distritos de terrenos del ICT, UAE Liquidadora de los asuntos del ICT, Inurbe e Inurbe en Liquidación, con vocación de uso público, planes viales o zonas de cesión, y (vii) Cancelación de gravámenes sobre inmuebles adjudicados por el extinto ICT.

Que igualmente, la Ley 1001 de 2005 facultó al liquidador para celebrar sin sujeción a los trámites, requisitos y restricciones establecidos en la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios, un contrato de fiducia con sujeción a las reglas generales y del derecho comercial destinado a la constitución de un fideicomiso - patrimonio autónomo, al cual una vez vencido el plazo de liquidación del Inurbe se transferirán los bienes inmuebles activos y recursos propios de la entidad liquidada.

En ejercicio de tal facultad el liquidador del Inurbe suscribió con el consorcio constituido entre Fiduprevisora S.A. y Fiduagraria S.A. el Contrato de Fiducia Mercantil 763 de 2007, cuyo objeto consistió en constituir un patrimonio autónomo, al cual fueron transferidos los bienes, derechos y obligaciones de la entidad liquidada; contrato que finalizó el día 26 de septiembre de 2013.

Que mediante la Ley 1444 de 2011, se dispuso la reorganización del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, cambiando su denominación por Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, se escinde los objetivos y funciones asignados por las normas vigentes a los despachos del viceministro de vivienda y desarrollo territorial y al despacho del viceministro de agua y saneamiento básico y se crea el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Que el Gobierno Nacional, en uso de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley 1444 de 2011, modificó los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y estableció los objetivos, estructura y funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante los decretos 3570 de 2011 y 3571 de 2011, respectivamente.

Que el artículo 39 del Decreto 3571 de 2011, señala que: “Todas las referencias que hagan las disposiciones legales vigentes al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que tengan relación con los viceministerios de Vivienda y Desarrollo Territorial y de Agua y Saneamiento Básico, deben entenderse referidas al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio”.

Que de conformidad con lo anterior, correspondió al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, asumir los bienes, derechos y obligaciones del extinto Inurbe, por lo cual, mediante actas del primero y tres de febrero de 2014, Fiduprevisora S.A., obrando en calidad de vocero y administrador del Fideicomiso PAR Inurbe en Liquidación, hizo entrega al ministerio de los asuntos y gestiones que en desarrollo del contrato de fiducia mercantil sustanciaba y adelantaba, entre ellos la información relativa a inmuebles catalogados por el liquidador del Inurbe como activos contingentes de los extintos ICT - Inurbe y las actuaciones adelantadas en aplicación de los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º y 7º de la Ley 1001 de 2005 y artículo 10 del Decreto 554 de 2003.

Que mediante Resolución 52 del 29 de enero de 2013, fue creado, organizado y conformado en el ministerio el grupo interno de trabajo de titulación y saneamiento predial, perteneciente a la dirección del sistema habitacional, estableciendo como sus funciones, entre otras: Promover y coordinar programas y proyectos relacionados con la ejecución de procesos de titulación y/o saneamiento predial, así como brindar asistencia técnica y jurídica a los diferentes actores públicos o privados, de los programas y proyectos implementados para el desarrollo de procesos de titulación y/o saneamiento predial.

Que el ministerio en el marco de su sistema de gestión, estableció los procedimientos TSP-02 Versión 2.0, TSP-P-03 Versión 2.0, TSP-P-04 Versión 2.0 y TSP-P-06 Versión 2.0, relativos a cesión a título gratuito de bienes fiscales de los extintos ICT e Inurbe, enajenación de bienes ocupados por instituciones religiosas, cesión a título gratuito de zonas con vocación de uso público y transferencia de dominio de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-Inurbe a particulares en virtud a los compromisos derivados de dichas entidades con personas que acrediten estar al día en sus obligaciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 554 de 2003.

Que mediante Resolución 84 del 31 de enero de 2018 fue delegada en el coordinador del grupo de titulación y saneamiento predial la función de suscribir los actos administrativos y/o escrituras públicas de transferencia de inmuebles, cancelación de gravámenes, complementaciones, correcciones, aclaraciones, modificaciones y demás actuaciones administrativas derivadas de la aplicación de los artículos 10 del Decreto 554 de 2003 y 2º, 4º, 6º y 7º de la Ley 1001 de 2005, función que se ejecutará con el apoyo del grupo de titulación y saneamiento predial de la dirección del sistema habitacional.

Que la Ley 708 de 2001, “por la cual se establecen normas relacionadas con el subsidio familiar para vivienda de interés social y se dictan otras disposiciones”, establece en el artículo 8º que: “Los bienes inmuebles fiscales de propiedad de las entidades públicas del orden nacional, de carácter no financiero, que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como de los órganos autónomos e independientes, que no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social, y además que no los requieran para el desarrollo de sus funciones, y no se encuentren dentro de los planes de enajenación onerosa que deberán tener las entidades, deben ser transferidos a título gratuito a otras entidades públicas conforme a sus necesidades, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional (…)”.

Que el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, modificó el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, estableciendo que: “(...) las entidades públicas del orden nacional con excepción de las entidades financieras de carácter estatal, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta y las entidades en liquidación, deberán vender los inmuebles que no requieran para el ejercicio de sus funciones y la cartera con más de ciento ochenta (180) días de vencida, al colector de activos de la Nación, Central de Inversiones (CISA), para que este las gestione (…)”.

Que los artículos 2.5.2.3.1 y siguientes del Decreto 1063 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”, reglamentó lo relativo a la venta de activos inmobiliarios a CISA.

Que el artículo 90 de la Ley 1151 de 2007 señala que: “Las entidades públicas del orden nacional y territorial de carácter no financiero que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, así como los órganos autónomos e independientes, podrán transferir a título gratuito a Fonvivienda o a las entidades públicas que desarrollan programas de vivienda de interés social de carácter territorial, departamental, municipal o Distrital, los bienes inmuebles fiscales de su propiedad, o la porción de ellos con vocación para construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, de conformidad con el reglamento que expida el Gobierno Nacional y sin perjuicio de lo establecido en los Planes de ordenamiento territorial, previa presentación de una propuesta que contenga el objeto y término de proyecto a desarrollar, así como su viabilidad técnica, jurídica y financiera (…)”.

Que la Ley 1537 de 2012, “por la cual se dictan normas tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la vivienda y se dictan otras disposiciones”, señala en su artículo 41 que: “Las entidades públicas del orden nacional y territorial que hagan parte de cualquiera de las ramas del poder público, los bancos Inmobiliarios, así como los órganos autónomos e independientes, podrán transferir a título gratuito a Fonvivienda, a los patrimonios autónomos que este, Findeter, o las entidades que establezca el Gobierno Nacional, constituyan, o a las entidades públicas que desarrollen programas de vivienda de interés social de carácter territorial, departamental, municipal o distrital, los bienes inmuebles fiscales de su propiedad, o la porción de ellos, que puedan ser destinados para la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, de acuerdo a lo establecido en los planes de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo complementen o desarrollen”.

Que el Decreto 1077 Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, en el título 2, capítulo 2, artículos 2.1.2.2.1.1. y siguientes, reglamentó la Ley 1001 de 2005 y el artículo 90 de la Ley 1151 de 2007, relativos a la cesión a título gratuito de bienes fiscales para vivienda de interés social, y en el capítulo 3, artículos 2.1.2.3.1.1 y siguientes, reglamentó el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012, relativo a la transferencia de bienes fiscales para proyectos de vivienda de interés social.

