Accidente o enfermedad laboral por culpa del empleador

Revista Nº 184 Jul.-Ago. 2014

Diego Felipe Valdivieso Rueda 

Socio VS+M Abogados 

José Ignacio Lombana Sierra 

Socio Lombana & Lombana Abogados 

En la órbita de la accidentalidad laboral, estamos acostumbrados a identificar dos tipos específicos de consecuencias: las que corresponden al sistema de seguridad social de naturaleza objetiva y de carácter tarifado (auxilios e incapacidades) y la derivada de la denominada culpa patronal prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo (CST).

En esta oportunidad centraremos nuestra atención sobre la última de las consecuencias, es decir, aquella respecto a las que se presentan cuando en la ocurrencia del accidente o la enfermedad laboral se ve inmersa la culpa del empleador. Lo anterior, no solo desde el concepto clásico de reparación de perjuicios, sino considerando las nuevas tendencias en materia penal, las cuales han simplificado la forma de estructuración de los delitos culposos, categoría en la que podría devenir el accidente o la enfermedad profesional cuando por razón de la acción o la omisión del empleador se termina configurando un homicidio o unas lesiones personales.

I. Sobre el concepto laboral de la reparación

1. Aproximación

La culpa patronal se encuentra consagrada en el artículo 216 del CST, norma que señala: “cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”.

En este sentido, se entiende por culpa patronal aquella figura jurídica que opera cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad laboral a la luz de los artículos 3º y 4º de la Ley 1562 del 2012, causado por la conducta culposa del empleador, quien resulta obligado a reparar integralmente el daño en todas sus órbitas.

2. El régimen jurídico aplicable: una figura laboral bajo el régimen de la responsabilidad civil

El régimen jurídico aplicable en la culpa patronal es el de la responsabilidad civil consagrado en el Código Civil y sus normas posteriores, pues aunque la reparación plena de perjuicios a la que hacemos referencia se contempla en el CST, la jurisprudencia ha considerado que aun si no existieran reglas sobre este asunto, la fuente jurídica de la reparación plena está en los principios de la responsabilidad civil establecidos en el Código Civil(1).

Ahora bien, en cuanto a si el régimen aplicable será el de la responsabilidad contractual o extracontractual, se debe afirmar que esta institución contiene características tanto de una como de otra en su desarrollo, por lo que la Corte Suprema de Justicia desde hace varias décadas (sent., feb. 16/59) señaló que aunque la culpa patronal pueda originar una responsabilidad similar a la extracontractual, es un escenario típico de culpa contractual (al derivarse del incumplimiento de una obligación propia de la calidad de empleador), criterio que ya se encuentra plenamente aceptado por la jurisprudencia laboral de la misma corporación (rads. 16782, 22175 y 31076).

3 Elementos de la responsabilidad civil en la culpa patronal

El hecho ilícito imputable al empleador

Al configurarse como responsabilidad civil, es menester estudiar cada uno de los elementos que la configuran, los cuales determinarán en este caso si el patrono es o no obligado a reparar al trabajador.

En cuanto al hecho imputable al empleador, este debe corresponder a la ocurrencia de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional que den los términos de los artículo 3º y 4º de la Ley 1562 del 2012.

El factor de atribución de responsabilidad: la verdadera culpa patronal

Sin embargo, la sola ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional no configuran la culpa patronal, puesto que se requiere del elemento subjetivode la culpabilidad, el cual se desprende de la propia consagración del artículo 216 del CST, como del artículo 1604 del Código Civil, el cual dispone que de los contratos en los que existe un beneficio recíproco para los contratantes —como en efecto ocurre con el contrato de trabajo— cada uno de los contratantes responderá por la culpa leve.

En cuanto a la culpa leve, el artículo 63 del Código Civil la define como “la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”,criterio que a nuestro juicio resulta insuficiente, ya que dada la especialidad de las relaciones laborales y de los sujetos en que ellas intervienen, estos conceptos deben revestir una mayor especificidad. Por ello la Corte Suprema de Justicia (rad. 16782) señaló que el fallador, a la hora de apreciar la culpa patronal, deberá revisar qué habría hecho cualquier otro empleador, concretando el abstracto vocablo de la culpa leve que el Código Civil ofrece.

