ACUERDO 10 DE 2002 

(Mayo 7)

“Por el cual se establece la interventoría para proyectos de vivienda de interés social, modalidad colectiva, como mecanismo de seguimiento y control de los recursos del subsidio familiar de vivienda”.

La junta directiva del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe,

en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial las establecidas en el numeral 7º del artículo 14 de la Ley 3ª de 1991, en el numeral 6º del artículo 11 del Decreto 1830 de 1997 y en el Decreto 2620 del 18 de diciembre de 2000,

CONSIDERANDO:

Que el numeral 7º del artículo 14 de la Ley 3ª de 1991 y el numeral 6º del artículo 11 del Decreto 1830 de 1997 establecen que corresponde a la junta directiva del Inurbe, como órgano máximo de dirección y administración la función de reglamentar el otorgamiento y la administración del subsidio familiar de vivienda;

Que el artículo 59 del Decreto 2620 de 2000, en su inciso final, establece que las entidades otorgantes definirán autónomamente el alcance, actividades y responsabilidades que deben desarrollarse para la vigilancia del uso adecuado de los recursos del subsidio familiar de vivienda y podrán asignar interventoría externa en los proyectos que se adelanten con recursos del subsidio;

Que se hace necesario fortalecer los procedimientos para el seguimiento y control a los proyectos cuyas familias integrantes fueron beneficiadas con el subsidio familiar de vivienda;

Que la interventoría es un instrumento que pretende brindar seguridad tanto a las entidades otorgantes, como también a las familias beneficiarias, supervisar y vigilar el desarrollo y calidad de la construcción o el mejoramiento de las viviendas;

Que la interventoría podrá ser ejercida por una persona natural o jurídica autorizada para controlar la ejecución del proyecto como representante de los hogares beneficiarios del subsidio familiar de vivienda;

Que el interventor es el responsable de controlar la calidad de la construcción, verificar la adecuada inversión de los recursos del desarrollo del proyecto y cumplimiento de las especificaciones técnicas de acuerdo con la oferta declarada elegible, de los plazos para la construcción de obras de urbanismo y vivienda, como también de exigir la legalización dentro de los plazos de vigencia del subsidio;

Que para lograr los objetivos antes mencionados, deben dictarse nuevas disposiciones sobre la vigilancia y control de los dineros otorgados a hogares conformantes de proyectos colectivos;

Que todos y cada uno de los proyectos de modalidad colectiva deben tener un interventor que cumplirá con las funciones y controles técnicos y económicos;

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

ART. 1º—Objetivo. Se establece la interventoría como instrumento para el control y seguimiento de todos los proyectos de vivienda de interés social, modalidad colectiva y se determinan los criterios y procedimientos para la selección de interventores, funciones, controles y honorarios para el desempeño de esta función.

ART. 2º—Campo de aplicación. De acuerdo con lo definido para postulaciones colectivas en el artículo 24 numeral 3º del Decreto 2620, en los proyectos de postulación colectiva, el número de soluciones no podrá ser inferior a 10 ni superior a 100. Por lo tanto, debe existir una interventoría por proyecto (máximo de 100 soluciones de vivienda). Cuando la cantidad de viviendas sea inferior a 100 soluciones, un mismo interventor podrá realizar esta labor en varios proyectos, en el mismo municipio o en municipios cercanos, siempre y cuando la suma de soluciones en los diferentes proyectos no sea superior a 100. El interventor y/o su equipo responderán por la totalidad de las obras a su cargo, hasta su culminación y liquidación.

ART. 3º—Criterios para la selección de interventores.

1. Serán personas naturales o jurídicas que reúnan las calidades exigidas en el capítulo 5 del título VI de la Ley 400 de 1997 y el numeral 6.3 del Decreto 2090 de 1989, inscritos según la convocatoria pública que realizará la Sociedad Colombiana de Arquitectos y/o Ingenieros de la región o a nivel nacional en caso de no existir regional.

2. Estar calificados en el RUP, como interventores en el área de consultoría (interventoría).

3. Tener un K de contratación residual en consultoría (interventoría) que sea igual o superior al 10% del valor del proyecto.

4. A cada interventor o firma interventora, se le asignará un nuevo contrato de interventoría, siempre y cuando se encuentre liquidado el contrato celebrado con anterioridad.

