Acoso sexual

Revista Nº 195 Mayo - Jun. 2016

Óscar Andrés Blanco Rivera 

Abogado asesor laboral 

En juicio promovido por Vanina Judith Álvarez contra La Paz SRL, expediente 22.533, demandó el pago de la indemnización por accidente de trabajo. La Sala de acuerdos primera de la Cámara del Trabajo de General San Martín, Mendoza, Argentina, profirió sentencia el 15 de diciembre del 2015, que resumimos, así:

Vanina Judith Álvarez promovió demanda por daños y perjuicios derivados de enfermedad por accidente laboral contra la sociedad La Paz SRL, persiguiendo el cobro de $ 167.000, más intereses y costas. Relata que comenzó a trabajar en abril del 2002 en una estación de servicios como operaria de carga de combustibles, mantenimiento de limpieza y tareas administrativas. A pocos meses de ingresar, el encargado del establecimiento la abordó y le manifestó: “Yo a vos te quiero, vos que sentís por mí? Ese fue el comienzo de innumerables acontecimientos acosadores, que terminarían por causarle serios daños síquicos con secuelas incapacitantes, por la obsesión del encargado del establecimiento que no dejaba de acosarla, no le permitía tener trato con otros hombres, al punto que un día le llamó la atención por haberse quedado sola con un hombre que llegó a preguntar si había un empleo. La seguía en su automóvil, la miraba constantemente, se metía en su vida privada y le reprochaba cosas.

Como consecuencia de esos hechos la actora fue sometida a grave estrés y distress laboral por acoso sexual que repercutió en su vida familiar y de relación. Comenzó a tener síntomas físicos y síquicos que afectaron su salud, pero por no perder el empleo siguió cumpliendo con su labor.

Puso en conocimiento de los socios de la empresa que no le prestaron atención ni actuaron, pero si la despidieron sin causa. A su retiro, no le practicaron los exámenes médicos de egreso. Por exámenes médicos particulares se le diagnosticó neurosis fóbica inducida por acoso laboral con incapacidad de un 30%.

En la demanda culpa a la empresa la responsabilidad tanto de tipo subjetivo como objetivo, por incumplimiento de los deberes de seguridad, por la no práctica de los exámenes médicos periódicos y por responsabilidad por los hechos de sus dependientes.

La demandada negó los hechos porque nunca les manifestó el acoso sexual, ni las molestias por las agresiones sexuales, físicas o sicológicas, y que siempre mantuvo una excelente relación con los integrantes de la empresa. Solicitó integrar a la ARL al pro-ceso.

Vistos los hechos de la demanda y su contestación, el recaudo de pruebas y el peritaje practicado por siquiatría, la Cámara de Juzgamiento pasó a resolver el caso, bajo las siguientes cuestiones para resolver:

Primera: relación laboral.

Segunda: solución correspondiente.

Tercera: intereses y costas.

Sobre lo primero, las partes no manifestaron contradicción alguna sobre los extremos de la relación laboral, razón por la cual se declaró la existencia de la relación laboral cuyas fechas fueron aceptadas por las partes.

Sobre la segunda cuestión, se tiene que la actora pretende con la acción que la empleadora sea condenada a la reparación integral de la incapacidad laboral derivada de una enfermedad-accidente, como consecuencia del acoso sexual, del cual habría derivado una situación de mobbing al que habría sido sometida por otro dependiente de la misma empleadora, quien ejercía funciones de encargado de la estación de servicios, que explotaba la demandada.

El juez ponente sustenta el reclamo civil en un abanico de posibilidades legales que confluyen así: en primer lugar, el deber de seguridad para tutelar la integridad sicofísica del trabajador puesto en cabeza del empleador sigue subsistiendo, pues se trata, de acuerdo con diversos autores, en una condición implícita de todo contrato al tenor de lo dispuesto en el Código Civil, al igual que en disposiciones de la Ley de Relación de Trabajo (LRT). Si analizamos desde una perspectiva de la ley laboral colombiana, diríamos que ese deber-protección se encuentra establecido en el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo que expresa que de modo general incumben al empleador las obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores. Es decir, le imprime el carácter protector a la relación laboral, como lo consagran los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.

Para resolver la cuestión planteada, la Cámara estima que corresponde recurrir al derecho civil para definir la responsabilidad subjetiva originada en la conducta deliberada del empleador por acción u omisión, al no haber adoptado las medidas que según el tipo de trabajo, la experiencia y la técnica eran necesarias para tutelar la integridad sicofísica de la trabajadora, como un dolo eventual, a pesar de la negativa de la empleadora a aceptar que las afecciones de orden sicológico tengan vinculación con el trabajo prestado, porque siempre fueron relaciones excelentes, lo que prueba que nunca hubo dolo ni culpa grave.

La ARL planteó la prescripción de la acción por haberse superado los plazos previstos por la ley que es de dos años, lo que fue rechazado, y la inexistencia del seguro por falta de cobertura de dolencias de esa naturaleza.

El daño en la salud denunciado por la trabajadora proviene de actos de acoso de orden sexual que derivaron en acoso sicológico o mobbing por parte del encargado de la estación de servicios, quien con sus actitudes hacía que constantemente ella se sintiera observada hasta con la ropa que usaba, por lo que concurría al trabajo con ropa holgada y cuando se levantaba del escritorio que compartía con el encargado procuraba hacerlo de lado para evitar sus miradas. También evitó saludar a sus compañeros de trabajo y a los dueños con un beso en la mejilla porque si estaba presente el encargado tenía que hacerlo también con él lo que le causaba repulsa.