Ello ha llevado a que la Corte Suprema de Justicia (rad. 26.126) señalara que es prueba suficiente de la culpa del patrono, la inobservancia de las normas, materia de protección al trabajo, salud ocupacional y seguridad laboral, reconociendo que de esta manera no se le impone una carga probatoria imposible (rad. 31076) al trabajador sino que resulta suficiente con que este pruebe el incumplimiento del empleador en sus obligaciones en materia de riesgos laborales por cualquier medio probatorio (rad. 35097).

El daño, su reparación y el nexo de causalidad

En cuanto al daño, este deberá indemnizarse de forma integral, reparando así tanto el daño patrimonial como el extrapatrimonial, y con ello procurar colocarlo en la situación en la que estaríasi el accidente de trabajo o la enfermedad profesional no se hubiese producido. Finalmente, deberá existir una relación de causa a efecto entre el hecho culposo del empleador y el menoscabo patrimonial o extrapatrimonial que sufre el trabajador, quedando así configurados los elementos sustanciales que en este tipo de responsabilidad son exigidos.

4. Sobre el descuento entre ambas prestaciones: revisión a las diversas posiciones jurisprudenciales

El artículo 216 del CST identifica dos tipos de pagos a los que un trabajador puede tener derecho cuando ocurre un accidente o una enfermedad laboral: una indemnización de perjuicios y una serie de prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en el CST, lo cual podía ser predicable al tiempo de su expedición, donde el empleador debía reparar los perjuicios causados con origen en su culpa y a su vez debía atender al trabajador con las prestaciones asistenciales en dinero a que era obligado, pues en tal momento no existía una reparación objetiva tarifada a cargo del sistema de seguridad social, por lo que en desarrollo del principio general del non bis in idem (no dos veces por lo mismo) la norma evitaba una doble reparación a cargo del patrono responsable(2).

Sin embargo, acerca de la expedición de normas propias de un sistema de seguridad social, de las cuales cabe destacar la Ley 100 de 1993 y el Decreto-Ley 1294 de 1994, se entra en discusión si esta compensación perdió su sentido, pues hoy en día las prestaciones que asumía el empleador son pagadas por el sistema de riesgos laborales.

Posición en contra del descuento y a favor de la acumulación

La posición mayoritaria de la Corte Suprema de Justicia reconoce la validez de la acumulación de las prestaciones del sistema con la indemnización a cargo del empleador y descarta su descuento. Uno de sus argumentos señala que al empleador, siendo el llamado a asumir las consecuencias de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca, no le es dable como responsable directo del perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por las entidades del sistema de seguridad social (rad. 27736), destacando que las entidades que conforman el sistema no están autorizadas para compartir el yerro del empleador en torno al punto, y por ende para colaborar con el pago de las indemnizaciones, pues este no puede obtener beneficio de su error (rad. 28686). Así, reafirmó que el trabajador o sus beneficiarios no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que ambas prestaciones obedecen a causas diferentes (rad. 35121).

En suma, la Corte ha destacado que si bien el hecho generador de ambos pagos es uno solo —el accidente de trabajo—, la prestación a cargo del sistema de seguridad, por referirnos de manera puntual a la pensión, busca garantizar la subsistencia del asegurado (o beneficiarios) ante la ocurrencia de un evento que frustra el ingreso; en cambio lo que la norma del CST procura es resarcir a la víctima por la conducta culposa del empleador (rad. 35158).