Que mediante Resolución 799 del 16 de octubre de 2015, fue delegada en el subdirector de servicios administrativos la función de suscripción de los actos administrativos y/o escrituras públicas relacionadas con las transferencias de los bienes de que trata el artículo 11 del Decreto 554 de 2003, en virtud de lo establecido en los artículos 30 y 35 del Decreto-Ley 254 de 2000, modificados por los artículos 16 y 19 de la Ley 1105 de 2006, respectivamente. Así como de los bienes derivados del proceso de saneamiento y la resciliación de bienes sometidos a registro sobre los cuales ha operado la mutación del dominio y los trámites necesarios para efectuar la venta de los bienes de que trata el artículo 163 de la Ley 1753 de 2015.

Que mediante Resolución 824 del 26 de octubre de 2015 fue delegado en el secretario general la función de suscribir los actos administrativos de transferencia a título gratuito de bienes inmuebles fiscales de propiedad del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, o la porción de ellos, que puedan ser destinados a la construcción o desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012, incluyendo aquellos bienes inmuebles fiscales que se encuentran a nombre de los extintos ICT-UAE ICT o del Inurbe, que por virtud de las normas vigentes son de propiedad del ministerio y que puedan ser destinados para los fines mencionados en el artículo 41 de la Ley 1537 de 2012.

Que por lo anterior se hace necesario crear, organizar y conformar al interior de la entidad un equipo técnico asesor como cuerpo colegiado de consulta, orientación y asesoría a los funcionarios que en virtud a la delegación administrativa tienen como función la expedición de actos administrativos de transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales de los extintos ICT-Inurbe y de la entidad, en aplicación de las disposiciones señaladas en los artículos 2º, 3º, 4º y 6º de la Ley 1001 de 2005, artículo 10 del Decreto 554 de 2003, artículo 8º de la Ley 708 de 2001, artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 que modifica el artículo 238 de la Ley 1450 de 2011, artículo 90 de la Ley 1151 de 2007 y artículo 41 de la Ley 1537 de 2012, sus normas reglamentarías y normas que las sustituyan o adicionen.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ART. 1º—Creación. Créase el equipo técnico asesor para la transferencia, y cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales, como un cuerpo colegiado de consulta, orientación y asesoría para las funciones administrativas relacionadas con:

i) Cesión a título gratuito de los terrenos ocupados ilegalmente con anterioridad al 30 de noviembre de 2001 para vivienda de interés social, de que trata el artículo 2º de la Ley 1001 de 2005 y normas que la reglamenten, sustituyan o adicionen;

ii) Enajenación de vivienda de interés social ocupada ilegalmente de propiedad de los extintos ICT, UAE liquidadora de los asuntos del ICT, Inurbe e Inurbe en liquidación, de que trata el artículo 3º de la Ley 1001 de 2005 y normas que la reglamenten, sustituyan o adicionen;

iii) Enajenación de inmuebles ocupados por instituciones religiosas e iglesias reconocidas por el Estado, sobre las cuales se hayan construido templos o lugares propios para el cumplimiento de su misión pastoral o social, de que trata el artículo 4º de la Ley 1001 de 2005 y normas que la reglamenten, sustituyan o adicionen;

iv) Cesión gratuita a municipios y distritos de terrenos del ICT, UAE liquidadora de los asuntos del ICT, Inurbe e Inurbe en liquidación, con vocación de uso público, planes viales o zonas de cesión, de que trata el artículo 6º de la Ley 1001 de 2005 y normas que la reglamenten, sustituyan o adicionen;

v) Transferencia de dominio de bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-Inurbe, en virtud a los compromisos derivados de dichas entidades con personas que acrediten estar al día en sus obligaciones, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 554 de 2003 y normas que la sustituyan o adicionen;

vi) Transferencia gratuita a otras entidades públicas, de bienes inmuebles fiscales de propiedad de los extintos ICT-Inurbe y de la entidad, que no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social y que no se requieran para el desarrollo de las funciones del ministerio, de que trata el artículo 8º de la Ley 708 de 2001 y normas que la reglamenten, sustituyan o adicionen;

vii) Enajenaciones en aplicación del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 y artículos 2.5.2.3.1 y siguientes del Decreto 1063 de 2015, relativos a venta de activos inmobiliarios no requeridos para el ejercicio de funciones a CISA, así como las demás transferencias de que traten los artículos 2.5.2.3.2 del referido decreto y demás normas que la reglamenten, sustituyan o adicionen.