Siguiendo la línea doctrinaria, se trae en cita a Viviana Laura Díaz, quien define estas situaciones como “… un fenómeno multifacético, de carácter social y de contenido amplio, puede ser doméstica, comunitaria, grupal, social, escolar, laboral y provoca tales consecuencias en la salud, que resulta muchas veces difícil llegar al hilo conductor de cuál fue el detonante del daño: si la familia, la sociedad, el trabajo u otro”, agregando que “la violencia [es un] comportamiento deliberado que provoca, o puede provocar, daños físicos, o síquicos a otros seres”. Distingue la autora los tipos de violencia, señalando que la “violencia síquica está referida a actos, conductas o exposición a situaciones que agredan o puedan agredir, alteren o puedan alterar el contexto afectivo necesario para el desarrollo sicológico normal, (…) [porque] la mujer también es sujeto de los mismos procesos de violencia física y sicológica, de prácticas violentas no repetitivas que afectan su salud, que limitan el ejercicio de derechos, que constituyen discriminaciones en sí mismas (…)”. El autor José Luis González de Rivera define el acoso sexual como “toda forma de abuso que incluye el hostigamiento reiterado y continuo de una persona con fines, métodos, o motivaciones de naturaleza sexual, ejercido desde una posición de poder, físico, mental o jerárquico, que generalmente ocurre en un contexto laboral que implica subordinación del acosado”.

De lo anterior se desprenden algunos elementos que tipifican la figura: 1. Una conducta de hostigamiento reiterada y continua; 2. Una proposición de carácter sexual que no sea deseada por la víctima; y, 3. Una intención del abusador de su posición de poder para su propia satisfacción. En un sentido más amplio, en opinión de la autora Gabriela Alejandra Vásquez, que recoge la OIT y la UE, concreta el acoso sexual laboral cuando un trabajador o trabajadora es perseguido, contra su voluntad, por otro sujeto que también pertenece a la empresa, quien valiéndose de su superioridad, le reclama favores sexuales con el anuncio, expreso o implícito, de perjudicarla en el trabajo si no accede a sus requerimientos, o bien, la fastidia con cuestiones relativas a la sexualidad, convirtiendo el ámbito de trabajo en un entorno hostil, intimidatorio, abusivo u ofensivo.

Los testigos dieron sus versiones y coincidieron en verla alterada, incómoda, nerviosa porque les decía que estaba siendo observada por Bergmans, incluso cuando salía con las amigas a hacer gimnasia veía que la estaba siguiendo y le llamaba la atención porque había ido al gimnasio o a caminar. En el interrogatorio practicado al acosador, afirmó que nunca había tenido problemas con la demandante y que los empleados de la oficina dependen directamente de los dueños, pues es el encargado de personal de playa y mantenimiento y que tiene escritorio en la administración.

La pericia sicológica señala que la actora relata varias situaciones vividas y soportadas en el ámbito de trabajo por casi siete años, muestra un alto grado de movilización emocional, sumado a los datos recabados en las entrevistas que evidencian hipervigilancia denotando sentimientos de impotencia, ansiedad e irritabilidad, frustración, angustia y llanto, lo cual expresa miedo intenso, necesidad de evitar el lugar de trabajo y evadir al encargado de la estación. Ello permite concluir que el nexo de causalidad entre esa conducta reprochada a la demandada y su negligencia omisiva, su riesgo potencial y el daño, estableció una relación de causa-efecto directa e inescindible que resulta en la causa eficiente del daño en la salud del trabajador. En cambio para la ARL la responsabilidad en un ambiente riesgoso producido por la conducta del empleador que no fue acorde con sus obligaciones con la dependiente recae sobre él, pues si los daños síquicos no reconocen su origen en las contingencias enunciadas en la ley, quedan fuera de ella debiéndose regir por el derecho común, como conclusión de estricta lógica y justicia.

Por tales razones, las consideraciones expuestas fueron acogidas por los jueces de la Cámara que declararon que el daño moral debe prosperar por la cuantía de $ 90.000, que junto al lucro cesante hacen un total de $ 270.000. En cuanto a los intereses se acude a la llamada “constitucionalización del derecho privado” que permite revalorizar los conceptos a la luz de los derechos humanos y con ello establecer una comunidad de principios entre los derechos reconocidos en el bloque de constitucionalidad y el derecho privado, que en palabras de Lorenzetti, “Puede afirmarse que existe una reconstrucción de la coherencia del sistema de derechos humanos con el derecho privado”. En consecuencia, siendo el crédito laboral de naturaleza alimentaria, nada obsta para que se apliquen los intereses debidos por alimentos por el incumplimiento del plazo previsto, equivalente a la más alta tasa que cobran los bancos a sus clientes, a las que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso, que se imponen desde la fecha de consolidación del daño en 43,29% anual (TEA).

Concluye la Cámara del Trabajo que la preferencia por la nueva norma civil afinca en el obligado control de convencionalidad que el nuevo paradigma constitucional impone el principio de progresividad en su versión positiva, que advierte que entre dos situaciones posibles en materia de derechos sociales, se debe imperativamente escoger aquella que mejore los derechos sociales de la víctima y de su titular. En consecuencia, las tres cuestiones planteadas fueron acogidas por unanimidad, por lo que se resolvió condenar a la demandada a abonar a la actora la suma de $ 270.000 más sus intereses legales; desestimó la demanda a la ARL, con costas a la demandada, más otros cargos de ley.