Posición a favor del descuento y en contra de la acumulación

Si bien esta resulta ser la posición minoritaria sobre el tema, han existido pronunciamientos de diversa índole que la soportan. Uno de los primeros argumentos en favor del descuento fue señalado por la propia Corte Suprema de Justicia (rad. 5480) cuando afirmó que si bien la ley reconoce la obligación patronal de pagar al trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo por culpa suficientemente comprobada del empleador, ella también autoriza a descontar del monto de dicha indemnización el valor de las prestaciones en dinero sufragadas por el patrono o, si es el caso, por el ISS cuando este haya asumido el riesgo, ello con el fin de evitar que las víctimas reciban un valor superior al que les corresponde y obtengan un enriquecimiento sin causa.

En este sentido varios salvamentos de voto a la providencia del 12 noviembre de 1993 (rad. 5985) señalan que resulta obvio que si la víctima ya ha recibido sumas de dinero a consecuencia del mismo accidente cuya indemnización total se demanda, tales cantidades hacen parte de esta última y su descuento no hace otra cosa que evitar un enriquecimiento sin causa, por lo que reconocen que no existen dos indemnizaciones compatibles, de modo que las prestaciones que ya fueron reconocidas por el ISS para cubrir la responsabilidad objetiva constituyen parte de la indemnización total y ordinaria a que se ve obligado el empleador conforme a lo previsto en el artículo 216 del CST, en caso de culpa o dolo.

Así mismo en instancias más recientes (rad. 29644) otro salvamento de voto afirmó que “a partir de la instauración del sistema integral de seguridad social en riesgos profesionales, la pensión de sobrevivientes por tales riesgos y el lucro cesante por culpa patronal no presentan diferencia en lo que respecta a su naturaleza y cometido gobernado por las leyes 100 de 1993 y 776 del 2003, de modo que resulta inadmisible la acumulación de indemnizaciones a favor del trabajador con invalidez total a causa de accidente de trabajo por culpa patronal”.

Nos encontramos a favor de la posibilidad de descontar del monto de la reparación plena de perjuicios (CST, art. 216) lo que reconoce el sistema de riesgos laborales por conceptos de prestaciones o indemnizaciones. En nuestro concepto, el pago indemnizatorio debe tener una vocación de neutralidad, es decir, que así como debe buscar reponer lo perdido, no puede pretender enriquecer al damnificado. Resulta inevitable reconocer que la ocurrencia del daño (la muerte o invalidez) al amparo de un accidente o enfermedad laboral, genera para la víctima, además de las perdidas propias derivadas del hecho, unas ganancias reconocidas por el sistema general de seguridad social.

II. Sobre el concepto del delito derivado de la culpa del empleador

1. Una realidad

Vemos cómo va en aumento la cantidad de investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, por casos de homicidios o lesiones personales ocurridas en el marco de la actividad empresarial o en virtud de una relación de trabajo.

Ya sea porque las circunstancias en que ocurren los hechos hacen que se inicie oficiosamente una investigación o porque se compulsan copias por parte de las autoridades laborales o administrativas, y con mucha preocupación encontramos cada vez más, denuncias formuladas por quienes se consideran víctimas, que si bien tienen derecho a ello, lo hacen con el ánimo, en la mayoría de los eventos, de presionar el reconocimiento y pago de cuantiosas indemnizaciones.

2. Planteamiento del problema

Esta realidad nos obliga necesariamente a plantearnos una pregunta y tratar de responderla:

¿Puede derivarse para el empresario (empleador) o sus representantes responsabilidad penal de un accidente de trabajo?(3)

La respuesta es un sí condicional, pues se requiere la verificación de ciertas circunstancias fácticas y jurídicas muy particulares para que pueda estructurarse la responsabilidad penal del empresario, o la de sus representantes o administradores en este tipo de eventos.

Comoquiera que lo que ahora pretendemos es llamar la atención sobre el fenómeno jurídico, que por demás no es novedoso desde el punto de vista legal, abordaremos el tema mencionando algunos aspectos que podrían en determinados casos llevar a sostener que la responsabilidad penal del empleador está comprometida con ocasión de la ocurrencia de un accidente de trabajo.

