ACUERDO 113 DE 1993 

(Diciembre 15)

“Por el cual dicta el reglamento interno de la Sala Administrativa”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura

en uso de sus facultades constitucionales y legales,

ACUERDA

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

ART. 1º—Carácter colegiado. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura es una autoridad colegiada; en consecuencia, el ejercicio de sus atribuciones constitucionales, legales o reglamentarias se cumple en todos los casos mediante decisiones corporativas sin perjuicio de que el reglamento determine las actuaciones de carácter operativo o ejecutivo que puedan desempeñar individualmente sus dignatarios o alguno cualquiera de sus miembros.

La naturaleza corporativa de todas las decisiones de la Sala no obsta para la asignación preferente a cada magistrado del trámite o el estudio de los asuntos que correspondan a una determinada área de actividad, conforme a lo previsto en este reglamento.

Las decisiones que incumbe tomar a la Sala se denominarán “acuerdos”.

Las decisiones individuales que afecten la situación jurídica de una persona determinada se llamarán “resoluciones”.

Las instrucciones específicas dirigidas al gobierno interior de la rama judicial se denominarán “directivas”.

ART. 2º—Funciones. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura:

1. Preparar el proyecto de plan general de desarrollo de la rama judicial; y evaluar los proyectos y programas presentados por los consejos seccionales y decidir sobre su incorporación a aquél.

2. Elaborar el proyecto de presupuesto de la rama judicial que deberá remitirse al gobierno.

3. Ejecutar el presupuesto de la rama judicial de conformidad con la aprobación que haga el Congreso; en armonía con la ley orgánica del presupuesto y el estatuto general de contratación de la administración pública.

4. Aprobar los proyectos de inversión de la rama judicial.

5. Reglamentar el régimen de contratación de la rama judicial con sujeción al estatuto general de contratación de la administración pública.

6. Fijar la división del territorio para efectos judiciales y localizar, redistribuir, fusionar y suprimir los despachos judiciales.

7. Crear las dependencias administrativas necesarias para el cumplimiento de los cometidos constitucionales y legales del consejo. En desarrollo de esta función no podrán establecerse, con cargo al tesoro, obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

8. Determina la estructura y las plantas de personal del Consejo Superior de la Judicatura y de las estructuras administrativas que comprende; de las corporaciones y despachos judiciales, crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la rama judicial, determinar sus funciones y señalar los requisitos para su desempeño que no hayan sido fijados por la ley. En ejercicio de esta atribución la Sala no podrá establecer a cargo del tesoro obligaciones que excedan el monto global fijado para el respectivo servicio en la ley de apropiaciones iniciales.

9. Enviar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado listas de candidatos para proveer las vacantes de magistrados que se presenten en estas corporaciones.

10. Elaborar y presentar a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado listas de candidatos para magistrados de los respectivos tribunales, de conformidad con las normas sobre carrera judicial.

11. Regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales, en los aspectos no previstos por el legislador.

12. Expedir los reglamentos de funciones y procedimientos administrativos de la rama judicial, con las excepciones previstas en la Constitución.

13. Declarar la urgencia manifiesta para contratar de acuerdo con el estatuto de contratación de la administración pública.

14. Dictar reglamentos sobre seguridad y bienestar social de los funcionarios y empleados de la rama judicial, de acuerdo con la ley.

15. Regular, organizar y llevar el registro nacional de abogados y expedir la correspondiente tarjeta profesional, previa verificación de los requisitos de ley.

16. Administrar la carrera judicial da acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.

17. Llevar el control de rendimiento de las corporaciones judiciales.

18. Establecer índices de rendimiento y gestión de los despachos judiciales.

19. Fijar los aranceles, los emolumentos y tarifas de las actuaciones judiciales y establecer el régimen y la remuneración de los auxiliares de la justicia.

20. Nombrar a los magistrados de las Salas Administrativas de los consejos seccionales de la judicatura y elaborar listas para la elección de los magistrados de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los mismos consejos.

21. Nombrar el personal de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de las estructuras administrativas que de ella derivan, salvo que su designación se atribuya a otra autoridad o se delegue transitoriamente.