ART. 4º—Procedimientos.

1. La Sociedad Colombiana de Arquitectos y/o la Sociedad Colombiana de Ingenieros realizarán una convocatoria pública anual, por departamento, para la inscripción de los profesionales, empresas, uniones temporales o consorcios que estén interesados en participar en la interventoría de proyectos de vivienda de interés social.

2. La SCA y/o SCI elaborarán un listado de los candidatos que reúnan las condiciones y criterios anteriormente mencionados.

3. El listado será enviado en medio magnético y escrito al Inurbe nivel central por cada una de las regionales de la SCA y/o SCI, incluyendo nombre, dirección, teléfono, K residual en consultoría (interventoría). Se anexará el registro único de proponentes de cada uno de los participantes y la relación de contratos de consultoría (interventoría) vigentes.

PAR.—Cuando en el departamento no exista el suficiente número de inscritos para concursar por la interventoría, el Inurbe podrá invitar a profesionales inscritos e incluidos en los listados de otros departamentos.

4. Del anterior listado, el Inurbe escogerá una terna de profesionales o firmas de acuerdo con la experiencia y la disponibilidad para prestar sus servicios profesionales en el municipio y proyecto al cual se invita, según este procedimiento:

4.1. Para evaluar la experiencia, se realizará una clasificación de mayor a menor K residual en consultoría (interventoría), de todos y cada uno de los participantes inscritos, como se describe a continuación:

4.1.1. El valor del K residual será calculado por cada participante con base en la certificación del K de consultoría (interventoría) certificado por el registro único de proponentes, RUP, y la relación presentada por cada participante inscrito sobre contratos de consultoría vigentes (no ejecutados o en ejecución). Se establecerá la capacidad de contratación residual para cada profesional, firma, consorcio o unión temporal de la siguiente manera:

KCR = Ki – Ko

Donde:

KCR: Capacidad de contratación residual en SMLM.

Ki: Capacidad máxima de contratación certificada por la Cámara de Comercio e inscrita en el registro único de proponentes en SMLM.

Ko: Capacidad comprometida en contratos de consultoría vigentes (no ejecutados o en ejecución), expresada en SMLM.

4.2. Se clasificará en ternas de profesionales y/o firmas, en orden descendente de experiencia (KCR), de acuerdo con el número de proyectos a los cuales se les va a realizar interventoría; se asignará un proyecto o proyectos, por cada terna, que no sobrepasen 100 soluciones.

4.3. El Inurbe enviará carta de invitación a cada uno de los profesionales o firmas seleccionadas, con el fin de solicitar su propuesta y la disponibilidad para desarrollar la interventoría en el proyecto asignado. La propuesta y su disponibilidad deberán llegar antes de la fecha y hora fijadas por el Inurbe. En caso de no aceptación o no responder a la invitación de la entidad, se reemplazará por otro profesional o firma participante.

4.4. La terna será remitida a los beneficiarios del proyecto, con las propuestas de cada uno de los participantes, la aceptación de disponibilidad y copia del modelo de minuta para el contrato de interventoría.

5. La terna escogida por el Inurbe será comunicada por escrito y puesta a consideración de la junta directiva o cinco (5) representantes elegidos por la comunidad beneficiaria del subsidio en cada proyecto. De esta terna, dichos representantes elegirán al interventor, y deberá consignarse en acta, la cual será remitida a la correspondiente regional del Inurbe. Para la elección, tendrán un plazo de 8 días calendario contados a partir de la notificación, si no lo hacen en este plazo, el interventor será nombrado por el Inurbe nivel central de la terna previamente seleccionada.

6. Este profesional o firma será contratado mediante documento público que suscribirán todos y cada uno de los beneficiarios del subsidio, o la fiducia o la agencia de cooperación internacional, según sea el caso, y el interventor, con cargo a los recursos del proyecto.

ART. 5º—Funciones de la interventoría. Son funciones de la interventoría las estipuladas en el Decreto 2090 de septiembre 13 de 1989 en su numeral 6.1.2 y demás normas que lo complementen o modifiquen. El interventor y el constructor realizarán la apertura de una cuenta conjunta a nombre del proyecto con el fin de controlar la inversión de los recursos en el proyecto.