viii) Transferencia gratuita a Fonvivienda, a los patrimonios autónomos que este, Findeter, o las entidades que establezca el Gobierno Nacional, constituyan, o a las entidades públicas que desarrollen programas de vivienda de interés social de carácter territorial, departamental, municipal o distrital, de los bienes inmuebles fiscales de propiedad de los extintos ICT-Inurbe y de la entidad, que puedan ser destinados para la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, de que tratan los artículos 90 de la Ley 1151 de 2007 y 41 de la Ley 1537 de 2012.

PAR. 1º—Son objetivos del equipo técnico asesor para la transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales:

a) Velar por el cumplimiento de los principios y reglas relativos a la función administrativa de transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales de los extintos ICT-Inurbe y de la entidad;

b) Servir de instancia de orientación, consulta y asesoría a los titulares de la función administrativa para la realización de las actuaciones encaminadas a la transferencia, cesión gratuita y enajenación de los bienes inmuebles fiscales de los extintos ICT-Inurbe y de la entidad.

PAR. 2º—Será requisito previo a la emisión de la Resolución que resuelve sobre la transferencia, cesión gratuita y enajenación de los bienes inmuebles fiscales de los extintos ICT-Inurbe y de la entidad, según corresponda, el sometimiento del asunto al equipo técnico asesor y la revisión y visto bueno por parte del jefe de la oficina asesora jurídica del respectivo proyecto de acto administrativo.

ART. 2º—Conformación. El equipo técnico asesor para la transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales, estará integrado por los siguientes funcionarios:

a) El director del sistema habitacional o su delegado, quien lo presidirá;

b) El jefe de la oficina asesora jurídica o su delegado;

c) Un asesor del despacho del viceministro de vivienda, designado por este;

d) Un asesor del despacho del secretario general, designado por este;

e) Un funcionario designado por el subdirector de servicios administrativos.

PAR. 1º—Asistirán como invitados permanentes, con voz pero sin voto:

a) El jefe de la oficina de control interno;

b) El coordinador del grupo de titulación y saneamiento predial;

c) El funcionario y/o contratista que tiene a cargo la sustanciación, preparación y apoyo en el trámite de la actuación administrativa del asunto de transferencia, cesión gratuita o enajenación del bien inmueble fiscal sometido a la sesión.

PAR. 2º—El equipo técnico asesor para la transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales, podrá invitar a la sesión, según la temática de los casos y asuntos a tratar, a otros funcionarios y/o contratistas del ministerio o de otras entidades, que por razón de sus funciones y competencias o por el conocimiento especializado se consideren necesarios para el análisis y la emisión de orientaciones y recomendaciones, quienes podrán asistir con voz pero sin voto.

ART. 3º—Secretaría técnica. La secretaría técnica del equipo técnico asesor para la transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales, será ejercida por el asesor del despacho del secretario general, miembro del equipo técnico asesor.

ART. 4º—Funciones. El equipo técnico asesor para la transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales tiene las siguientes funciones:

a) Revisar y analizar de manera previa a la emisión del acto administrativo, los estudios técnico-jurídicos elaborados por el grupo de titulación y saneamiento predial y la subdirección de servicios administrativos, según corresponda, que sustentan la actuación administrativa de transferencia, cesión gratuita y/o enajenación de los bienes inmuebles fiscales de propiedad de los extintos ICT-Inurbe y del ministerio;

b) Efectuar las recomendaciones al funcionario que tiene delegada la decisión administrativa, acerca de la procedencia de la cesión gratuita, enajenación o transferencia;