22. Determinar las medidas de seguridad y los distintivos para el personal del consejo.

23. Conceder, cuando por reglamento no se disponga otra cosa, licencias, permisos y comisiones a los funcionarios y empleados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y de las estructuras administrativas que de ella dependen, exceptuando le concesión a los magistrados de los permisos a que se refiere el numeral 5º del artículo 13 del Acuerdo de Sala Plena 2 de 1992 y señalar los viáticos de acuerdo con las normas legales.

24. Disponer el uso de los recursos físicos e inventarios, muebles y enseres al servicio de la rama judicial.

25. Decidir los recursos de apelación que se interpongan contra los actos de las Salas Administrativas de los consejos seccionales susceptibles de este recurso.

26. Establecer las directrices conforme a las cuales las Salas Administrativas de los consejos seccionales ejercerán sus funciones.

27. Dictar los reglamentos y demás ordenaciones que sean necesarios para la adecuada ejecución del presupuesto de la rama judicial y señalar las competencias y responsabilidades en las distintas etapas de esa ejecución.

28. Las demás que le atribuyan la Constitución y la ley.

ART. 3º—Delegación. La Sala podrá delegar en las Salas Administrativas de los consejos seccionales o en los empleados de dirección del consejo alguna o algunas de las funciones que le competen en materia contractual, de ordenación del gasto o de la administración de personal.

En todo caso la Sala precisará el alcance y duración de la delegación, sin perjuicio de la facultad de reasumir en cualquier momento la función delegada.

ART. 4º—Elección de dignatarios. La Sala elegirá un presidente y un vicepresidente para períodos de un año, contado a partir del 16 de marzo.

ART. 5º—Funciones del presidente. Son funciones del presidente de la Sala o de quien haga sus veces:

1. Presidir las sesiones de la Sala.

2. Elaborar el orden del día para las reuniones de la Sala, de conformidad con lo establecido en este reglamento y velar por el despacho oportuno de los asuntos a ella sometidos.

3. Convocar a sesiones extraordinarias de conformidad con este reglamento.

4. Firmar las actas y acuerdos en la misma fecha de su aprobación.

5. Las demás que le asignen la ley y los reglamentos expedidos por la Sala.

ART. 6º—Vicepresidente. En ausencia del presidente ejercerá sus funciones y cumplirá sus obligaciones el vicepresidente.

ART. 7º—Secretaria. El Director Nacional de Administración Judicial ejerce la secretaría ejecutiva de la Sala, y en tal carácter, tendrá, entre otros, los siguientes deberes:

1. Custodiar y conservar las actas aprobadas por la Sala junto con sus anexos y demás documentos oficiales.

2. Una vez firmados los acuerdos y directivas por el presidente de la Sala, suscribirlos, numerarlos, archivarlos en orden cronológico, custodiar y conservar sus originales.

3. Disponer lo pertinente para la oportuna publicación de los acuerdos de la Sala cuando a ello haya lugar.

4. Dar y expedir copias de los actos de la Sala a quien lo solicite, salvo que los ampare reserva legal.

5. Remitir las órdenes del día a todos los magistrados de la Sala con 24 horas de anticipación, cuando menos, junto con los documentos que deban ser tratados en la reunión.

6. Comunicar por escrito las decisiones de la Sala al día siguiente de su aprobación.

7. Servir de agente de coordinación y comunicación entre las unidades operativas y la Sala Administrativa.

8. Elaborar los proyectos de actas y remitirlos a los miembros de la Sala con 24 horas de anticipación a su consideración.

9. Establecer el texto definitivo de los acuerdos y demás documentos o actos emanados de la Sala y remitirlos a todos los magistrados al día siguiente de su aprobación.

