ACUERDO 1 DE 1992 

(Enero 31)

“Por el cual se dicta el reglamento de la Corporación”.

(Nota: Unificado en un solo texto por el Acuerdo 5 de 1992 artículo 1° de la Corte Constitucional)

La Sala Plena de la Corte Constitucional,

en ejercicio de la facultad que le atribuye el artículo 241 numeral 11 de la Constitución Política,

ACUERDA:

Adáptase el siguiente reglamento para la corporación.

CAPÍTULO I

De la Sala Plena

ART. 1º—Reuniones de la Corte Constitucional. La reunión de todos los magistrados forma la Sala Plena de la Corte.

Será secretario de la Sala Plena el secretario general de la Corte.

ART. 2º—Quórum. Constituye quórum para deliberar y para decidir la mayoría absoluta de los miembros de la Corporación.

ART. 3º—Mayorías. Las decisiones de la Corte, salvo lo dispuesto en la ley para determinados casos, se adoptarán por mayoría absoluta.

Se entiende por mayoría absoluta cualquier número entero de votos superior a la mitad del número de magistrados que integran la Corte.

ART. 4º—Presidencia. Las sesiones de la Sala Plena serán presididas por el presidente y, en su defecto, por el vicepresidente. A falta de éstos, por el magistrado a quien corresponda según el orden alfabético de apellidos.

ART. 5º—Funciones. Compete a la Sala Plena de la Corte Constitucional:

a) Decidir sobre los asuntos de constitucionalidad de que trata el artículo 241 de la Constitución, excepto lo dispuesto en su numeral 9º, que se regirá por lo que se establezca en la ley;

b) Integrar la sala de selección de las acciones de tutela que ha de revisar la Corte;

c) Integrar la sala de revisión de las acciones de tutela, de acuerdo con el artículo 54 de este reglamento;

d) Decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 de la Constitución;

e) Absolver las consultas de los jueces sobre los fallos de la Corte Constitucional de que trata el artículo 24 del Decreto 2067 de 1991;

f) Elegir cada año, por mayoría de votos de los integrantes, un presidente y un vicepresidente, para períodos anuales;

g) Elegir los empleados de la Corte, excepto los de los despachos de cada magistrado;

h) Adoptar el manual de funciones de los empleados de la Corte y fijar sus obligaciones y deberes, así como el manual de métodos y procedimientos de control interno;

i) Elegir el magistrado para el Consejo Superior de la Judicatura;

j) Investigar las infracciones a la Constitución, a la ley o el reglamento, cuyo conocimiento le corresponda, e imponer las sanciones respectivas;

k) Tramitar y resolver sobre los impedimentos y recusaciones de los magistrados y de los conjueces, según lo previsto en el artículo 66 de este reglamento y que se susciten con motivo de la aplicación del artículo 137 de la Constitución;

l) Designar cada año los correspondientes conjueces, según el número de magistrados que integran la Corte Constitucional, y los conjueces ad hoc si fuere del caso;

ll) Confirmar el nombramiento o la elección de los empleados de la Corporación respecto de los cuales la ley exija tal requisito;

m) Conceder licencia no remunerada a los magistrados titulares y auxiliares y a los empleados que hayan sido nombrados por la Corte, en los términos de la ley;

n) Aprobar el anteproyecto del plan de desarrollo y del presupuesto de la Corporación, presentados por el presidente y elaborados con el apoyo de la dirección administrativa;

ñ) Adoptar las reglas para el reparto de los negocios de su competencia y elaborar los programas de trabajo de la Corporación, en los términos previstos en este reglamento;

o) Resolver, previo informe del presidente o por solicitud de cualquier magistrado, sobre la procedencia de acumulación de negocios y de ponencias de un mismo asunto a cargo de varios magistrados;

p) Decidir sobre la convocatoria a audiencias y fijar su fecha, hora y lugar;

q) Estudiar y aprobar las iniciativas de proyectos de ley que puede presentar la Corte Constitucional en materias relacionadas con sus funciones, según el artículo 156 de la Constitución;

r) Resolver sobre las proposiciones que se sometan a su consideración;

rr) Ejercer en nombre de la Corporación, toda función administrativa que no esté expresamente atribuida por ley o el presente reglamento a determinado funcionario o empleado;

s) Adoptar, interpretar y modificar el reglamento, y

t) Las demás funciones que la Constitución o la ley le atribuyan.

ART. 6º—Sede y sesiones especiales. Las reuniones de la Sala Plena de la Corte se harán en el lugar de su sede oficial de la capital de la República.

Por razones de seguridad o de conveniencia podrán celebrarse en otro sitio de la ciudad o del territorio nacional que señale el presidente de la Corte o que acuerde la mayoría de sus miembros.

Así mismo, podrá la Sala Plena de la Corte sesionar excepcionalmente en días no laborables, cuando circunstancias especiales así lo exijan, por decisión unánime de ella misma.

ART. 7º—Inasistencia. La inasistencia de los magistrados a las sesiones y su retiro de ellas antes de que el presidente las dé por terminadas, no serán excusables sino por justa causa.

CAPÍTULO II

Del presidente y del vicepresidente de la Corte

ART. 8º—Del presidente. El presidente de la Corte Constitucional tendrá la representación de la Corporación frente a las demás ramas, órganos y autoridades del poder público así como frente a los particulares, y cumplirá las funciones que se señalan en la ley y en este reglamento.