c) Hacer recomendaciones al grupo de titulación y saneamiento predial y a la subdirección de servicios administrativos para la revisión, ajuste y mejora de los procesos y procedimientos relativos a la transferencia, cesión gratuita y/o enajenación de los bienes inmuebles fiscales de propiedad de los extintos ICT-Inurbe y del ministerio, en el marco del sistema integrado de gestión;

d) Examinar temas en materia de transferencia, cesión gratuita y/o enajenación de los bienes inmuebles fiscales de propiedad de los extintos ICT-Inurbe y del ministerio, cuando el funcionario que tiene delegada la función administrativa de transferencia, cesión gratuita y/o enajenación de los bienes inmuebles fiscales estime necesario la asesoría u orientación;

e) Proponer políticas, criterios y estrategias para el mejoramiento continuo de la función administrativa de transferencia, cesión gratuita y/o enajenación de los bienes inmuebles fiscales de propiedad de los extintos ICT-Inurbe y del ministerio, dentro del marco establecido en el ordenamiento jurídico vigente.

ART. 5º—Convocatoria. El funcionario que tiene delegada la función administrativa de transferencia, cesión gratuita y/o enajenación de los bienes inmuebles fiscales, según corresponda la temática, solicitará mediante comunicación escrita y/o electrónica al secretario técnico del equipo técnico asesor su convocatoria, para lo cual deberá acompañar:

a) Carpeta que contenga el expediente del asunto objeto de la sesión, debidamente foliada;

b) Ficha técnico-jurídica que contenga el estudio y recomendación del profesional que tiene a su cargo la sustanciación de la actuación administrativa de transferencia, cesión gratuita y/o enajenación de los bienes inmuebles fiscales de propiedad de los extintos ICT-Inurbe y del ministerio, según corresponda;

c) Los documentos que de acuerdo al criterio del profesional se estimen indispensables para brindarle al equipo técnico asesor los elementos de juicio necesarios para el análisis y recomendación del asunto;

d) La indicación de los funcionarios y/o contratistas que se estime necesario deban concurrir a la sesión, para los efectos previstos en el parágrafo 2º del artículo 2º de esta resolución.

Dentro de los dos (2) días siguientes a la solicitud, y siempre y cuando la solicitud esté acompañada de la documentación referida en los literales anteriores, el secretario técnico del equipo técnico asesor, efectuará la convocatoria a los miembros e invitados permanentes, mediante comunicación escrita o electrónica, en la cual describirá la fecha, hora, lugar y el orden del día, adjuntando las fichas técnico-jurídicas de los asuntos que se someterán a consideración y los documentos allegados por el funcionario que solicitó la sesión, así como pondrá a disposición de los miembros del equipo técnico asesor la(s) carpeta(s) contentiva(s) del expediente del(los) asunto(s) a tratar para su consulta y revisión.

La determinación de la fecha y hora de la sesión será programada para llevarse a cabo a más tardar dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la solicitud de la sesión.

El presidente o cualquiera de los miembros del equipo técnico asesor podrán solicitar al secretario técnico su convocatoria, para lo cual la sesión se programará atendiendo la urgencia y necesidad del asunto a tratar.

ART. 6º—Sesiones. El equipo técnico asesor sesionará al menos una vez (1) por trimestre y extraordinariamente, cuando así lo solicite el funcionario que tiene delegada la función administrativa de transferencia, cesión gratuita y/o enajenación de los bienes inmuebles fiscales, el presidente o alguno de los miembros del equipo técnico asesor.

PAR.—Las sesiones del equipo técnico asesor serán, por regla general, presenciales y, en casos excepcionales, no presenciales. Estas últimas se podrán realizar con la utilización de medios tecnológicos siempre y cuando se garantice que el medio técnico o tecnológico utilizado, permita probar la participación de los miembros en las deliberaciones y decisiones objeto de la reunión.