10. Rendir, oportunamente, los informes que solicite la Sala.

11. Las demás que le atribuyan la ley o el reglamento, y las que por razón de sus funciones le asigne la Sala.

CAPÍTULO II

Funcionamiento de la Sala

ART. 8º—Áreas de actividad. Con arreglo a su naturaleza, los asuntos de que debe conocer la Sala por mandato constitucional, legal o reglamentario, se agrupan en las siguientes áreas de actividad especializada:

1. Relaciones laborales.

2. Carrera judicial y administrativa.

3. Formación y capacitación.

4. Información y divulgación.

5. Administración general de la rama judicial y servicios generales.

6. Presupuesto y administración de recursos financieros de la rama judicial.

7. Inmuebles para el servicio de la rama judicial, su adquisición, construcción, mantenimiento y tenencia.

8. Asuntos relativos a la actividad normativa que cumple el Consejo Superior; a su participación en la actividad legislativa del Congreso Nacional y realización de estudios sobre el sistema jurídico.

9. Planificación del desarrollo de la rama judicial y asuntos relativos a su estructura y al control de gestión; estadística y estudios socio-jurídicos.

10. Asuntos jurídicos de naturaleza judicial o extrajudicial.

ART. 9º—Reparto. Mediante acuerdo que aprobará la Sala en el mes de enero de cada año para que rija durante los doce meses siguientes, se atribuirá a cada uno de los magistrados el trámite y estudio preferente de los asuntos pertenecientes a una o varias de las áreas de actividad del consejo. Tal asignación tiene el efecto de reparto permanente preestablecido en virtud del cual el magistrado adquiere vocación a asumir directamente el conocimiento de todo asunto comprendido dentro de la materia o materias especializadas que se le atribuyen.

ART. 10.—Iniciativa. Todos los magistrados tienen iniciativa sobre cualquiera de los asuntos de competencia de la Sala.

ART. 11.—Trámite. En virtud de la asignación preferente de las áreas de actividad previstas en este reglamento, al magistrado le corresponde el trámite, estudio, formulación de ponencia e informe sobre los asuntos de su competencia especializada que sean sometidos a consideración de la Sala por iniciativa de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, de los directores de las unidades operativas del consejo, de las corporaciones y despachos judiciales, de otras autoridades públicas, o de particulares.

Todas las comunicaciones, peticiones e iniciativas dirigidas a la Sala Administrativa se repartirán por la secretaría ejecutiva al magistrado que corresponda según el área especial de actividad a que pertenezca el asunto. Cuando un magistrado considere que un asunto le ha sido repartido equivocadamente, lo remitirá, por intermedio de la secretaría de la Sala, al magistrado que en su concepto deba conocer del mismo. Las inconformidades se decidirán por la Sala.

El magistrado ponente deberá entregar a cada uno de los demás miembros de la Sala por conducto de la secretaría ejecutiva, el texto de su proyecto, con razonable anticipación al vencimiento del término que la Sala tenga para decidir.

Es función del presidente de la Sala vigilar el cumplimiento oportuno de los trámites, exhortando, si fuere necesario, a la presentación de los informes o ponencias al magistrado que registre retardo o excesiva demora.

La secretaría ejecutiva llevará una relación diaria, numerada y fechada de los asuntos que cada uno de los magistrados tenga a su conocimiento, bien sea por reparto o por asignación de la Sala, indicando sobre cuáles se rinde ponencia y el estado del trámite en los demás. El mismo funcionario presentará copia de esta relación en cada sesión ordinaria.

ART. 12.—Trámite de iniciativa interna. Cuando la Sala considere que la complejidad de un asunto presentado por iniciativa propia de un magistrado, exige su estudio por parte del magistrado a cargo de la respectiva área de actividad, someterá la propuesta al trámite establecido en el inciso precedente.

ART. 13.—Dirección de la actividad operativa. Todos los magistrados podrán requerir de las unidades y demás dependencias que integran la estructura operativa del consejo el apoyo necesario para el trámite de los asuntos sobre los cuales deban rendir informe o ponencia a la Sala e impartirle las instrucciones pertinentes con el mismo fin.

ART. 14.—Clases de sesiones. La Sala Administrativa se reunirá en dos clases de sesiones: de decisión y de deliberación y decisión.

Las sesiones de decisión tienen por objeto votar los asuntos que hayan sido debatidos con anterioridad o que, a juicio de la presidencia o de los magistrados ponentes, no requieran análisis detenido. Se llevarán a cabo de manera ordinaria el jueves de cada semana a las 9.00 a.m.