ART. 9º—Funciones del presidente. Corresponde al presidente:

a) Presidir las sesiones, señalar el orden en que deben considerarse los asuntos y dirigir los debates de acuerdo con el reglamento;

b) Convocar a sesiones a la Corte;

c) Servir a la Corte de órgano de comunicación y, en consecuencia, podrá informar oficialmente sobre los asuntos decididos por la Sala Plena;

d) Poner en conocimiento de los otros magistrados las notas oficiales que reciba;

e) Presentar a la Sala Plena el anteproyecto de presupuesto y de plan de desarrollo de la Corte, para su aprobación;

f) Delegar, cuando lo considere oportuno, algunas de sus funciones en el vicepresidente y demás magistrados;

g) Manejar los dineros que correspondan a la caja menor asignada a la presidencia de la Corporación de acuerdo con las prescripciones legales;

h) Servir de ordenador del gasto, en la forma como lo determinen la ley y el reglamento del Consejo Superior de la Judicatura;

i) Cumplir y hacer cumplir el reglamento, mantener el orden, para lo cual inclusive ejercerá funciones de jefe de la policía en la sede de la Corporación, y decidir las cuestiones que se susciten en estos asuntos;

j) Cuidar de que los magistrados auxiliares, el secretario general, el relator, el bibliotecólogo, el director administrativo y los demás empleados que dependan de la Corte, desempeña en cumplidamente sus funciones; llamar la atención a los que se muestren remisos a ello y poner en conocimiento de la Corte, de oficio o a petición de algún magistrado, las faltas de los subalternos, cuando considere que necesitan correctivo disciplinario;

k) Conceder permiso a los magistrados en los términos previstos en la ley, y a los empleados previo visto bueno del magistrado respectivo o del superior correspondiente, según el caso;

l) Nombrar escrutadores de los votos que se emitan en las elecciones que efectúe la Corporación;

ll) Hacer el reparto de los negocios que corresponda resolver a la Corte, en orden alfabético de apellidos de los magistrados y al azar;

m) Informar a la Corporación sobre la existencia de negocios que por sus características requieran acumulación o aconsejen ponencia múltiple;

n) Integrar el comité consultivo de la Rama Judicial;

n) Designar las comisiones para rendir informes o cumplir tareas especiales que ordene la Corporación;

o) Seleccionar, vincular y distribuir los auxiliares judiciales ad honorem, de que trata el Decreto 1862 de 1989, entre las dependencias de la Corporación, de acuerdo con las necesidades del servicio;

p) Dar posesión a los empleados de la corporación;

q) Servir de depositario de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios y empleados de la Corte, y

r) Las demás que le señalen la Constitución y la ley.

ART. 10.—Vicepresidente. En ausencia del presidente, el vicepresidente tendrá las mismas atribuciones.

ART. 11.—Intervenciones del presidente. Cuando el presidente tome parte en las discusiones de la sala, la sesión la presidirá el vicepresidente, y, en defecto de éste, el magistrado a quien corresponda por orden alfabético de apellidos.

ART. 12.—Falta del presidente. La falta absoluta del presidente o del vicepresidente dará lugar a nueva elección para su respectivo reemplazo por el resto del período.

CAPÍTULO III

De los magistrados

ART. 13.—Magistrados. La Corte Constitucional se compondrá del número impar de magistrados que determine la ley.

CAPÍTULO IV

De los magistrados auxiliares

ART. 14.—Nombramiento. Los magistrados auxiliares son empleados de libre nombramiento y remoción del respectivo magistrado. Su confirmación en el cargo corresponderá a la Sala Plena de la corporación.

ART. 15.—Requisitos. Para ser magistrado auxiliar se requiere cumplir las calidades y requisitos que exijan la Constitución y la ley.

ART. 16.—Funciones de los magistrados auxiliares. Corresponde a los magistrados auxiliares:

a) Colaborar en la sustanciación y trámite de los expedientes a cargo de los despachos;

b) Rendir informe periódico y escrito sobre la sustanciación de los procesos que se tramiten en el despacho;

c) Preparar relación de los hechos y antecedentes de los procesos que se encuentren a despacho para fallo;

d) Rendir informe de jurisprudencia, legislación y doctrina sobre los temas debatidos en los procesos a despacho, para efectos de la elaboración del proyecto de providencia;

e) Colaborar con los magistrados en la elaboración de anteproyectos de providencias;

f) Practicar pruebas por delegación que le haga el magistrado, y

g) Las demás que les señale el magistrado correspondiente.

CAPÍTULO V

De la secretaría general

ART. 17.—Funciones del secretario general. Son funciones del secretario general, que ejercerá conforme a las instrucciones del presidente de la Corte, las siguientes:

a) Redactar las actas de las sesiones;

b) Asistir al presidente en el reparto de los negocios;

c) Llevar los libros correspondientes y procurar que los asientos se hagan oportuna y eficientemente;

d) Dar cuenta oportuna al presidente de los negocios que lleguen a la secretaría;

e) Informar al presidente de inmediato sobre los negocios que ameriten acumulación o ponencia múltiple;

f) Dirigir la informática de gestión y coordinar con el relator la informática documental;

g) Mantener en perfecto arreglo el archivo de la secretaría;

h) Redactar la correspondencia y los documentos que las salas de la Corte o el presidente le ordenen;

i) Citar a los magistrados y conjueces a las sesiones cuando se lo ordene el presidente;

j) Distribuir el trabajo de la secretaría entre los empleados de la misma;

k) Guardar absoluta reserva sobre las deliberaciones y decisiones de la Corte y velar porque los subalternos también cumplan con esta obligación. La inobservancia de esta regla está sujeta a las sanciones legales;

l) Notificar las providencias de la Corte, comunicar la iniciación de procesos constitucionales al Presidente de la República, al Congreso Nacional y a las demás entidades del Estado que participaron en la expedición de la norma, de conformidad con la Constitución y el artículo 11 del Decreto 2067 de 1991;

ll) Enviar copia de las sentencias a la Presidencia de la República, al Congreso Nacional y a las entidades y organismos que tengan que ver con la decisión, de conformidad con el artículo 16 del Decreto 2067 de 1991;

m) Expedir las certificaciones que le corresponda de acuerdo con la ley, y

n) Ejercer todas las demás funciones que le sean asignadas por la ley, por el reglamento, por la Sala Plena de la Corte o por el presidente.