ART. 7º—Actas. La secretaría técnica del equipo técnico asesor dejará constancia de las sesiones en actas que contendrán las decisiones o determinaciones adoptadas. las actas serán suscritas por el presidente y el secretario técnico, previa socialización a los demás miembros e invitados.

Las actas estarán a disposición de cada uno de los miembros, así como de los servidores públicos e interesados, y reposarán en los archivos de la secretaría técnica, siendo parte de ellas los documentos allegados en la correspondiente sesión.

Al terminar las sesiones el secretario técnico devolverá mediante memorando a la dependencia correspondiente la(s) carpeta(s) contentivas del expediente del asunto objeto de la sesión.

ART. 8º—Funcionamiento. El equipo técnico asesor será instalado por su presidente y sesionará válidamente con la presencia de la mitad más uno de sus miembros con derecho a voto, y adoptará decisiones válidas con la mayoría de los votos favorables de los miembros y asistentes.

El día de la sesión presencial se hará lectura de la agenda u orden del día por parte del secretarlo técnico, y los asuntos sometidos a consideración serán expuestos por el funcionario y/o contratista interesado o que tiene a cargo la sustanciación, preparación y apoyo en el trámite de la actuación administrativa de transferencia, cesión gratuita o enajenación del bien inmueble fiscal, quien absolverá las dudas e inquietudes que le sean formuladas por los miembros e invitados. Al término de su intervención los miembros deliberarán sobre los asuntos y adoptarán las determinaciones que estimen oportunas y procedentes.

En las sesiones no presenciales, en el evento que los miembros o invitados requieran absolver dudas e inquietudes, se dará el espacio dentro de la sesión para que el funcionario y/o contratista interesado o que tiene a cargo la sustanciación, preparación y apoyo en el trámite de la actuación administrativa de transferencia, cesión gratuita o enajenación del bien inmueble fiscal, allegue las aclaraciones correspondientes.

Las recomendaciones, orientaciones y conceptos que emita el equipo técnico asesor para la transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales, serán de obligatorio cumplimiento para el funcionario que tiene delegada la decisión administrativa.

ART. 9º—Sistema integrado de gestión. La oficina asesora de planeación, dentro de los tres (3) meses siguientes a la expedición de esta resolución, articulará con el grupo de titulación y saneamiento predial y con la subdirección de servicios administrativos, la revisión y actualización de los procedimientos relativos a: (i) cesión a título gratuito de bienes fiscales de los extintos ICT e Inurbe; (ii) enajenación de vivienda de interés social ocupada ilegalmente de propiedad de los extintos ICT, UAE liquidadora de los asuntos del ICT, Inurbe e Inurbe en Liquidación; (iii) enajenación de bienes ocupados por instituciones religiosas; (iv) cesión a título gratuito de zonas con vocación de uso público; (v) transferencia de dominio de los bienes inmuebles de propiedad de los extintos ICT-Inurbe a particulares en virtud a los compromisos derivados de dichas entidades con personas que acrediten estar al día en sus obligaciones; (vi) transferencia gratuita de bienes inmuebles fiscales de propiedad de los extintos ICT-Inurbe y de la entidad, que no tengan vocación para la construcción de vivienda de interés social; (vii) enajenaciones en aplicación del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015 así como las demás transferencias de que traten los artículos 2.5.2.3.1 y siguientes del Decreto 1063 de 2015, y (viii) transferencia gratuita de bienes inmuebles fiscales de propiedad de los extintos ICT-Inurbe y de la entidad, que puedan ser destinados para la construcción o el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social, para su aprobación e incorporación al sistema de gestión de la entidad, incluyendo el sometimiento del asunto respectivo previa expedición del acto administrativo, al equipo técnico asesor para la transferencia, cesión gratuita y enajenación de bienes inmuebles fiscales, en los términos señalados en la presente resolución.

ART. 10.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 1º de agosto de 2018.