Las sesiones de deliberación y decisión estarán destinadas al análisis y resolución de asuntos de naturaleza más compleja y se llevarán a cabo de manera ordinaria los martes a las 09:00 a.m.

Cualquier magistrado podrá solicitar a la Sala que alguno o algunos de los asuntos sometidos a consideración se traslade al orden del día de una sesión de deliberación o decisión, según sea al caso.

ART. 15.—Sesiones de decisión. En las sesiones de decisión la Sala sólo conocerá de las ponencias, estudios o informes que los magistrados presenten en desarrollo del reparto automático acompañados de la moción de que sean aprobados de plano, por referirse a asuntos que se deciden de conformidad con precedentes de la Sala o tratarse de los demás eventos en que procedería la moción de aprobación sin deliberación. La solicitud del magistrado ponente se entenderá acogida si ninguno de los magistrados exige que se realice debate y presenta una propuesta de decisión sustitutiva de la que recomienda el informe.

ART. 16.—Control de la Sala sobre la actividad administrativa. El orden del día de la sesión ordinaria semanal de deliberación y decisión contemplará un punto destinado a oír a uno de los diferentes jefes de unidad, según la citación que haya dispuesto la Sala para la sesión correspondiente, o, en su defecto, según el orden previsto en forma permanente.

En desarrollo del punto respectivo del orden del día el funcionario correspondiente informará a la Sala sobre la marcha de su dependencia, el estado de los principales asuntos que le estén encomendados, expondrá las necesidades y sus sugerencias sobre decisiones reservadas a la Sala.

ART. 17.—Instrucciones previas de la Sala. Cuando quiera que, en concepto del magistrado ponente, no sea posible elaborar informe o proyecto de decisión respecto de un determinado asunto sin la previa discusión de la Sala encaminada al establecimiento de la política que deba seguirse o al señalamiento de un criterio general al efecto, el análisis será incluido por indicación suya en el orden del día de una sesión de deliberación.

ART. 18.—Inclusión de ponencias en el orden del día. El presidente incluirá en el orden del día todas las ponencias registradas, ordenándolas según su urgencia o importancia y velando por el oportuno despacho de todas ellas.

ART. 19.—Extractos de ponencias. Toda ponencia o informe se acompañará por una extracto de la misma con destino a la documentación del orden del día.

ART. 20.—Decisiones. En las Salas de Decisión las ponencias pueden ser aprobadas total o parcialmente, aprobadas con modificaciones o rechazadas. Cuando sea necesario, el ponente, dentro de los tres días siguientes, entregará la versión definitiva de la decisión en la secretaría ejecutiva de la Sala Administrativa para los efectos pertinentes.

ART. 21.—Ejecución de las decisiones. Cada decisión debe tener un término para su ejecución y un responsable de la misma a quien el secretario informará mediante escrito que acompañará con los documentos pertinentes.

ART. 22.—Sesiones extraordinarias. Las reuniones extraordinarias de decisión o deliberación de la Sala se realizarán cuando la misma Sala lo disponga o cuando su presidente la convoque en caso de urgencia, de oficio o por solicitud de al menos tres magistrados.

Las sesiones extraordinarias pueden aplazarse por decisión mayoritaria.

ART. 23.—Convocatoria. La convocatoria la hará el presidente y se entenderá producida por el reparto a los demás integrantes de la Sala del orden del día firmado por él.

ART. 24.—Orden del día. Corresponde al presidente de la Sala preparar el orden del día de las reuniones ordinarias y para las extraordinarias cuando no lo haya previsto la misma Sala, incluyendo en él las solicitudes que en tal sentido formulen los demás magistrados. Es deber del presidente ordenar la entrega del orden del día en los despachos de los demás magistrados con veinticuatro horas de anticipación, por lo menos, a la hora en que deba iniciarse la respectiva sesión. El orden del día deberá estar acompañado de un documento contentivo del resumen de las ponencias cuya consideración o votación se prevea. Este anexo deberá indicar los documentos que corresponden a cada asunto, los cuales permanecerán a disposición de los magistrados antes de la sesión para su consulta o durante ella.