3. Empresa y responsabilidad penal

La responsabilidad penal en el ámbito empresarial se suele analizar desde diversos puntos de vista, tomando como punto de partida la organización del ente o agente económico según se trate, de tal suerte que se distinguen hoy en día delitos cometidos dentro o desde la empresa, y que se suelen denominar como delitos especiales o propios del empresario debido a que se requiere en la ecuación jurídica la presencia de dicha calidad o condición; y de otra parte, están los delitos comunes que pueden tener ocurrencia en el giro ordinario de la actividad económica de una empresa pero sin ser exclusivos de esta.

El primer grupo de delitos puede estar asociado con fenómenos típicos de criminalidad organizada, como sería el caso del blanqueo de capitales a través de estructuras societarias complejas creadas o ideadas para tal fin.

Para los efectos de este escrito, y debido a su alcance, nos concretaremos a la responsabilidad penal del empresario derivada de un accidente de trabajo, y por tanto, a la esfera de los delitos ordinarios o comunes.

4. Una cuestión fundamental: la conducta como elemento esencial de la responsabilidad penal

Una primera consideración a la hora de analizar este asunto, tiene que ver con el hecho de que el extremo de la relación jurídica derivada de un contrato de trabajo lo ocupa el empleador, que hoy en día suele ser en la mayoría de casos, una persona o ente jurídico, y no una persona natural.

Si a esto sumamos que entre nosotros entendemos como principio fundamental de la responsabilidad penal, que esta es de naturaleza personalísima, y que se requiere además de culpabilidad, llegamos a la conclusión de que las personas jurídicas no pueden delinquir, y por tanto, al no poder hacerlo, el accidente de trabajo debe reducirse a su análisis jurídico, exclusivamente a la órbita de competencia de la jurisdicción laboral y eventualmente civil, e incluso administrativa, como se desprende de la parte inicial de este escrito.

Sin embargo, no puede de ninguna manera dejarse de lado en la discusión que estamos proponiendo, que son personas naturales o de carne y hueso, quienes se encargan de administrar y ejecutar la “voluntad” del ente jurídico titular de los atributos jurídicos necesarios para la configuración del delito, como lo es ser el empleador o administrador.

Es aquí donde entra entonces a desempeñar un papel fundamental el concepto de conducta humana, pero además, jurídica y socialmente relevante.

Las conductas punibles pueden clasificarse normativamente en tres tipos: dolosos, culposos y preterintencionales.

Los delitos dolosos y los preterintencionales rara vez, por no afirmar que nunca o casi nunca, tienen ocurrencia en lo que se puede entender como un accidente de trabajo, puesto que tanto una como otra modalidad de conducta, presuponen la presencia de un elemento intencional, es decir, de voluntad direccionada a la producción de un resultado sancionado penalmente.

Por el contrario, los delitos culposos están desprovistos de dicho elemento intencional en la forma antes mencionada.

Serán entonces los delitos culposos, el escenario natural en el que suelen ocurrir los accidentes de trabajo, y por tanto a estos nos limitaremos.

Como si el asunto no fuera lo bastante complejo ya de por sí con el tema de la culpa, tenemos que la conducta imprudente podrá ser ejecutada tanto por acción como por omisión.

5. Penar por omitir

Cuando en materia penal hablamos de omisión, entendemos que se trata del incumplimiento injustificado a un deber legal de actuar en una situación concreta, estando en la capacidad real de hacerlo, y por tanto se puede equiparar la producción del resultado (muerte o lesión personal) a como si se debiera a una acción. Tal incumplimiento puede ser producto de una conducta negligente o culposa.

Resulta fundamental entonces establecer en qué casos se entiende que se tiene dicho deber jurídico de actuar.

Legalmente este deber se concreta en particular en cabeza de una persona, cuando esta tiene respecto de otra o de una fuente de riesgo, la denominada posición de garantía.

El artículo 25 del Código Penal, además de establecer en qué consiste la omisión, consagra unas particulares situaciones en las cuales se considera que se configura la posición de garantía.