CAPÍTULO VI

De la dirección administrativa

ART. 18.—Dirección administrativa. Corresponde a la dirección administrativa proveer todo lo necesario al normal y eficaz funcionamiento de la Corte, desde el punto de vista de administración de personal, de suministros, de presupuesto, de control interno, de capacitación y demás aspectos de gestión administrativa.

Esta dirección estará a cargo del director administrativo.

ART. 19.—Del director administrativo. Corresponde al director administrativo, bajo la dirección del presidente de la Corte y siguiendo las directrices de la Sala Plena:

a) Servir de jefe de personal de la Corte;

b) Preparar el anteproyecto de presupuesto y de plan de desarrollo de la Corte, con destino a la Dirección Nacional de Administración de Justicia del Consejo Superior de la Judicatura;

c) Coordinar con la Dirección Nacional de Administración de Justicia todo lo relativo a la ejecución del presupuesto de la Corte y ejecutar aquellas partidas que se le asignen de conformidad con la ley;

d) Administrar los bienes y recursos destinados al funcionamiento de la Corte y responder por su correcta aplicación o utilización;

e) Responder por el manejo y legalización de los recursos que se asignen a la Corte para ser ejecutados directamente por ella;

f) Llevar el inventario de elementos de dotación de la Corte y distribuirlos a los funcionarios y empleados de la misma;

g) Ejercer el control interno de la gestión administrativa de la Corte, de conformidad con todos y procedimientos que establezca la misma en reglamentos;

h) Diseñar los planes de capacitación y adiestramiento del personal de la Corte;

i) Vigilar especialmente el cumplimiento y aplicación de las normas administrativas relacionadas con la Corporación;

j) Cumplir y hacer cumplir de los subalternos las órdenes que se reciban de la Sala Plena de la Corte, del presidente o de los magistrados, y

k) Las demás que le atribuya la Sala Plena.

CAPÍTULO VII

De la relatoría

ART. 20.—De la información. La relatoría a tendrá una sección de información al servicio de los magistrados, de sus empleados y del público. Los libros y documentos sólo podrán consultarse dentro de las oficinas de la relatoría, pero los magistrados podrían retirarlos, siempre que dejen recibo firmado por ellos o por los magistrados auxiliares. El recibo se cancelará cuando el libro o documento sea devuelto.

ART. 21.—Sistemas y base de datos. Se diseñará y pondrá en funcionamiento un sistema de información y una base de datos por computador, compatibles con las normas técnicas oficiales.

ART. 22.—Del relator. Son funciones del relator, que ejercerá bajo la dirección del presidente:

a) Elaborar tesauros que contengan, además de las providencias de la Corte Constitucional, las providencias y conceptos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado sobre temas constitucionales, los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos, las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y la doctrina nacional y extranjera referente a temas de derecho constitucional;

b) Hacer fichas con contenido literal según clasificación por temas;

c) Preparar trimestralmente el material para la elaboración de la Gaceta de la Corte Constitucional y enviar los disquetes a la imprenta. Ello incluye la elaboración de índices alfabéticos y un índice general. Así mismo, alimentar con esta información la base de datos ISIS;

d) Publicar en la Gaceta de la Corte Constitucional todas las providencias de la Corporación y atender a su distribución;

e) Elaborar y publicar el índice contentivo de las disposiciones declaradas exequibles o inexequibles, así como de las providencias de tutela y de aclaración de fallos;

f) Le corresponde al relator, respecto del manejo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional; 1. Recibir, relacionar y clasificar las providencias proferidas por la Corte.

2. Analizar las distintas providencias antes indicadas, determinar el problema jurídico, la tesis respectiva y titularlas en debida forma. Para el efecto se tendrá en cuenta la metodología de elaboración de bancos de datos jurídicos.

3. Editar periódicamente el boletín en relación con las decisiones sobre la acción de tutela, para su distribución interna entre los magistrados.

4. Numerar internamente las providencias, con el fin de facilitar su consulta en los tomos copiadores de la relatoría.

5. Elaborar trimestralmente índices alfabéticos para consulta interna;

g) Realizar la sistematización de la jurisprudencia en coordinación con el plan de trabajo del ingeniero de sistemas de la relatoría. En este sentido deberá:

1. Grabar la información en "word perfect'''' u otro programa para facilitar la elaboración de las respectivas publicaciones.

2. Implantar la base de datos ISIS.

3. Poner a disposición de los magistrados la información almacenada en el computador de la relatoría a través de terminales de computador situadas en cada despacho;

h) Atender a todos los usuarios que, con el fin de consultar las distintas decisiones de la Corte Constitucional, frecuenten la oficina de la relatoría, e

i) Las demás que le asigne la Sala Plena.

CAPÍTULO VIII

De la biblioteca

ART. 23.—De la biblioteca. Corresponde a la biblioteca, bajo la dirección de la presidencia, guardar, conservar y clasificar toda la información bibliográfica, por cualquier medio técnico de comunicación y obtener la información y documentación que no se encuentre en la biblioteca, a solicitud de los magistrados, directamente o por conducto de los magistrados auxiliares.

Deberá además colaborar con el relator en la elaboración e implementación de tesauros.

La biblioteca y el archivo de la Corte, del cual hacen parte los archivos de la Asamblea Nacional Constituyente y de la comisión especial legislativa, estarán a cargo del bibliotecólogo. El bibliotecólogo tendrá además las funciones que le asigne la Sala Plena.

CAPÍTULO IX

De las sesiones

ART. 24.—Convocatoria de las sesiones. Las sesiones requieren convocación. Las sesiones serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectuarán preferencialmente los días jueves de cada semana, a las nueve de la mañana, o en el día que para el efecto decida la Sala Plena. La convocación para las segundas la haría el presidente por su iniciativa o a instancia del vicepresidente, o por éste en ausencia de aquel, o cuando lo soliciten por lo menos dos magistrados, siempre que, en este caso, se indique el objeto de la sesión.

Esta convocación se hará por escrito en el que se mencionará lugar, fecha, hora y objeto de la sesión. En caso de urgencia, la citación podrá ser verbal, de lo cual se dejará testimonio en el acta.

No serán válidas las determinaciones que se adopten en sesión para las que no hayan sido debidamente convocados los magistrados, salvo que, hallándose todos presentes, acuerden sesionar.

ART. 25.—Orden del día. Entiéndese por orden del día la serie de los asuntos que se someten en cada sesión al conocimiento y discusión de la Sala Plena de la Corte. El orden del día será enviado previamente a los magistrados.

ART. 26.—Fijación del orden del día. El orden del día será fijado por el presidente de la Corte observando las siguientes reglas:

1. Figurará n en él, en primer lugar, la lectura del acta de la sesión anterior, copia de la cual se entregará previamente a los magistrados.

2. Luego se abordará el estudio de los asuntos constitucionales en el mismo orden establecido en el artículo 39 de este reglamento.

3. Vendrán luego los temas jurisdiccionales de competencia de la Sala Plena, los negocios administrativos que deban ser conocidos o decididos por la Corte, y en seguida la elección de funcionarios y empleados para lo cual se hubiere convocado con la antelación señalada en este reglamento.

4. Se incluirán seguidamente los informes de comisiones especiales designadas por el presidente.

5. Lo que propongan los magistrados.

ART. 27.—Modificación del orden del día. El orden del día no podrá ser alterado sino por proposición que reciba el voto de la mayoría de los magistrados asistentes. Decidido el punto objeto de la alteración, se volverá al orden primitivo.

PAR.—Cuando la naturaleza del asunto que deba tratarse así lo requiera, el presidente de la Corte podrá adicionar o alterar el orden del día, sin sujeción a lo establecido en este artículo.

ART. 28.—Continuidad. Cuando en una sesión no se hubiere agotado el orden del día señalado para ella, en el de la siguiente, después de la consideración del acta de la anterior, figurarán en primer término los negocios que quedaron pendientes.

ART. 29.—Inicio y duración. Se abrirá la sesión tan pronto como haya quórum. Leído el orden del día, se considerará el acta de la sesión anterior. Las sesiones no se prolongarán más de cuatro horas, salvo que la Sala Plena decida declararse en sesión permanente.

ART. 30.—Intervenciones. En las deliberaciones el presidente concederá la mayor amplitud a quienes deseen intervenir. Empero, si fuere indispensable por razones de evidente urgencia, el número de intervenciones podrá limitarse a dos para cada magistrado y a veinte minutos cada una.

ART. 31.—Copias. Copias del texto de los proyectos de sentencias y demás providencias y del respectivo expediente se entregarán a cada uno de los magistrados de la respectiva sala con anticipación a la fecha de la correspondiente sesión.

Los magistrados podrán hacer llegar al ponente sus conceptos sobre el asunto objeto de estudio, para que este los evalúe y, si lo considera pertinente, los tenga en cuenta para la elaboración del proyecto de sentencia. Para tales fines, el magistrado que lo estime a bien podrá solicitar al ponente copia de cualquier documento que repose en el expediente.

Entre la presentación del proyecto de fallo y la deliberación de la Corte deberán transcurrir por lo menos cinco días, salvo cuando se trate de decidir sobre objeciones a proyectos de ley o en casos de urgencia nacional.

Lo mismo se hará en relación con los informes especiales de comisión y demás documentos que deban ser considerados.

Esta tarea corresponde al secretario, a quien el ponente entregará un ejemplar para que reproduzca las copias correspondientes.

ART. 32.—Reglas para las deliberaciones. El estudio en sala de las ponencias de fallo se sujetará a las siguientes reglas:

1. El autor del proyecto por discutirse lo leerá y, si desea, hará además explicación oral de su contenido.

2. Si hubiere varios estudios o informes, se dará luego lectura a los demás, en orden alfabético de apellidos de sus autores.

3. Los comentadores expondrán oralmente o leerán las razones de su opinión.

4. El presidente concederá la palabra por turno riguroso a quienes deseen presentar sus observaciones.

Se entenderá agotado el debate cuando, oídos los que quisieron intervenir, y anunciado por el presidente que va a cerrarse la discusión ningún magistrado pida la palabra para continuarla. Entonces el presidente la declarará cerrada.