La Sala por mayoría ordinaria decidirá lo pertinente al orden del día, incluidas las adicionales, alteraciones y supresiones propuestas por cualquiera de los magistrados.

Al iniciar cada sesión la secretaría ejecutiva distribuirá a los magistrados una relación en donde aparezca la antigüedad de cada asunto en su sometimiento a la consideración de la Sala; el término para resolver los asuntos de que trata el orden del día, y los aplazados, indicando el trámite a que estos últimos estén sujetos.

ART. 25.—Presidencia de las sesiones. Las sesiones de la Sala Administrativa serán presididas por su presidente y, en ausencia suya, por el vicepresidente. A falta de ambos durante toda la sesión o parte de ella, siempre y cuando exista el quórum reglamentario, presidirá el magistrado integrante de la Sala a quien corresponda por el orden alfabético de los apellidos y nombres de los presentes.

Las reuniones de la Sala deberán iniciarse a la hora fijada. Transcurrida una hora desde la misma sin que se hubiese completado el quórum, los asistentes podrán disponer la postergación de la sesión, señalando fecha y hora para que tenga lugar. El orden del día previsto sólo podrá ser considerado en la sesión así convocada.

ART. 26.—Quórum. La Sala podrá deliberar con la asistencia de la mitad más de uno de sus miembros. Este mismo número constituirá la mayoría para adoptar cualquier decisión.

ART. 27.—Iniciación de las sesiones. Las sesiones se iniciarán siempre con la verificación del quórum por el secretario y continuarán con la consideración y adopción del orden del día.

El orden en que deban tratarse los asuntos podrá ser alterado por mayoría a solicitud de cualquier magistrado.

ART. 28.—Aplazamiento. Cuando no sea posible agotar el orden del día previsto para una sesión ordinaria o extraordinaria la Sala fijará la fecha y hora en que ella deberá ser continuada.

ART. 29.—Mociones. Durante la discusión de cualquier asunto es procedente la presentación de cualquiera de las siguientes mociones:

a) De orden, encaminada a obtener que el debate se ciña a la materia prevista en el correspondiente orden del día, o en el cumplimiento estricto de éste;

b) De aprobación sin previa deliberación, encaminada a obtener la votación de un asunto sin previo debate. Procede cuando, a juicio del proponente, se trate de asunto rutinario o de fácil comprensión, o sobre el cual exista amplio conocimiento adquirido por todos los magistrados con anterioridad, o que convenga decidir en el mismo sentido que indican precedentes ya resueltos por la Sala;

c) De aplazamiento del asunto que se discute, con el objeto de diferir la consideración del asunto de que se trata para una sesión ulterior, a fin de permitir que el ponente u otras fuentes amplíen la información de que dispone la Sala al respecto, se cumplan otras actividades que indicará el proponente, o los magistrados realicen investigaciones complementarias;

d) De suficiente ilustración, encaminada a poner fin a la deliberación del asunto que ocupa la atención de la Sala y de proceder a decidirlo de inmediato o en la sesión de decisión más próxima;

e) De alteración del orden del día, para modificar el orden del tratamiento de los asuntos que componen la agenda de la reunión, suprimir alguno o incluir otro no previsto inicialmente. Sólo puede proponerse en el intervalo entre dos puntos del orden del día.

PAR.—Presentada cualquiera de la mociones previstas en las letras a) a d); la presidencia deberá someterla de inmediato a la decisión de la Sala, sin discusión.

ART. 30.—Invitaciones. La Sala podrá invitar a sus reuniones a personas distintas de los magistrados y el secretario cuando lo estime conveniente. El secretario podrá hacer uso de la palabra en las deliberaciones, cuando el presidente lo autorice. Igualmente la Sala podrá disponer que alguna de sus deliberaciones se realice con la presencia de sólo los integrantes de la corporación.

ART. 31.—Actas. De cada sesión el secretario elaborará un acta en la cual quedarán consignados los nombres de los asistentes y los ausentes indicando en este último caso si lo fueron con justificación o no, enunciará los temas tratados, precisando si se resolvieron o se aplazaron, caso en el cual se señalará el trámite que debe seguirse; el detalle de las decisiones, y, para cada caso, el resultado de las votaciones en favor o en contra, y una relación sucinta de las constancias, si las hay.

