Congreso de la República

 

Congreso de la República

ACTO LEGISLATIVO 2 DE 2012 

(Diciembre 27)

“Por el cual se reforman los artículos 116, 152 y 221 de la Constitución Política de Colombia”,

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-740 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla)

El Congreso de la República,

DECRETA:

ART. 1º—Adiciónese el artículo 116 de la Constitución Política con los siguientes incisos:

Créase un tribunal de garantías penales que tendrá competencia en todo el territorio nacional y en cualquier jurisdicción penal, y ejercerá las siguientes funciones:

1. De manera preferente, servir de juez de control de garantías en cualquier investigación o proceso penal que se adelante contra miembros de la fuerza pública.

2. De manera preferente, controlar la acusación penal contra miembros de la fuerza pública, con el fin de garantizar que se cumplan los presupuestos materiales y formales para iniciar el juicio oral.

3. De manera permanente, dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción penal militar.

4. Las demás funciones que le asigne la ley.

El tribunal de garantías estará integrado por ocho (8) magistrados, cuatro (4) de los cuales serán miembros de la fuerza pública en retiro. Sus miembros serán elegidos por la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Gobierno del Consejo de Estado y la Corte Constitucional en pleno. Los miembros de la fuerza pública en retiro de este tribunal serán elegidos de cuatro (4) ternas que enviará el Presidente de la República.

Una ley estatutaria establecerá los requisitos exigidos para ser magistrado, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, el mecanismo de postulación de candidatos, el procedimiento para su selección y demás aspectos de organización y funcionamiento del tribunal de garantías penales.

PAR. TRANS.—El tribunal de garantías penales empezará a ejercer las funciones asignadas en este artículo, una vez entre en vigencia la ley estatutaria que lo reglamente.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-740 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla)

ART. 2º—Adiciónese al artículo 152 de la Constitución Política un literal g), así:

g) Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, de conformidad con el presente acto legislativo.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-740 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla)

ART. 3º—El artículo 221 de la Constitución Política quedará así:

De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o tribunales militares, con arreglo a las prescripciones del Código Penal Militar. Tales cortes o tribunales estarán integrados por miembros de la fuerza pública en servicio activo o en retiro.

En ningún caso la justicia penal militar o policial conocerá de los crímenes de lesa humanidad, ni de los delitos de genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la fuerza pública, salvo los delitos anteriores, serán conocidas exclusivamente por las cortes marciales o tribunales militares o policiales.

Cuando la conducta de los miembros de la fuerza pública en relación con un conflicto armado sea investigada y juzgada por las autoridades judiciales, se aplicará siempre el Derecho Internacional Humanitario. Una ley estatutaria especificará sus reglas de interpretación y aplicación, y determinará la forma de armonizar el derecho penal con el Derecho Internacional Humanitario.

Si en desarrollo de una acción, operación o procedimiento de la fuerza pública, ocurre alguna conducta que pueda ser punible y exista duda sobre la competencia de la justicia penal militar, excepcionalmente podrá intervenir una comisión técnica de coordinación integrada por representantes de la jurisdicción penal militar y de la jurisdicción penal ordinaria, apoyada por sus respectivos órganos de policía judicial. La ley estatutaria regulará la composición y funcionamiento de esta comisión, la forma en que será apoyada por los órganos de policía judicial de las jurisdicciones ordinarias y penal militar y los plazos que deberá cumplir.

La ley ordinaria podrá crear juzgados y tribunales penales policiales, y adoptar un Código Penal Policial.

La ley estatutaria desarrollará las garantías de autonomía e imparcialidad de la justicia penal militar. Además, una ley ordinaria regulará una estructura y un sistema de carrera propio e independiente del mando institucional.

Créase un fondo destinado específicamente a financiar el sistema de defensa técnica y especializada de los miembros de la fuerza pública, en la forma en que lo regule la ley, bajo la dependencia, orientación y coordinación del Ministerio de Defensa Nacional.

Los miembros de la fuerza pública cumplirán la detención preventiva en centros de reclusión establecidos para ellos y a falta de estos, en las instalaciones de la unidad a que pertenezcan. Cumplirán la condena en centros penitenciarios y carcelarios establecidos para miembros de la fuerza pública.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-740 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla)

ART. 4º—Transitorio. Los procesos penales que se adelantan contra los miembros de la fuerza pública por los delitos que no tengan relación con el servicio o por los delitos expresamente excluidos del conocimiento de la justicia penal militar de acuerdo a los incisos 1º y 2º del artículo 3º del presente acto legislativo y que se encuentran en la justicia ordinaria, continuarán en esta. La Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la justicia penal militar, contará con un período de hasta un (1) año para identificar todos los procesos que se adelantan contra los miembros de la fuerza pública, y trasladar a la justicia penal militar aquellos donde no se cumplan los supuestos para la competencia de la jurisdicción ordinaria. En el marco de esa coordinación, se podrá verificar si algún proceso específico que cursa en la justicia penal militar podría ser de competencia de la justicia ordinaria.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-740 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla)

ART. 5º—Transitorio. Facúltese por tres (3) meses al Presidente de la República para expedir los decretos con fuerza de ley necesarios para poner en marcha el Fondo de Defensa Técnica y Especializada de que trata el presente acto legislativo. Los decretos expedidos bajo esta facultad regirán hasta que el Congreso expida la ley que regule la materia.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-740 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla)

ART. 6º—El presente acto legislativo rige a partir de la fecha de su promulgación.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 27 de diciembre de 2012.

(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sala Plena en Sentencia C-740 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla)