ACUERDO 1184 DE 2001 

(Mayo 9)

“Por medio del cual se determina la carga estándar para los magistrados de la Sala Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,

en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por el artículo 170 de la Ley 270 de 1996, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con los artículos 125 de la Constitución Política y 170 de la Ley 270 de 1996, los funcionarios y empleados vinculados al servicio por el régimen de carrera judicial, deben ser evaluados formal y periódicamente y dicha calificación deberá comprender los factores de calidad, eficiencia o rendimiento, organización del trabajo y publicaciones;

Que la evaluación de servicios tiene como objetivo verificar, que los servidores de la rama judicial mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican su permanencia en el cargo, tal como lo dispone el artículo 169 de la citada ley;

Que el artículo 228 de la Constitución Política señala, que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Por su parte, el artículo 4º de la Ley 270 de 1996 establece que “la administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar“;

Que así mismo el articulo 7º de la misma ley, determina que “La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley“;

Que el Acuerdo 313 de 1996 reglamentario de la calificación o evaluación de servicios de los funcionarios y empleados del sistema de carrera de la rama judicial, prevé que la calificación del factor eficiencia se realice, atendiendo por parte de los funcionarios los principios constitucionales y legales, según los cuales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento, de manera justa y oportuna;

Que así las cosas, la calificación de este factor, que corresponde a 40 puntos de los 100 de la calificación integral, se realiza con base en la respuesta efectiva que el funcionario está dando a los usuarios, la cual se establece mediante el índice de evacuación logrado por el servidor; éste se obtiene dividiendo los egresos efectivos reportados por su propia cargo, también efectiva. Por tanto, como regla general, el funcionario judicial sólo debe atender la cargo de procesos que ha sido sometida a su conocimiento;

Que como quiera que existen despachos con un número de asuntos superior al que razonablemente podrían evacuar, esta Sala estableció un procedimiento excepcional. Al efecto es necesario determinar el número de procesos que un funcionario está en capacidad de solucionar definitivamente durante el período, esto es, la cargo estándar, establecida en función de la productividad reportada por los magistrados a nivel nacional y conforme al procedimiento señalado en el precitado acuerdo. En consecuencia, señala la medida a partir de la cual no se puede exigir a los funcionarios la evacuación del 90% al 100% de su cargo, por tener un volumen de procesos superior a su posibilidad de respuesta. En estos casos para obtener el índice de evacuación base para la calificación, se divide el egreso efectivo del funcionario por la carga estándar;

Que tal como lo dispone el parágrafo segundo del artículo 17 del Acuerdo 313 de 1996, corresponde a esta Sala determinar la carga estándar, es decir, el número de procesos con trámite que un funcionario está en capacidad de atender, teniendo en cuenta su especialidad y categoría,

ACUERDA:

ART. 1º—Determinar la carga estándar para los magistrados de la Sala Disciplinaria de los Consejos Seccionales de la Judicatura correspondiente al período transcurrido entre el primero de enero de 1999 y el 31 de diciembre de 2000, en 843 procesos.

ART. 2º—Este acuerdo rige a partir de su publicación en la gaceta de la judicatura.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.C., a 9 de mayo de 2001.

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