Los magistrados podrán solicitar que se anexen al acta sus aclaraciones o razones de disentimiento, en los términos del presente reglamento.

Elaborado el proyecto de acta por el secretario será leído por el mismo en la siguiente sesión en la cual será aprobada, con las observaciones o correcciones del caso. Una vez aprobada, será firmada por el presidente y el secretario de la Sala.

Las actas se numerarán y recopilarán en estricto orden cronológico, en un libro cuyo buen manejo y custodia serán de responsabilidad del secretario.

ART. 32.—Constancia de disentimiento. Los magistrados que disientan de las decisiones mayoritarias sólo podrán explicar los motivos de su inconformidad en escrito depositado en la secretaría ejecutiva dentro de los dos días siguientes al de la sesión, el cual se anexará al acta. Este plazo no interrumpe la promulgación ni el cumplimiento de la decisión, ni obsta a la aprobación del acta entre tanto.

ART. 33.—Correspondencia. Toda la correspondencia recibida por la Sala u originada en ella deberá ser registrada en la oficina de radicación, la cual conservará copia del documento respectivo y consignará el resumen de su contenido en un boletín diario.

ART. 34.—Impedimento y recusación. Los magistrados estarán obligados a poner en conocimiento de la Sala, y a separarse, con la aquiescencia de ella, de la participación en la deliberación y resolución de todo asunto en el cual él mismo o sus parientes dentro de los grados contemplados en la ley para las inhabilidades, tengan interés económico personal, o respecto del cual medie cualquier otro motivo que pueda afectar su imparcialidad. Para este efecto se aplicará, además, las normas pertinentes del Código Contencioso Administrativo.

ART. 35.—Vacancia temporal. Cuando se presente vacancia temporal en algún magistrado de la Sala, ésta procederá a reemplazarlo, en aquellos eventos en que la Sala lo estime necesario. En igual forma procederá mientras se cubre una vacancia absoluta por la entidad nominadora, si el designado por ésta tarda más de cinco (5) días hábiles para tomar posesión. El reemplazante interino deberá reunir los requisitos para ser magistrado titular.

CAPÍTULO III

Ejecución presupuestal, ordenación del gasto y contratación

ART. 36.—Ejecución del presupuesto. Corresponde a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la ejecución del presupuesto de la rama judicial. Los actos administrativos que se expidan en desarrollo de esta función llevarán la firma del presidente y del secretario de la Sala.

La Sala, mediante acuerdo que fije los conceptos, las cuantías y las condiciones, asignará las distintas etapas de la ejecución del presupuesto a las Salas Administrativas de los consejos seccionales de la judicatura, la Director Nacional de Administración Judicial o los directores de unidad del Consejo Superior.

ART. 37.—De la ordenación del gasto. La ordenación del gasto en lo referente a los servicios personales corresponde al Director Nacional de Administración Judicial y se regirá por las siguientes normas:

a) Para el pago de los salarios y demás emolumentos que han de percibir los funcionarios y empleados de la rama judicial, conforme a las disposiciones legales vigentes en esta materia, la oficina de personal o quien haga sus veces verificará que el cargo esté contemplado en la planta de personal, que el funcionario o empleado esté debidamente posesionado y haya prestado el correspondiente servicio.

b) El pago de prestaciones y demás gastos de personal no previstos en el literal anterior, y las transferencias, se regulan por las normas legales vigentes sobre la materia a que se refieren.

Previa autorización de la Sala Administrativa el Director Nacional de Administración Judicial podrá delegar la función prevista en este artículo en los jefes de las secciones a su cargo o en los directores seccionales.

ART. 38.—De la contratación. Corresponde a la Sala Administrativa o a los empleados en quien ésta delegue, ordenar y dirigir la celebración de licitaciones y celebrar los correspondientes contratos. Los contratos que se celebren para la ejecución del presupuesto de la rama judicial se regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de1993 y sus reglamentos.

ART. 39.—Vigencia. El presente reglamento rige a partir del primero de enero de 1994 y se publicará en el Diario Oficial.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 15 de diciembre de 1993.

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