Me referiré solamente a la primera situación por considerar que bajo esta disposición es posible englobar todos o casi todos los casos que pueden implicar responsabilidad penal para el empresario o empleador en relación o con ocasión de accidentes de trabajo.

Se entiende que habrá posición de garante, y por tanto, la obligación de evitar que se produzca un resultado previsto en una norma penal (muerte o lesión) cuando: “se asuma voluntariamente la protección de una persona o de una fuente de riesgo, dentro del propio ámbito de dominio”.

Pues bien, el empresario, al suscribir el contrato de trabajo asume para con su empleado el deber de protegerle en el desarrollo de su actividad laboral, principalmente si esta puede ser entendida como riesgosa o peligrosa (sobre el concepto de riesgo ahondaremos un poco más al referirnos a la culpa).

El empleador se obliga voluntariamente a suministrar al trabajador los elementos necesarios y adecuados para el cumplimiento de su labor, o generar espacios de trabajo seguro, entre muchas otras cosas. Es decir, asume la protección de este.

Y es esta previsión normativa la que permite sostener que la responsabilidad no solamente recae sobre trabajadores sino respecto de terceras personas también. En efecto, la disposición trata igualmente la protección de fuentes de riesgo.

Así, la locación de una obra civil (la que es en sí una fuente de riesgo) no solamente es visitada por los empleados del constructor que la llevan a cabo, sino que también puede ser frecuentada por terceras personas, por ejemplo, un contratista o un inspector de trabajo. El constructor debe adoptar las medidas de seguridad necesarias para que a nadie le caiga un ladrillo en la cabeza cuando va circulando por la obra, y en general, para que nadie en el interior o el exterior de la construcción se vea lesionado.

Así las cosas, vemos que el asunto de la posibilidad real de cumplir con el deber jurídico de evitar un resultado perteneciente a una norma penal, en la práctica en la órbita empresarial, se encuentra íntimamente ligada al conocimiento que tiene o pueda tener en un momento determinado el empresario o sus representantes respecto de la situación concreta de una persona o una fuente de riesgo, lo que será en últimas de donde se derivará su deber de actuar.

Cierto es que hoy en día, a medida en que las estructuras corporativas son más grandes y complejas, se delegan más funciones en los niveles inferiores.

Normalmente se considera que al delegarse una función, con esta se acompañan las responsabilidades que le son propias.

No obstante ser esto cierto, el delegante mantiene el deber de vigilancia y control sobre el delegatario, debiendo observar entonces una debida prudencia y diligencia en el ejercicio de tales funciones, lo que implicará por ejemplo, un análisis sobre la persona del delegatario en cuanto a sus capacidades, aptitudes y competencias para el cumplimiento de la misión encomendada al momento de conferirse el encargo.

6. La culpa penal

El concepto de culpa jurídicamente hablando parece no ser unívoco, por cuanto desde cada área del derecho se asume una definición con contenido propio. Tal es el caso del derecho laboral, en donde se habla de culpa grave, y se dice que esta se asimila con el dolo.

Para el derecho penal normativamente(4) la culpa es la violación o infracción de un deber objetivo de cuidado, que produce un resultado (muerte o lesión del trabajador o de un tercero) que podía ser previsto, o que a pesar de haber sido previsto se confía en que no se producirá(5).

Los delitos culposos suelen hoy en día denominarse como delitos imprudentes, englobando dentro de este concepto aspectos tales como la negligencia, la impericia o la imprudencia propiamente dicha, entre otros.

7. Omisión, culpa y riesgo

La actividad empresarial moderna encuentra indispensable para su desarrollo y subsistencia el ejercicio de actividades que en sí mismas pueden ser consideradas como riesgosas o peligrosas, por su capacidad potencial de causar daño a los seres humanos y en general a su entorno, pero sin las cuales resultaría inconcebible la existencia de un mundo moderno, que aunque pueda parecer contradictorio, propende por ofrecer cada vez mayores y mejores condiciones de vida a los seres humanos, como por ejemplo, la conducción de vehículos automotores, la aviación, las diversas formas de generación de energía, el empleo de máquinas, etc.(6)

Lo anterior nos lleva a concluir que habrá entonces un riesgo permitido jurídicamente y uno que no lo está, siendo entonces el primero el nivel de tolerancia máximo que una sociedad esté dispuesta a otorgar en un momento determinado a una actividad peligrosa en concreto; por ejemplo, límite de velocidad de 120 km/h para la conducción de vehículos automotores.

