Consejo Nacional de Estupefacientes

RESOLUCIÓN 3 DE 2018

(Agosto 6)

“Por medio de la cual se determinan las entidades responsables del proceso de consulta previa ordenado por la Sentencia T-300 de 2017 de la Corte Constitucional”.

El Consejo Nacional de Estupefacientes

en ejercicio de las facultades consagradas en el artículo 91 de la Ley 30 de 1986, el numeral 18 del artículo 6º y el numeral 9º del artículo 22 del Decreto 1427 de 2017, y

CONSIDERANDO:

Que el literal c) del artículo 91 de la Ley 30 de 1986 establece que es función del Consejo Nacional de Estupefacientes “Dictarlas normas necesarias para el debido cumplimiento de sus funciones y proponer al Gobierno la expedición de las que fueren de competencia de este”.

Que el artículo 35 del Decreto 2159 de 1992 determina que el Consejo Nacional de Estupefacientes está conformado por: “1. El Ministro de Justicia o su delegado, quien lo presidirá. 2. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado. 3. El Ministro de Educación Nacional o su delegado. 4. El Ministro de Salud Pública o su delegado. 5. El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado. 6. El Procurador General de la Nación o su delegado. 7. El Director General de la Policía Nacional o su delegado. 8. El Fiscal General de la Nación o su delegado, y 9. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”.

Que el numeral 18 del artículo 6º del Decreto 1427 de 2017, dispone que el Ministro de Justicia y del Derecho preside el Consejo Nacional de Estupefacientes.

Que el artículo 22 del Decreto 1427 de 2017 incluye entre las funciones de la dirección de política de drogas y actividades relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho las de: “6. Promover, en el marco del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), el cumplimiento de políticas, planes y estrategias en materia de drogas y actividades relacionadas, a través del fortalecimiento y articulación entre las instancias competentes.” “8. Apoyar las acciones que demanden el Gobierno nacional y el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), en la elaboración, coordinación, implementación y evaluación de planes estratégicos integrales de drogas y actividades relacionadas en sus diferentes manifestaciones, en articulación con otras instancias competentes”, y “9. Ejercer de manera permanente la secretaría técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), de acuerdo con las normas que rigen la materia”.

Que el artículo 1º del Decreto-Ley 2893 de 2011 dispone que el Ministerio del Interior tendrá como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en materia de, entre otros, consulta previa.

Que el artículo 16 del mismo decreto-ley incluye dentro de las funciones de la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior las de: “1. Dirigir en coordinación con las entidades y dependencias correspondientes los procesos de consulta previa que se requieran de conformidad con la ley” “3. Establecer directrices, metodologías, protocolos y herramientas diferenciadas para realizar los procesos de consulta previa, de conformidad con lo establecido en la legislación sobre la materia. 4. Realizar las visitas de verificación en las áreas donde se pretenda desarrollar proyectos, a fin de determinar la presencia de grupos étnicos, cuando así se requiera”. “6. Verificar, antes del inicio de cualquier proceso de consulta previa, con las direcciones de asuntos indígenas, Rom y minorías, y de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, los registros actualizados de la representación legal de las autoridades de los grupos étnicos y conformación legitima de los espacios de concertación propios de cada uno de ellos”; y “8. Hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes en desarrollo de los procesos de consulta previa coordinados por esta Dirección y hacer las recomendaciones respectivas”.

Que la Corte Constitucional en Sentencia T-300 de 2017 amparó los derechos fundamentales a la consulta previa, la integridad étnica, cultural y social, así como al mínimo vital, de los cabildos indígenas Kiwe Ukwe, Yu’Çxijme, Yu’kh Zxiçxkwe, Nasa Kwuma Te’wesx, Kwe’sx Kiwe y el resguardo indígena de Santa Rosa de Juartambú, Campo Alegre, Alpes Orientales y La Floresta Alto Coqueto, que habitan en los municipios de Orito y Puerto Caicedo en el departamento del Putumayo.

Que en consecuencia ordenó “(...) al Gobierno nacional que por medio de las entidades que determine el Consejo Nacional de Estupefacientes, adelante un proceso de consulta con las comunidades accionantes, mediante un procedimiento apropiado, teniendo en cuenta los parámetros fijados en el capítulo 7 de la parte motiva de esta sentencia, en orden a establecer el grado de afectación que el Programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión aérea con glifosato (PECIG), mientras estuvo vigente, causó en la integridad física, cultural, social y económica de dichas comunidades (...)”.