5. Terminado el debate, se hará la votación, primero sobre la parte resolutiva y después sobre la motiva, o sobre las conclusiones del informe.

La parte resolutiva requerirá para su aprobación la mayoría absoluta de los votos de los magistrados. La parte motiva se podrá aprobar por mayoría relativa. Para aprobar los informes de comisión y demás documentos se requerirá la mayoría absoluta.

6. Cuando en materia constitucional haya varios estudios en discusión, cerrada ésta se votará en primer lugar el del ponente y si fuere negado se abrirá la votación sobre el o los que le siguen, en el orden indicado en el numeral segundo.

7. Si se pide que se decida sobre suficiente ilustración, así se hará, salvo que alguno solicite plazo para estudiar el asunto con más amplitud, caso en el cual la sala podrá concederle uno prudencial, si así lo permite el término constitucional para decidir.

8. Cuando el proyecto o estudio obtenga la mayoría legal de los votos de los magistrados, a cada uno de los demás se concederá el plazo fijado en el Decreto 2067 de 1991 para aclarar o salvar su voto.

Si el proyecto principal no obtiene en la sala ese mínimo de votos, el negocio pasará al magistrado que corresponda, que designe el presidente entre el grupo de magistrados mayoritarios, para que redacte el nuevo proyecto en el que se expongan las tesis de la mayoría, si el magistrado ponente original no acepta hacerlo. El nuevo estudio será sometido oportunamente a votación. A cada uno de los disidentes se le concederá el mismo plazo precitado para que redacte y firme su salvamento o aclaración.

9. Cuando las discrepancias no se refieran al fondo sino a la forma de la providencia, también podrán expresarse por escrito los motivos de la salvedad o aclaración dentro de un plazo de cinco (5) días, con el fin de que se agreguen al texto de la decisión principal.

ART. 33.—Reserva. Las deliberaciones de la Sala Plena serán reservadas, sin perjuicio de las audiencias de que trata el Decreto 2067 de 1991. La divulgación del sentido de los proyectos o de las providencias que se tomen en Sala Plena, antes de que éstos sean firmados por todos los magistrados, constituye falta grave sancionable con arreglo a la ley.

ART. 34.—Votaciones. Las votaciones serán ordinarias, nominales y secretas.

Las votaciones ordinarias se efectúan con cualquier manifestación externa inequívoca que indique asentimiento o negación, por parte de los magistrados, a la proposición interrogativa presentada por el presidente; ésta indicará en cada caso la forma de dicha manifestación.

En las votaciones nominales el secretario llamará a lista y cada magistrado, al ser nombrado, expresará su voto diciendo únicamente sí o no, según sea su voluntad. El resultado se publicará en el acta. Estas votaciones sólo se llevarán a cabo cuando lo solicite algún magistrado.

Las votaciones secretas se harán mediante papeleta. Tendrán lugar únicamente en caso de elecciones.

Abierta una votación de cualquier clase, le está prohibido a los magistrados abandonar el salón de sesiones, salvo autorización de la sala.

Solamente podrán depositar su voto los magistrados que están presentes al momento de realizarse dicho acto.

ART. 35.—Actas. De todo lo acontecido en la sesión se dejará resumen en el acta. De las exposiciones de los magistrados se hará otro tanto, si éstos lo exigen y las presentan por escrito.

CAPÍTULO X

Del programa de trabajo y reparto

ART. 36.—Programas de trabajo y reparto. La Corte Constitucional aprobará los primeros jueves de cada mes, en Sala Plena, el programa de trabajo y reparto de los asuntos de constitucionalidad sometidos a su consideración, el cual tendrá vigencia durante el mes respectivo, de conformidad con lo establecido en el artículo 3o del Decreto 2067 de 1991.

ART. 37.—Preparación del programa de trabajo y reparto. Los asuntos de constitucionalidad que se reciban después de haberse aprobado el programa de trabajo y reparto permanecerán en la secretaría de la Corte, para ser clasificados conforme a lo dispuesto en este artículo, a fin de incluirlos en el programa que corresponda. El presidente de la Corte designará dos (2) magistrados, rotados cada mes en orden alfabético de apellidos, quienes tendrán a su cargo la clasificación previa de dichos asuntos, y deberán presentar a la Sala Plena un proyecto de programa de trabajo y reparto, elaborado de acuerdo con los criterios señalados en este reglamento.

La comisión aquí contemplada deberá reunirse con el presidente de la Corte previamente a la sesión de Sala Plena en que deba considerarse y aprobarse el respectivo programa.

ART. 38.—Contenido del programa. El programa mensual de trabajo y reparto contendrá, con indicación de fechas de reparto, la enumeración de los asuntos que deban someterse a este trámite. Los repartos correspondientes se efectuarán durante las reuniones ordinarias de Sala Plena que tengan lugar en el respectivo período.

ART. 39.—Criterios para elaborar los programas. Por regla general, los asuntos constitucionales se incluirán en los programas de trabajo y reparto en el mismo orden sucesivo de su recibo en la Corte.

Se exceptúan de lo anterior:

1. En primer lugar, en forma concurrente y excluyendo los negocios ordinarios si fuere necesario, los siguientes asuntos:

a) Los indicados en los ordinales 1º, 2º, 3º, 7º, 8î y 10 del artículo 241 de la Constitución, y

b) Las demandas de inconstitucionalidad que se refieran a asuntos calificados de urgencia nacional, a juicio de la Sala Plena de la Corte, la cual deberá pronunciarse por mayoría absoluta.

2. En segundo lugar las consultas sobre el alcance de los fallos de constitucionalidad previstas en el artículo 24 del Decreto 2067 de 1991, las cuales tendrán prioridad sobre los asuntos ordinarios contemplados en el inciso primero de este artículo, pero no desplazarán los casos indicados en el numeral primero del mismo.

ART. 40.—Modificación del programa. El programa de trabajo y reparto podrá ser modificado por la Sala Plena de la Corte por razones de urgencia, calificada por su mayoría absoluta.

ART. 41.—Publicidad. El programa de trabajo y reparto debidamente actualizado permanecerá en la secretaría general para consulta de los ciudadanos.

CAPÍTULO XI

De las audiencias públicas y conceptos

ART. 42.—Conducción de las audiencias. Las audiencias a que se refieren los artículos 12 y 13 del Decreto 2067 de 1991 serán presididas por el magistrado sustanciador, de conformidad con las reglas contenidas en los artículos siguientes.

ART. 43.—Convocación a audiencia. La Sala Plena de la Corte, a solicitud de cualquier magistrado, por mayoría de los asistentes y teniendo en cuenta los antecedentes del acto objeto de juzgamiento constitucional y la importancia y complejidad de los temas, convocará a audiencia pública a las personas que deban intervenir en ellas de acuerdo con la ley, y fijará su fecha, hora y lugar. La citación a las personas y la organización de la audiencia corresponderá al magistrado sustanciador.

ART. 44.—Apertura de la audiencia e intervenciones. El magistrado sustanciador anunciará que se abre la audiencia y a continuación dará la palabra por una vez a las personas citadas. Podrá accederse a dos intervenciones si así pareciere conveniente para mejor dilucidación del asunto.

Es potestativo del magistrado limitar en cada caso el tiempo de que pueden disponer los intervinientes para discurrir, habida consideración de la naturaleza y número de los puntos que deben ser objeto del debate, el número de intervinientes y el grado de ilustración que la Sala Plena tenga sobre el asunto.

ART. 45.—Continuación de la audiencia. Cuando la audiencia no alcanzare a terminarse en una sola sesión, el magistrado sustanciador señalará día y hora para continuarla.

ART. 46.—Terminación de la audiencia. Concluidas las intervenciones, el magistrado sustanciador levantará la audiencia manifestándolo de viva voz.

ART. 47.—Grabación. De las disertaciones se hará grabación que el secretario general utilizará como guía para la redacción del acta. La grabación se conservará como testimonio de lo ocurrido.

ART. 48.—Escritos. En todo caso, dentro de los tres días siguientes a la terminación de la audiencia, quienes en ella hayan intervenido deberán presentar resumen escrito de su exposición, el que, junto con el acta, se agregará al expediente.

ART. 49.—Conceptos sobre puntos relevantes. El magistrado sustanciador que invite a las personas, relacionadas en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, las ilustrará mediante copia de la demanda y de otros documentos que el magistrado considere pertinentes. Además informará al respecto a los otros magistrados, con la debida anticipación.

(Nota: Adicionado por el Acuerdo 1 de 1997, art. 1º de la Corte Constitucional).

CAPÍTULO XII

De los fallos

ART. 50.—Vicios subsanables antes del fallo. Cuando la Sala Plena de la Corte, al examinar proyectos de fallo sobre constitucionalidad de actos, encuentre que éstos adolecen de vicios de procedimiento subsanables, ordenará devolverlos a la autoridad que los profirió para que, dentro de un plazo máximo de treinta (30) días contado a partir del momento en que aquélla está en capacidad de corregirlos, enmiende el defecto observado, si fuere posible. Subsanado el vicio o vencido el término, la Corte decidirá sobre la constitucionalidad del acto.

Si es el magistrado sustanciador quien advierte el vicio, en cualquier estado del proceso, lo hará conocer a la Sala Plena por conducto del presidente, quien la convocará para los fines del estudio correspondiente. En caso de verificarse la existencia del vicio subsanable, se seguirá el procedimiento del inciso anterior; en caso contrario se devolverá el asunto al respectivo magistrado para que continúe el trámite.

Mientras se surte el procedimiento previsto en este artículo, se suspenderán los términos.

ART. 51.—Cosa juzgada relativa. Si el fallo de la Corte, al resolver sobre demandas de constitucionalidad, señalare de manera expresa que los efectos de la cosa juzgada se aplican sí lo respecto de las disposiciones constitucionales consideradas en aquel, el demandante tendrá diez (10) días, contados a partir de la notificación de la sentencia, para solicitar a la Corte cualquier aclaración, de conformidad con el inciso final del artículo 21 del Decreto 2067 de 1991.

En caso de que el demandante hiciere uso oportuno de este derecho, el escrito correspondiente se repartirá al magistrado ponente del fallo, quien, dentro de los diez (10) días siguientes, elaborará el proyecto de sentencia y lo registrará para su estudio en Sala Plena. Esta resolverá sobre el mismo y, si lo hallare pertinente, proferirá la sentencia aclaratoria por mayoría absoluta de votos.

ART. 52.—Aclaración del fallo. Recibido el negocio del juez para los fines del artículo 24 del Decreto 2067 de 1991, el presidente lo repartirá en orden alfabético de apellidos y a la suerte, de acuerdo con el programa de trabajo y reparto, en la forma dispuesta por el artículo 39 de este reglamento.

El magistrado sustanciador registrará el proyecto de decisión dentro de un término de diez (10) días, al cabo de los cuales la Sala Plena tendrá diez (10) días para decidir.

CAPÍTULO XIII

De la revisión de las acciones de tutela

ART. 53.—Sala de selección de tutelas. Cada mes la Sala Plena de la Corte Constitucional designará a dos de sus integrantes para conformar la sala de selección de tutelas, en forma rotativa y por orden alfabético de apellidos de los magistrados. La secretaría general informará de inmediato a cada uno de los magistrados y al defensor del pueblo sobre el recibo de las acciones de tutela, dando de ellas una reseña esquemática que contendrá por lo menos el señalamiento del derecho constitucional supuestamente violado o amenazado. En seguida enviará el expediente respectivo a la sala de selección.

Los asuntos seleccionados por la respectiva sala serán repartidos a los magistrados de la Corte, de manera rotativa y por orden alfabético de apellidos, quienes integrarán, para resolverlos, las respectivas salas de revisión.

ART. 54.—Sala de revisión de tutelas. A medida que se repartan los negocios de tutela se irán conformando las salas de revisión, una por cada reparto, así : el magistrado a quien corresponda alfabéticamente recibirlo presidirá la sala conformada con los dos magistrados que le sigan en orden. La sala decidirá por mayoría absoluta, y el magistrado disidente podrásalvar o aclarar su voto.

ART. 55.—Cambio de jurisprudencia. En caso de cambio de jurisprudencia la sala de revisión tomara las medidas necesarias para que la Sala Plena disponga de un término no menor de un mes para tomar su decisión.

ART. 56.—Comunicación de las sentencias de tutela. Todas las sentencias de la Corte sobre tutela deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera y segunda instancia. Copia de ellas será suministrada a los demás magistrados de la Corporación y a la Presidencia de la República.

CAPÍTULO XIV

De las decisiones sobre excusas para comparecer al Congreso

ART. 57.—Reparto. El asunto que llegue a la Corte para resolver, sobre comparecencia de personas naturales o jurídicas ante las comisiones permanentes del Congreso de la República, de que trata el artículo 137 de la Constitución Nacional, se someterá al trámite ordinario de reparto de negocios, en orden alfabético de apellidos de magistrados y al azar.

ART. 58.—Citación y derecho de defensa. El magistrado sustanciador, dentro de los cinco (5) días siguientes al reparto, citará a las personas naturales o a los representantes legales de las personas jurídicas que se excusaren de asistir a la respectiva comisión permanente, para que den a la Sala Plena las explicaciones razonadas que a su juicio justifiquen la excusa, y puedan aportar las pruebas que sustenten su posición.

ART. 59.—Convocatoria a audiencia privada. El presidente convocará a Sala Plena para oír a las mencionadas personas, el día que el magistrado sustanciador haya ordenado la comparecencia en cuestión. Este deberá informar al presidente al respecto con la debida antelación.

ART. 60.—Proyecto de providencia. El magistrado ponente registrará el proyecto de providencia dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la audiencia, previa su distribución a los demás magistrados.

ART. 61.—Decisión. La Sala Plena resolverá en un plazo de diez (10) días contados a partir del día siguiente al registro del proyecto de providencia, bajo estricta reserva.

ART. 62.—Comunicación. Copia de la decisión que adopte la Sala Plena sobre el particular se enviará por la secretaría general al presidente de la respectiva comisión permanente del Congreso.

CAPÍTULO XV

De las elecciones

ART. 63.—Citación. Toda elección en propiedad o en interinidad, requerirá señalamiento de la fecha con no menos de tres (3) días de anticipación.

Cuando la elección sea en interinidad y además la provisión del cargo sea de carácter urgente, podrá omitirse citación previa.

ART. 64.—Votación. La votación estará sujeta a las siguientes reglas:

1. Toda elección se hará por voto secreto.

2. Para una elección se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de los magistrados.

3. Antes de abrir la votación, el presidente propondrá que se delibere sobre los candidatos y, concluida la deliberación, designará dos magistrados escrutadores.

4. Cada voto sólo contendrá el nombre del candidato que el elector escoja. Toda adición se tendrá por no escrita.

5. El voto es obligatorio pero podrá votarse en blanco. El voto en blanco no se agregará a ningún candidato.

PAR.—Cuando al votarse no se obtenga la mayoría a requerida, la votación se repetirá ; pero si hubieren sido más de dos los candidatos, ésta se contraerá a los dos que hubieren obtenido el mayor número de votos. También se repetirá la votación cuando, siendo uno o dos los candidatos, ninguno obtuviere dicha mayoría. La Corte, previo un receso de cinco minutos, decidirá, por mayoría de los asistentes, si se hace una tercera, exclusivamente sobre los nombres que hayan figurado en la anterior, efectuada la cual, si ningún candidato obtuviere la mayoría señalada, se prescindirá de los nombres de todos los candidatos anteriores y la siguiente votación se hará, en la misma sesión o en otra, con nuevos nombres, salvo que se anuncie un acuerdo con mayoría a legal sobre alguno de los candidatos que han participado en el debate o sobre uno distinto.

ART. 65.—Del elegido. La designación la comunicará el secretario general de la Corte por escrito a la persona elegida, la cual deberá aceptar el cargo, solicitar su confirmación si fuere del caso y posesionarse, todo según las condiciones y los términos que exige la ley.

A los elegidos podrá ampliárseles el plazo para posesionarse, de acuerdo con la ley, cuando así lo soliciten por motivos razonables. Mientras tanto, si fuere del caso, se elegirá un interino.