8. El deber objetivo de cuidado

Retomando entonces el asunto de la culpa, cuando hablamos del deber objetivo de cuidado, nos referimos entonces a la diligencia o prudencia entre otros, con que desarrollamos ciertas actividades que pueden ser riesgosas. En otras palabras, a la forma como administramos el riesgo permitido.

Partiendo entonces de la previsibilidad como fundamento de la sanción de los delitos culposos, es necesario establecer de alguna manera en qué casos estamos elevando o creando riesgos en abstracto más allá de lo permitido, y cuando el resultado lesivo para los bienes jurídicos protegidos por la ley penal (vida o integridad física de los trabajadores) que se produce, puede ser entendido como consecuencia de dicho riesgo en el caso concreto(7).

El asunto de la previsión o previsibilidad y la violación del deber objetivo de cuidado son complejos, y lamentablemente no podemos tratarlo aquí, razón por la cual no nos adentraremos en los criterios de la denominada teoría de la imputación objetiva.

Pero para tranquilidad de quienes leen estas líneas, bastará con señalar que para el derecho penal no es ajena aquella máxima que dice que nadie está obligado a lo imposible, por lo que cada caso deberá ser analizado en concreto, pues la responsabilidad objetiva en materia penal se encuentra proscrita.

Así las cosas, si el jefe de una planta X sabe que una de las máquinas que integran una de las líneas de producción está por superar el número de horas límite sin que se realice el mantenimiento preventivo de esta, pero con el propósito de cumplir con las metas de producción que le han sido impuestas, calla esta situación, y la máquina estalla por haber sido llevada al límite sin el mantenimiento adecuado, será dicho jefe quien responda por su imprudencia (acción). Pero si en cambio, dicho jefe advierte oportunamente a sus jefes y así se extiende dicha advertencia hasta el más alto nivel directivo de la organización, y a pesar de ello la directriz que se recibe es la de no parar la operación para poder cumplir con las metas impuestas, dicho jefe, pero también sus superiores, quienes estaban en capacidad de actuar para evitar el resultado, ordenando parar la máquina (omisión), en nuestro criterio, serán todos por igual responsables por las lesiones o muertes culposas que cause la máquina operada en condiciones inadecuadas.

9. Los perjuicios derivados del delito

Además de la eventual sanción penal aplicable al caso(8), deberá pagarse la correspondiente indemnización de perjuicios. Para los daños materiales habrá de seguirse las mismas reglas de la responsabilidad civil y/o laboral, y en cuanto a los daños morales, estos podrán ser valorados máximo hasta en 1.000 smlmv.

La indemnización de perjuicios que se reconozca en el ámbito laboral tendrá plena cabida en el escenario penal, habida cuenta de que nadie puede enriquecerse sin justa causa, y el daño como tal es uno solo.

(1) Arenas, Gerardo. El derecho colombiano de la seguridad social. Editorial Legis. Bogotá, 2011,
pp. 694 y 695.

(2) Ibíd., p. 710.

(3) Entiéndase la muerte o lesiones personales del trabajador o incluso, de terceras personas.

(4) Código Penal, artículo 23.

(5) Penalmente la culpa puede subdividirse en varias clases para su estudio (con o sin representación).

(6) Esto es, a grosso modo, lo que en derecho penal se suele denominar como sociedad del riesgo.

(7) Principio conocido como de identidad del riesgo.

(8) Penas de prisión y/o multas como principales según se trate de homicidio o lesiones personales, además de las accesorias que pueden comprender la pérdida de determinadas licencias como la de conducción o profesionales, según las circunstancias de cada caso.