ART. 6º—Controles. El principal objetivo de la interventoría es garantizar el nivel de calidad esperado para la obra según los planos y las especificaciones del proyecto, en concordancia con las normas y códigos vigentes de construcción. Para lograrlo, se aplican procedimientos y métodos de control referidos a tres aspectos importantes: control de calidad, control de programación y control de inversión.

ART. 7º—Informes de interventoría. Los informes serán entregados o enviados por la interventoría el último día de cada mes, en los formatos de actas, programación y avance de obra que el Inurbe suministrará a la interventoría, éste deberá ser evaluado y aprobado por la respectiva regional del Inurbe con el fin de autorizar los pagos al interventor, igualmente para realizar el monitoreo a la obra, como también para consolidar la información en el sistema único de información sobre movilización del subsidio, SUIMS.

ART. 8º—Honorarios. Los honorarios se calcularán con base en el número y valor de las soluciones, según anexo Nº 2. Serán cancelados en proporción a los recursos invertidos y ejecutados en obra durante el mes de corte, de acuerdo con los informes mensuales de avance de obra, con visto bueno de la regional del Inurbe y hasta por el 80% del valor del contrato. El 20% restante se cancelará al interventor, una vez el oferente haya legalizado todas las soluciones de vivienda por medio de escritura debidamente registrada y adicionalmente se anexe el acta de entrega y recibo a entera satisfacción de cada solución, firmada por el oferente, constructor y beneficiario. Para los pagos al interventor, se utilizará el porcentaje (factor de pago) estipulado en la invitación y de acuerdo con el anexo Nº 2.

El Inurbe realizará, antes de iniciar las obras, la verificación de la disponibilidad de servicios públicos, según anexo 3, además hará visitas aleatorias para el monitoreo del proyecto, con el fin de constatar los informes de interventoría y el desarrollo de las obras.

En el caso de cobro y movilización del subsidio mediante la presentación del aval bancario o contra escritura, los honorarios del interventor serán cancelados por el oferente. Si la movilización se efectúa por avance de obra, los honorarios del interventor serán cancelados por el encargo fiduciario o agencia de cooperación internacional. En todos los casos, se requiere previamente el visto bueno de la regional del Inurbe a los informes mensuales de ejecución de las obras.

Si se amplía el plazo inicialmente calculado para la construcción por causas imputables al oferente o al constructor, el valor total de los honorarios no podrá ser reajustado con cargo a los recursos del proyecto. En este caso, el oferente o quien haya incurrido en la moratoria, deberá reconocer un reajuste en los honorarios de interventoría.

ART. 9º—Recursos para el pago de interventoría. Los recursos para contratar la interventoría externa deberán estar estipulados por el oferente dentro de la estructura de costos de cada proyecto, presentados al Inurbe para su elegibilidad, según la metodología adoptada mediante Resolución 071 de 2001.

Cuando en la estructura de costos no hubiese sido contemplado el valor de la interventoría, el valor de la misma deberá ser asumido por el oferente.

ART. 10.—Verificaciones. En todos los casos donde el interventor requiera verificar, confrontar, complementar documentos o estudios que hacen parte de la elegibilidad, no eximirá en ningún caso la responsabilidad de los funcionarios que la otorgaron.

Cuando el interventor detecte inconsistencias de carácter jurídico, técnico o financiero, se comunicará a la correspondiente regional del Inurbe con el fin de tomar los correctivos pertinentes, con copia al nivel central para iniciar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar. Para todos los efectos, el perito avaluador de que trata el Acuerdo 21 de 2000 será reemplazado por el interventor.

ART. 11.—Vigencia y derogatorias. El presente acuerdo modifica el Acuerdo 21 de noviembre 1º de 2000 expedido por la junta directiva de Inurbe en sus artículos 14 y 15; el artículo 18 en los numerales 4º y 5º del literal a) y el literal c), el artículo 20 y deroga en su totalidad los artículos 21 y 22, rige a partir de la fecha de su publicación para proyectos cuyos subsidios fueron otorgados a partir del año 2001.

(Nota: Aclarado por el Acuerdo 19 de 2002 artículo 1º del I nstituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana).

Publíquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., 7 de mayo de 2002.

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