CAPÍTULO XVI

De los impedimentos y recusaciones

ART. 66.—En los asuntos de constitucionalidad. Todos los asuntos de constitucionalidad de que conoce la Corte Constitucional se someterán, en lo que hace a impedimentos y recusaciones, a las causales y al trámite consagrados en el capítulo V del Decreto 2067 de 1991, en lo pertinente.

ART. 67.—En los demás asuntos. En las acciones de tutela no habrá lugar a recusación; las causales de impedimento serán las previstas en el Código de Procedimiento Penal. El magistrado deberá declararse impedido, so pena de incurrir en las sanciones penales y disciplinarias correspondientes. En dichos procesos conocerá del impedimento el resto de los magistrados de las salas de selección, de revisión o plena, según el caso. En el evento de esta disposición se observará el trámite contemplado en el artículo 27 del Decreto 2067 de 1991.

En el caso del artículo 137 de la Constitución se aplicarán, en lo pertinente, los artículos 25 a 29 del Decreto 2067 de 1991. Podrán recusar la persona renuente y el procurador.

CAPÍTULO XVII

Disposiciones varias

ART. 68.—Deberes de los empledos. Todos los funcionarios y empleados de la Corte Constitucional están obligados a observar los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, en los términos consagrados en la Constitución y la ley.

También deberán guardar la reserva de cuanto ocurra en la corporación, especialmente en lo que hace a los trámites y deliberaciones de la Sala Plena y a las providencias que están en proyecto o que no hayan sido dadas a la publicidad legalmente. La inobservancia de estos deberes será sancionada conforme a la ley.

Así mismo, deberán cumplir las reglas de la cortesía para con sus superiores, con sus iguales y con los particulares.

Ningún funcionario ni empleado podrá asumir funciones que no le correspondan según la Constitución, la ley y este reglamento.

ART. 69.—Horario de labores. Las horas de concurrencia a la oficina para el secretario y demás empleados subalternos de la corporación son los días hábiles de las ocho de la mañana a las doce meridiano, y de las dos a las seis de la tarde.

De lo anterior se exceptúa el caso de cumplimiento de funciones fuera de la sede de la corporación.

También deberán concurrir en otras horas o días, cuando así lo disponga el presidente o los magistrados, por necesidades del servicio.

ART. 70.—Llamadas de atención. Los magistrados, el secretario general, el relator, el bibliotecólogo y el director administrativo llamarán la atención a los respectivos subalternos de la Corporación por el comportamiento que observen en el desempeño de su cargo, e informarán al presidente, si fuere del caso, a fin de que se tomen las medidas que se consideren convenientes, salvo que se trate de faltas disciplinarias, cuya investigación y sanción se someterán a la ley.

ART. 71.—Prohibiciones a los magistrados. Es prohibido a los magistrados conceder audiencias particulares o privadas sobre negocios que cursan en la Corte.

ART. 72.—Prohibición de participación en política. Los funcionarios y empleados de la Corte Constitucional tienen prohibición constitucional de tomar parte en actividades de los partidos y movimientos y en las controversias políticas, sin perjuicio de ejercer libremente el derecho al sufragio.

ART. 73.—Proposiciones. Toda proposición de duelo o de honores debe presentarse por escrito.

ART. 74.—Vehículos. Los vehículos de los magistrados son para su uso personal.

ART. 75.—Disminución de negocios del presidente. Al magistrado elegido para la presidencia de la Corte se le disminuirá, mientras la ejerza, el repartimiento de los negocios en un porcentaje razonable según las circunstancias del caso, a juicio del mismo funcionario.

ART. 76.—Días hábiles. Cuando en este reglamento se hable de días, se entenderá que son los hábiles en términos de la ley.

ART. 77.—Reforma del reglamento. Este reglamento no podrá ser reformado sino por acuerdo de la Corte, a proposición de cualquiera de los magistrados, aprobado en dos debates en sesiones celebradas en días distintos y con los votos de la mayoría absoluta de los magistrados.

ART. 78.—Vigencia. El presente reglamento regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial.

CAPÍTULO XVIII

De las disposiciones transitorias

ART. 1º, TRANS.—Las demandas de inconstitucionalidad presentadas con posterioridad al 1º de junio de 1991 ante la Corte Suprema de Justicia se repartirán en forma gradual y sucesiva en programas especiales de trabajo y reparto, teniendo en cuenta las fechas de su presentación y aplicando, cuando fuere el caso, las normas sobre ponentes múltiples y acumulación de procesos. Se dará prioridad a los asuntos especiales de que trata el artículo 39, numeral primero, de este reglamento.

Estos programas corresponderán a los dos (2) primeros meses de trabajo de la Corte, contados a partir del momento de su instalación formal.

La instalación formal de la Corte Constitucional se llevará a cabo en la fecha en que ella así lo declare, previa la posesión de todos sus miembros. El acta de instalación formal será debidamente publicada en el Diario Oficial y comunicada a las ramas, órganos y autoridades del poder público.

Repartidos los negocios de estos programas especiales de trabajo y reparto, se procederá a elaborar los sucesivos programas mensuales, en relación con los demás asuntos de constitucionalidad a que se refiere este reglamento.

ART. 2º, TRANS.—Una vez instalada formalmente la Corte Constitucional, la Sala Plena integrará la sala de selección de tutelas, la cual asumirá el estudio y clasificación de las acciones de tutela que, a la fecha de su instalación, reposen en la Corte Constitucional o provengan de la Corte Suprema de Justicia.

Publíquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá , D. C., a 31 de enero de 1992.

(Nota: Unificado en un solo texto por el Acuerdo 5 de 2015 artículo 1° de la Corte Constitucional)

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