Que el numeral 7.2 de la referida sentencia dispone que “[e]l método para llevar a cabo la consulta previa debe ser definido de forma preliminar con las autoridades de cada comunidad indígena o afrodescendiente, a través de un proceso preconsultivo específicamente orientado a sentar las bases del procedimiento a seguir en ese caso en particular, respetando a las autoridades de cada comunidad y las especificidades culturales de la comunidad”.

Que mediante escrito Nº OFI18-0015861-DCD-3300 de 2018, radicado en la Corte Constitucional dentro del término de ejecutoria de la Sentencia T-300 de 2017, fue solicitado a ese tribunal la aclaración del contenido del fallo en cuanto a: i) los plazos que deben primar para la realización de la consulta, en atención a que son las mismas comunidades las que en ejercicio de su autonomía deberían poder fijarlos; ii) respecto de los tiempos en los que el Ministerio de Justicia y del Derecho debe presentar los informes de cumplimiento de las órdenes impartidas y el contenido que estos deben tener. A la fecha de expedición de esa resolución no ha sido resuelta la anterior solicitud.

Que la secretaría técnica del Consejo Nacional de Estupefacientes de acuerdo con la orden impartida por la Corte Constitucional convocó a sesión ordinaria que se llevó a cabo el 28 de junio de 2018, en la cual fue realizada una presentación del contenido de la sentencia y se adoptó la decisión de convocar a sesión virtual del mismo consejo para definir las entidades responsables y el alcance de sus compromisos, la cual fue citada el día 13 de julio de 2018 y llevada a cabo el día 17 de mismo mes y año.

Que en la referida sesión los miembros del consejo deliberaron en torno a las entidades del Gobierno que debían garantizar el cumplimiento de la consulta previa ordenada por la Corte, así como sus respectivos compromisos. Para ello se decidió que habría unas entidades directamente responsables que deberían viabilizar operativa y presupuestalmente el proceso de consulta, y otras que debían prestar todo el apoyo que las primeras consideraran necesario, dentro del ámbito de sus competencias.

Que la votación realizada el día 17 de julio dio como resultado que las siguientes serían las entidades responsables:

• Ministerio del Interior (D. L. 2893, ago. 11/2011)

• Ministerio de Justicia y del Derecho

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

• Ministerio de Salud y Protección Social

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

Que la votación realizada el día 17 de julio dio como resultado que las siguientes serían las entidades de apoyo:

• Programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS)

• Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos (DIRAN)

• Departamento Nacional de Planeación (DNP)

• Agencia Nacional de Tierras (ANT)

• Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

• Instituto Nacional de Salud (INS)

• Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)

Que en mérito de lo expuesto

RESUELVE:

ART. 1º—Determinar como entidades del Gobierno directamente responsables de viabilizar operativa y presupuestalmente el proceso de consulta ordenado por la Sentencia T-300 de 2017, las siguientes;

• Ministerio del Interior (D. L. 2893, ago. 11/2011)

• Ministerio de Justicia y del Derecho

• Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

• Ministerio de Salud y Protección Social

• Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

PAR. 1º—El Ministerio del Interior deberá asumir la etapa de preconsulta en la que se definan las siguientes fases del proceso, las cuales deberán ser viabilizadas operativa y presupuestalmente por las demás entidades responsables, en el mismo orden definido en este artículo.

PAR. 2º—En virtud de lo dispuesto en el Decreto 2893 de 2011, el Ministerio del Interior deberá dirigir y liderar el desarrollo del proceso de consulta previa ordenado por la Sentencia T-300 de 2017, en coordinación con las entidades señaladas en los artículos primero y segundo de esta resolución.

ART. 2º—Las siguientes entidades, dentro del ámbito de sus competencias, deberán prestar el apoyo que sea requerido por las directamente responsables:

• Programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS)

• Policía Nacional - Dirección de Antinarcóticos (DIRAN)

• Departamento Nacional de Planeación (DNP)

• Agencia Nacional de Tierras (ANT)

• Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

• Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

• Instituto Nacional de Salud (INS)

• Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)

ART. 3º—Comunicar la presente resolución a los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes, a la Corte Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría General de la Nación, al Programa nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito, al Departamento Nacional de Planeación, a la Agencia Nacional de Tierras, al Instituto Colombiano Agropecuario, al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, al Instituto Nacional de Salud y al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

ART. 4º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D.C., a 6 de agosto de 2018.